A pesar de que el gobierno de Estados Unidos se toma el derecho unilateral de decidir quién merece estar en la cuestionable lista de países patrocinadores del terrorismo, su propia conducta respecto al tema pone en entredicho la legitimidad de sus políticas. Este martes, los países No Alineados (NOAL) se pronunciaron por combatir y condenar el terrorismo en todas sus manifestaciones y rechazaron vincular el terrorismo con religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico alguno.

Investigadores, analistas e influyentes medios de prensa estadounidenses están llamando la atención hacia las maneras empleadas por Washington para combatir a supuestos enemigos, a partir de fórmulas poco convencionales que en muchos casos tienen puntos coincidentes con las utilizadas por sus beligerantes oponentes.

Un reciente artículo publicado por el diario The New York Times cuestionó el excesivo poder con que cuenta la Casa Blanca, desde tiempos de la administración republicana de George W. Bush y que trasciende hasta el actual mandato de Barack Obama. La publicación neoyorkina se enfocó en la validez de los métodos empleados, que van desde el uso de complejas operaciones secretas y el empleo de sofisticadas tecnologías de localización, hasta los asesinatos selectivos.

El New York Times se preguntaba, en un artículo publicado en mayo último, que cómo puede la opinión pública internacional saber si los objetivos elegidos por los estrategas de Washington son verdaderos terroristas peligrosos o sólo personas vinculadas con asociaciones equivocadas.

Estados Unidos tiene una larga historia vinculada con el terrorismo de Estado, con muestras indiscutibles durante la sangrienta guerra en Vietnam, el Teherán del Sha Reza Pahlevi, las incursiones secesionistas contra las recién instaladas repúblicas africanas o el enfrentamiento a las revoluciones centroamericanas. Terrorismo organizado y financiado desde Washington conocieron muchos países latinoamericanos que terminaron bajo crueles dictaduras militares entrenadas por las embajadas estadounidenses.

En el análisis de The New York Times, se reconoce que de aquel Obama aspirante a presidente, que en el 2008 defendía la desactivación de las cárceles secretas que mantenía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en diferentes lugares del mundo, y que exigía el cierre inmediato de la cárcel instalada en la Base Naval de Guantánamo, queda muy poco o casi nada. Obama y sus principales asesores jugaron un ajedrez estratégico para que el tema de la cacareada lucha contra el terrorismo quedara como imagen pública, permitiendo establecer una fórmula selectiva a la hora de decidir quién sería eliminado y a dónde dirigir un ataque.

En ese contexto, la Casa Blanca diseñó un plan de asesinatos selectivos, de acuerdo con los intereses regionales más inmediatos, aprovechando los frutos obtenidos en los despiadados e inhumanos centros de torturas establecidos en las prisiones bajo la dirección de la CIA. Al frente de esa cruzada, Obama designó a John O. Brennan, un hijo de inmigrantes irlandeses, veterano oficial de la CIA con más de 25 años de servicio y recordado como uno de los responsables de los brutales interrogatorios en las cárceles secretas ordenadas durante el gobierno de Bush, que le valió fuertes críticas.

En un principio, Obama pensó incluirlo entre los posibles candidatos para dirigir la CIA, pero ante una eventual avalancha de críticas dentro de las propias filas demócratas, decidió colocarlo a la cabeza de la llamada “lucha antiterrorista”. Las fórmulas aplicadas por Brennan, con el absoluto respaldo del presidente Obama, para materializar los asesinatos selectivos de presuntos extremistas violentos, estremecen comarcas enteras con el uso de aviones no tripulados, sembrando muerte a nombre de su cruzada “redentora”.

El abogado John B. Bellinger III, un ex asesor de seguridad nacional bajo el gobierno de George W. Bush, afirmó que Obama se ampara en su reputación de político liberal para salir airoso del cuestionamiento público, y que “el mundo mira para otro lado mientras la administración demócrata ordena cientos de ataques con aviones no tripulados en varias naciones, matando a muchos civiles inocentes”.

Tan fuertes fueron las condenas internacionales contra las cárceles secretas y los centros de torturas que la CIA tenía en diferentes países, que la administración Obama cambió su estrategia de tomar prisioneros sospechosos, por eliminar a potenciales sospechosos, con el uso de sofisticadas acciones encubiertas en las zonas de conflicto de Irak, Pakistán, Yemen y Afganistán, entre otros sitios.

En el referido análisis que hace The New York Times, queda en evidencia el doble propósito de Obama, cuando a principios de su mandato, en un discurso pronunciado en junio de 2009, en El Cairo, hablaba de una nueva relación con el mundo musulmán, y hoy, a resultas de su “guerra antiterrorista”, enfrenta una mayor hostilidad de países menos estables como Pakistán y Yemen.

El uso de los aviones no tripulados, conocidos como drones, se convirtió en un símbolo de provocación y una arrogante muestra de poder de Estados Unidos contra países árabes y del Medio Oriente, haciendo caso omiso a su soberanía nacional y dejando como resultado una innecesaria matanza de inocentes. Con estas prácticas, Washington está estableciendo un peligroso precedente internacional con el envío de aviones no tripulados para asesinar a sus enemigos.

Refiriéndose al tema del uso de drones, Dennis C. Blair, ex director de Inteligencia, comentaba que se hace más difícil la colaboración de los gobiernos musulmanes con Estados Unidos en contra de Al Qaeda, y esta cooperación, desde su punto de vista, es la clave a largo plazo de la victoria sobre el grupo terrorista. “¿Estar matando a líderes y seguidores de una organización hostil fuera de una zona de combate, solo porque tenemos la capacidad técnica para hacerlo, es algo que se debe mostrar al mundo?”, se preguntó Blair. “Estamos creando una especie de monstruo -afirmó el ex funcionario de inteligencia- que podría volverse contra nosotros, ahora que la tecnología está disponible ampliamente”.

Las evidencias van desmoronando el discurso antiterrorista de Obama y su supuesta lucha contra Al Qaeda, a pesar de las sonoras fanfarrias que trepidaron después del operativo que provocó la muerte del líder extremista Osama Bin Laden, antiguo colaborador de la CIA. Hoy se habla de la colaboración de Al Qaeda con los rebeldes antigubernamentales sirios, quienes coincidentemente cuentan con el apoyo absoluto de Washington en su plan desestabilizador del gobierno de Damasco.

Lo cuestionable es tratar de saber hasta dónde llegará el contubernio de los jerarcas estadounidenses con sus supuestos enemigos, en el entramado político que se teje sobre la zona más conflictiva del planeta. Mientras, el Departamento de Estado persiste en falsear la verdad y acusar a Cuba de patrocinar terrorismo, cuando está demostrado que cada una de las imputaciones hechas por Estados Unidos no se acogen a la verdad.

Una reciente declaración emitida por la cancillería cubana subrayó que el gobierno norteamericano ha utilizado el terrorismo de Estado como un arma de su política contra Cuba, provocando 3.478 muertos y 2.099 discapacitados, y dando amparo a lo largo de la historia a decenas de terroristas, algunos de los cuales aún viven libremente en Estados Unidos.

Patrocinadores del terrorismo: Una lista EE.UU. con matiz anticubano

La inclusión de Cuba por vigésima ocasión consecutiva en la lista de patrocinadores del terrorismo que elabora unilateralmente Estados Unidos va encaminada a justificar la política hostil de la Casa Blanca contra La Habana. Como en otras ocasiones, desde que insertó en 1982 a este país en esa relación, Washington esgrimió el supuesto apoyo a grupos extranjeros considerados terroristas, pero basándose solo en reportes de prensa. Esta vez también aseguró que Cuba presenta deficiencias con respecto a estándares internacionales en el combate al lavado de dinero y el financiamiento de grupos terroristas.

El documento de la oficina de la secretaria de Estado Hillary Clinton aseguró -sin presentar pruebas y basándose apenas en algunos medios de prensa- que La Habana mantiene la acogida a miembros de la organización separatista vasca Patria y Libertad (ETA). Lo que intenta desconocer- aunque lógicamente no lo ignora- es que los miembros de ETA llegaron a la isla por un acuerdo con el entonces jefe del gobierno español Felipe González.

El informe del Departamento de Estado norteamericano fue de inmediato rechazado por la cancillería cubana, que calificó de patraña el intento por desconocer la colaboración cubana con los mecanismos de la ONU en la lucha contra el flagelo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba desacreditó el ejercicio al considerar que Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral en la materia. Es sobradamente conocido que el gobierno de Washington ha utilizado el terrorismo de Estado como un arma de su política contra Cuba, que ha provocado 3.478 muertos y 2.099 discapacitados.

Asimismo ha cobijado a decenas de terroristas, algunos de los cuales aún hoy viven libremente en su territorio, puntualizó la declaración en alusión a Luis Posada Carriles, un terrorista de origen cubano que reside en Miami. Posada Carriles es responsabilizado con la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano en 1976 con 73 personas a bordo, y por cuyo hecho Venezuela lo reclama, una petición a la que se niegan las autoridades norteamericanas.

La argumentación cubana recuerda que Estados Unidos mantiene encarcelados o retenidos a cinco cubanos que habían infiltrado organizaciones extremistas radicadas en territorio norteamericano para informar sobre actividades violentas contra la isla. Otro argumento es que, precisamente, el mayor centro de lavado dinero del planeta es Estados Unidos y la falta de regulación de su sistema financiero fue el detonante de la crisis económica mundial.

Las autoridades cubanas estiman que con esas acusaciones Washington intenta justificar la política de bloqueo que mantiene contra la isla desde hace más de 50 años, y la adopción de nuevas medidas de persecución de transacciones financieras y comerciales. El objetivo es tratar de estrangular a la economía cubana e imponer un régimen que responda a los intereses de Estados Unidos.

Corea Democrática rechazó el reciente informe de Estados Unidos sobre derechos humanos (DD.HH.), al considerar un vicio crónico el uso del tema por parte de Washington como aparato político para implementar su estrategia de dominio mundial. Si algunos obedecen dócilmente, Estados unidos los indulta sin importarle su situación en ese campo, pero en el caso de los que rechazan su dominio, los tilda de culpables, de acuerdo con declaraciones de un vocero de la cancillería.

Ese es el juicio de DD.HH. que repite todos los años, dijo el portavoz, quien recordó que este país es cuestionado en el documento por ser el más hostilizado por aquel gobierno. Agregó que desde hace décadas Estados Unidos recurre a la amenaza militar para atropellar con fuerza a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), pero con el único resultado de haber visto nacer un nuevo portador de armas nucleares y el fortalecimiento continuo de su disuasivo de ese tipo. Por eso, últimamente plantea el “problema de DD.HH.” y el “de la vida del pueblo” en la RPDC, añadió.

El vocero explicó que si bien las altas autoridades estadounidenses hablan estos días como si estuvieran interesadas en ese último tema, son ellas mismas las que obstaculizan “más obstinada y cabalmente” el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población norcoreana. El pasado 16 de abril, Washington impuso nuevas sanciones económicas contra este país al cuestionar el lanzamiento de un satélite con fines pacíficos.

Ban Ki-moon impulsa concepto de Seguridad Humana

Tras impulsar la llamada Responsabilidad de Proteger que amparó la intervención militar extranjera en Libia, el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon promueve ahora el concepto de Seguridad Humana. La nueva noción despierta un notable recelo en buena parte de los Estados miembros, y la desconfianza tiene por base los resquicios que esa línea de pensamiento puede abrir en contra de los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos y la eventual legitimización de intervenciones y acciones unilaterales.

El propio reporte de Ban Ki-moon afirma que la debatida noción “implica el reconocimiento de que algunas amenazas están fuera del control de los gobiernos y los pueblos y exigen la adopción de sistemas inclusivos de gobernanza mundial que reúnen esfuerzos y promueven una mayor colaboración internacional”. La justificación utilizada para impulsar la denominada Seguridad Humana está en un párrafo de la declaración de la Cumbre Mundial celebrada en 2005 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y que ahora Ban Ki-moon introduce en su análisis sobre el tema.

Ese texto subraya el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. A partir de ese enunciado, el titular de la ONU defiende que el concepto actualmente en discusión “apunta a asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas como forma de hacer frente a las amenazas actuales y nuevas”. Y agrega que esos peligros son generalizados, “afectan a distintas esferas de la vida y no se limitan solamente a quienes viven en la pobreza absoluta o situaciones de conflicto”.

Durante un debate realizado el año pasado sobre el mismo tema, la subsecretaria general de la ONU Asha-Rose Migiro pidió otorgar una nueva dimensión a la idea de la Seguridad Humana “para mejorar la respuesta a los imprevistos”. Aquel pronunciamiento tuvo lugar poco después que la ONU y Francia acababan de aplicar la fuerza militar para definir el conflicto postelectoral interno que vivió Costa de Marfil durante varios meses.

En círculos diplomáticos de la ONU se subraya que las nociones de Responsabilidad de Proteger y Seguridad Humana también pueden despejar el camino para eventuales misiones humanitarias que a la larga se convierten en jugosos negocios. Varias representaciones ante el organismo mundial consideran que el concepto promovido desde la cúspide de la ONU tiene que descartar totalmente, de manera explícita y en cualquier escenario, el uso o la amenaza del uso de la fuerza.

Y garantizar que el gobierno de un país sea el único con derecho a determinar las amenazas a la Seguridad Humana y decidir la manera de enfrentarlas. Otra condición es que cualquier ayuda o contribución externa en materia de seguridad humana, tendrá que estar estrictamente condicionada a la solicitud y consentimiento del gobierno del Estado concernido.

El pasado 4 de junio Cuba reiteró en la Asamblea General de Naciones Unidas que el pleno respeto a la soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos es uno de los elementos que debe contener el concepto de Seguridad Humana. Además, el no uso o amenaza de la fuerza y la exclusión de nuevas obligaciones jurídicas por parte de los Estados, explicó la primera secretaria de la misión permanente de Cuba ante la ONU Nadieska Navarro.

Navarro agregó que otro requisito es la necesidad de reconocer que las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales varían entre los países y que ellos mismos son los que diseñan y aplican sus respuestas en correspondencia con sus realidades. Reiteró que para Cuba las principales amenazas globales contra la Seguridad Humana son la carrera armamentista y el peligro de guerra nuclear, los cambios climáticos y la persistencia de un orden económico internacional injusto e inoperante.

No puede haber Seguridad Humana sin desarrollo sostenible ni mientras exista la inseguridad alimentaria y energética, subrayó Navarro. Aseguró que el calentamiento global, la elevación del nivel de los mares, el agotamiento de los combustibles fósiles y el uso irracional de las fuentes de agua y energía suponen amenazas muy graves a la seguridad de los seres humanos.

Precisó que “tampoco habrá Seguridad Humana mientras no se logre el desarme nuclear y las grandes potencias continúen gastando muchísimo más en producir armas que en salvar vidas. Ni la habrá si no cesan la selectividad, la parcialidad y el doble rasero en materia de derechos humanos, si se desconocen los derechos económicos, sociales y culturales y no se promueve el derecho al desarrollo como una prioridad de los países del Sur”.

* Periodistas de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.

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Países NOAL rechazan politización de la democracia y condenan el terrorismo

Teherán, (PL).- Los países No Alineados (NOAL) se pronunciaron este martes por combatir y condenar todo intento de utilizar la cooperación internacional con motivaciones políticas para promover la democracia, y rechazaron el terrorismo en todas sus manifestaciones. En el examen del documento final de la XVI cumbre del Movimiento NOAL, que someterán a consideración de los jefes de Estado y de Gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores fustigaron maniobras para marginar o excluir a las naciones en vías de desarrollo.

Las intervenciones giraron en torno a la improcedencia de apartar a los Estados de ese foro de la “participación plena en los organismos intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas y el disfrute de igualdad de oportunidades para integrarlos”.

Un extenso acápite del texto, que toca los temas más apremiantes de la actualidad internacional, puntualizó que la democracia es un valor universal basado en la voluntad del pueblo, libremente expresada, de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural. En ese sentido, refutaron las pretensiones de potencias occidentales de imponer un modelo único de democracia y remarcaron que “ésta no es patrimonio de país o región alguna”, al tiempo que pidieron respetar la soberanía y el derecho a la libre determinación.

Los cancilleres, que debatirán ese y otros asuntos hoy en esta capital, encomiaron la cooperación internacional para promover la democracia partiendo del respeto de los principios refrendados en la Carta de la ONU. De igual modo, defendieron la aplicación celosa de los principios de transparencia, imparcialidad, no selectividad y participación, como práctica que “podría contribuir a alcanzar el objetivo de consolidar la democracia a nivel nacional, regional e internacional”.

Fuentes diplomáticas latinoamericanas comentaron a Prensa Latina que prevaleció el consenso respecto a que democracia, desarrollo y respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales son “conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”. Por ello, recabaron de la comunidad internacional fortalecer y fomentar la democracia, el desarrollo y el respecto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo entero, “sin distinción entre los países desarrollados y en desarrollo”.

Por otro lado, los titulares de Exteriores ratificaron la postura histórica de principio del movimiento NOAL contra el terrorismo, al que valoraron como “una de las violaciones más manifiestas del derecho internacional, en particular el derecho a la vida”. Al respecto calificaron de “injustificables”, en cualquier circunstancia y por cualquier motivo, los actos que ponen en riesgo la estabilidad de naciones, regiones y el mundo, y tienen consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los países.

Los cancilleres rechazaron vincular el terrorismo con religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico alguno, y llamaron a evitar equipararlo con la lucha legítima de pueblos que se hallan bajo dominación colonial o foránea y ocupación. El texto en discusión condenó el apoyo político, diplomático, moral o material al terrorismo en cualquiera de sus formas e instó a abstenerse de brindarlo, además de reprobar las prácticas de terrorismo de Estado como método de subversión en otros países.