La hidroeléctrica de Barro Blanco inundará un área mayor a la prevista por el estudio de impacto ambiental y afectará a más comunidades indígenas Ngöbe Buglé que habitan en las riberas del río Tabasará. Además, las autoridades panameñas constataron que la empresa norteamericana que opera la represa Chan 75 es responsable de la muerte de cientos de peces en el río Changuinola.

Los mega proyectos hidroeléctricos en Panamá tensionan al máximo las relaciones entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y el gobierno de Ricardo Martinelli, quien funge como abogado de las transnacionales.

La Red Panameña de Afectados por Hidroeléctricas (RPAH) identifica más de 84 proyectos hidroeléctricos en ese país, algunos aprobados y otros en proceso de trámite ante la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá y la Autoridad Nacional de Ambiente, “instituciones que han estado vendiendo nuestros recursos naturales a empresas privadas sin ningún tipo de planificación”.

Dichos proyectos fueron impuestos con prebendas, y violando los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas, afirma la RPAH, ya que “jamás se ha respetado el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los afectados, y los estudios de impacto ambiental son pura letra en papel muerto”.

“La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) está vendiendo a diestra y siniestra nuestros recursos naturales y patrimonios familiares como son los ríos y la tierra. Durante la privatización del Sector Eléctrico en 1997, los empresarios que dominan y secuestran nuestra democracia, decidieron todo. Arreglaron un gran negocio para generar salvajemente grandes ganancias, amparados de legislaciones que garantizan que no haya una opción de resistencia y de decir NO. Para nosotros esto no es democracia, esto es MAS DE LO MISMO”, denunció el 2 de febrero de 2011 el Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (Mocamderco).

El Mocamderco se refería a la Resolución AN N° 3714-Elec del 29 de julio de 2010, la cual otorga a la empresa Los Estrechos una concesión para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una planta generadora de electricidad denominada Central Hidroeléctrica Los Estrechos, financiada por el Banco Do Brasil. Ese proyecto inconsulto e ilegal pone en serio riesgo el Río Cobre, declarado por los consejos municipales de la Mesa, Las Palmas y Cañazas como reserva hídrica para el uso y consumo de las comunidades de la región.

“Para nosotros, firmar contratos y concesiones que comprometen al Estado con proyectos hidroeléctricos, mineros o cualquier otro que genere impactos sociales, ambientales y culturales debe ser una decisión tomada en consenso, con orden, planificación y justificación. No estamos ni estaremos de acuerdo con que se siga tomando las decisiones a espaldas del pueblo que es el afectado, el que vive el sufrimiento y el que tiene que conformarse con las promesas de cartón y falsa propaganda de un futuro mejor”, se pronunciaron los indígenas.

“Queremos progresar pero sin la hidroeléctrica del empresario Eduardo Vallarino. Las hidroeléctricas y las minas ya han dado muestra de su impacto. El ejemplo de Bayano y Petaquilla nos enseña que con la naturaleza no se juega y con la vida humana tampoco. Ahora nadie quiere hacerse responsable por los daños”, argumentaron.

De igual forma, el movimiento indígena liderado por la cacica Silvia Carrera exigió a Martinelli que suspenda la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco y cancele otras tres mega obras planificadas en territorios indígenas, pero el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega descartó de plano esa posibilidad.

La hidroeléctrica Tabasará

Los empresarios Felipe Virzi y Gabriel Btesh iniciaron la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del río Tabasará que nace en la región de Mune, atraviesa el distrito de Tolé y desemboca en Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago. Las dos represas del proyecto se edifican en el territorio de la comarca indígena Ngöbe Buglé, reconocida por la Ley 10 de 1997 y por la Ley 41 de 1998 que instituyó la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM).

Los indígenas impugnaron los proyectos hidroeléctricos y también rechazaron la explotación de un inmenso yacimiento de cobre en el cerro Colorado, ejerciendo su derecho a precautelar el territorio que les fue reconocido por la Ley 10. Sin embargo, el año 2000 las autoridades panameñas aprobaron ambas hidroeléctricas; en diciembre de 2000 la Corte Suprema de Justicia de Panamá suspendió provisionalmente los proyectos por no contar con la aquiescencia de las comunidades indígenas, pero dos años después los rehabilitó.

El año 2007 el proyecto pasó a manos de la empresa Generadora del Istmo Sociedad Anónima (Genisa) del hondureño Luis Kafie y fue rebautizado con el nombre de Barro Blanco. Los ejecutivos de Genisa aseguraron que la represa inundaría un área de 234 hectáreas sin afectar ni un solo centímetro de la comarca indígena, sino apenas 6,8 hectáreas de las áreas anexas. Afirmaron que el 98% de los terrenos era de propiedad de la empresa.

No obstante, el dirigente del Movimiento 10 de Abril Manolo Jiménez calculó que al menos 17 mil indígenas serían afectados por la represa del Tabasará, al igual que cuatro cuencas y extensas áreas reconocidas por la Ley 10 como zonas anexas a la comarca indígena. Otros investigadores y grupos ecologistas alertaron que la represa inundaría casi 900 hectáreas y afectaría a por lo menos 50 mil personas de 45 comunidades, pero el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) oculta información al respecto, deploró el ex defensor del Pueblo Ítalo Antinori.

El EIA de la hidroeléctrica Barro Blanco fue aprobado por la ANAM pese a sus manifiestas imprecisiones y contradicciones, razón por la cual varias organizaciones ambientalistas como Oilwatch Panamá y Panamá Sostenible exigieron que una institución independiente realice un nuevo estudio más objetivo.

Según el EIA, unas 992 personas serán damnificadas por la construcción de la represa, de las cuales 459 viven en cinco comunidades del corregimiento Bakama de la comarca Ngöbe Buglé. Ese dato contradice versiones de directivos de Genisa, quienes aseguraron que no habría necesidad de reasentamientos.

En un principio la empresa estimó que se anegarían 234 hectáreas; el EIA mencionó 190 hectáreas, y en los últimos meses se comenta que 258 hectáreas serán inundadas, lo que significa que se perderán casi 30 mil árboles en lugar de los 20 mil calculados previamente por Genisa, que contabilizó 106 árboles por cada hectárea inundada. Hace poco, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) constató que las áreas afectadas por la cola del embalse son mayores a las previstas por Genisa.

Los indígenas afectados, que jamás fueron consultados por el consorcio Tabasará, reanudaron las movilizaciones y el bloqueo de la vía Interamericana el 31 de enero de 2012, como medida de protesta porel debate parlamentario de un proyecto de Ley415 que no contemplaba un Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y Ambientales en la Comarca Ngöbe Buglé, tal y como habían pactado la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y el gobierno de Martinelli.

La violencia se desbordó cuando unidades anti disturbios de la Policía despejaron por la fuerza la carretera bloqueada durante cinco días en diversos sectores de las provincias Veraguas y Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. El 5 de febrero cayó muerto Jerónimo Rodríguez Tugri y decenas de personas resultaron heridas en la brutal represión policial en la localidad de San Félix, Chiriquí.

El fallecimiento fue horrible y en extremo doloroso pues el artefacto le impactó en pleno rostro, le sacó todos los dientes y le desbarató gran parte de la cara, pero no lo mató de inmediato. La autopsia confirmó que la víctima fue golpeada con un objeto contundente. Ocho testigos revelaron que un policía le disparó, y el ministro de Seguridad José Raúl Mulino tuvo que admitir que se usaron armas de fuego en la represión.

El 6 febrero la situación era caótica en varias regiones de Panamá. Los indígenas incendiaron el cuartel de Policía y el Corregimiento en la localidad Volcan, provincia de Chiriquí. En la capital, inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Plaza de 5 de Mayo y el Supermercado 99, de propiedad del presidente Martinelli, fueron escenario de protestas. Se reportaron manifestaciones en las localidades de Tocumen, La Chorrera, Tumba Muertos y en otras zonas, y el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tuvo que suspender labores académicas.

El 7 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Panamá a garantizar la integridad física y seguridad de líderes y miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunciaron que el gobierno habría ordenado la suspensión del servicio de telefonía celular para controlar la manifestación.

El Servicio de Paz y Justicia de Panamá manifestó su más “enérgico repudio a la represión desatada por instrucciones del gobierno de Martinelli contra la población indígena”, y la cacica del pueblo Ngöbe Buglé Silvia Carrera exigió al gobierno panameño que cumpla sus compromisos con respecto a la hidroeléctrica de Barro Blanco.

El presidente Martinelli reconoció que en febrero de 2011 se comprometió a que la explotación minera se realizaría fuera de las comarcas indígenas, pero alegó que la generación hidroeléctrica no podía prohibirse porque era urgente atender los requerimientos del país. Citando un informe de la Secretaría de Energía, advirtió que si se paralizan esas obras el costo de la energía eléctrica aumentaría en 30%. El abogado y asesor de los indígenas Javier Viques desmintió esas afirmaciones y aseguró que la central sobre el Tabasará generará apenas 4,5% del consumo nacional.

El mismo 7 de febrero los indígenas y el gobierno firmaron el “Acuerdo San Lorenzo 1”, el cual garantiza la liberación de detenidos y el pago de una indemnización a los familiares del menor asesinado durante la protesta. Sin embargo, los indígenas movilizados no lograron frenar las mega obras que se construyen en la Comarca Ngöbe Buglé, contra la voluntad de sus habitantes.

La represa Chan-75

Desde hace varios años, las autoridades locales negocian la reubicación de cientos de familias indígenas Ngöbe de Guayabal, Valle Rey y Charco de la Pava, áreas que terminarán bajo el agua cuando concluya la edificación de la represa conocida como Chan-75, ubicada en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

En junio de 2009, la CIDH dictó medidas cautelares y solicitó al Estado de Panamá que suspenda la construcción de la represa y adopte las medidas necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad Ngöbe.

En septiembre de 2009, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas advirtió que el proyecto hidroeléctrico Chan-75 tendría “impactos significativos para las comunidades indígenas”. Además, reveló que “ninguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente y con carácter previo a la decisión de aprobar el proyecto por parte del Estado, ni tuvieron la oportunidad de otorgar su consentimiento en relación con su reasentamiento”. (A/HRC/12/34/Add.5)

El 15 de junio de 2011, la ASEP canceló una concesión de AES Changuinola, subsidiaria de una transnacional norteamericana que produce el 27% de la energía en el país, para la construcción de la segunda fase de la hidroeléctrica. Un año después, la ANAM confirmó que la transnacional estadounidense AES incumplió el procedimiento para evitar la muerte de cientos de peces en el río Changuinola. El representante del corregimiento Valle del Risco en el distrito de Changuinola Benjamín Vega explicó que el hecho ocurrió luego de que AES cerró las compuertas de la represa.

Con esos antecedentes, los indígenas Ngöbe Buglé insisten en la necesidad de paralizar las obras, previendo serias afectaciones a las comunidades de la cuenca. La RPAH ha pedido al gobierno discutir ampliamente sobre el plan nacional energético a fin de buscar verdaderas soluciones y alternativas en beneficio del pueblo panameño, sin destruir el medio ambiente y sin privatizar los recursos naturales.

El pueblo panameño considera que los proyectos hidroeléctricos no beneficiarán a la gente ni mucho menos reducirán el costo de la energía eléctrica; en realidad, privatizarán hasta el 90% de las corrientes de agua mediante concesiones permanentes.

Una encuesta realizada en marzo de 2012 por la firma Dichter & Neira revela que casi la mitad de la ciudadanía rechaza la construcción de hidroeléctricas (48,2%), frente al 41% que apoya ese tipo de plantas. En el caso de la represa de Barro Blanco, el 52% de los consultados la desaprueba y piensa que el gobierno debería cerrarla e indemnizar a sus propietarios. Curiosamente, la clase media es la que más se opone a las hidroeléctricas.

El 14 de marzo de este año, Día Internacional de acción contra las represas y por los ríos y el agua y la vida, la RPAH reiteró que la seguridad jurídica de los empresarios “no está por encima de la seguridad de comunidades enteras que serán desplazadas y sus mejores tierras inundadas. Ellos (los empresarios) no respetan títulos de propiedad, derechos posesorios, tierras colectivas y tierras comarcales. Nos amenazan con expropiación y eso no es considerado una violación a la seguridad jurídica del pueblo panameño”.

Por otro lado, la Coordinadora Campesina por la Vida y el Comité Pro-Cierre de Petaquilla continúan movilizados en la vía de acceso a la mina de Petaquilla, en la provincia de Colón, en rechazo a la explotación de yacimientos de oro y cobre por parte de las empresas Petaquilla Gold y Minera Panamá, que tampoco cuentan con estudios de impacto ambiental y menos con la aprobación de las comunidades afectadas.

Fuentes:

1. http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/02/27/el-tabasara-y-la-derogacion-de-normas-sobre-indigenas.asp

2. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/013.asp

3. http://www.fobomade.org.bo/art-1603