(Agencias).- La ministra de Justicia Cecilia Ayllón y el diputado del MAS Héctor Arce presionaron a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que declaren constitucional la post consulta a las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), denunció el magistrado Gualberto Cusi en una entrevista con la red Erbol. Los aludidos rechazaron la “temeraria” acusación, una ministra restó crédito a la denuncia y se burló del acusador, y los tribunos del TCP amenazaron con procesar al rebelde e incluso pidieron su renuncia, tal y como recomendó un diputado del MAS.

La ministra Ayllón y el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados Héctor Arce se reunieron al menos en dos oportunidades con el presidente Rudy Flores y otros magistrados del TCP en la ciudad de Sucre para asesorarlos en la redacción de la sentencia constitucional número 300 emitida el 18 de junio, referida a la legalidad de la Ley 222 que convoca a un proceso de consulta a las comunidades del TIPNIS, norma impugnada por dos diputados del Movimiento sin Miedo (MSM), reveló el magistrado Cusi en el programa radial “Hagamos democracia” difundido el domingo por la red Erbol.

Según Cusi, semanas antes de que el TCP emita la sentencia la ministra Ayllón y Héctor Arce, “que es el encargado directo en temas judiciales desde la Presidencia, presionaron para que salga el fallo”, y posteriormente ambos representantes del oficialismo se reunieron con el presidente del TCP Rudy Flores y le recomendaron condicionar la constitucionalidad de la Ley 222 a una concertación previa con los originarios del TIPNIS.

“Por la información que se ha obtenido se ha visto mucho la jurisprudencia de otros Estados, pero fundamentalmente de la Corte Interamericana, pero más que eso la colombiana donde se ha desarrollado este concepto de la constitucionalidad condicionada, y es por eso que algunos magistrados lo adoptaron”, explicó Cusi a Erbol.

Ayllón y Arce reconocieron haberse reunido con Flores y otros magistrados del Tribunal Constitucional, pero no para influir en el fallo sino para “realizar tareas inter-orgánicas en función de la agenda prevista con respecto del diseño y construcción del nuevo ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia”, aseguró la ministra. Arce complementó que “existen uno y mil temas que coordinar constantemente con el Tribunal Constitucional sin que esto signifique en ningún momento interferir con su labor jurisdiccional que es absolutamente sagrada y está reservada solamente para ellos, como en cualquier otro tribunal en el mundo”. (ABI)

“Para mí es un simple comentario, niego enfáticamente ello, absolutamente.Desconozcoel texto total de la sentencia y lo único que conozco son los comentarios que hicieron los medios de comunicación (…) no influí en nada”, recalcó Ayllón este lunes en un comunicado oficial, y desmintió las “acusaciones temerarias e infundadas del magistrado”.

“Yo le recomendaría hacerse conocer y respetar por sus fallos y no tanto por sus declaraciones. En ninguno de los tribunales constitucionales del mundo se da una exposición mediática constante como a la que nos pretende acostumbrar el magistrado Cusi. Los magistrados deben hacer conocer sus opiniones o sus criterios por sus fallos, porque no son autoridades políticas”, comentó el diputado Arce, tras calificar de “livianas y carentes de fundamento” las acusaciones de Cusi. (ABI)

A su turno, la ministra de Comunicación Amanda Dávila recalcó que el gobierno no tiene intención de pedir la renuncia del magistrado Cusi, cuya independencia y autonomía respeta en tanto forma parte de otro Órgano del Estado, aunque desmereció los comentarios del polémico magistrado, quien tiempo atrás dijo que consultaba a la hoja de coca para dictar fallos judiciales. “Quizás leyó en coca”, ironizó Dávila refiriéndose a sus recientes acusaciones.

El diputado del MAS Galo Bonifaz criticó a Cusi por hacer “daño a la justicia y generar incertidumbre en la población”, y consideró que si “está utilizando el Tribunal Constitucional para hacer política al lado de los partidos mentirosos de oposición, que renuncie a su mandato y que se habilite porque posiblemente está en ese afán para el 2014”.

En plena coincidencia con la posición del diputado oficialista Bonifaz, el TCP solicitó la renuncia del magistrado Cusi y abrió un proceso administrativo y penal en su contra por incumpliendo de deberes, calumnias y difamaciones, en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Se ha presentado esta mañana ante el pleno del TCP una propuesta para que se solicite formalmente la renuncia del magistrado Gualberto Cusi a la magistratura del TCP. El pleno está evaluando el alcance de sus declaraciones y se va a verificar la necesidad de presentar las denuncias penales que correspondan”, advirtió Ruddy Flores.

Según la autoridad judicial, “es absolutamente calumnioso señalar que el presidente del TCP se hubiera reunido para detallar los alcances de ningún fallo de esta institución… El pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional verificó los extremos referidos por el magistrado que son absolutamente falsos, no corresponden a la realidad y están dañando a la institución, y a la institucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.