(ABI).- El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, aseguró el domingo que el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME) pretende redistribuir los altos ingresos económicos que perciben las entidades bancarias a la población, a través de obras e inversiones, para evitar que la riqueza se concentre en pocas manos, y ratificó que no afectará al pueblo.

En una entrevista con el programa “El Pueblo es Noticia”, que se difunde por los medios estatales, Arce descartó que esa medida afecte al cliente, al explicar que serán las entidades bancarias, y casas de cambio las que pagarán ese tributo, en el marco de la política de bolivianización impulsada por el Gobierno desde 2006.

“Hay un avance absolutamente objetivo de la bolivianización, pero todavía hay que continuar con esa línea. El segundo objetivo que tiene esta medida es una recaudación indicativa, Estamos hablando de 140 millones de bolivianos que sacaremos de esta medida por parte de sectores que generan excedentes sustanciosos donde el Estado no estaba participando para generar la redistribución de los ingresos del país”, argumentó.

En esa dirección, Arce precisó que el año pasado los recursos generados por la compra-venta de dólares generaron 575 millones de bolivianos de ganancia, sólo en entidades bancarias, sin tomar en cuenta a fondos financieros, cooperativas y casas de cambio.

“Entonces en esa actividad de compra y venta el Estado quiere generar recursos para redistribuirlos entre la población en obras e inversiones que vayan a beneficiar a los bolivianos y no vayan a concentrarse en pocas manos”, fundamentó.

Explicó que la alícuota que prevé el IVME es del 0,70 por ciento en cualquier venta del dólar, no en la compra, que realicen las entidades bancarias o casas de cambio al cliente final.

A su juicio, es “absolutamente justo” que el Tesoro participe de un negocio tan lucrativo.

Respecto a las versiones sobre una posible afectación a la economía de la población con la implementación de esa norma, el Ministro de Economía denunció una “campaña de miedo psicológico” para desprestigiar al Gobierno.

“Nosotros les aseguramos que con ese mecanismo, que está vigente mediante el control de los tipos de cambio, está garantizado que no se pueda transferir el impuesto al público”, sustentó.

En esa línea, dijo que queda claro que el objetivo de la nueva norma es “quitarle los ingresos a la banca y no a la gente”.

Consultado sobre el control en las casas de cambio, Arce explicó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) implementó una norma que regula la actividad de esas instituciones, que al igual que los bancos deben cobrar como máximo 6,97 bolivianos por cada dólar que vendan y 6,85 bolivianos por la compra.