Plataformaenergetica.- El exministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, demandó al president Evo Morales que aplique las auditorías petroleras para que los ingresos generados en la actividad hidrocarburífera se distribuyan en un 82 por ciento para el Estado y en un 18 por ciento para las transnacionales, tal como estaba definido en el decreto de nacionalización del 2006.

Con esta redistribución de los ingresos del gas, Bolivia obtendría un 30 por ciento adicional de recursos, asegura Soliz Rada.

En una entrevista difundida por Radio Fides, el que fuera primer ministro de Hidrocarburos de la administración Morales dijo que desde octubre del 2006 el gobierno incumple el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, promulgado el 1º de mayo del mismo año, en el que se establecía que los ingresos para Bolivia eran del 82 por ciento y el 18 por ciento para las empresas petroleras, lo que debió ser ratificado posterior con la presentación de las auditorías realizadas a dichas empresas.

Sin embargo, el país retornó a la Ley 3058 de Hidrocarburos, establecida en mayo de 2005 por el gobierno de Carlos Mesa, donde los ingresos hidrocarburíferos se dividen en un 50 por ciento para el Estado y el otro 50 por ciento para las petroleras, señala la publicación de Fides.

10 meses de nacionalización

“Estoy preocupado porque varios medios de comunicación aseguran que la tributación de compañías petroleras hacia el Estado llega al 82 por ciento y ellas se llevan el 18 por ciento restante, este porcentaje está establecido en el Decreto de Nacionalización del 1º de mayo en su artículo cuarto que dice “durante el periodo de transición para los campos no en forma definitiva”, mismo que comenzó el 1º de mayo cobrándoles a las empresas 82 y terminó a fines de octubre del mismo año, duró diez meses y esos meses evidentemente se pagó así”, declare Soliz.

En este sentido, el ex ministro declaró que a partir de la firma de nuevos contratos entre Bolivia y las empresas petroleras, posterior a octubre de 2006, se aplica la ley 3058 debido al desconocimiento de los resultados de las auditorías realizadas a las petroleras de aquel entonces.

“A partir de la firma de nuevos contratos las tributaciones que rigen ya no es la del Decreto de Nacionalización, la tributación que rige es la de los contratos que se han firmado y en todos los contratos que se han firmado con las compañías petroleras hablan de una distribución del 50 -50 aplicando la ley 3058 del 17 de mayo de 2005, que es la Ley de Hidrocarburos de Mesa”, aclaró el exministro que además manifesto que la información en torno a este tema no fue bien asimilada y por tanto aseguró que “la población cree que estamos recibiendo el 82 por ciento, cuando solo es el 50 por ciento”.

Por otro lado, lamentó que ante la distribución que se tiene al momento – de 50 por ciento para gobierno y petroleras- los gobernantes hayan quedado tranquilos y conformes, sin embargo la ex autoridad manifestó a Radio FIDES su preocupación.

“El gobierno sí se quedó conforme con esa tributación pero los que hemos redactado el Decreto de Nacionalización decíamos que el tema de la tributación tiene que ser ratificado, el 82 – 18 sobre la base de la auditorias petroleras, pero esas auditorías petroleras que comenzaron a realizarse durante mi gestión ministerial, terminaron también el mes de octubre”, informó.

Auditorías echadas al olvido

En esta línea, cuestionó la actitud del gobierno que no sociabilizó las auditorías realizadas a las petroleras y por ende no sancionó los resultados arrojados por las mismas que debieron ratificar lo interpuesto por el Decreto del 1º de mayo de 2006.

“Infelizmente el gobierno no publicó las auditorías que estuvieron a cargo de los Ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca. En ellas se demostraba que las compañías habían inflado sus inversiones, habían declarado de manera incorrecta los beneficios que obtuvieron, olvidaron que en los megacampos habían sido descubiertos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), teníamos el mercado del gas, les habíamos dado todas las ventajas a las petroleras que no invirtieron nada para operar en Caraparí y en la Serranía del Aguaragüe, llevándose lo mejor de los campos, éstas compañías tenían que habernos permitido mantener la tributación 82 – 18 pero como las auditorías se mantuvieron en secreto y se mantienen porque el gobierno no quiere publicarlas, éste es el monto que estamos cobrando (50 –50)”, aclaró.

El ex ministro de Evo declaró que ante estos hechos el gobierno debería difundir los resultados de las auditorías conforme el Decreto de Nacionalización, sentar a las empresas petroleras y mostrarles sus resultados y en consecuencia demandar el retorno a la tributación 82 –18. Sin embargo, expresó que no se percibe esta intención por parte de los gobernantes, “infelizmente yo no veo un espíritu suficientemente fuerte para enfrentar a las petroleras y reconquistar las ventajas del decreto de nacionalización”.

Según el ex ministro, el Gobierno se encontraría sometido a los intereses de las compañías petroleras, “esa acción coadyuvó para que la mala información se mantenga hasta el día de hoy”, aseveró.

Ingresos y pérdidas

Por otro lado, Soliz expuso que cuando el gobierno habla de los grandes éxitos de los hidrocarburos, oculta que dichos ingresos no se deben al Decreto de Nacionalización ya que fue incumplido. “Los enormes ingresos se deben a las cotizaciones y a las altísimas cotizaciones que tiene el petróleo y el gas en el Mercado internacional (…). Es cierto que existen grandes ganancias de los hidrocarburos pero por el precio del barril del petróleo que está en 100 dólares y el precio del petróleo es el referente para cobrar por los ingresos del gas, esto explica los enormes ingresos”.

Aclaró que si a la fecha se mantuviera la normativa del Decreto de Nacionalización se registraría hasta un 30 por ciento más de los ingresos actuales.

“Pero de nada sirve tener enormes ingresos si no tenemos una Buena empresa petrolera que no sabe administrar lo que tiene. Lo primero es fortalecer la empresa estatal, tendríamos que haber reconvertido a YPFB”, recomendó la reorganización de la empresa petrolera estatal,

convirtiéndola en una empresa corporativa, al estilo de la brasilera PETROBRAS, erradicando el desorden y los delitos, para alejarla de la “crisis en la que se halla sumida”.