París (PL).- El anuncio de la empresa francesa Peugeot- Citroën de cerrar una planta y despedir a miles de trabajadores provocó un choque nacional, pero es sólo la punta del iceberg de un fenómeno de desindustrialización que amenaza con extenderse. Otras 45 empresas prevén cierres de instalaciones y supresión de fuentes de trabajo, entre ellas el gigante metalúrgico ArcelorMittal, la farmacéutica Sanofi, Air France y Alcatel-Lucent.

El grupo surgió en 1976 cuando Peugeot SA se fusionó con Citroën SA, aunque en realidad el primero absorbió al segundo, y con el tiempo se convirtió en el principal fabricante de automóviles de Francia y el segundo de Europa, detrás de la marca alemana Volkswagen.

Bajo el argumento de sufrir pérdidas en el primer semestre del año por 819 millones de euros y una reducción duradera de los mercados en Europa, la firma anunció la supresión de ocho mil puestos de trabajo y el cierre de la planta de Aulnay, cerca de París. El presidente ejecutivo de PSA Philippe Varin declaró que ante la magnitud y el carácter durable de la crisis en Europa, se hace indispensable este proyecto de reorganización para adecuar la producción a la evolución de los mercados.

El plan de PSA Peugeot prevé la clausura en 2014 de la planta de Aulnay, donde laboran tres mil personas, y que está ubicada en el populoso departamento de Seine-Saint-Denis. También contempla la supresión de 1.400 puestos en la fábrica de Rennes y el despido masivo de trabajadores en otras plantas distribuidas en el territorio nacional.

El plan de eliminación masiva de puestos de trabajo provocó una fuerte ola de rechazo, tanto de los sindicatos, como del gobierno. “Cerrar una fábrica y dejar en la calle a los obreros en tiempos de crisis es un crimen social”, declaró Jean-Pierre Mercier, delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la empresa automovilística.

Mercier recordó que la firma tuvo grandes ganancias el año pasado y no tomó medidas para enfrentar una eventual baja en los mercados como consecuencia de la crisis de la deuda. En el primer semestre del año pasado sus ganancias sumaron 806 millones de euros. “No es a los asalariados a quienes corresponde pagar la factura, sino a los accionistas, que deben apretarse los cinturones”, aseguró el dirigente gremial.

Mientras, el presidente François Hollande consideró inaceptable el programa y lo calificó como un choque brutal para los asalariados. El anuncio es inadmisible, según el gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que la PSA Peugeot- Citroën recibió en los últimos años cuatro mil millones de euros en ayuda estatal.

El analista Jean-Paul Piérot, redactor jefe del diario L’ Humanité,considera que el Estado dispone de una amplia gama de posibilidades para inducir a la dirección de la firma a dejar de tratar a los empleados como una variable de ajuste, destinada a pagar las consecuencias de sus errores estratégicos. Adoptar medidas fiscales, legislar sobre el desempleo y prohibir los despidos económicos cuando se pagan dividendos a los accionistas, son algunas de ellas.

“Y hemos olvidado que un Estado tiene la facultad de nacionalizar, total o parcialmente, una sociedad para defender el interés nacional”, advirtió. Para Piérot no es difícil demostrar que la liquidación de la planta de Aulnay asestaría un duro golpe a la recuperación productiva y a las condiciones de vida de miles de trabajadores.

El titular de la Recuperación Productiva Arnauld Montebourg propuso una iniciativa basada en tres puntos para apoyar al sector de la industria automovilística gala. La primera medida será incrementar los beneficios fiscales para quienes adquieran un vehículo nuevo de bajos niveles de contaminación, fabricado dentro del territorio nacional. Esto favorecerá a la empresa Renault, la cual construye un modelo impulsado totalmente por electricidad, y a la Peugeot, cuya línea principal es el llamado híbrido, que utiliza combustible y energía eléctrica.

La segunda iniciativa será incrementar las compras estatales de este tipo de vehículos, a lo cual se sumará, en tercer lugar, la movilización de un fondo estratégico de inversiones dotado de 600 millones de euros. Montebourg afirmó que a cambio de este plan se exigirá a las empresas una contraparte.

El plan del gobierno carece de medidas concretas para enfrentar la recuperación en la industria y, al mismo tiempo, frenar la pérdida masiva de empleos, cuyo efecto será nefasto para miles de familias francesas, dijo Jean-Paul Piérot.

Miguel Hernández, adjunto de la alcaldía de Aulnay, comentó que el Estado debería intervenir con mayor fuerza frente a las intenciones de la PSA y calificó el proyecto de Montebourg como cosmético y poco profundo. Las medidas anunciadas, explicó, sólo favorecen a un pequeño sector de potenciales compradores de autos, pero no hay ninguna para apoyar a los obreros que los construyen.

El bloque de Izquierda Demócrata y Republicana acaba de presentar ante la Asamblea Nacional francesa un proyecto de ley dirigido a frenar los despidos masivos y el aumento del desempleo, que afecta a casi tres millones de personas. De acuerdo con la iniciativa, las empresas que hayan distribuido dividendos en el último año fiscal no pueden alegar motivos económicos para recortar puestos de trabajo.

Por otra parte, aquellas compañías que reciban cualquier tipo de subsidio y despidan a obreros, deberán devolver toda la ayuda entregada por el Estado. El objetivo del proyecto es frenar la desindustrialización en un país que, paradójicamente, fue uno de los primeros en sumarse a la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII.

La desindustrialización francesa

Francia asiste a un proceso de desindustrialización y solo en los últimos tres años fueron clausuradas 900 fábricas de diverso tipo y tamaño. En una década, el peso de la industria en el Producto Interno Bruto del país se redujo del 25 al 13%. Como consecuencia de este fenómeno, y a pesar de las campañas oficiales para inducir a la población a consumir en primer lugar lo elaborado en el país, cada año disminuye el número de artículos que ostentan la etiqueta “Made in France”.

El proceso no se ha detenido y, de acuerdo con un listado entregado por los sindicatos al gobierno, hay otras 45 empresas donde se prevén cierres de instalaciones y supresión de puestos. Entre las industrias amenazadas se encuentran la del gigante metalúrgico ArcelorMittal en la comuna de Florange, cuyos altos hornos están apagados desde el año pasado y podría cerrar sus puertas definitivamente.

La planta está ubicada en la región de Lorraine, una zona industrial donde se produjo el acero para fabricar la torre Eiffel, principal símbolo de París. Unos cinco mil obreros quedarán sin empleo si ArcelorMittal decide clausurar la metalúrgica, al igual que ya lo hizo con otras instalaciones en Bélgica y Madrid.

Mientras, en la ciudad de Toulouse la firma farmacéutica Sanofi estudia desmantelar un centro de investigaciones, como parte de un plan de reorganización que prevé el despido de entre 1.200 y 2.500 trabajadores. Otro grupo, el Doux, líder europeo de las aves de corral, prevé también despedir a una buena parte de sus 3.500 empleados en Francia. Los problemas de esa firma afectan, además, a unos 200 pequeños granjeros que la proveen de materia prima, algunos de los cuales no han recibido sus pagos desde hace más de cuatro meses.

A todo lo anterior se suma un plan de reestructuración anunciado recientemente por la empresa Air France que contempla la cancelación de 5.122 empleos en los próximos dos años para reducir sus costos de operación. El plan para equilibrar las finanzas contempla modificar vuelos de corto y mediano recorridos y cerrar varias oficinas dentro y fuera del país.

Esta semana también el grupo franco estadounidense de comunicaciones Alcatel-Lucent anunció la supresión de cinco mil puestos de trabajo de aquí al 2013, muchos de ellos en Francia. Según el director general Ben Verwaayen, la firma sufrió una pérdida neta de 254 millones de euros en el segundo trimestre, frente a los 43 millones de beneficios logrados el año pasado.

Para reducir los costos en 1.250 millones de euros de aquí a 2013, Alcatel-Lucent presentó un plan de reestructuración que incluye el recorte de plantillas, el cese de contratos de servicios y la salida o modificación de la estrategia en los mercados no rentables. El programa afectará a 6,4% de los empleados del grupo, que cuenta con 78 mil trabajadores en todo el mundo.

Aunque los problemas económicos en la eurozona son innegables, es cierto que muchas de estas empresas aplicaron durante años políticas equivocadas que agravaron la situación y ahora pretenden hacer caer todo el peso de la crisis sobre los asalariados. Según denunciaron los sindicatos en un reciente informe entregado al gobierno, por lo menos 45 empresas prevén cierres de instalaciones o supresión de plazas en los próximos años.

Solo en junio otras 23 mil personas quedaron sin trabajo en Francia, de acuerdo con el más reciente reporte de la agencia estatal Pole Emploi. Con este incremento, el número total de parados asciende a 2,9 millones y, de seguir por ese camino, la barrera simbólica de los tres millones de desempleados se rebasará en septiembre próximo.

* Jefa de la corresponsalía de Prensa Latina en Francia.