La última contingencia para las dos plantas extractoras de líquidos se da, arrancando septiembre, con la toma pacífica, por parte de indígenas guaraníes, de los predios de procesadora Gran Chaco, también en construcción. Hace dos meses que por accidente se descubrió el caso de corrupción en la de Rio Grande, con un gerente que en paralelo gestionaba la compra de terrenos a sindicatos cocaleros para una planta de úrea valuada en $us.850 millones. En 2009 el ex presidente de YPFB Santos Ramírez fue detenido por contratos lesivos al estado, en el caso de las mismas separadoras.

Ante el reciente escándalo, el actual ejecutivo, Carlos Villegas, dijo que esa gerencia, “donde está el futuro de Bolivia”, era estratégica y manejaba mucha cantidad de dinero, por lo que conversaba todos los días con el ahora principal investigado, Gerson Rojas. “Es mi responsabilidad, porque no soy un florero en YPFB, soy el presidente”, dijo en julio. En agosto insistió: “por supuesto que tenía una relación directa con él. En esa gerencia hay recursos significativos. Yo hablo directamente con los gerentes de todas las áreas”. Varias organizaciones reclaman por información accesible de YPFB, aquejada por “débil o nula institucionalidad” y que actúa como juez y parte ¿Quien controla a YPFB? ¿Cuál es el total de los costos recuperados de las transnacionales desde el 2006 al 2012?

Pasan casi dos meses desde que el viernes 17 de junio, en Chimoré, el Presidente Evo Morales advirtiera sobre los precios exagerados, de hasta 4.500 dólares la hectárea, que pedían dos sindicatos cocaleros, Kuripunko y 23 de marzo, de Bulo Bulo, en el corazón del Chapare, para un predio de casi 400 hectáreas donde prevé instalar la planta de amoniaco-úrea, una de las estrellas de la retardada industrialización de los hidrocarburos.

Dos días después, en pleno domingo 17, un casi todopoderoso Gerente de YPFB que además de esos predios, gestionaba en Tarija y Santa Cruz las plantas separadoras de líquidos Gran Chaco y Río Grande, y en total concentraba cuatro proyectos petroleros por 2.200 millones de dólares, chocó en el km 94 mientras se trasladaba de Bulo Bulo a Yapacaní.

El accidente fue la punta de un escándalo que si bien no ha paralizado del todo los sueños de industrializar el gas, ha afectado la imagen de la petrolera estatal, al parecer más gravemente de lo que se percibe, y ha puesto a su presidente, Carlos Villegas, en su hora más amarga como personaje público.

Observadores del sector, en el que se rumorean nuevas renuncias, piden que sea investigado en toda su gestión de tres años y medio al frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la mayor empresa boliviana, emergente de la enaltecida nacionalización del 2006.

Y él mismo está citado –y dijo que lo hará “gustoso”– a declarar en el caso, con lo que se podrían desenredar (o no) las implicaciones que involucrarían a más de una de las prestadoras de servicios y proveedoras, altos funcionarios y empresarios eventualmente coludidos en la tragedia de la corrupción, cohechos por confirmarse o exacciones, si no la conjunción de ambos, que envuelve nuevamente a la principal generadora de ingresos nacionales.

Abriendo agosto, tras las sombras de un largo julio en que se desencadenó otra vez la vergüenza, Villegas desfiló con denuedo ante diversos medios y descartó su eventual alejamiento de la petrolera estatal.

Fue “aislado”, aseguró también, el escándalo de las separadoras o extractoras de licuables, que estaban en manos, durante el último año y medio, de uno de sus poderosos ex gerentes, Gerson Rojas, actualmente preso y demandado por enriquecimiento ilícito, lo mismo que su compañero en adjudicaciones, Agustín Ugarte.

Ambos son los principales sospechosos de haber operado sobornos de hasta 390 mil dólares y favorecido a una de las ejecutoras, AESA, del grupo argentino YPF, lo mismo que a otra de las supervisoras, Bolpegas, uno de cuyos gerentes era Carlos Rojas, hermano de Gerson. Las dos compañías negaron actividades ilícitas.

Irónicamente, mientras Villegas era entrevistado por varios canales y periódicos, irrumpieron dos nuevos casos de supuestas irregularidades en la adjudicación de los proyectos.

Uno fue sustentado por la coreana Hyundai por la calificación de empresas para la planta de úrea-amoniaco, que supone una inversión de 1.100 millones de dólares. Otro fue demandado por técnicos que cuestionaron a la empresa (Asfade Human Value) contratada por YPFB-gestión Villegas para la selección de cargos.

En la secuela de investigaciones a Rojas, se descubrió también implicaciones que llevaron a detener a otro de sus asesores por la presunta compra irregular de un terreno para la planta de Yacuiba, Tarija.

En vísperas del mensaje presidencial por el aniversario patrio, la compañía danesa Haldor Tops se declaró ‘sorprendida’ por el resultado del proceso de evaluación técnica para el proyecto de planta de urea en el Chapare, donde se descalificó a “dos de las empresas más grandes del sector”: Technip y Saipem”.

Antes, el viernes 3 de agosto, YPFB había declarado desierta, por segunda vez e inesperadamente, la contratación de la ingeniería conceptual para las plantas de etileno y polietileno en Tarija, otro proyecto en manos de Rojas, por entre 300 y 200 millones de dólares, sólo para este estudio, debido a que ninguna de las proponentes cumplía con las especificaciones.

Además de Bolpegas, fueron afectadas la argentina Techint Foster Wheeler, las italianas Tecnimont y Technip y la estadounidense Granherne Inc., previéndose para las próximas semanas la nueva licitación.

Siete ministros, seis presidentes

Desde el 2006 en que declinó el ex presidente de la refundada YPFB, Jorge Alvarado, por un caso de 39 millones de dólares, la institución ha sido afectada al menos por cinco notables sucesos de corrupción.

El 2009 cayó otro de sus presidentes, Santos Ramírez, precisamente por el proyecto separadoras en su primera versión, con un empresario como víctima fatal al intentar pagar un presunto soborno en un negocio de 89 millones de dólares.

El 2010 fue el caso Marcelo Limón, con implicaciones a la jefatura del Distrito Comercial Oriente; y en octubre del 2011 otro ex jefe de este Distrito fue también recluido por corrupción.

“Siete años es el tiempo que se considera suficiente para aprender cualquier oficio. Han transcurrido casi siete años desde la llamada ‘nacionalización’. El rendimiento de YPFB Corporación no mejora. Lo que está sucediendo con las plantas de extracción de líquidos del gas no sólo muestra ineptitud, sino que además corrupción y esto es alarmante”, comentó el experto petrolero Carlos Miranda.

“Es necesario revisar y auditar toda la gestión de Villegas”, sugirió el analista Gustavo Rodríguez Cáceres:

“Aunque no sería nada extraño encontrar más grupos criminales medrando de la institución sin que su presidente sospeche siquiera de la existencia de los mismos, la investigación a profundidad sentaría las bases para que sean los mecanismos de gestión y control, y no la voluntad de las personas, los que garanticen la construcción de una empresa estatal del petróleo realmente honesta y transparente”.

“Se ha notado la falta de gestión y la necesidad de una reingeniería profunda; hay que institucionalizar las entidades del sector: ya llevamos siete ministros de hidrocarburos y seis presidentes de YPFB y nuevamente hay rumores de mas cambios”, observó la especialista Célica Hernández en un foro de comienzos de agosto sobre el seguimiento al sector, mientras Villegas hacía su ronda de medios.

“Es importante de una vez institucionalizar y nombrar titulares que puedan seguir, establecer, ejecutar y seguir una política clara de desarrollo; la contratación de personal capacitado también es un desafío importante”, agregó Hernández.

El camino es culebrero

A casi dos meses del accidente que develó una nueva batahola en YPFB, entre los cinco primeros detenidos, el llamado testigo clave, Agustín Ugarte, que implicó a Rojas, continuaba aislado en una celda del penal de Chonchocoro.. Entrevistado por El Día a mediados de agosto, declaró que prácticamente fue obligado a incriminarse, mientras el presidente Villegas rehuía las preguntas de los periodistas sobre la investigación de corrupción, reportó la prensa local.

Ugarte, el exdirector del Proyecto Gran Chaco y miembro del Comité de Calificaciones de YPFB Corp., es uno de los principales involucrados de un presunto caso de corrupción. El otro es Gerson Rojas, Gerente de Plantas de Separación de Gas, y recluido en el penal de Palmasola en Santa Cruz. Ambos son acusados por enriquecimiento ilícito y por presuntas irregularidades en el proceso de selección y adjudicación de la planta de Río Grande a la argentina Astra Evangelista (AESA).

“Me dijeron que si los colaboraba con esa declaración iban a levantar la orden de aprehensión y que me iban a restituir en mis funciones en Yacimientos. Prácticamente fui forzado a declarar me prometieron de todo pero ahora estoy, aislado en condiciones infrahumanas encerrado en una celda las 24 horas e incomunicado. Recién hace tres días que salgo una hora a caminar. Bajé 8 kilos”, dijo Ugarte a El Día, al tiempo que su defensa legal denunciaba hostigamiento de la asesoría legal de YPFB y no acceso, incluso, al cuaderno de investigaciones.

La abogada de la estatal, Mónica Ramírez, insistió en que Ugarte hizo varias declaraciones falsas.

El asesor legal de Rojas para las separadoras, Marcelo Oña; y Clibert Villalba, abogado de un vendedor de tierras en Yacuiba, son otros de los detenidos en este caso, además de Brenda Avilés, hermana de Vanessa (actualmente desaparecida), directa colaboradora del ex gerente, como pasante o ingeniera recién titulada.

Entre sus últimos coletazos, el culebrón incluye el cambio del fiscal Marcos Candia, el principal de una comisión de cuatro que investiga el caso, y la orden de aprehensión para Carlos Rojas, uno de los gerentes de Bolpegas, hermano de Gerson, sobre quien el copropietario de esta compañía declaró que no tenía poder de decisión alguno en su empresa, menos en la fiscalización de obras.

Por su parte, el abogado defensor de Rojas, Sergio Romero, criticó que la juez del caso “sólo atienda a los abogados de Yacimientos”, en un contexto en que la supuesta corrupción de YPFB proviene de los altos ejecutivos de la petrolera, pues ellos son, agregó, los únicos que firman cualquier contrato millonario.

“Todos sabemos quiénes son, hay una comisión calificadora, hay un presidente, hay un Directorio, no se los está citando porque parece que el Ministerio Público los está protegiendo”, dijo Romero, que pidió a la Fiscalía citar al presidente de YPFB, y su directorio, lo que la Fiscalía ordenó en los últimos días.

El analista Carlos Miranda resumió a su manera los sinuosos caminos: “El protagonista es un poderoso ex gerente encargado de llevar a cabo el programa de industrialización del gas de la Corporación. Influyó para que YPFB contratara una empresa consultora gerentada por su hermano, que señala el costo de la planta y supervisa la construcción de la misma; influyó, además, para que la constructora contrate a la hermana de su novia”.

“Los fiscales ubican a un colaborador del ex gerente, que declara haber recibido dinero para aumentar puntaje en la calificación de la constructora. A ese poderoso individuo se le descubren dos cajas de seguridad en un banco local con una suma importante de dinero más una lista de distribución de mayores sumas. Se siente tan poderoso que declara que su trato es directo con el presidente de YPFB Co.; que su tarea era seleccionar el área que se debía comprar a un sindicato cocalero para la planta de fertilizantes en el Chapare. Debía lograr un trato inicial e informar al presidente de YPFB, el cual obtendría la aprobación del Presidente del Estado para cerrar el trato”.

¿Y qué hace el gobierno frente a esta grave situación de indicios de una corrupción mayor a la de Santos Ramírez?, pregunta Miranda: Primero trata de minimizar el incidente indicando que “corrupción existe hasta en el Vaticano”. Segundo, los fiscales establecen que todo el proceso de investigación será “reservado”.

Los indicios, según otro agudo observador del sector hidrocarburos , Gustavo Rodríguez Cáceres, dan a entender que las empresas adjudicatarias, corrompieron y sobornaron a los responsables del proceso de contratación, o fueron extorsionadas y se vieron obligadas a pagar una “comisión” a dichos responsables con el fin de adjudicarse los contratos de construcción.

“También permiten conjeturar que las personas implicadas no son las únicas que tramaron y/o participaron en esta corruptela, por el contrario, para que la misma se haya efectivizado con seguridad se requirió del concurso de más personeros de YPFB, posiblemente del nivel superior a los actualmente implicados. El grado de inmundicia se evidencia cuando se comprueba que los que fueran altos ejecutivos respetan fielmente los códigos del hampa, no otra cosa significa que Gerson Rojas se acoja [en principio NdR] al derecho de guardar silencio; al igual que Enrique Aruquipa, Director Nacional Administrativo de YPFB, que no está imputado aún, pero prefiere callar. La inmundicia también se hace patente cuando se ve que, al mejor estilo de las mafias, se amenaza de muerte a Ugarte y su familia, quien fuera, al parecer, el único de los implicados dispuesto a confesar”.

En medio del escándalo, y antes de la separación del fiscal Candia, la ministra de Justicia, Nardy Suxo, pidió suspender la reserva de las investigaciones y ratificar a la comisión de Fiscales anticorrupción, separando, sin embargo, a la Coordinadora Anticorrupción, Norma Olmos, por considerar que ésta obstruye y dilata algunos procesos, “dando instrucciones que, en vez de ayudar y coadyuvar, están obstruyendo esta investigación”.

Nada más comenzado septiembre, los indígenas guaraníes esperaban en Yacuiba, Tarija, al ministro de Gobierno, Carlos Romero para reclamarle oficialmente por la realización de una consulta previa, libre e informada a las comunidades del lugar sobre la construcción de la planta.

El capitán grande de la APG Yaku Igua, Jorge Mendoza, dijo que la toma de los predios, fue a causa de que las autoridades de los ministerios de Hidrocarburos, de Medio Ambiente, de Gobierno y de Desarrollo Rural nunca llegaron a esa localidad para atender el requerimiento.

Rojas, el gerente que manejaba 2.200 millones de dólares

Dos declaraciones de Gerson Rojas, ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, ayudan a comprender su rol en la Corporación estatal y su relación con Villegas.

»Era cercano a él. tenía mucha comunicación. Eso nadie lo puede negar. Era un hombre de confianza. El año pasado manejé casi $us 1.000. Este año tenía previsto manejar $us 2.200 millones, dígame si eso es o no es tener una confianza. Mi relación laboral llegaba a Villegas, reportaba todas mis acciones y todos los resultados que tenía a Carlos Villegas, y él se comunicaba con el Vicepresidente y Presidente. Yo no soy el presidente de YPFB, solo soy un funcionario más, hasta ese nivel he llegado. De ahí en más es responsabilidad del ingeniero Villegas el responder cómo era el trato con el Presidente y Vicepresidente, yo llegaba sólo hasta Villegas”. –Entrevista a El Dia, agosto 2012

»Ese día (17 de junio) estaba en una comisión de Bulo Bulo, sobre la compra del terreno para poner tubos para la planta de amoniaco y urea (…) mi persona coordina toda compra de terrenos directamente con el licenciado Villegas y él mismo con el presidente de la Nación. El anterior sábado, es decir, antes del 17 de junio del 2012, en una comisión similar se realizó un acta de compromiso con un lugareño sobre la compra de 90 hectáreas a una federación de sindicatos cocaleros, en ese mismo entendido fue esta comisión”. Declaraciones a las autoridades, tras ser detenido; El Deber, julio 2012.

PROYECTO

2.296 Millones de dólares

Planta Separadora-Río Grande, SC

168

Planta separadora-Gran Chaco, Tarija

643

GNL-aledaña a planta Río Grande

135

Amoniaco Urea-Bulo Bulo, Chapare

1100

Etileno Polietileno-Tarija /ingeniería conceptual

200-300 (de un global estimado en 2.200)

Elaboración propia con base en información oficial y diarios

In-transparencia

En agosto, la Fundación Jubileo, de las Iglesias Católicas de Bolivia y Alemania, presentó cuatro importantes investigaciones sobre el sector hidrocarburos, entre ellos uno sobre el destino global de la renta petrolera, orientada en 70 % al simple gasto corriente, y otro sobre una estrategia de monitoreo para los 43 contratos de operación suscritos con las transnacionales. Jubileo no es la única que reclama por información accesible de YPFB. También lo hizo el CEDLA. Aparte de la preocupación sobre el bajo nivel de reservas probadas y probables, la sobreexplotación y monetización acelerada de los megacampos sin reposición de reservas y el futuro de la demanda para la exportación y el mercado interno, sobre la gestión en YPFB, Jubileo afirmó que resultaría importante para la sociedad civil que se transparente la información relacionada a:

  • Contenido de los Contratos de Operación y Contratos de Servicio para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Áreas Reservadas para YPFB.
  • Certificación anual de reservas.
  • El estado de exploración de las 98 áreas reservadas que fueron adjudicadas de manera directa a YPFB.
  • Producción mensual por campo y contrato.
  • Principales actividades programadas en los PTP (programas de trabajo y presupuesto de las operadoras) y su presupuesto asociado.
  • Estado de los procesos de consulta previa.
  • Las acciones e inversiones que se realizan en área de contrato para la prevención, mitigación y restauración de daños ambientales.
  • Las indemnizaciones, compensaciones y/o contribuciones realizadas a las comunidades afectadas por las actividades de explotación de hidrocarburos.
  • Costos recuperables reportados versus costos recuperables aprobados por YPFB por contrato.
  • Participación de YPFB en las ganancias mensuales de los contratos de operación y el destino que se le da a esos ingresos.
  • Government-take por contrato.

En torno a la Nueva Ley de Hidrocarburos, se hace necesario establecer claramente los roles y funciones de cada una de las instituciones involucradas.

Por una parte, es imprescindible que la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH asuma de forma inmediata la regulación y fiscalización del upstream ya que dichas funciones todavía estarían siendo ejercidas por la empresa estatal, convirtiéndose la misma en juez y parte de varios procesos operativos como ser la quema de gas, aprobación de esquemas de inyección de gas natural, certificación de producción fiscalizada y pago de regalías, participaciones e impuestos sobre este volumen, etc.

YPFB por otro lado, debe empezar a funcionar como una empresa regulada y fiscalizada para el desarrollo de todas las actividades de la cadena; debe funcionar bajo licencias de operación emitidas por el ente regulador y cumplir con las mismas medidas de seguridad establecidas para el sector privado.

Asimismo, la nueva ley de hidrocarburos deberá establecer los incentivos necesarios para incrementar las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Para este propósito se deberá revisar el actual régimen fiscal así como las estructuras y las políticas de fijación de precios de los diferentes productos. Dicha normativa además, deberá establecer un nuevo modelo de contrato de servicios, establecido en la Constitución Política del Estado, que contenga también incentivos relacionados con la recuperación de inversiones de aquellas empresas que decidan trabajar en el sector.

Otro aspecto importante serán las políticas que se establezcan para fomentar la industrialización de los hidrocarburos a fin de darles el mayor valor agregado y generar excedentes económicos para el país.

Finalmente, esta nueva ley deberá considerar los aspectos socio ambientales necesarios para minimizar los efectos generados por el desarrollo de las actividades de este sector y otorgar mayor seguridad jurídica a los inversores. FUENTE: jubileobolivia.org.bo

Débil institucionalidad

El director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, señaló que en la política de hidrocarburos vigente en el país, existe una nula o débil institucionalidad en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), misma que recientemente volvió ha convertirse en el eje de denuncias de corrupción.

“Si bien hay una política de hidrocarburos en Bolivia, muy marcada con todo el proceso de nacionalización, vemos también una ausencia de institucionalidad o una institucionalidad muy débil y creo que ahí vienen todos los temas que se están viniendo al frente; temas de corrupción, de contratos, que creo que hay una necesidad imperiosa de fortalecer esa institucionalidad”, afirmó.En este sentido, Núñez también señaló que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), debería ser la instancia encargada de cumplir una tarea de fiscalización mientras que YPFB debería mantenerse como entidad operadora.“Creo que así aclararíamos y allanaríamos un sinfín de dificultades. Hoy por hoy, en muchos casos YPFB acaba siendo juez y parte en el tema hidrocarburos”, explicó.

* Actualizado con base en la versión de Revista IN, N°27-agosto: http://in.com.bo/2012/08/ypfb-%C2%BFtransparente/