El 1% de los propietarios rurales paraguayos detenta nada menos que el 77% de las mejores tierras del país y el resto de los agricultores dispone apenas del 1% de las tierras productivas. El ex presidente Fernado Lugo intentó corregir la injusta distribución de la propiedad mediante una modesta reforma agraria, pero fue derrocado por los barones de la tierra.

Los datos ilustran que 500 familias poseen el 90% de las tierras, 351 mil propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas y 351 mil familias carecen de ellas. No poseen tierra propia 129 mil familias, las cuales constituyen el 29,7% de la población rural, y otras 300 mil cuentan con un pedazo de terreno o lo tienen en cantidad insuficiente.

El resultado de esta injusticia, reflejada en toda la población, es que casi el 40% del sector rural vive en situación de pobreza y de pobreza extrema y el 15% de la población padece algún grado de desnutrición. Estas estadísticas, aunque necesitadas de una actualización que apunta a un peor panorama, sirven por lo menos para tener una idea de la tragedia que vive la población rural.

El desorden campea en lo relativo a la tenencia de la tierra por la falta de un catastro que pudiera ayudar a un control razonable y la corrupción de gobiernos y de los poderes Judicial y Legislativo. Las informaciones disponibles hablan de otorgamiento y venta de tierras a extranjeros tras el fin de la guerra con Uruguay, culminada en 1870, así como de la distribución fraudulenta de 11 millones de hectáreas por el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) a amigos, militares, socios de negocios sucios y hasta amantes.

La Comisión Verdad y Justicia reveló que 7.851.295 hectáreas mal habidas, el 19% del territorio nacional, fueron distribuidas de forma irregular entre 1954 y el 2003, período que gobernó el dictador Stroessner y durante administraciones de la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado).

Todo esto ayudó a sentar bases para la agricultura de exportación a gran escala como se practica hoy y a la posesión por políticos y otros favorecidos de millones de hectáreas de las denominadas tierras mal habidas. Por supuesto, la exclusión social de las comunidades campesinas e indígenas es altamente preocupante y su bajo nivel de vida progresa gracias a la mecanización, la agricultura extensiva dedicada a la exportación y la existencia de más de 26 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, actividad preferida por los latifundistas.

La expulsión de campesinos de sus tierras y hasta la utilización de todo tipo de violencia contra ellos, incluyendo los crímenes ejecutados por bandas armadas privadas al servicio de los geófagos, conforman todo este triste panorama rural en Paraguay. Estos antecedentes explican porqué se ha llegado a extremos de continuas ocupaciones de tierras por parte de desesperadas familias campesinas. Hay que partir de la base de que el 42% de los paraguayos viven en las zonas rurales, algo bastante lógico por la gran cantidad de terrenos improductivos y el hecho de que la nación cuenta con poco más de seis millones de habitantes.

Las tensiones generadas en la última semana de enero pasado por el conflicto de tierras en Ñacunday, este de Paraguay, reavivaron el viejo problema y sus contradicciones. El enfrentamiento entre productores de origen brasileño y campesinos paraguayos generó tensión y algunos exabruptos, pero no llegó a correr la sangre como pretendieron algunos políticos y medios de comunicación.

Los colonos y los llamados carperos (porque viven en carpas) sin tierra mantenían una disputa por la posesión de miles de hectáreas de terrenos cultivables en los distritos de Ñacunday, Santa Rosa del Monday y Cedrales, departamento de Alto Paraná. Entre las propiedades bajo sospecha están las 12 mil hectáreas que se adjudica Tranquilo Favero, considerado el “rey” de la soya en Paraguay, donde el 64% de la superficie agrícola del país está destinado a ese cultivo.

El ex ministro de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) Augusto Dos Santos reveló que en 2009 dos abogados presentaron ante la Fiscalía General los documentos en los cuales reconocen la existencia de tierras públicas con títulos apócrifos. “Existen dudas sobre la legalidad de los títulos de los actuales dueños y este procedimiento busca aclararlas”, expresó al referirse a la mesura judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

Comentó que las tierras de Ñacunday son un caso paradigmático, al ser posesiones arrebatadas al Estado paraguayo tras la guerra de exterminio de la Triple Alianza (1864-1870) y fueron recuperadas en 1958 con sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. El secretario de Estado manifestó que “estamos esperando los resultados de los trabajos de deslinde a cargo del Servicio Geográfico Militar y si existen irregularidades en la forma del procedimiento serán investigadas y aclaradas (las tierras) como corresponde”.

El decreto 7525/2011 sobre la ley de seguridad fronteriza faculta en su artículo cuatro al Ministerio de Defensa a inventariar las condiciones de dominio de los inmuebles rurales como parte de la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza. La disposición señala que el personal militar queda plenamente autorizado para ejercer la función indicada, en coordinación con el servicio nacional de catastro y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

Precisamente la presencia de uniformados en la zona agudizó las contradicciones entre productores y campesinos, cuando los militares comenzaron a realizar mediciones, según los colonos, sin orden de la justicia. La situación generó denuncias mutuas, se acusó al gobierno de ser el responsable de instigar las invasiones y hasta sectores de la derecha vincularon el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la tierra. Ese instrumento legal, conocido también como Ushuaia II, fue suscrito por los presidentes del Mercado Común del Sur y países asociados en la cumbre del bloque sudamericano del pasado 20 de diciembre y reafirma el compromiso con la democracia.

Para Hugo Ruíz, ex asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, vincular el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la tierra por parte de sectores de la derecha paraguaya es irracional y “esta fuera de toda realidad”. Subrayó que al pretender la mínima relación entre la lucha por la tierra contra el latifundio y el documento “estamos entrando en terreno de irracionalidad”, porque “no hay ninguna justificación ni ningún parámetro posible de comparación”.

El gobernador del departamento de San Pedro José Ledesma desmintió que las mediciones realizadas en la zona por personal militar de la Dirección del Servicio Geográfico obedezcan a “un plan del oficialismo”. Son las organizaciones de lucha por la tierra las que exigen hoy día al Ejecutivo para promover la mensura, aseguró.

El titular de la Sicom subrayó que los ataques personalizados contra el Presidente por las acciones emprendidas en la zona de Ñacunday desvían el debate de fondo relacionado con la recuperación de tierras del Estado mal adjudicadas. “La gente de Ñacunday hace 12 años que están ahí”, y existen documentos en mano de los reclamantes de que los colonos (brasileños y paraguayos) estarían usufructuando en forma irregular las fincas, por lo cual se requiere la mesura judicial, apuntó.

El dirigente campesino Belarmino Balbuena señaló que la mesura judicial impulsada por el gobierno no sólo favorecería al sector campesino, sino también a los dueños ya que podrían conocer las dimensiones de sus terrenos y si son auténticos los documentos. Sin embargo, reconoció que tal medida disgustó a sectores interesados en continuar sosteniendo esas tierras mal adjudicadas.

En varias oportunidades la Conferencia Episcopal Paraguaya expresó que era imperativa la elaboración de un catastro nacional “que posibilitará la recuperación de las tierras mal habidas y mal adjudicadas, y la adecuada titulación de las propiedades”. Además, enfatizó que “es necesario y urgente que los poderes públicos asuman su responsabilidad en ordenar el caos existente sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en el país”.

La investigadora Mirta Barreto escribió que sólo en el gobierno del presidente Lugo ella escuchó hablar de acciones dirigidas a intentar una reforma agraria. Sin embargo, la posición irreductible de quienes controlan la tierra y la siempre solícita ayuda de muchos fiscales y jueces evitaron avanzar en las medidas para aliviar la real situación vivida en el campo paraguayo.

Ñacunday, un caso paradigmático

Los sucesos de Curuguaty, una población del este paraguayo, estremecieron al país por su gravedad y repercusiones. Un total de seis agentes policíacos y 11 campesinos murieron en un enfrentamiento durante el desalojo de familias rurales que ocupaban algunas parcelas de un latifundio de miles de hectáreas en manos de un antiguo senador de la República y militante del derechista Partido Colorado.

El sangriento hecho fue aprovechado por los opositores al gobierno de Fernando Lugo, electo presidente de la República en 2008, para arremeter contra el mandatario, acusarlo de responsabilidad en las muertes, desatar una crisis política de grandes proporciones y usar la mayoría congresional para destituirlo de su cargo, mediante un expedito juicio político que causó la ruptura de la institucionalidad democrática.

Como la motivación, en realidad, era de orden político, los autores de esa acción, muchos de ellos acusados por las organizaciones sociales y campesinas de contubernio con los barones de la tierra, y otros defensores de sus propios latifundios, no tuvieron en cuenta los esfuerzos sin resultados del gobierno por realizar el intento de una modesta reforma agraria.

Poco después, el nuevo gobierno enfrentó otro incidente de alta magnitud con la pérdida de la paciencia por más de cinco mil familias campesinas que, durante más de un año, viven en carpas al costado de otro enorme latifundio de casi 35 mil hectáreas en el área de Ñacunday, en poder de un brasileño nacionalizado paraguayo.

Los campesinos, conmocionados incluso por la muerte de tres de sus niños por las terribles condiciones de vida allí existentes, amenazaron con ocupar parte de las tierras del “brasiguayo”, como se les llama aquí a los de esa doble nacionalidad, y recibieron la amenaza por parte del Ministerio del Interior de actuar con toda rudeza si se atrevían a ello.

Pasaron apenas algunos días y con el temor de nuevas y grandes tragedias, Federico Franco, el presidente designado por el Congreso tras la destitución de Lugo, anunció por medio de la prensa a los labriegos de Curuguaty que el ex senador terrateniente había aceptado ceder una parte de las tierras para colocar en ellas a las desvalidas familias. Apenas pasaron 24 horas y uno de los hijos del latifundista convocó a la prensa para desmentir al propio Franco: no habrá cesión alguna de siquiera un pedazo de la propiedad adquirida irregularmente.

Un aspecto interesante de estos dos casos, similares a otros muchos en el territorio nacional, es que, durante el gobierno de Lugo, su asesor jurídico Fernando Camacho, en funciones de interventor del Instituto de la Tierra, había realizado las mediciones de los mencionados latifundios y comparándolas con los títulos de propiedad descubrió las irregularidades en la compra de parte de las propiedades, por supuesto con bendiciones de jueces y fiscales acusados de corruptos por los campesinos.

En los últimos meses había recrudecido ese reclamo con la ocupación de algunas propiedades en el departamento de Alto Paraná que, con dudosa legalidad, están en manos de privados. Eso fue ratificado públicamente por el interventor del Instituto Nacional de la Tierra, quien se había visto impedido, incluso, de penetrar en propiedades en situación irregular, a pesar de representar al Estado y ser asesor jurídico del ex presidente Lugo.

Campesinos sin tierra reclaman casi 784 mil hectáreas

Los hechos relatados por formar parte de la más reciente realidad en la historia del campo paraguayo apenas son un botón de muestra de lo que, durante muchas décadas, ha sido una dura verdad para quienes sufren, luchan y hasta mueren por lograr unas pocas hectáreas de tierra para trabajarla, sostener a sus familias y mejorar algo su calidad de vida.

El pasado 29 de marzo campesinos paraguayos llegados desde distintos puntos del país reclamaron en Asunción una reforma agraria integral para acabar con el latifundio. Los labriegos, convocados por la Federación Nacional Campesina, iniciaron actividades con un acto frente al Congreso de la Nación.

El 9 de agosto el nuevo gobierno paraguayo cedió ante la amenaza de ocupar un latifundio, formulada por casi cinco mil campesinos acampados en Ñacunday y acordó comprar tierras para ellos. Los dirigentes campesinos se reunieron con el presidente Federico Franco, a solicitud de él, en la Casa de Gobierno, y se comprometieron a no materializar acciones de fuerza si el Ejecutivo cumple con su oferta.

Ellos habían señalado este viernes como último plazo para hacer su entrada en las 15 mil hectáreas reclamadas, parte de la propiedad del empresario Tranquilo Favero a 394 kilómetros de esta capital. Nuestro compromiso es cumplir y respetar la ley conforme a lo que está en el estatuto agrario y a la Constitución Nacional, explicó Eduardo Arguello, dirigente de la Comisión Santa Lucía, la cual agrupa a los campesinos de Ñacunday.

Ahora, según el acuerdo, los labriegos presentarán una solicitud por escrito de compra de las tierras para que el Estado inicie los trámites al respecto, lo cual significaría un importante éxito en la lucha actual de los campesinos sin tierra.

Al día siguiente, los campesinos sin tierra paraguayos reclamaron oficialmente al gobierno casi 784 mil hectáreas para resolver la grave situación de 35.846 familias rurales que viven en carpas en todo el país. Una carpeta presentada a Franco por los dirigentes de la Liga Nacional de Carperos incluyó copia de 106 expedientes con solicitudes de compra, expropiación o recuperación de terrenos, muchos de ellos mal habidos, nunca resueltos por las autoridades u obstaculizados por poderosos intereses.

Evidentemente preocupado por la inminente ocupación de tierras acordada por los defraudados contingentes de labriegos, el gobierno hizo una nueva promesa de resolver a la mayor brevedad algunos de los casos más relevantes con más concentración de labriegos. Entre ellos se encuentra el caso de Ñacunday, con casi cinco mil campesinos que se declararon listos para invadir el latifundio de un empresario acusado de apropiarse ilegalmente de 15 mil hectáreas.

También el de Campos Morombí, escenario en el pasado mes de junio de un desalojo que terminó con 11 campesinos y seis policías muertos y donde un ex senador del Partido Colorado resultó acusado de mantener en su poder miles de hectáreas correspondientes al Estado. Otros casos urgentes identificados son los de la zona de Mariscal López en el departamento de Caaguzú y el de una hacienda situada en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, también indicados como expresión de ilegalidades favorecidas por jueces y fiscales, según los denominados carperos.

Los próximos días serán decisivos para comprobar si el Ejecutivo acomete en realidad la compra de parte de esas tierras para entregarlas a los campesinos, única forma al parecer viable para conjurar los peligros de la explosiva situación en el campo paraguayo.

* Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.