El jefe nacional del Movimiento sin Miedo (MSM) Juan Del Granado y la abogada Aida Camacho presentaron hoy la impugnación a una resolución fiscal que libera de responsabilidades en la represión policial del 25 de septiembre de 2011 al ex ministro de Gobierno y ahora embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) Sacha Llorenti. El memorial enumera 13 argumentos falsos esgrimidos por los fiscales Ángel Ponce y Patricia Santos para favorecer solo al ex ministro cuando existen otros 10 sindicados por la represión a los indígenas del TIPNIS.

La resolución 01/2012 de los fiscales Ponce y Santos oculta el informe del Defensor del Pueblo y señala que en realidad hubo “enfrentamiento” entre indígenas y policías. Tres cabezas institucionales consumaron la impunidad del ex ministro y actual embajador en la ONU, pese a su responsabilidad en por lo menos dos actos de represión, sobre la base de esa resolución “fraudulenta y delictiva” de los fiscales que investigan el caso Chaparina, denunció el pasado viernes el líder del MSM.

El líder político opositor explicó que la primera cabeza está en Palacio de Gobierno; la segunda en los dos tercios del MAS en el Senado, “pero sin duda una cabeza que está articulando de manera operativa (la impunidad de Llorenti) son determinados fiscales (aludiendo a Jaime Ponce y Patricia Santos) que están obedeciendo de manera penosa los dictados gubernamentales”.

Como prueba sus acusaciones, Del Granado mostró la resolución 01/2012 de esos fiscales, calificada como el “certificado de la impunidad” porque fue dictada el 30 de julio y recién fue notificada a los denunciantes, es decir al MSM y a las víctimas de la represión de Chaparina, el 22 de agosto de este año. “Estamos ante el ocultamiento de una resolución para que no tengamos el tiempo o la oportunidad suficiente para impugnarla”, criticó el jefe del MSM.

Como muestra del carácter delictivo y fraudulento de la resolución de Ponce y Santos, Del Granado explicó que el texto de la misma no contempla el informe del Defensor del Pueblo, documento esencial que establece indicios de responsabilidad de Llorenti y otras autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía en la represión de Chaparina. “Todo lo que se detalla en esta resolución da cuenta de nuestra denuncia, de siete declaraciones de los sindicados, la última de Llorenti, de una resolución del Fiscal General de la República y nada más”.

Por si fuera poco, la resolución de Ponce y Santos señala que lo que ocurrió en Chaparina fue un “enfrentamiento” y no un acto de represión policial a los indígenas de tierras bajas y altas que marcharon a La Paz para defender el TIPNIS.

“Chaparina fue la culminación de una acción represiva largamente preparada y desplegada por el gobierno en contra de la VIII marcha (en defensa del TIPNIS) porque el 24 de septiembre, día antes de la represión, Sacha Llorenti envía al lugar de los hechos a su viceministro Farfán con el expreso cometido de proceder a un operativo aprobado el 5 de septiembre, 20 días antes”, reveló Del Granado.

Si bien es cierto que el ex ministro modificó el momento del operativo, “solamente lo posterga en un día y cuando la Policía interviene el 25, lo que se produce es una acción del viceministro de Farfán y del general Muñoz Colodro con pleno conocimiento de Sacha Llorenti y con seguimiento telefónico de todos los acontecimientos”.

Por tanto, el líder de los Sin Miedo sostuvo que la resolución fiscal que excluye a Llorenti del caso Chaparina fue confeccionada a medida de la ex autoridad del Ejecutivo porque “hay otros 10 sindicados como autores, pero esta resolución libera sólo a Sacha Llorenti y no dice nada de los otros sindicados”.

Acciones en Bolivia y ante la ONU

Del Granado anunció el pasado viernes que, dada la notificación tardía con la resolución fiscal, el MSM impugnará la exclusión del ex ministro de Gobierno del caso Chaparina ante la fiscal de Distrito Betty Yañiquez. Este lunes el MSM presentó el memorial de objeción a la resolución que los fiscales dictaran el 30 de julio liberando de toda responsabilidad a Sacha Llorenti.

“Esperamos que en el plazo de ley de 10 días, la fiscal de Distrito Betty Yañiquez deje sin efecto esta resolución e instruya la prosecución de la investigación en contra de Sacha Llorenti. Esperamos que no se complique con la resolución de los fiscales a quienes estamos enjuiciando”, advirtió Del Granado.

En su memorial, el MSM desmenuza uno a uno los 13 falsos argumentos que la comisión de fiscales esgrimió para liberar de responsabilidad a Llorenti, afirmó Del Granado. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que de manera falsa Ponce y Santos sostienen que la “represión en Chaparina se dio como consecuencia de un enfrentamiento provocado por los indígenas del TIPNIS”, cuando los testimonios y registros periodísticos dan cuenta que se trató de un operativo represivo efectuado por la Policía.

“Segundo, la comisión señala que hubo órdenes y contraordenes que Sacha Llorenti daba por teléfono y que la última contraorden que dio fue que suspendía el operativo represivo. Estos extremos han sido desvirtuados por el general Muñoz Colodro (ex subcomandante de la Policía), quien señala que el operativo fue realizado a partir de la instrucción del viceministro (Óscar) Farfán, instrucción que la pasó Sacha Llorenti, y que además Farfán, presente en el operativo, le informaba a Sacha Llorenti todos los acontecimientos que se producían mientras el operativo se desplegaba”, describió el jefe del MSM.

Además, Del Granado sostuvo que ambos fiscales habrían incurrido en “fraude procesal porque han hecho ocultamiento expreso del informe del Defensor de Pueblo que entrega en noviembre a la comisión de fiscales donde se establece claramente la responsabilidad de Sacha Llorenti porque cursa en la declaración de Farfán que Sacha Llorenti fue quien tramitó y gestionó los aviones para la evacuación de los indígenas previamente reprimidos”.

Otro aspecto cuestionado por el MSM es que la comisión de fiscales liberó de responsabilidades al ex ministro de Gobierno bajo el argumento de que éste no estuvo en el lugar de los hechos, cuando contradictoriamente los mismos miembros del Ministerio Público informan que “Sacha Llorenti daba órdenes y contraordenes por teléfono”.

“Estos son los contenidos aberrantes, falsos, ilegales y manipulados de la resolución de los fiscales que ha tenido la única finalidad de otorgarle a Sacha Llorenti un certificado de buena conducta para su nombramiento como Embajador ante la ONU”, fustigó Del Granado.

Si la fiscal Yañiquez rechaza el recurso, se efectuará la “conversión de acciones”. “Es previsible la respuesta de la Fiscal y en caso de que se alinee con el fraude, el encubrimiento y la ilegalidad, las víctimas realizarán la conversión de acciones, es decir que de una acción pública que debe realizar el Ministerio Público, la llevarán adelante las víctimas y sus familiares directamente ante el juez”, adelantó.

Las víctimas de la represión en Chaparina anunciaron que procederán a la conversión de acciones que significa que se prescindirá del Ministerio Público en las investigaciones y se acudirá directamente ante un juez para que sin intermediación de fiscales, se investigue los daños perpetrados por el operativo policial.

“Si esta opción tampoco da resultados, quedarán expeditos los tribunales internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Penal Internacional de La Haya porque los delitos de violación a los Derechos Humano no prescriben”, argumentó Del Granado.

Simultáneamente, el MSM informará a la ONU sobre los antecedentes de Llorenti y las acciones gubernamentales, legislativas y judiciales que se realizaron para sellar la impunidad de la ex autoridad en actos violatorios de los derechos fundamentales en Bolivia.

“El país no se agota en el gobierno, nosotros (el MSM) también somos parte del país y le expresaremos a la ONU este sentimiento de vergüenza no solamente por los antecedentes de Llorenti, sino por la manera fraudulenta y delictiva en la que se viabilizó su nombramiento”, advirtió Del Granado.

Por su parte, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana criticó las “temerarias” y ligeras declaraciones del líder del opositor MSM, que en su criterio tienen un “mero afán político”.

“Es importante mencionar que hay una autoridad de un órgano independiente jurisdiccional que ha rechazado llevar adelante esa investigación respecto a una presunta responsabilidad de Sacha Llorenti en el episodio de Chaparina”, recordó Quintana.

El Ministro expresó la preocupación del gobierno respecto a la posibilidad de que el MSM denuncie a Llorenti ante las Naciones Unidas. “No hay que ir tan lejos para hacer una denuncia, para eso tiene los organismos jurisdiccionales competentes. Hay autoridades de Estado que tienen la responsabilidad de investigar y ventilar las denuncias. La primera cuestión fundamental es no darle la espalda a la soberanía del Estado”, recomendó.