La Constitución estadounidense permite portar armas en un país donde cada año casi 100 mil individuos mueren o sufren heridas de bala, y donde han ocurrido 52 de las 72 masacres reportadas en el mundo entre 1996 y 2008.

Unos cinco millones de armas de fuego son fabricadas cada año en Estados Unidos, y se estima que durante los primeros dos años de la administración del presidente Barack Obama se fabricaron en toda la Unión más de un millón de pistolas, 1,5 millones de fusiles y un millón de escopetas.

En el último trienio la venta de armas aumentó en los establecimientos particulares, donde en un día promedio los ciudadanos adquieren hasta 7.906 de manera legal. Fabricantes de armas como Smith y Wesson, una de las tres compañías más grandes del país, reportaron que sus ventas se incrementaron en 25% en 2010. Ese año, a 12 mil víctimas mortales llegó la cifra de personas que recibieron disparos en esta nación.

A finales de diciembre de 2011 las compras de armamento por parte de civiles se dispararon hasta niveles históricos. Según un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ese mes más de 1,5 millones de individuos completaron los formularios requeridos para adquirir un arma de fuego y, entre estos casos, más de 500 mil solicitudes se concretaron en solo nueve días. La estadística se pudo computar sobre la base de la cantidad de cheques de respaldo emitidos ese mes por el Sistema Nacional de Criminalística y certificados por el FBI, documentos mediante los cuales se verifican los antecedentes penales del comprador.

El día antes de Navidad, un total de 102.222 personas en Estados Unidos compraron algún tipo de armamento letal, y ese número estableció un segundo record para una sola jornada, detrás del llamado Viernes Negro (viernes antes del Día de Acción de Gracias). La anterior marca histórica se registró el 28 de noviembre de 2008, cuando se tramitaron alrededor de 98 mil de los mencionados y obligatorios cheques de respaldo, recordó la cadena CNN.

Estados Unidos es el país con mayor arsenal en manos privadas: alrededor de 60 millones de personas poseen un catálogo de 250 millones de estos instrumentos letales. Según estadísticas del Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, en EE.UU., con una población de más de 300 millones de habitantes, existen 90 armas por cada 100 habitantes, la cifra más alta del mundo. Se estima que los norteamericanos disponen de casi un tercio de los 875 millones de armas de fuego en todo el orbe.

A fines de octubre de 2011, el 47% de los ciudadanos estadounidenses confesaban ser propietarios de al menos una pistola, contra el 41% el año anterior, estimó una encuesta de Gallup. La consultora calificó la cifra como la más elevada desde 1993, aunque aclaró que resulta muy difícil conocer cuántas personas tienen armas en sus casas.

Para la directora de International Action Network on Small Arms, Rebecca Peters, “las armas de fuego ligeras están causando una masacre lenta”. En criterio de Andrés Soto, miembro directivo de Violence Policy Center (VPC en inglés), “la tasa de criminalidad por revólveres es más alta en regiones donde existen menos leyes para su control y abunda la pobreza”. (Diario La Opinión de California)

Prospera el comercio de armas

En 2010, unos 14 millones de individuos llenaron el formulario requerido para obtener un revólver. Datos del FBI indican que al concluir ese año más de un millón de ciudadanos estaban registrados como impedidos para obtener escopetas debido a sus problemas mentales, y otros 2.092 por ser adictos a las drogas.

Sin embargo, investigadores del Instituto Cato aseguran que ninguna legislación para el control de armamentos ha demostrado efectividad. “Si la Constitución dice que tenemos el derecho a poseer armas, entonces eso es lo que significa”, ironizó Robert Levy, analista de esa institución, en declaraciones a La Opinión.

La Ley Brady vigente desde 1993 exige verificar los antecedentes penales de los compradores de armamentos. Si bien las leyes prohíben a adictos, enfermos mentales o criminales poseer un arma, no obligan a las casas de empeño o a los coleccionistas privados a revisar la historia penal de sus clientes. Tal amparo legal permite que los más de 64 mil negociantes puedan comerciar de forma lícita armamento que caen después en manos de traficantes.

La incidencia de las armas en la sociedad civil de Estados Unidos tuvo una repercusión mediática significativa durante los últimos meses, cuando sucesivos eventos parecieron reflejar un desconcertante descontrol federal. Desde finales de 2011 se registraron espectaculares robos en bases militares del Pentágono; reportes policiales alertaron sobre miles de artefactos mortíferos catalogados como “extraviados”, y otras estadísticas institucionales hablan de un alza en las compras nerviosas de pistolas y revólveres.

Al respecto, un estudio del Instituto Nacional de Justicia reveló que los habitantes de Estados Unidos roban casi 500 mil fusiles cada año, mientras que el FBI descubrió que el 89% de las pistolas recuperadas durante las investigaciones de crímenes habían cambiado de dueño al menos una vez antes de ser aseguradas por la policía.

Un costoso cargamento militar calificado por el Departamento de Defensa como “artículos de crucial importancia operacional” desapareció a principios de enero y se conjetura que fue robado de la base Fort Lewis, en el estado de Washington. El equipamiento incluye identificaciones de oficiales, lentes de visión nocturna, localizadores con tecnología de posicionamiento global, y mirillas telescópicas, entre otros artilugios valorados en miles de dólares.

La unidad Lewis-McChord es una instalación conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea. El vocero y coronel del Ejército Matt Hinkle indicó que una indagación criminal fue iniciada en contra de toda la Cuarta Brigada, de la Segunda División de Infantería, con sede en la base de Washington. Más de un centenar de soldados resultaron sancionados por orden de la jefatura castrense superior, que ofreció una recompensa de 10 mil dólares por alguna señal de esclarecimiento.

Un par de meses antes autoridades militares norteamericanas confirmaron la desaparición de 14 mil rondas de municiones en una base de la 82 División Aerotransportada. Peritos del Pentágono examinaron pormenores del incidente en la unidad Fort Bragg, en North Carolina, y dos soldados quedaron bajo custodia policial. El calibre de las balas es de 5,56 milímetros y el valor total del cargamento, 3.600 dólares. “Estamos hablando de miles de proyectiles que pueden ser usados en rifles de asalto M-4 y también M-16”, comentó en aquella ocasión a la ABC News el teniente coronel David Connolly, de la 82nd Airborne Division.

En las semanas iniciales de 2012 trascendió que miles de armas de fuego se encuentran en paradero desconocido en Estados Unidos luego de que empresas fabricantes nunca les incluyeron números de serie u otros sistemas de rastreo. La organización Brady Center to Prevent Gun Violence precisó que la cantidad exacta de armas perdidas desde 2009 es de 16.485, entre pistolas, revólveres, escopetas y sub metralletas de mediano calibre, basándose en un estudio de la agencia federal Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés).

“Es escandaloso que muchas compañías manufactureras sean tan irresponsables respecto a la seguridad pública, una buena cantidad de estos implementos mortíferos cayó en manos criminales”, alertó un comunicado del Brady Center, aunque se abstuvo de identificar a las empresas criticadas

Otros analistas indicaron que como la ATF supervisa cada año solo un 20% de los comerciantes e industriales, el total de 16 mil unidades perdidas podría ser solamente una porción pequeña del real inventario de extravíos.

El “rifle” en política de Washington

El debate sobre la venta y uso indiscriminado de armas de fuego en Estados Unidos volvió a la palestra pública luego de la masacre cometida en un cine de la ciudad de Aurora, Colorado, el pasado 20 de julio. James Holmes, un joven de 24 años armado con un rifle semi automático Smith & Wesson M & P .223, similar a un fusil de asalto AR-15, asesinó a 12 personas y dejó heridas a más de medio centenar.

El gobernador del estado de Illinois Pat Quinn reconoció que la proliferación de armas de asalto de uso militar socava la seguridad pública, y en una carta enviada al Congreso estatal propuso establecer una prohibición para el uso de armas de asalto. No obstante, aclaró que es un firme partidario del derecho constitucional a portar armas de fuego, informó el diario The Chicago Tribune.

“No hay lugar en el estado de Illinois para armas diseñadas para disparar rápidamente a blancos humanos a corta distancia”, enfatizó Quinn, tras proponer también la proscripción de cargadores de municiones de alta capacidad, en momentos en los que la tasa de homicidios en la ciudad de Chicago aumentó 31%.

El representante recordó que en los estados de California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York existen regulaciones similares, aunque la prohibición nacional para el uso de algunos rifles semiautomáticos expiró hace más de ocho años. En 2004 expiró la veda de armas de asalto en Estados Unidos, sin que sus promotores lograran una prórroga, mientras cada vez son más los estados que aflojan sus regulaciones para permitir que los ciudadanos porten armas ocultas en lugares públicos, o despenalizan el uso de fuerza letal en casos de autodefensa.

En 1990, el 78% de los estadounidenses estaba de acuerdo con un endurecimiento de las leyes con relación a la compra y tenencia de armas, pero en 2010, con varias masacres y decenas de víctimas de por medio, ese grupo se redujo al 44%, según sondeos de la encuestadora Gallup.

Otro sondeo de Gallup realizado a fines de octubre de 2011 determinó que el 53% de los ciudadanos norteamericanos era favorable a la tenencia de rifles de asalto y pistolas semiautomáticas, cifra que por primera vez superó al porcentaje de quienes se oponen a su adquisición. Según la cadena televisiva CBS News, la mayoría de los estadounidenses está convencida de que las armas son una vía útil para frenar la violencia.

Varios expertos consideran que la principal responsable de la escalada armamentística es la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés), cuya filosofía es que “los hombres con las armas hacen las reglas”. Con 138 años de historia, la NRA ha demostrado tener una gran influencia política en el Legislativo, y fundamentalmente en zonas rurales y sureñas, donde arrastra a más de tres millones de sus miembros.

El ex presidente William Clinton (1993-2001) confesó que cuando decidió prohibir 19 tipos de armas y cargadores con capacidad superior a 10 municiones en 1994, pensó que era lo correcto, aunque varios dirigentes demócratas del Congreso le advirtieron que la medida podría costarles varios asientos. Clinton insistió y los demócratas sufrieron un revés histórico al perder 54 escaños de la Cámara de Representantes, una derrota que facilitó a los republicanos controlar el Capitolio. “Estaban en lo cierto (los demócratas), y yo estaba equivocado”, escribió al respecto el ex mandatario en su libro de memorias Mi vida.

La NRA es uno de los grupos de cabildeo más influyente en la nación norteña, al cual no le interesa ni le conviene que el Congreso destine más fondos a agencias de control de armamentos, comentó el profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de California William Vizzard, y aseguró que la razón principal del retraso tecnológico en la ATF es el poder político de la NRA. “Abiertamente es el lobby (el NRA) más poderoso en Estados Unidos y son ellos quienes dictan la política entorno a las armas y la agencia ATF”, agregó Andrés Soto del Violence Policy Center.

En julio de este año, dos legisladores demócratas, el senador Frank Lautenberg de New Jersey y la representante Carolyn McCarthy de New York, presentaron al Congreso una enmienda para prohibir la venta de municiones por Internet, hasta hoy la única nueva propuesta sobre control de armas en Estados Unidos. Los legisladores plantearon que el comercio de pertrechos vía online sea supervisado por autoridades federales, y la compra regulada hacia una cantidad mínima inferior a los niveles actuales permitidos, considerando que el asesino Holmes adquirió más de seis mil balas en un sitio digital no identificado.

Sin embargo, el 23 de julio el gobierno de Obama descartó la presentación de una nueva ley sobre control de armas. La Casa Blanca argumentó en un comunicado que no piensa evaluar ninguna legislación que comprometa el derecho ciudadano a comprar, portar y usar armamentos, certificado en la Segunda Enmienda de la constitución norteamericana, pese a la repercusión social y mediática de la reciente masacre en Colorado.

El portavoz de la administración federal Jay Carney esgrimió el mismo argumento manifestado en marzo de 2011, cuando en otro tiroteo público seis personas fallecieron en Arizona y fue herida la congresista Gabrielle Giffords. Según analistas políticos independientes, el motivo real de la inacción es que, a cuatro meses de elecciones generales, el Ejecutivo demócrata no quiere disgustar a la poderosa Asociación Nacional del Rifle.

La senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, dijo en el programa Fox News Sunday que Obama y el candidato republicano Mitt Romney deben evaluar con urgencia nuevas legislaciones sobre el porte de armas de fuego, aunque resulte un asunto político difícil de abordar.

Por su parte, el alcalde de New York Michael Bloomberg -considerado un republicano moderado- subrayó que la pregunta principal ahora es qué harán Obama o Romney para evitar nuevas matanzas, tras recordar que alrededor de 30 personas son asesinadas cada día en Estados Unidos con armas ilegales.

¿Es posible controlar el comercio de armas?

Se estima que hay 1.135 fabricantes de armas en 98 países, un gremio que se ha multiplicado por seis desde 1960. Datos recientes de la organización no gubernamental Oxfam revelan que el comercio mundial de municiones asciende a 4.300 millones de dólares al año, con un crecimiento más rápido que la compra y venta de armas, y sin ningún tipo de regulación.

La investigación de Oxfam titulada “Pare una bala, pare una guerra” precisa que ese monto es equivalente a la fabricación de unos 12 mil millones de balas por año, suficientes para matar dos veces a cada habitante del planeta, mientras que el comercio de armas ligeras de fuego totaliza 2.680 millones de dólares.

El comercio mundial de armas convencionales aumentó en 24% en los últimos cinco años, entre 2007 y 2011, respecto al lustro anterior, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Tan solo el pasado año se movieron 22 mil millones de dólares en un negocio que, según los expertos, está menos regulado que el comercio de banano.

En el quinquenio Estados Unidos mantuvo su hegemonía mundial como principal exportador, mientras que India fue el país que más armamento compró, seguida por otros cuatro países asiáticos. Apenas 34 Estados informaron sobre su exportación de armas desde 2006, de los cuales 28 mencionaron la venta de municiones.

Impresiona saber que la regulación para dicho comercio es nula (solo bajo las normas del dinero y el mercado), y que es poco probable que las negociaciones de un Tratado Internacional de Comercio de Armas en el seno de Naciones Unidas logren un acuerdo efectivo.

Se suponía que la mencionada conferencia celebrada a fines de julio era la culminación de un trabajo de más de 10 años de ONG de todo el mundo, a favor de una regulación que impida que las armas sean utilizadas para cometer o propiciar graves violaciones de derechos humanos o exacerben conflictos y frenen la lucha contra la pobreza.

Pero países como Estados Unidos, Siria o Egipto se manifestaron en contra de incluir las municiones en el texto del tratado, por lo que la encargada del control de armas de Oxfam Anna Macdonald afirmó que es absolutamente esencial contemplar la venta de balas, incluso mucho más regulada que la de armas. “No hay control global sobre el flujo de municiones y no hay sistemas para rastrear el paradero de miles de millones de municiones. Esto debe cambiar”, enfatizó.

Según analistas de Oxfam, Greenpeace y Fundación para la Paz, el acuerdo debe incluir la garantía de no autorizar transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que ponen en peligro la vida de las personas, ya que cerca del 60% de las violaciones y abusos documentados tienen que ver con el uso de armas. Otro ejemplo ilustrativo para argumentar dicho convenio: los conflictos armados cuestan a África 18 mil millones de dólares al año, la misma cantidad que recibe en ayuda anualmente.

* Jorge V. Jaime es jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina; Randy Saborit Mora es periodista de la Redacción Norteamérica y Cira Rodríguez César, de la Redacción de Economía.