En el mercado capitalista en el que los empresarios hacen millonarios negocios, la compraventa es una institución que funciona, por ejemplo, cuando se trata de asegurar la impunidad del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti Soliz, esta vez con la exclusión de la fase investigativa dentro del caso Chaparina: represión a los indígenas de la VIII marcha, en la localidad beniana, cerca de Yucumo y del departamento de La Paz, el 25 de septiembre de 2011. Una gracia como ésa se la consigue con dinero, a cambio de espacios de poder o mediante el ejercicio de ese poder.

El ex funcionario público, para liberarse de los cargos que se le imputan legal y legítimamente, difundió como único argumento en su favor que él no dio la orden para la represión en Chaparina sino que allí se “rompió la cadena de mando”, es decir, que los policías u otros operadores políticos, que fueron enviados a ese lugar, se autodeterminaron y trataron de impedir que siga la marcha con la represión, a la que otros llaman, equivocadamente, “uso desmedido de la fuerza pública”.

Sin embargo, el Viceministro de Seguridad Interior y Policía en funciones entonces ha dicho verbalmente y por escrito (suponemos que ante los investigadores también) que el ex ministro Llorenti Soliz dio la orden para la represión que, además de brutal, tuvo el propósito de impedir que los marchistas lleguen a La Paz. Pero la represión fue insuficiente para acabar con la protesta pacífica de los originarios, gracias al coraje de ellos y al apoyo de los benianos en San Borja y en Rurrenabaque, que “liberaron” a los marchistas, que habían sido apresados como parte de los espantosos ultrajes.

El ex Viceministro, hace días, ha vuelto a decir que cuando él transmitió la orden del Ministro de Gobierno —el que a su vez la recibió del Presidente de Bolivia o ejecutó el plan gubernamental para desbaratar la caminata— los jefes policiales al mando en Chaparina respondieron que, según datos de inteligencia, no era necesaria la “intervención” porque entre los marchistas predominaba el desaliento y que ellos decidirían retornar a sus comunidades. El ex funcionario, añadió como un nuevo dato a su relato anterior, que entre los represores circulaba el rumor de que los marchistas decidieron romper el cerco de los colonizadores o rodear Yucumo para seguir su caminara hacia La Paz la noche del 25 de septiembre; inicialmente sin las mujeres ni los niños. Quizá esa decisión (real o supuesta) sirvió como pretexto para que los uniformados ejecuten el plan aprobado por los gobernantes semanas atrás.

Los bolivianos no debemos olvidar, por tanto, que fueron los gobernantes y el Presidente, antes que los que supuestamente habrían roto la cadena de mando, los que resolvieron cerrar el paso a los marchistas: con los colonizadores de Yucumo que bloquearon el camino y con la acción de los policías que tenían similar misión, aunque se dijo y se dice que los uniformados verde olivo fueron allí para evitar un enfrentamiento entre marchistas y colonizadores. Ésta es otra mentira que la comparten los gobernantes con los policías.

Las declaraciones del entonces viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez en el programa Anoticiando de ATB, en La Paz, revelaron que el gobierno había resuelto que la VIII marcha no debía llegar a la sede de gobierno. Ese ex funcionario, al responder a una pregunta sobre la renuncia de la Ministra de Defensa, respondió que ella tenía derecho a renunciar al cargo, pero que debió hacerlo cuando el gobierno tomó una decisión respecto de la caminata, lo que confirma la decisión de los gobernantes de truncar, incluso por la fuerza, la protesta indígena.

El actual ministro de Trabajo, sobre ese asunto, para otros medios de difusión, declaró algo equivalente a lo dicho por el abogado W. Chávez.

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones del Defensor del Pueblo, a medios de difusión, en una entrevista, el entonces Ministro de Gobierno le aseguró que no se reprimiría a los marchistas y que éstos tenían todas las garantías para ejecutar su protesta, como dispone la Constitución Política del Estado. Confrontadas esas afirmaciones con los hechos se descubrió otra mentira de los gobernantes: hace tiempo que dicen una cosas y hacen otra.

El Vicepresidente con aires de sabelotodo señaló, al explicar la represión en Chaparina que él conocía el nombre del que había ordenado la acción de fuerza, pero hasta este momento no ha revelado quién es el infractor o el que en aras de garantizar la seguridad del Estado habría dispuesto esa cruel medida. El segundo mandatario no ha sido convocado por los investigadores para informar y/o declarar si fuera el caso; más aún, ha sido excluido de la investigación, así como el ex Ministro de Gobierno. El silencio del Vicepresidente, que guarda la identidad del supuesto responsable de la represión a los protagonistas de la VIII marcha indígena, se llama encubrimiento y es un delito.

Para nosotros decir, como lo hace el ex Ministro de Gobierno, que se rompió la cadena de mando, lo que dio lugar a la represión en Chaparina, es una coartada, a la que recurren delincuentes avezados o sin experiencia y es lo que les aconsejan sus abogados defensores.

Además, esa coartada cumple otra función en el caso Chaparina: sirve para ocultar (o lo intenta) el plan político y policial del gobierno y del Estado para dificultar primero y cerrar el paso después a los marchistas indígenas. Plan del que deben responder ahora o después el Presidente, el Vicepresidente y el entonces Ministro de Gobierno, cuando menos. Asimismo, alguna responsabilidad tendrá el que fue Comandante de la Fuerza Aérea, quien dijo que él ordenó el uso de las naves bajo su mando para trasladar a los marchistas a sus comunidades, como que lo intentaron; empero, esa es otra mentira fraguada o dicha por ese jefe militar con el propósito de salvar de responsabilidad a los principales inquilinos del Palacio Quemado.

Y quizá la función principal de la coartada referida y de la exclusión de Llorenti Soliz de la investigación señalada es “salvar” incluso de la menor sospecha al Presidente boliviano, ahora candidato de su partido a la reelección por segunda vez, lo que contradice una disposición transitoria de la Constitución Política del Estado que prohíbe expresamente esa reelección. (Recordemos que el Vicepresidente dijo que esa norma transitoria fue propuesta por ellos a los opositores y que éstos la aceptaron, lo que según él fue y es una “operación envolvente”, es decir, los mamaron a los opositores).

Dicho de otra forma: el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, otrora supuesto defensor de los derechos humanos y alguien que hizo creer que luchaba contra la impunidad, ha sido beneficiado con su exclusión del caso Chaparina, camino a la impunidad (se supone que cometió delitos y ni siquiera se lo investiga). Beneficio concedido, especialmente por fiscales, a cambio probablemente de dinero o de espacios de poder, entre éstos, la ratificación de esos miembros del Ministerio Público en el cargo o de una eventual promoción. Acotamos que así ejercen el poder los gobernantes actuales.

En realidad el ex Ministro de Gobierno —“uno de los mejores” dijo por él, el Presidente en el acto de sustitución de Llorenti, al que prometió nuevas responsabilidades—, con su coartada pretende incluso que acabe la investigación para establecer quién o quiénes dieron la orden para la represión, llamada intervención, como eufemismo inaceptable.

Esa coartada pretendidamente salvadora tiene que ser descubierta en sus reales alcances porque también persigue la impunidad del presidente Morales que, aunque haya pedido perdón, cuando menos debió conocer que ese operativo estaba planificado contra la VIII marcha indígena. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Paz, encabezada por María Amparo Carvajal Baños, en un comunicado, afirmó que el Presidente dio la orden para terminar con la marcha para lo que se ejecutó la represión en Chaparina.

Y los indígenas ni olvidan ni perdonan a los autores intelectuales y materiales de la represión que sufrieron en Chaparina. Sin embargo, son tan generosos que siguen esperando justicia, aunque uno de los responsables pretenda impunidad que, en rigor, no la tiene segura.

* Periodista y editor de http://www.semanarioaqui.com