Sin duda es un país bendito, pero en él invaden tierras, minas, casas, empresas petroleras, sean públicas o privadas o se anulan concesiones diversas. Muchas veces después de negociaciones casi eternas con el gobierno, sus instancias, originarios, pobladores, sindicatos, políticos, etc. llegan a compromisos, sin demora incumplidos. No existe garantía a la propiedad, ¡incluida la del Estado!, y también de que los procesos de producción y servicios no sufran variaciones extraordinarias.

Pueden arriesgar los empresarios privados de la coca excedentaria, los contrabandistas, los del régimen simplificado, las empresas privadas que engañan a sus consumidores o que imponen sus productos al sector público coimeando. Igualmente el gobierno puede invertir en empresas que no deprecian correctamente sus equipos, maquinas e instrumentos, ni tampoco calculan sus costos. Porque simplemente se valen de insumos subvencionados o mercados cautivos. Además que cuando necesitan más liquidez, la piden al TGN o venden sus empresas a simpatizantes privados a precio de gallina muerte dejando al Estado los pasivos.

Para el verdadero sector privado solo existe la competitividad de sus productos y servicios, sus respectivas y continuas innovaciones, un estricto control de gastos administrativos, financieros, capacidad gestionaría y lo más importante, una demanda local y extranjera, caso posean características muy propias, que se las puede resumir en lo que se denomina ventaja comparativa, por ejemplo, la quinua.

Nada sencillo ser empresario privado en Bolivia sin relaciones con los allegados al poder o los que lo ejercitan y aplicar ciencia y tecnología aprendida en el extranjero bajo condiciones de arduos estudios y sacrificios, compartirla, agotarse en dicha tarea, con inversiones no rentables inmediatamente, a plazos largos, que obligan a endeudamientos para disponer de capital operativo, porque normalmente casi todo se va en proyectos, negociaciones, luego en activos fijos, usualmente importados con muchas dificultades. Además de las sorpresas que impone el Estado o gobierno de turno, como aumentos salariales retroactivos o los cinco minutos de tolerancia en el ingreso al trabajo por ley, lo que refleja un país no industrial.

Es verdad que existieron empresarios privados, que también se valieron de leyes favorables a la obtención de créditos baratos provenientes de organismos internacionales o bilaterales, a largo plazo, sin demostración de anterior experiencia, con garantías que el mismo Estado otorgaba por cuenta de ellos y al final, resultaba pagándolos y los empresarios privados indemnes, liquidándose en procesos legales que duraban años y casi siempre perjudicaban a los ahorristas que les habían confiado sus disponibilidades. Cuando no quebrando fraudulentamente o de verdad, pero dejando a muchos en total abandono a su suerte.

Es complicado ser empresario privado en Bolivia, y peor invertir.