El Presidente Evo Morales promulgó la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura” que endurece las penas para los delincuentes que atenten contra la vida y la integridad física de las personas. La norma crea el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, el Servicio Civil Voluntario, el Registro de an­tecedentes penales, policiales, judiciales y migratorios, y un nuevo “modelo de Policía Comu­nitaria”. Además, la norma reglamenta la difusión de contenidos mediáticos con violencia explícita.

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segu­ra” -que surge del consenso entre el gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales, la Policía boliviana y la sociedad representada por sus instituciones- “desarrolla y extiende acciones concretas de lucha contra el delito” con el obje­tivo de garantizar la seguridad ciudada­na, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado.

Uno de los 14 principios de la norma es la “Priorización de la Víctima”, lo que significa que toda víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de investigación. A sólo reque­rimiento de la víctima, la in­formación con la que cuente cualquier entidad pública o privada y que esté relacionada con un hecho de inseguridad ciudadana deberá ser de acce­so inmediato y sin mayor trámi­te, de acuerdo a la legislación vigente.

A través de la norma, el gobierno del Estado Plu­rinacional de Bolivia declara como prioridad nacional el financiamiento y la ejecución de los Planes de Se­guridad Ciudadana Nacional, departamental, municipal e indígena originario campesino.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura” es un conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias, procedimientos, institu­cionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana. Las entidades públicas que forman parte de este Sistema son el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas; la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana; el Con­sejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana; y los Conse­jos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos de Seguridad Ciudadana.

Modificaciones legales

La Ley de Seguridad Ciudadana promulgada hoy modifica los artículos 180 y 261 del Código Penal. Sanciona con reclusión de tres a cinco años la evasión o fuga de quien se encuentre legalmente detenido o condenado. “Si la fuga se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión de cinco a ocho años”.

La norma modifica también el artículo 261 del Código Penal y sanciona con uno a tres años de cárcel a quien resulte culpable de la muerte o lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado. “Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de cinco a ocho años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir de forma definitiva”.

“En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena pre­vista. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que es­tablece los deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, éste será sancionado con reclusión de uno a dos años”, precisa la Ley.

Además, la Ley agrega al artículo 247 del Código de Procedimiento Penal (Ley No 1970 de 25 de marzo de 1999) como causales de revocación de medidas sustitutivas a la detención preventiva cuando el imputado incumpla las obligaciones impuestas; cuando se compruebe que realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; y cuando se inicie en su contra un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito.

Respecto al artículo 251 (Apelación), la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apela­ble, en el efecto no suspensivo, en el término de 72 horas. Interpuesto el recurso, las ac­tuaciones pertinentes serán remiti­das ante el Tribunal Departamental de Justicia en 24 horas. El tribunal de apelación resol­verá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

También se podrán aplicar medidas cautelares incluida la detención preventiva (Artículo 235, Peligro de reincidencia) cuando el imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero por sen­tencia ejecutoriada si no hubieran transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco años.

Nuevas instituciones

La Ley crea el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno y dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que coordina técnica y operativamente con las instituciones que generan información inherente a sus funcio­nes. Se encargará de recopi­lar, procesar, analizar e interpretar la información sobre seguridad ciuda­dana, los delitos y otras conductas directa e indirectamente relaciona­das con los delitos.

También se crea el Sistema Nacional de Registro de Información de an­tecedentes penales, policiales, ju­diciales y migratorios de personas, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, el cual deberá contar con una base de datos actualizada permanente­mente. Las entidades públicas del Estado o las entidades privadas proporcionarán a la Policía la información de personas naturales y jurídicas sujetas a inves­tigación, previo re­querimiento fiscal u orden judicial.

De otra parte, la Ley instituye el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudada­na a través de Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) para jóvenes, mujeres y hombres que deseen prestar sus servicios a la comunidad. En ese marco, se establece un “modelo de Policía Comu­nitaria” con el propósito de coor­dinar estrategias preventivas de seguridad ciudadana, de acuerdo con las características sociales, cul­turales, políticas y económicas de la población, e interactuar permanentemente con la vecindad, comunidad y las or­ganizaciones vecinales.

Infraestructura, equipos y financiamiento

La Ley constituye el sistema de Tecnología Preventiva Pública para que el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas doten a la Policía de sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el control y prevención de delitos. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes asignará una frecuencia electromagnética para uso exclusivo de los operadores de seguridad ciudadana.

Por otro lado, se creará el Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana para desa­rrollar exclusivamente tareas integra­les de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. También se implementarán puntos de servicio de radio taxis autorizados en los lugares de mayor concurrencia que garanticen seguridad a los usuarios y a un costo que será regulado.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos implementará un Sistema de Información de Comercialización de Combustibles, a través de la instalación de tecnología de auto identificación por radio frecuencias en todas las estaciones de servicio, para identificar automóviles empliados en actos delictivos como contrabando y robo.

Las empresas prestadoras de servicios públicos, las entidades financieras, las entidades públicas y los centros de esparcimiento público y privado con acceso masivo de personas instalarán en sus dependencias cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo electrónico para garantizar la seguridad de las personas.

La Ley dispone el financiamiento de la Seguridad Ciudadana y la Policía boliviana con recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno, que asciende a casi 2.200 millones de bolivianos en la presente gestión. Las entidades territoriales autónomas departamentales asignarán como mínimo el 10% del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), previa deducción del 30% destinado a la Renta Dignidad. Estos recursos económicos serán únicamente invertidos o utilizados en el ámbito territorial departamental y municipal, respectivamente.

Las entidades territoriales autónomas municipales e indígena originario campe­sinas asignarán recursos de acuerdo a su población re­gistrada en el último Censo Nacional de la Población y Vivienda. Las poblaciones con menos de 50 mil habitantes destinarán como mínimo el 5% de los recursos provenien­tes de la coparticipación y nivelación del IDH, y las de más de 50 mil habitantes, desde un 10%, previa deducción del 30% destinado a la Renta Digni­dad.

Seguridad privada

A partir de la fecha las empresas privadas de vigilancia serán capacitadas y autorizadas para su funcionamiento por el Comando General de la Policía Boliviana, de acuerdo con un reglamento específico. Deberán regularizar su registro y funcionamiento en el plazo de 90 días computables a partir de la promulgación de la Ley. La autorización expedida debe ser homologada por Resolución emitida por el Ministerio de Gobierno.

Las empresas privadas de vigilancia deben brindar servicios de Protección física o electró­nica a personas e instalacio­nes privadas; custodia y vigilancia de bienes muebles e inmue­bles, así como de locales destinados a la recreación, comercio u otras activida­des privadas; transporte y custodia de valores, caudales y mo­nedas, bajo supervisión operativa de los Bata­llones de Seguridad Física de la Policía. Los empleados de empresas privadas están prohibidos de portar y utilizar armas de fuego.

Educación ciudadana y medios de comunicación

La Ley dispone la creación y fortalecimiento de programas de educación, rehabilitación y reinserción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. El Ministerio de Educación incorporará en la currícula escolar temas de seguridad ciudadana y vial con el fin de promover una nueva cultura de paz y seguridad.

Los medios de comunicación radial, audiovisual y escritos públi­cos o privados que prestan servicios dentro del Estado Plurinacional de Bolivia dispondrán en forma obligatoria de espacios publicitarios con carácter gratuito para dar a conocer e informar a la población mensajes educativos y preventivos sobre seguridad ciudadana y seguridad vial, de acuerdo a reglamentación elaborada por el Ministerio de Comunicación y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Tele­comunicaciones y Transporte.

Los medios de comuni­cación radial, audiovisual y demás tecnologías de información y comunicaciones públicas y privadas deberán difundir los mensajes edu­cativos y preventivos en los horarios de mayor audiencia que serán deter­minados de acuerdo a reglamenta­ción. Además, el Ministerio de Comu­nicación regulará los horarios de emisión de programas cuyo con­tenido tenga violencia explícita.

La sociedad civil organizada ejercerá el control social a todos los medios de comunicación social, públicos y privados, pudiendo realizar la correspondiente denun­cia ante la Autoridad de Regula­ción y Fiscalización de Telecomu­nicaciones y Transportes en caso de advertir el incumplimiento de la Ley.