Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y los parques nacionales están bajo control de una elite hacendal-empresarial local y de transnacionales y gobiernos extranjeros; y las ONGs ambientalistas y las dirigencias indígenas fungen como meros instrumentos del “ambientalismo empresarial de derecha” “materializador de una acumulación capitalista medioambiental”, expone el Vicepresidente Álvaro García Linera en su nuevo libro “Geopolítica de la Amazonía, Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”.

Si bien en los países del primer mundo hay ONGs que son parte de la sociedad civil, en los países del tercer mundo como Bolivia varias ONGs son realmente “Organizaciones de Otros Gobiernos”, es decir un poder extranjero en territorio boliviano que define la temática, el enfoque y la línea de financiamiento desde las prioridades de ese otro gobierno, argumenta García Linera en su último libro presentado ayer en La Paz. [1]

“Podríamos decir que el sistema neoliberal periférico se configuró entre un Estado reducido en sus capacidades y su poder de intervención económica y cultural (procesos de privatización y “achicamiento”), ONGs que lo reemplazaban en determinadas áreas (social, cultural, lucha contra la pobreza, pueblos indígenas, medio ambiente, etc.), y un sector económico privado extranjero, que se apropiaba de las riquezas públicas”.

En ese contexto, explica García Linera, “algunas ONGs en el país han sido el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico (considerado propiedad extraterritorial de gobiernos y empresas extranjeras), creando de facto una nueva relación de privatización y extranjerización de los parques nacionales y las Tierras Comunitarias (TCO), en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control”.

La delimitación de TCOs y posterior proceso de saneamiento a partir de 1996 fueron mayoritariamente financiados por la cooperación internacional y hasta 2008 el saneamiento de tierras ejecutado por el INRA fue costeado casi exclusivamente con fondos extranjeros. [2] “¿Alguien pensó que la cooperación europea o peor aún USAID, se interesaban en poner recursos para una ‘alternativa civilizatoria al capital’, ‘otro mundo posible’, ‘el postcapitalismo’ o el temido ‘comunismo’? ¡Claro que NO!”, sentencia el teórico de la “revolución democrática y cultural”.

Según el Vicepresidente, el verdadero objetivo de la filantropía occidental fue conquistar territorios estratégicos y recursos de la biodiversidad (material genético, minerales, petróleo, gas…) a través de las ONGs. “Negociar con un pueblo indígena a través de una ONG local, financiada por otro país, es más fácil que establecer una relación de Estado a Estado. De otra manera (los países capitalistas desarrollados) tendrían que negociar, pactar o incluso enfrentar a otros Estados nacionales para conseguirlos”.

Por eso las ONGs financian proyectos de corte “imperialista”; “basta ver el enfoque de los proyectos de USAID y del Departamento de Estado con referencia a los pueblos indígenas; sus documentos muestran la intención de comprar la lealtad y defensa de los mismos frente a los medios de comunicación”. [3]

Desde su nacimiento, detalla el Vice, la CIDOB y el CONAMAQ contaron con financiamiento directo de la cooperación internacional a través de ONGs, que en las últimas dos décadas lograron crear una relación clientelar con la dirigencia indígena. [4]

En la medida en que estos niveles de organización, con escaso contacto con las bases indígenas, funcionan exclusivamente con financiamiento externo, en realidad se desenvuelven propiamente como ONGs y reproducen mecanismos de cooptación clientelar y subordinación ideológica y política hacia las agencias de financiamiento, la mayor parte de ellas europeas y norteamericanas.

De esta forma, las ONGs tejieron una trama clientelar de dirigencias indígenas a través de las cuales emiten el “discurso ambientalista empresarial de derecha” y “materializador de una acumulación capitalista medioambiental”.

¿Quién tiene el poder en la Amazonía?

En el caso específico de las TCOs de la Amazonía, el poder económico y político no está ni en manos de los pueblos indígenas ni del Estado. En realidad, los dueños de la Amazonia son, por una parte, una elite hacendal-empresarial; y por otra, empresas y gobiernos extranjeros que negocian el cuidado de los bosques amazónicos a cambio de la reducción de impuestos y el control de la biodiversidad.

García Linera identifica cuatro fuerzas que se articulan en torno a la dominación de la Amazonia:

1. Las empresas extranjeras han creado una novísima modalidad de plusvalor: el plusvalor medioambiental en torno a la apropiación extraterritorial de la biodiversidad amazónica, que les permite subir sus tasas de ganancia sin necesidad de modificar el patrón técnico-productivo destructivo de la biodiversidad. En otras palabras, siguen manteniendo en pie las mismas fuerzas técnicas destructivas y obtienen sustanciales rebajas de impuestos y eliminación de penalidades cada vez que titulan “bonos de carbono” a nombre de una de ellas.

Así, “protegiendo” tales o cuales áreas del bosque amazónico, reducen sus costos de producción empresarial, elevan la tasa de ganancia de los accionistas y eluden la necesidad de un trastrocamiento radical de la base técnica-productiva contemporánea.

Paralelamente, numerosas empresas extranjeras que controlan extraterritorialmente “sus bosques”, acceden a una gigantesca fuente de diversidad genética para la industria de la biotecnología, sin pagar absolutamente ningún impuesto, patente, regalía o realizar una inversión previa. De esta forma, la “protección de bosques” a cargo de conglomerados empresariales extranjeros ha devenido en una modalidad “medioambiental” de acumulación capitalista.

2. Los gobiernos de los países capitalistas más desarrollados, a través del medio ambientalismo empresarial, están logrando establecer cordones de control sobre numerosas áreas de enorme riqueza de recursos naturales, biológicos, mineros e hidrocarburíferos.

En el caso de la Amazonia boliviana, no solo tenemos los mayores reservorios de agua dulce de todo el país, sino también la mayor concentración de diversidad biológica, reservorios de petróleo y gran parte del llamado “escudo precámbrico” con grandes reservas de oro, níquel, hierro, uranio…

3. El bloque hacendal-empresarial transformador de la materia prima amazónica aún controla los procesos de intermediación y semi industrialización de los recursos naturales. Se trata de una elite empresarial vinculada simultáneamente a la propiedad de la tierra, a los antiguos partidos políticos de derecha patrimonialistas, a la compra y procesamiento de ganado vacuno y a la actividad de procesamiento de materias primas amazónicas (madera, lagartos, castaña, goma, etc.).

Es una burguesía regional que al tiempo de refuncionalizar las TCOs como espacios de provisión negociada de materias primas por las dirigencias indígenas, logra acaparar la renta de la tierra resultante de la actividad extractivista. En algunos casos, a través de la coacción extra-económica ejercida sobre pobladores indígenas, obtiene también un nuevo monto de plusvalor del trabajador-peón indígena.

4. El conjunto de ONGs amazónicas y una trama clientelar de dirigentes indígenas forman un pequeño ejército ideológicamente difusor del discurso medioambientalista de derecha, y económicamente materializador de una acumulación capitalista medioambiental.

Formados en la oposición a cualquier tipo de presencia del Estado en los bosques y llanos amazónicos, y adversarios de la autonomía del movimiento indígena que desmoronaría las redes de cooptación sobre los dirigentes; algunas ONGs se han lanzado en una especie de cruzada ambientalista a nivel local, cuyo efecto real a nivel planetario es la consolidación del lucrativo negocio de reducción de impuestos a las empresas transnacionales a cambio de la protección de bosques.

Subsunción capitalista de la economía indígena amazónica

En tanto los pueblos indígenas no han incursionado en procesos de transformación de la materia prima que existe en los nuevos y grandes territorios indígenas, la madera, los lagartos, la castaña, la goma o los productos de pesca siguen siendo comprados por los madereros y empresarios-hacendados a precios irrisorios y bajo las mismas modalidades de “habilito” que renuevan la tradicional dependencia económica y social del pasado, describe García Linera.

Aprovechando las relaciones y jerárquicas de clase y de nacionalidad, el empresariado-hacendal ha generado una subsunción mercantil de esas Tierras Comunitarias a la actividad empresarial extractivista, con la aplicación de diversos mecanismos de coacción extraeconómica que reducen los costos de compra y elevan los ingresos empresariales.

En corto tiempo, las millones de hectáreas de las TCOs que se encuentran en gran parte de la Amazonia, están quedando nuevamente articuladas a los mecanismos de dominación señorial y patronal de los empresarios-hacendados. García denomina “subsunción del territorio indígena y los recursos naturales a la acumulación capitalista interna” a la “subordinación formal de la TCO y de los parques a la generación de beneficios para empresarios hacendados”.

Cuando las TCOs y parques nacionales también sean sometidos a los circuitos de acumulación capitalista (ganancia) de empresas extranjeras, “hablaremos de una subsunción de la territorialidad indígena y de la naturaleza a la acumulación capitalista externa”.

Las falacias colonialistas en el TIPNIS

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) no es una excepción a esta situación de subsunción formal de la economía indígena y de la naturaleza a la acumulación del capital. Como sucede en otras regiones de la Amazonia, el trabajo indígena y la riqueza natural del TIPNIS han sido subsumidos formalmente a procesos de producción capitalistas fuertemente articulados a mercados internacionales.

Si bien la TCO ha permitido la propiedad de la tierra y el uso de los recursos por parte de los pueblos indígenas amazónicos; las principales riquezas del TIPNIS (lagartos, madera, cacao) forman el eslabón más bajo y peor remunerado de una cadena de aprovisionamiento, procesamiento y comercialización de carácter empresarial.

La propiedad comunitaria de la tierra también ha devenido en el eslabón más bajo de la cadena empresarial de generación de valor y de acumulación capitalista. “El propio TIPNIS, considerado hasta hace poco como el ‘pulmón del mundo’, es un pulmón horadado por la extracción ilegal de madera y cuero, un pulmón con cáncer por la nicotina”, sentencia el Vice.

En ese marco, identifica tres “falacias” en el discurso del movimiento “ambientalista empresarial de derecha” y “materializador de una acumulación capitalista medioambiental”.

Falacia 1: La carretera de la invasión cocalera

García Linera asegura que la carretera no va a ser la punta de lanza de ninguna supuesta “invasión cocalera”; ni siquiera con los tramos que existen se ha materializado tal “invasión”, porque se trata de un Parque y un territorio de propiedad colectiva indígena, y son los propios productores de hoja de coca los que respetan orgánicamente esa propiedad colectiva.

Los propios sindicatos de productores fueron los que el año 1990 delimitaron con el gobierno una “línea roja” dentro del TIPNIS que voluntariamente decidieron no traspasar. Desde entonces, cualquier compañero que transgrede esa línea, deja de contar con el apoyo de su sindicato y federación, y es susceptible de ser desalojado del lugar donde habita por la fuerza pública.

Además, la producción ilegal de hoja de coca no se ubica en los bordes de las carreteras; los cultivos ilegales se hacen precisamente allá donde no llega el control del Estado ni de las federaciones; en zonas donde no existen caminos ni sendas. Por tanto, si algo va a promover la presencia de una carretera en el Parque, es la huida de los cultivos ilegales e incluso de la producción de pasta base de cocaína, que a lo largo de estos años se ha detectado en zonas del TIPNIS en las que no llegan caminos ni existe presencia estatal.

Falacia 2: Las TCOs son los únicos espacios de comunitarismo

La segunda falacia, de implicancias aún más reaccionarias que la primera, resalta García, es la que busca separar artificialmente a “indígenas de tierras bajas” versus “campesinos de valles y tierras altas”; los primeros alejados del mercado, buenos y contempladores de la naturaleza; y los segundos depredadores, malos, mercaderes, ilegales y destructores de la naturaleza.

Este dualismo de caricatura fue utilizado durante décadas por los hacendados amazónicos y orientales para colocar un muro de contención alrededor de sus latifundios ante la presencia y la migración de los indígenas campesinos de tierras altas. Esta ideología anti-campesina terrateniente ha sido retomada por los ambientalistas en el debate sobre el TIPNIS para crear un ambiente hostil al movimiento indígena-campesino de tierras altas, y en particular en contra de los productores de hoja de coca. [5]

Además, esta segunda falacia colonial se teje alrededor de la separación de indígenas “buenos” porque habitan una Tierra Comunitaria y campesinos “malos” porque tienen propiedad familiar individual. La propiedad jurídica común no define lo comunitario. Existe propiedad de la tierra individual con posesión común de tierras, incluso con sistemas comunitarios de autoridad y técnicas comunitarias de trabajo. Esto sucede por ejemplo en la mayoría de las regiones del altiplano, núcleo de la identidad indígena aymara.

Por tanto, el clasificar a los “indígenas” porque tienen propiedad comunitaria, y a los “campesinos” porque no la tienen, es una garabato conceptual de implicancias contrarrevolucionarias desastrosas. La creencia de que las TCOs son los únicos espacios de comunitarismo es una típica ilusión juridicista acostumbrada a confundir la realidad de las cosas con la realidad de las palabras. [6]

“Al reducir la categoría de indígena a la pertenencia a una TCO, seguimos presos en la ilusión del abogado que sueña con sustituir la realidad de las cosas con la realidad de sus artificios lingüísticos; y en este caso el de hacer de una categoría jurídica (TCO) el núcleo de una identidad social”.

García Linera entiende que la TCO es una categoría jurídica, no una estructura social ni una identidad. “Las identidades sociales, y más aún las nacionales, son artefactos políticos de movilización con proyección estatal que pueden apoyarse en determinadas prácticas sociales como el idioma, la historia común, la memoria, el territorio, la economía, etc., pero que tienen la virtud de articular una voluntad colectiva transclasista en torno a objetivos de auto-determinación”.

La identidad indígena que ha descolonizado y llevado al poder en 2006 al sujeto popular en Bolivia, es una identidad urbano rural y transclasista, con un núcleo articulador indígena. Ahí radica la certeza material de su mayoría y su hegemonía. [7]

“Pero resulta que el pseudo-ambientalismo y un puñado de izquierdistas abdicantes, en una desesperada y poco estética voltereta ideológica reducen ‘lo indígena’ a quienes viven en Tierras Comunitarias, dejando al resto de la población como ‘no-indígenas’”.

“De esta manera, y por arte de magia barata, la mayoría indígena conquistada como emancipación y proyecto político revolucionario de carácter nacional-general, se disuelve en unos pequeños núcleos poblacionales dispersos en tierras bajas que apenas llega al 3,7% de la población boliviana mayor de 15 anos (2001), y en el caso de tierras altas al 4,5%”.

“Al convertir a los indígenas en minoría dispersa en TCOs, se elimina el mayor hecho político de descolonización con efecto estatal que ha tenido el país: la construcción de la fuerza política indígena como fuerza urbano rural mayoritaria; pero además se sustituye la realidad productiva y social con la chata categoría jurídica, desconociendo la objetividad real de las tendencias revolucionarias, comunitarias-comunistas presentes en las distintas organizaciones socio-productivas de las clases laboriosas urbano-rurales”.

En criterio de García, la “implicancia reaccionaria de esta metafísica conservadora” es el fraccionamiento del movimiento indígena, la minimización y el aislamiento de lo indígena, el desarme ideológico y político de lo indígena, y la judicialización de lo indígena.

“En fin, toda esta narrativa conservadora conduce inexorablemente a la impotencia y muerte del sujeto político indígena. He ahí el gran sueño de la derecha hacendal realizado por boca y acción de ex izquierdistas que han devenido en intelectuales orgánicos de la restauración de la colonialidad”.

Falacia 3: ambientalismo versus capitalismo

Señala García que toda actividad humana —desde el construir una casa, sembrar alimentos, cazar y aun andar y respirar— afecta la naturaleza. “Nadie vive contemplándola, como sostiene el ambientalismo ingenuo, pues el que lo haga no permanecería vivo. La vida es un proceso de transformación metabólica de la naturaleza que afecta el entorno, y al hacerlo, el ser vivo se transforma a sí mismo”.

A cada modo de producción material le corresponde un modo de relacionamiento orgánico con la naturaleza. Algunas sociedades crearon modos de relacionamiento vivificantes con la propia naturaleza que los rodea, como las formas comunales estudiadas por Marx con el nombre de Comunidad Rural y Comunidad Agraria.

En esos casos, la naturaleza se presenta como una prolongación orgánica de la propia sociedad, como un ser vivo ante el cual el intercambio de adelantos laborales y recepciones productivas toma la forma de diálogos y rituales de mutua re-producción en el tiempo. Pero al interior de estas distintas formas comunales de sociedad, civilización y producción, también existen variantes que pueden generar un mayor o menor impacto en el entorno natural.

Las sociedades agrarias, una forma de comunidad social, tienen un sistema económico que en el marco de esa relación mutuamente vivificante con la naturaleza, genera un mayor impacto en el entorno que las sociedades recolectoras (otra forma comunal de sociedad).

De ahí que en lo básico ambos sistemas productivos mantienen un mismo patrón de intercambio orgánico y vivificante con la naturaleza, lo que impide diferenciarlos entre “depredadores” o “armónicos”, como lo hace el pseudo-ambientalismo.

Pero también existen sociedades donde la naturaleza se presenta como un simple reservorio de cosas a ser usufructuadas por los seres humanos. Es decir, es un objeto inerte susceptible a ser transformado por el trabajo, pero frente a la cual no se tiene ninguna responsabilidad ética o material de continuidad.

Y si a ello se suma que el objetivo orientador de los procesos productivos no es la satisfacción de las necesidades materiales, sino la acumulación ilimitada de la ganancia monetaria (la valorización), estamos frente al modo de producción capitalista. En este caso, la naturaleza se presenta solo como materia prima inerte para la ganancia.

Sin embargo, no es por definición que el capitalismo destruye la naturaleza, como piensa el ambientalismo de derecha. Lo que si hace el capitalismo por definición es generar ganancia en pocas manos privadas, “valorizar el valor”, decía Marx. Y si para cumplir ese objetivo hay que matar seres vivos, triturar sociedades, aniquilar y destruir la naturaleza que este a su paso, sin duda el capitalismo lo hará.

El autor recalca que es muy importante precisar la lógica fundante del sistema capitalista: la ganancia; porque si bien cada vez más sus fuerzas productivas están deviniendo en fuerzas destructivas de la vida y del planeta, la misma vorágine irresistible a la ganancia lo puede llevar a “preservar” la naturaleza, si es que eso le garantiza la tasa de ganancia necesaria.

Solo así se puede comprender que mientras en determinados lugares del mundo levanta fuerzas técnicas destructivas de la naturaleza (de ahí el efecto invernadero), en otros pueda alentar una hipócrita “defensa” del entorno a través de sus políticas de mercado: “bonos de carbono”, “economía verde”, cambio de deuda por protección de bosques, etc.; que en el fondo no son más que diversas modalidades de mercantilización y subsunción capitalista de la conservación temporal de bosques en los países del sur, para redituar beneficios a las grandes empresas transnacionales del norte.

Estas políticas pseudo-ambientalistas no son contradictorias con el capitalismo; al contrario, le son inherentes, pues ese ambientalismo para pobres le es redituable y le da ganancias, y por lo tanto le es útil y lo fomenta. Si destruir el medioambiente en el norte y proteger algún bosque en el sur —pero asumiéndolo como propio, como parte de sus activos empresariales— genera ganancias, este pseudo-ambientalismo forma parte de la maquinaria capitalista.

Lo dramático de todo ello es que esta farsa planetaria de un capitalismo estratégicamente destructor de la naturaleza, pero tácticamente preservador de nichos medioambientales, tiene como ejecutores de su trama a un ejército de medioambientalistas bienintencionados que “preservan” los bosques en los países pobres y al finalizar el día, le entregan a la mega-empresa una plusvalía medioambiental extraterritorial que elevara aun más el precio de sus acciones en la bolsa.

Así, “los medioambientalistas se desviven para que los habitantes del bosque de algún país del sur, como el TIPNIS, sigan en la marginalidad absoluta, y ahuyentan al Estado para que no perturbe su ‘armónica’ pobreza, completando un siniestro mecanismo planetario de acumulación ‘medioambiental’ capitalista”.

Alegato extractivista

Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo; “olvidando que existen sociedades no extractivistas, las industriales, ¡plenamente capitalistas!”, fustiga el Vicepresidente.

Él dice que “puede haber sociedades extractivistas capitalistas, no capitalistas, pre-capitalistas o post-capitalistas. Y de igual forma, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas, no capitalistas o post capitalistas”.

Reconoce que en el extractivismo se condensa toda la distribución territorial de la división del trabajo mundial, distribución muchas veces colonial, pero “para romper esa subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra ese extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo”.

“Esta es precisamente la trampa de los críticos irreflexivos a favor del no extractivismo, que en su liturgia política mutilan a las fuerzas y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, generar riqueza y distribuirla con justicia; y a partir de ello crear una nueva base material no extractivista que preserve y amplíe los beneficios de la población laboriosa”.

García considera que el extractivismo “actualmente, para nosotros como país, es el único medio técnico del que disponemos para distribuir la riqueza material generada gracias a él (pero de manera diferente a la precedente); además, también nos permite tener las condiciones materiales, técnicas y cognitivas para transformar su base técnica y productiva”.

“Porque si no, ¿con qué superar al extractivismo? ¿Acaso dejando de producir, cerrando las minas de estaño, los pozos de gas, retrocediendo en la satisfacción de los medios materiales básicos de existencia, tal como lo sugieren sus críticos? ¿No es esta más bien la ruta del incremento de la pobreza y el camino directo a la restauración de los neoliberales? ¿El amarrar las manos al proceso revolucionario en aras del rechazo extractivista, no es acaso lo que más desean las fuerzas conservadoras para asfixiarlo?”

El Vice cree que “superando el extractivismo no vamos a superar el capitalismo… Pero ojo, eso no significa que la superación del extractivismo no pueda ayudar a los procesos revolucionarios en proceso. Puede ayudarlos, en primer lugar, porque las fases de industrialización o producción de conocimiento permiten crear un mayor excedente económico susceptible de ser redistribuido para satisfacer las necesidades de la sociedad”.

Pero en todo caso, ni el extractivismo nos condena al capitalismo, ni el no-extractivismo nos llevara directamente de la mano al socialismo. “Todo depende del poder político, de la movilización social capaz de encaminar los procesos productivos —extractivistas o no extractivistas— hacia la creciente comunitarización de su control operativo y de la distribución social de la riqueza generada”.

Y en esta tarea, en una primera etapa, “¿acaso no es posible utilizar los recursos que brinda la actividad primaria exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer condiciones mínimas de vida de los bolivianos, y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica intelectual capaz de asumir y conducir los emergentes procesos de industrialización y de economía del conocimiento? ¿Acaso dejando de producir materias primas el socialismo tocara la puerta? ¿Dejando intempestivamente el “extractivismo” se tendrán los recursos materiales e intelectuales para pasar inmediatamente a las etapas industriales y cognitivas de la producción?”

García Linera cuestiona: “¿No será que al condenar acríticamente el denominado extractivismo, en los hechos se busca dejar económicamente inerme y pobre al Estado Plurinacional para que sea incapaz de responder a la expansión de los derechos sociales que han surgido en el proceso revolucionario iniciado el año 2000?”

Está claro que hay que superar la etapa de ser simples productores de materias primas, “pero eso no se logra paralizando el aparato productivo, contrayendo el excedente que viene de las materias primas y regresando a una economía de autosubsistencia que no solo nos colocara en un nivel de mayor indefensión que el de antes, llevándonos a la abdicación total de cualquier atisbo de soberanía; sino que además le abrirá las puertas a la restauración patronal-neoliberal que se presentara como la que sí puede satisfacer las demandas materiales básicas de la sociedad”.

Como forma de superación gradual del extractivismo, consideramos que en primer lugar se tienen que satisfacer las necesidades urgentes de la población, elevar los beneficios sociales imprescindibles de las clases laboriosas y, a partir de ello, crear las condiciones culturales, educativas y materiales para democratizar aun más allá del Estado el control de la riqueza común, y comunitarizar (también más allá del Estado) la propiedad y la propia producción social”.

Entretanto, se debe a la vez construir un nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza que vaya superando el extractivismo. “Y eso es justamente lo que estamos haciendo como Gobierno: generar riqueza y redistribuirla entre la población; reducir la pobreza y la extrema pobreza; mejorar las condiciones educativas de la población. Y paralelamente a todo ello, estamos emprendiendo la industrialización”.

“Evidentemente no es un proceso simple; requiere años, tal vez décadas. Lo importante es reorientar el sentido de la producción, sin olvidar que hoy hay que satisfacer también las necesidades básicas apremiantes, que fueron las que precisamente llevaron a la población a asumir la construcción del poder del Estado. Justamente eso es lo que estamos haciendo en Bolivia”.

“¡Por supuesto que hay que proteger el medioambiente! Nuestra Constitución así lo establece y hemos aprobado leyes extraordinariamente vanguardistas en ese sentido. El gobierno en su conjunto se preocupa por equilibrar la necesidad de generación de riqueza para redistribuirla, con la obligación de la preservación del núcleo procreador de la base natural del planeta”, recalca García Linera.

“Pero esa es una decisión y una tarea de NUESTRO Estado, de nuestra legislación, de nuestro Gobierno y de nuestras políticas públicas estatales. La Amazonia es de nosotros, de los bolivianos; no de los norteamericanos o los europeos ni de las empresas u ONGs que pretenden ‘ensenarnos a protegerla’… Si quieren proteger el medioambiente, que lo hagan con sus bosques, ríos y cerros, y que no se entrometan en como nosotros decidimos cuidar nuestro propio entorno natural”.

El mandatario reconoce que los bolivianos “estamos teniendo problemas con la protección de la Madre Tierra, pero son dificultades que nosotros mismos sabremos corregir; no aceptaremos jamás el principio de soberanía compartida en ningún pedazo del territorio boliviano”.

En conclusión, “quienes en este momento se oponen a la presencia del Estado en la Amazonia, en los hechos defienden la presencia norteamericana en ella. No existe punto intermedio: ese es el dilema en el que se juega hoy el destino del control sobre la región amazónica boliviana, peruana, ecuatoriana, colombiana, brasilera”.

Notas:

[2] De 2005 a 2009 la agencia danesa DANIDA invirtió más de 13,36 millones de dólares, de los cuales 2,4 fueron entregados a un proyecto técnico de la CIDOB, el Centro de Planificación Territorial Indigena (CPTI). En tierras altas, el mismo esquema fue aplicado con la ONG ISALP, que recibió durante el mismo periodo 700 mil dólares. Otras ONGs como CEJIS y AVSF reciben financiamientos similares. El financiamiento estadounidense no participó directamente al acompañamiento de la TCO, pero si de muchas áreas boscosas en el marco del proyecto BOLFOR y el catastro individualizado de la áreas de cultivo de hoja de coca, conjuntamente con la Unión Europea. Las agencias de cooperación europeas (de Dinamarca, Holanda y la UE) estaban comprometidas con el 36% y la agencia USAID con el 23% de las superficies planificadas (2008). El resto estaba repartido entre agencias de la ONU, Fondos Multilaterales, privados y el Estado boliviano. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

[3] Incluso es manifiesta su pretensión de convertirlos en enemigos del Gobierno Revolucionario de Evo Morales. “La Embajada de los Estados Unidos: Canapes y Territorios Indigenas”, Periodico Plurinacional No 6, Vicepresidencia del Estado, La Paz, agosto de 2011.

[4] La ONG APCOB (Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano) recibió fondos de USAID y de la Ford Fundation, a través de la ONG Culture Survival en los años 80, para la creación de la CIDOB, al igual que otras organizaciones indígenas en Perú y Ecuador; Cultural Survival, Final Report “Strengthening pluralism: a combined human right/rass roots development program for indians of latin america and the Caribbean basin”, 1987.

En los años noventa, el director de IBIS -DINAMARCA decía que ellos apoyaban la creación de CONAMAQ bajo el modelo étnico de la CIDOB porque necesitaban una organización de ese tipo para poder trabajar como cooperación. Identificaba a la CSUTCB como una organización clasista con un discurso de los años 70, con la cual ellos no podían trabajar. También, en un documento de OXFAM se puede leer: “El ayllu es una forma de organización andina que mantiene principios… en oposición a los sindicatos, que son formas de organización impuestas a los ayllus”; Andolina, Robert; Radcliffe, Sarah; Laurie, Nina, “Development and Culture: transnational identity making in Bolivia”, Elsevier, 2005, pags. 15-18.

[5] Esta xenofobia llega a tal límite, que defiende sin pudor un tipo de endogamia étnica al considerar como un “crimen” el hecho de que los yuracarés se casen con los quechuas o los aymaras. Se trata en el fondo de la falacia colonial de la construcción de “razas puras”, dicha ahora con lenguaje posmoderno, define García Linera.

[6] García piensa que en el mundo agrario (tanto en tierras bajas como en tierras altas), aun en las zonas de mayor parcelización (sic) de la tierra y de títulos individuales, existen áreas de usufructo colectivo (tierras de pastoreo, tierras de comunidad) y recursos igualmente comunes (las vertientes, ríos, lagunas, etc.) sobre los que no se ejerce ningún tipo de propiedad privada. Paralelamente, hay un sistema de autoridad comunal con tuiciones sobre múltiples aspectos de la vida, la misma propiedad individual, y un sistema de trabajo de ayuda mutua (caminos, escuelas, ayni, minka, etc.). Los sindicatos agrarios del Chapare son un ejemplo de este sistema social.

De la misma manera, en las TCO, si bien la tierra es propiedad jurídica común de todos los que viven en la comunidad o las comunidades, el sistema de trabajo es similar al de cualquier comunidad de propietarios individuales: la producción es estrictamente familiar-individual. La agricultura, caza, pesca y recolección que proveen los medios de vida cotidianos, se realizan de manera familiar y no de manera comunitaria. Y en el caso de tierras bajas, los sistemas de trabajo conjunto para las necesidades públicas como escuelas, caminos o para intercambios de trabajo, son débiles. En general, ya sea en tierras de propiedad familiar o de propiedad comunitaria, no existen permanentes procesos de producción comunitarios. La mayoría de las actividades laborales requeridas para la satisfacción de las necesidades básicas de los comunarios se las realiza de manera familiar-individual. En tanto que las pocas actividades de utilidad pública que si emplean sistemas de trabajo colectivo, se dan ante todo en tierras altas, los valles y el Chapare, ya sea en Tierras Comunitarias como en tierras de propiedad individual.

[7] La construcción de la identidad emancipativa con voluntad de poder ha requerido dos momentos ético-políticos decisivos. El primero, la construcción de la identidad nacional indígena como mayoría demográfica nacional con visibilidad política. Ahí el aporte del tupak-katarismo de los Ayllus Rojos de los 90 fue decisivo, porque comenzó a interpelar políticamente al sujeto indígena de manera interclasista, es decir como nación en cuyo interior cohabitan varias clases sociales urbanas y rurales: campesinos, transportistas, intelectuales, profesionales, propietarios, artesanos, etc., pero cohesionados y articulados por la base cultural-histórica de la identidad en tanto aymaras, quechuas, guaraníes, etc. La validación numérica de esta mayoritaria población indígena socialmente visible, vendrá de la mano de las multitudinarias movilizaciones indígenas urbano-rurales del 2000, 2001, 2003, y de los resultados del Censo de Población del 2001, que establecerá que el 62% de los bolivianos son indígenas. El segundo momento ético-político decisorio para la toma del poder por el movimiento indígena-popular, será la candidatura de Evo Morales en el instante histórico preciso y con la convocatoria adecuada para el momento, que permitirá convertir la mayoría demográfica socialmente visible, en mayoría política estatalmente dirigente.