A partir de la fecha, la compra, arriendo o venta de material pornográfico que exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes, o la contratación de servicios sexuales de niños es un grave delito penal sancionado hasta con ocho años de cárcel, determina la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas promulgada hoy por el Presidente Evo Morales.

La Ley de Trata y Tráfico de Personas es un instrumento legal que permitirá a las instancias judiciales, policiales y militares luchar contra este flagelo junto a la sociedad civil, destacó la presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado luego de la promulgación de la norma.

Delgado explicó que la trata y tráfico y el sometimiento de personas a explotación laboral, sexual y tráfico de órganos reduce al ser humano a la condición de mercancía, y se ha convertido en el delito del siglo XXI. Por ello, “no es poca cosa que podamos tomar la decisión como Estado Plurinacional de tener una ley que ha tomado en consideración los datos estadísticos registrados en nuestro país”.

La Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos; y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos declarados imprescriptibles.

Los objetivos principales de la Ley son: 1. Implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y reintegración integral para las víctimas; 2. Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos y 3. Promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para alcanzar el objetivo establecido.

La norma se rige por los principios y valores de Dignidad y Libertad; Prioridad Social; Gratuidad; Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente; Celeridad; Confidencialidad; Revictimización (las víctimas no serán sometidas a procedimientos reiterados que puedan afectar su dignidad y sus derechos); Presunción de Nacionalidad; no discriminación; e Interculturalidad y Armonía.

A efectos de interpretación y aplicación, la Ley identifica y define varios tipos penales, entre ellos el “Abuso de una Situación de Vulnerabilidad”, que es aprovechar o tomar ventaja de situaciones de adicción, enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez y adolescencia, para su sometimiento con fines de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.

La norma define “explotación” como la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza por actos de prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y extracción ilícita de fluidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano.

El Trabajo Forzoso es cualquier labor o servicio desempeñado por una persona, bajo la amenaza o coacción, con o sin su consentimiento. El otorgar salarios u otras compensaciones no significa necesariamente que el trabajo no sea forzado u obligado.

Servidumbre es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que el victimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, trabajos o servicios con fines diversos, mediante engaño, amenazas, coacción u otras formas de violencia. Servidumbre por deudas es todo trabajo o servicio que se exige a una persona que no tiene elección ni conocimiento sobre las consecuencias que tienen los préstamos o anticipos salariales que recibe, generando su sujeción y sometimiento.

Servidumbre costumbrista es la acción por la que una persona es sometida o explotada por otra, bajo vínculos asociados a prácticas costumbristas y tradicionales del lugar como el padrinazgo, compadrazgo, cualquier otro vínculo espiritual o relación de empatronamiento. La Mendicidad Forzada consiste en forzar a un niño, niña, adolescente o persona adulta, a pedir dinero u otros beneficios en la calle o cualquier otro lugar público o privado, a favor de un tercero.

La figura de Matrimonio Servil consiste en la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la pareja e implica situaciones de esclavitud, aislamiento, control y violencia física, sexual y reproductiva. Se considera turismo sexual a la utilización de personas para ofertarlas en servicios sexuales relacionados con paquetes turísticos, culturales o naturales, promocionados a través de mensajes e imágenes de carácter erótico difundidos por cualquier medio de telecomunicación, tecnología de información y medios de comunicación.

Modificaciones legales

La Ley de Trata y Tráfico de Personas modifica el Código Penal en lo referente a delitos de proxenetismo, omisión de denuncia, trata y tráfico, estableciendo agravantes en caso de que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes y mujeres. También incorpora nuevos tipos penales como la violación sexual comercial.

La Ley modifica los artículos 178, 281 bis, 321, 321 bis y 323 bis del Código Penal. El nuevo texto del Artículo 178 señala que el servidor o servidora pública que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno a tres años. Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un tercio.

El nuevo Artículo 281 dispone una sanción de 10 a 15 años a cárcel a quien realizare la concesión o recepción de pagos por si o por tercera persona, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con fines de venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro. [1]

La sanción se agravará en un tercio cuando el autor o partícipe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; tenga a su cargo la tutela, custodia, curatela o educación de la víctima; sea servidora o servidor público; goce de inmunidad diplomática, o sea profesional médico o a fin.

La sanción será de 15 a 20 años cuando la víctima fuere un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, mujer embarazada; cuando el autor sea parte de una organización criminal; cuando se produzca una lesión gravísima o se ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de la víctima. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá la sanción prevista para el delito de asesinato.

Artículo 321: Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución de persona de uno u otro sexo, o la que obligare a permanecer en ella para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro o beneficio, será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años.

La pena privativa de libertad será de 12 a 18 años cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o sufra de cualquier tipo de discapacidad. La pena será de 15 a 20 años de cárcel si la víctima fuere menor de 14 años, aunque fuere con su consentimiento, o el autor fuere el ascendiente, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador o encargado de la custodia de la víctima. Igual sanción se le impondrá a la autora, autor o participe que utilizare drogas, medicamentos y otros para forzar, obligar o someter a la víctima.

La pena privativa de libertad será de 8 a 12 años a quien mantuviere ostensible o encubiertamente una casa o establecimiento donde se promueva la explotación sexual y/o violencia sexual comercial.

Artículo 321 Bis: Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años.

La sanción se agravará en la mitad cuando las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física y/o psicológica; cuando el autor sea servidor público, encargado de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable, o hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática; cuando el delito se cometa contra más de una persona; cuando la actividad sea habitual y con fines de lucro y cuando el autor sea parte de una organización criminal.

La sanción se agravará en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada.

Artículo 323 Bis: Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a otra persona que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años. Igual sanción será impuesta cuando el autor o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico.

La pena privativa de libertad será agravada en un tercio cuando la víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad; cuando el autor sea cónyuge, conviviente, padre, madre o la persona que ejerza algún tipo de autoridad o responsabilidad legal sobre la víctima, o mantenga una relación laboral, de parentesco consanguíneo o de afinidad con la víctima.

De igual forma, la pena será gravada cuando la víctima sea una mujer embarazada; el autor sea servidor público o encargado de proteger derechos de personas en situación vulnerable, hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática.

Además, quien compre, arriende o venda material pornográfico donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 8 años, establece la norma.

Por otro lado, la ley incorpora al Código Penal los Artículos 203 bis, 321 ter y 322, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 203 bis. (AGRAVANTES). La pena privativa de libertad de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica o uso de instrumento falsificado, será agravada en un tercio cuando se cometan para facilitar la comisión de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y otros delitos conexos.

“ARTÍCULO 321 ter. (REVELACIÓN DE IDENTIDAD DE VÍCTIMAS, TESTIGOS O DENUNCIANTES). La servidora o servidor público que sin debida autorización revele información obtenida en el ejercicio de sus funciones que permita o dé lugar a la identificación de una víctima, testigo o denunciante de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.

“ARTÍCULO 322. (VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL). Quien pagare en dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años”.

La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios, cuando: La víctima sea un niño o niña menor de 14 años; la víctima tenga discapacidad física o mental; la autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la víctima; tenga una enfermedad contagiosa, sea servidor público, o cuando la víctima quedara embarazada.

Se modifican también los Artículos 19 y 282 del Código de Procedimiento Penal, con los siguientes textos: “ARTÍCULO 19. (DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA A INSTANCIA DE PARTE). Son delitos de acción pública a instancia de parte: abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores, violencia y acoso político.

“ARTÍCULO 282. (AGENTE ENCUBIERTO). En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, trata y tráfico de personas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad, al Juez o la Jueza de Instrucción en lo Penal, la autorización de intervención de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Boliviana especializados, sin antecedentes penales o disciplinarios que presten su consentimiento al efecto”.

Nuevas instituciones

La Ley crea el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, instancia máxima de coordinación y representación responsable de formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos. Estará conformado por los Ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, Gobierno, Trabajo, Educación, Comunicación, Salud y Deportes, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas. Participarán también el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil organizada de acuerdo a reglamentación.

El Consejo formulará y aprobará la Política Plurinacional y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos; diseñará políticas y estrategias; gestionará recursos económicos, y coordinará acciones con los nueve Consejos Departamentales, cada uno de ellos integrados por el Gobernador, los alcaldes de ciudades capitales, intermedias y municipios fronterizos, el Comandante Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el Fiscal Departamental y representantes de la sociedad civil.

El Consejo Plurinacional deberá convocar a su primera Sesión Plenaria en el plazo de 30 días computables a partir de la publicación de la Ley. Una vez constituido, formulará la Política Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y el Plan Plurinacional contra la Trata y Tráfico en un plazo no mayor a 90 días.

Prevención

En el ámbito de la prevención, el Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades públicas y privadas, crearán un sistema de información y estadísticas sobre delitos de Trata y Tráfico de Personas. El Observatorio de Seguridad Ciudadana evaluará el cumplimiento de metas e indicadores de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas.

La Ley dispone que las instituciones educativas tales como la Escuela de Formación de Maestros, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la Academia Diplomática, la Universidad Policial, la Universidad Militar e Institutos de Postgrado, incorporarán a su currícula la temática de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos.

El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas, campañas educativas y otros para la prevención; y las universidades públicas y privadas aportarán con investigaciones y campañas informativas. El Ministerio de Comunicación diseñará e implementará una estrategia comunicacional con el fin de informar, sensibilizar y concientizar sobre los riesgos, causas, consecuencias y modalidades de la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos.

Los medios de comunicación “tienen la responsabilidad de ayudar en campañas de prevención y concientización de lo que es el delito de trata y tráfico y delitos conexos; tendrá que establecerse una reglamentación de lo que se puede publicitar o no a cargo de Ministerio de Comunicación”, adelantó la presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, públicos y privados deben promover y difundir información preventiva, y contribuir a la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas a través de campañas de prevención. Su deber es prohibir la difusión de mensajes o contenidos que promuevan el delito; incorporar franjas horarias obligatorias de difusión de medidas de protección y atención, y difundir gratuitamente en espacios informativos en casos de desaparición de personas.

Todos los avisos de oferta sexual deberán ser regulados precautelando la dignidad de las personas, prohibiendo el uso de imágenes de desnudos parciales o totales y la utilización de mensajes que den referencia del origen regional, local o nacional de las personas, garantizando que en ningún caso se trate de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Comunicación será responsable de verificar el cumplimiento de la disposición, de requerir las prohibiciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, conforme al reglamento.

En el ámbito laboral, todos los servicios de intermediación laboral de carácter público a nivel departamental y municipal, deberán contemplar en su normativa preceptos de prevención y protección contra la Trata y Tráfico de Personas. El Ministerio de Trabajo determinará mediante reglamentación específica los requisitos para el funcionamiento de agencias de empleo.

Persecución

La norma autoriza la contratación de agentes encubiertos, además de la intercepción y grabación de llamadas telefónicas, previa autorización judicial. La denuncia por el delito de Trata y Tráfico de Personas podrá ser interpuesta de forma verbal o escrita por las víctimas o terceros, sin el cumplimiento de los requisitos procesales formales.

El Fiscal de Materia podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intercepción y grabación de llamadas telefónicas cuando existan serios indicios de la participación de una persona en asociaciones u organizaciones delictivas.

En esta misma línea, la Ley de Seguridad Ciudadana promulgada hoy dispone la aplicación de controles migratorios específicos en fronteras, en coordinación con las Fuerzas Armadas, Policía y Ministerio Público. Para el ingreso, salida y permanencia del territorio boliviano de personas nacionales y extranjeras, en especial de niños, niñas y adolescentes, la Dirección General de Migración deberá diseñar e implementar protocolos de actuación nacional e internacional para la detección temprana de situaciones de Trata y Tráfico.

El Ministerio Público en coordinación con las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía, es responsable de realizar patrullajes en lenocinios, bares, cantinas, salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios, y otros; así como controlar en retenes de peaje y/o puestos de control en carreteras para detectar hechos relacionados con los delitos de Trata y Tráfico de Personas.

También debe realizar patrullajes cibernéticos en páginas públicas de internet, además de examinar minuciosamente y utilizar los bienes informáticos secuestrados e incautados con el fin de identificar y desarticular las fuentes de origen de la red y ciber redes criminales. Los documentos electrónicos obtenidos serán considerados medios de prueba.

Todo material pornográfico secuestrado en medio físico o digital será destruido por el Ministerio Público y la Policía en un plazo no mayor a 10 días hábiles de ejecutoriada la sentencia. El material pornográfico en el que aparezcan niños, niñas y adolescentes será destruido a las 24 horas de su secuestro, con intervención de un Notario de Fe Pública. El acta circunstanciada de esta diligencia será adjuntada al proceso en calidad de prueba preconstituida, separando para este efecto una muestra no mayor al 5% del material.

Nota:

[1] Por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, ya sea para extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o tejidos humanos; reducción a esclavitud o estado análogo; explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre; Servidumbre costumbrista; Explotación sexual comercial; Embarazo forzado; Turismo sexual; Guarda o adopción; Mendicidad forzada; Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil; Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas; Empleo en actividades delictivas y Realización ilícita de investigaciones biomédicas.