Preguntábamos ¿qué le empuja al gobierno a construir la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos contra viento y marea? Contra la Constitución, contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, contra las leyes ambientales, contra las normas de contratación de bienes y servicios, contra el sentido común. También preguntábamos por qué arriesga su prestigio, su imagen, su estabilidad, incluso su futuro. ¿Qué intereses se juegan como para arriesgarlo todo?

Lanzábamos varias hipótesis, primero la que tiene que ver con su compromiso con el IIRSA, segundo por su compromiso con el gobierno de Brasil, también con la empresa constructora OAS, que puede ser sustituida por otra empresa, después hablábamos de sus compromisos con las empresas trasnacionales del petróleo, interesadas en la exploración y explotación en la Amazonia. Algún rato también sugerimos intereses madereros y de construcción de represas, fuera del comercio ganadero de Rondonia, uno de los estados federados de Brasil, colindante con Bolivia. Pero, nunca dejamos mencionar el interés de los cocaleros excedentarios por ampliar la frontera agrícola para el cultivo de la hoja de coca. De todas las hipótesis, está última parece la más fuerte, la que mejor termina interpretando el conflicto del TIPNIS, sin excluir las otras hipótesis.

Lo que pasa en el polígono siete es categórico, declarada zona roja por sus vínculos con el narcotráfico hace unos años, zona donde se cultiva coca excedentaria y se produce cocaína, donde se han encontrado pozos de maceración y una mega-fábrica de cocaína[1]. Donde no solamente corre el comercio ilícito sino los otros comercios, que terminan creando un clima adverso a la ecología y a las quince comunidades indígenas que todavía sobrevivían, además de corroer la cohesión social. Ahora sólo queda una, Santísima trinidad. No se sabe cuántas fábricas de cocaína más hay en el TIPNIS y pozos de maceración. El polígono siete es la zona de avasallamiento del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), es el desborde de la presión de los cocaleros del Chapare, quienes agotaron la tierra con la expansión de los cultivos de la coca excedentaria y requieren expandirse en el parque colindante. La economía política de la cocaína se ha incrementado desbordantemente ocupando la geografía del país, tomando zonas de cultivo de la coca excedentaria, ubicando distributivamente lugares de producción de la cocaína, generando una intensidad de intercambios en las fronteras. Articulando este tráfico ilícito a otros tráficos, contrabandos, tráfico de tierras, de autos chutos, tráfico de armas, lavado de dinero, comprometiendo al sistema financiero y a la proliferante empresa de la construcción.

En la medida que la economía política de la cocaína se hace gravitante, toma espacios del campo económico ordinario, no solo se distorsiona el funcionamiento económico, reforzando la economía política del chantaje, la corrupción los circuitos de influencia, el prebendalismo y el clientelismo, sino se afecta al propio campo político, condicionando sus comportamientos. Este es un momento grave pues el campo burocrático puede empezar a caer al servicio de esta economía política del chantaje. Un campo político afectado por esta gravitación de la economía política de la cocaína termina modificando las propias lógicas políticas, la propia significación de la distribución de las fuerzas en un espacio incursionado por estos circuitos altamente coercitivos. No solo cambia la significación y valoración de estas fuerzas, sino también el funcionamiento y la distribución de las fuerzas en el campo, al ir modificándose la estructura gravitante del campo político.

Esto no ocurre de golpe, sino que es un proceso; todo depende de las circunstancias y las condiciones. Cuando son apropiadas, la expansión es más rápida y profunda. Los involucrados tienen una serie de mañas para justificar lo que hacen; en principio se piensa que es sólo un tiempo, como una acumulación originaria familiar; también los que no se involucran del todo distinguen la comercialización de la hoja excedentaria de la producción misma de la cocaína. Después los que se hacen de la vista gorda, también tienen sus procedimientos de justificación, sobre todo sus procedimientos de filtro de la información. Se hacen presentaciones espectaculares de incursiones, de allanamientos, de descubrimientos de pozos y de fábricas, incluso se presentan a los involucrados, empero la magnitud de lo que ocurre se esconde, los peces gordos nunca son encontrados. El dinero que mueve la economía política de la cocaína es tan grande que tiene capacidad de comprometer a funcionarios, que poco a poco se van convirtiéndose en cómplices, después en parte de una red invisible, paralela, a la que termina respondiendo. Cuanto más avanza esta expansión más comprometidas se encuentran las instituciones del Estado. Al final es difícil escapar de las lógicas de la economía política del chantaje, terminan estas imponiéndose. Eso parece ocurrir en el conflicto del TIPNIS.

No hay otra interpretación adecuada a explicar el comportamiento sinuoso del gobierno. Compromisos y convenios antelados firmados, trazos de la carretera avanzados, anunciación anticipada de la carretera. Cuando estalla el conflicto, el uso de un lenguaje autoritario, “la carretera va si o si”; cuando se inicia la marcha, descalificación de los dirigentes indígenas, acusaciones de todo tipo, sobre todo de conspiración; cuando la marcha esta cerca de la sede de gobierno, movilización de fuerzas afines para bloquear a la marcha; cuando está más cerca, represión; cuando llega a la sede de gobierno y recibe un apoyo multitudinario, retroceso estrepitoso, aprobación de una ley en defensa del TIPNIS, la 180; cuando se van los marchistas, nuevamente el contragolpe certero, buscar la abrogación de la ley promulgada, movilización de otras fuerzas como contramarcha. Después ante resistencias sostenidas a la abrogación, la promulgación de una ley a la que se la nombra de consulta, la ley 222, aunque nada tenga que ver con una consulta apropiada a los pueblos indígenas, establecida constitucionalmente. La respuesta indígena no se deja esperar, nueva marcha, la llamada IX marcha indígena; empero, recomienza nuevamente la táctica atenazadora del gobierno, otra vez el ataque y la descalificación a la dirigencia indígena, la guerra sucia, sin embarco, esta vez se tiene el cuidado de decir que se va a respetar a la marcha, empero en la práctica se hace todo lo contrario, se hace todo para que la marcha no avance. Es más, se ocupa militarmente el TIPNIS, se presiona, se chantajea, se distribuyen regalos, se firman convenios y compromisos, se amenaza, se exige a las comunidades que no se participe en la marcha. Cuando la marcha indígena nuevamente llega a la sede de gobierno, haciendo un gran esfuerzo, resistiendo al ataque de todo el aparato de Estado, y recibiendo nuevamente el apoyo de la ciudadanía, no se dialoga con la dirigencia de la marcha, se selecciona corregidores a dedo, con quienes se firman compromisos para efectuar la consulta espuria. Saltando a la representación orgánica y legitima de los pueblos indígenas. Se dice que esta maniobra ya es el consentimiento de los pueblos indígenas, contra toda lógica, sentido común e interpretación de la Constitución y los convenios internacionales, creyendo que se puede imponer el consentimiento desde la fuerza del Estado y el capricho del gobierno.

La estructura de la ley 222 es de imposición, preguntas anteladas que inducen a la inclinación por la carretera, el protocolo es peor, una invención insólita de formas de consulta, de identificación de representaciones, violando no sólo los requisitos de la consulta, que exige la presencia ineludible de las representaciones orgánicas y legítimas de las naciones y pueblos indígenas, sino también las normas y procedimientos propios, establecidas en los derechos de las naciones indígenas originarias, consagradas en la Constitución. Incluso se desoye la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que debe haber consentimiento y consenso como requisito indispensable a la consulta.

¿Cómo explicamos esta conducta sinuosa? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que los gobernantes y los asambleístas no se inmutan ante tan extravagantes contradicciones? ¿Qué los hace tan indolentes o tan desvergonzados? Siguen recurriendo a toda clase de justificaciones, presentaciones arbitrarias, versiones inconsistentes de los que ocurre. Promoviendo reuniones sin los dirigentes del TIPNIS y de la marcha indígena o, en su caso, tratar de diluirlos en reuniones donde se pierdan, en un mar de corregidores que firmaron acuerdos con el gobierno. Esta actitud violatoria no sólo es soberbia, sino todo un despliegue de incoherencias. ¿Qué se pretende? ¿Sustituir los mecanismos democráticos establecidos constitucionalmente, en lo que respecta a los pueblos indígenas, por los mecanismos inventados por el gobierno, por mecanismos teatrales, que pretenden ocultar la voluntad del gobierno, “la carretera si o si”? No se sabe a ciencia cierta, tampoco se sabe si lo sabe el gobierno, si lo saben los gobernantes que ponen cara de saberlo. Lo más probable es que nadie lo sepa, que todos sean empujados por un magma de acontecimientos, tragados no solamente por la masa bullente, sino, en el proceso de cristalización, sean arrastrados por estructuras que no controlan y relaciones de poder que reproducen sus prácticas de una manera hereditaria sino espontánea.

Hay que entender el contexto en el que se mueven estos eventos, el campo social, el campo político y el campo burocrático en el que se desenvuelven los acontecimientos descritos. Hay que comprender su intensidad coyuntural. Con la pretensión de interpretar estos escenarios, hay que por lo menos hacer dos anotaciones. Una anotación es local o, si se quiere micro-regional, tiene que ver con el peso de la Federación del Trópico de Cochabamba en el campo político, por lo tanto con el peso gravitante de las federaciones cocaleras del Chapare, entonces de los sindicatos y familias involucradas en el cultivo de la hoja de coca excedentaria. La otra anotación tiene que ver con el campo social; se trata del peso de otros sectores sociales que terminan reforzando el modelo extractivistas. En primer lugar están los llamados cooperativistas, sobre todo los cooperativistas mineros, quienes por su vinculación a la explotación de minerales, se encuentran íntimamente vinculados a la economía extractivista. En segundo lugar están los colonizadores, quienes por las características de los asentamientos en los que se encuentran, generalmente las zonas y regiones del trópico, son como una avanzada agraria en el sentido de la ampliación de la frontera agrícola. Ahora bien, ninguno de estos sectores es un sector homogéneo, mas bien son heterogéneos. Hay que identificarlos y describirlos de acuerdo a sus composiciones diferenciales; en el caso de los colonizadores, de acuerdo a los rubros agrícolas a los que se dedica. De todas maneras más de un millón y medio de afiliados a la Confederación de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB), que así se nombran desde la Constitución, están interesados en la ampliación de la frontera agrícola; esta inclinación los lleva a apoyar la forma del modelo extractivista, modelo que refuerza la explotación minera con el estilo de agricultura expansiva, de productos altamente comerciales. Por lo tanto hay que entender los papeles, las funciones, los roles, que juegan estos sectores sociales en el campo social, sobre todo comprender la forma como irradian en el campo político y terminan convirtiéndose en el apoyo social al gobierno, a la forma de gubernamentalidad populista, en este contexto a la continuidad expansiva del modelo extractivista.

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta estos contextos es sugerente evaluar la dinámica y la articulación de los campos, del campo social, del campo político, del campo burocrático, del campo escolar y de otros campos paralelos, que son el resultado de circuitos de influencia y de clientelismo, campos que sorprendentemente hacen reaparecer y refuerzan una figura, si bien no desparecida, sin embargo intermitente en la historia política. Hablamos de la figura carismática de la política, que hace reaparecer en el campo político escenarios que recuerdan a las dinastías o, mas bien al juego dual entre la casa de la familia, que en este caso viene a ser la casa de los amigos, y la universalidad reclamada por el campo burocrático. Este juego dual confunde el Estado con el patrimonio personal, usa el patrimonio de todos, que es el Estado, como si fuese patrimonio personal, patrimonio familiar o de libre disponibilidad de los amigos[2]. Esta confusión se da precisamente por la presencia de esos otros campos de fuerza que tienen que ver con la clientela, la influencia, la coerción y el chantaje. Lo que comúnmente se llama corrupción, que tiene que ver con la corrosión de relaciones, estructuras e instituciones sociales, es el resultado del juego de campos paralelos, basados en otras lógicas y valorizaciones, distintas a la universalización y a los valores reconocidos institucionalmente, aunque estos correspondan mas bien a una pose, al ejercicio consabido de una hipocresía desenvuelta. Son lógicas de fuerza que ponen como centro gravitante el interés exacerbado de grupos de poder y de influencia, basados en lealtades y complicidades.

La expansión de los cultivos excedentarios de la coca ha creado una geografía en crecimiento comprometida con la economía política de la cocaína. Hablamos de más de 30.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca, por lo tanto, teniendo en cuenta que los cultivos tradicionales admitidos legalmente son de 12.000 hectáreas, tenemos un excedente del orden del 60% que se va a los circuitos de producción y comercialización de la cocaína[3]. Es probable que estas cifras sean todavía estimaciones bajas, pues corresponden a cálculos hechos el 2007; cinco años después estas cifras han variado, con gran probabilidad de que hayan crecido a favor de la expansión excedentaria. Como puede verse, hablamos de una dinámica económica pujante, de un mercado demandante y también en crecimiento, a pesar de que tiene que saltar varias vallas y controles, fuera de que el precio cada vez es más alto, contando con tecnologías de producción más rápidas y ágiles. Se puede entender la fuerza que cobra esta geografía del cultivo de la coca excedentaria, que contiene el campo de la economía política de la cocaína, campo que a su vez se relaciona con lógicas clientelares, de circuitos de influencia, de coerción y de chantaje, lo que define un nuevo campo paralelo, empero de incursión, de influencia, afectando y distorsionando el funcionamiento de los otros campos. Los grandes flujos dinerarios se trasladan y se convierten en compras de lavado, en contrabandos, en otros tráficos, en construcciones, también en el lavado de dinero en el sistema financiero.

Se puede observar que este espacio económico se convierte en gravitante en la medida que se despliegue y articula como un campo paralelo. Este espacio peculiar abarca sus articulaciones, sus actividades, sus ocupaciones territoriales, sus cultivos, por lo tanto sus técnicas de cultivo, también sus producciones, sus circuitos, tráficos y conversiones, así como sus clientelas y los ámbitos institucionales donde penetra.

Algunos datos pueden ayudarnos a entender las dimensiones de este campo paralelo. Los cultivos de coca en el país producen aproximadamente 55.500 toneladas métricas de hoja de coca secada al sol. El precio promedio de hoja de coca en los mercados autorizados se ha incrementado en 22%, mientras que el precio promedio en el trópico de Cochabamba se incrementó en 37% respecto 2009.Por otra parte, los precios de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína se mantuvieron estables.Los niveles de incautación de hoja de coca disminuyeron en 2010 de 1.575 toneladas métricas a 1.015 toneladas métricas.Las incautaciones de clorhidrato de cocaína decrecieron de 4.922 toneladas métricas en el 2009 a 3.390 toneladas métricas en el 2010.

En el 2010 el valor de la producción de hoja de coca en Bolivia alcanzó aproximadamente US$ 310 millones.El valor total de producción de hoja de coca equivale al 1,7% del PIB en lo que corresponde al 2010 o, en su caso, al 12% del PIB del sector agrícola en el 2010. Empero, ¿cuánto se mueve por concepto de cocaína?

Una de las estimaciones, que podríamos llamarla hipótesis baja, calcula que el narcotráfico mueve en Bolivia más de 1000 millones de dólares. ¿Es una cifra subvalorada o sobreestimada? Al respecto, hay que tener en cuenta algunas características; en primer lugar que Bolivia es además de país productor de cocaína, país de tránsito de cocaína. Parece que el tránsito más importante viene del Perú y se destina a Brasil. Ciertamente que a ciencia cierta no se sabe cuánto en realidad de dinero se mueve por concepto de narcotráfico, empero podemos darnos una idea de los alcances teniendo en cuenta las estimaciones que hace la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, sobre todo tomando en cuenta la estimación del movimiento dinerario en el mundo por concepto de narcotráfico; se estima que se trata de unos 72 mil millones de dólares. Por otra parte, se puede hacer una estimación gruesa a partir del precio promedio del gramo de cocaína en Estados Unidos, que es del orden de 97 dólares, teniendo en cuenta otra estimación, de la cantidad de cocaína que se produce en Bolivia, que, en una de sus evaluaciones supone que es del orden de 90 toneladas al año, lo que significa que hablamos de más de 8.700 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra comprende no solamente a Bolivia, sino a todo el probable recorrido de la cocaína boliviana hasta los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto estarían involucrados varios países en esta “acumulación”. Cifra asombrosa si consideramos el PIB de Bolivia. El año del 2011 se calculó que el PIB alcanzó los 23.000 millones de dólares. Lo anterior implicaría que estaríamos hablando de un monto que llegaría alcanzar el 38% del PIB de Bolivia. Lo que no deja de ser asombroso. Sin embargo, al respecto, debemos considerar que estamos hablando del precio promedio en Estados Unidos; no se compra a ese precio en Bolivia. ¿Cuánto es el costo promedio de la cocaína en Bolivia? Por otra parte, no se debe olvidar que la estimación de que la producción de cocaína es de 90 toneladas, no sólo es una estimación, sino que se basa en la hipótesis del incremento, vale decir que antes se estimaba la producción en unas 60 toneladas. De las cuales se decía que se confiscaba el 40%, ahora se dice que sólo se llaga a confiscar el 20%. Todas estas cifras son en todo caso vagas, inciertas y problemáticas, empero, no se trata de tener cantidades exactas, sino de usar las cifras como diseño de un mapa hipotético de los alcances de esta economía paralela[4].

Otros datos nos dicen lo siguiente:

La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (UNODC) calcula que entre Colombia, Bolivia y Perú producen anualmente 1.100 toneladas de cocaína. De ese total unas 170 toneladas son decomisadas en los países productores. Al mercado externo salen 930 toneladas.A los Estados Unidos de Norte América, el principal consumidor de drogas ilegales del mundo, se destinan 500 toneladas anuales. A Europa se envían 280 toneladas y las 150 restantes se distribuyen en todos los otros países del Continente Americano, entre ellos México.En los últimos años se ha reducido la extensión del área de cultivo en Colombia, pero ha crecido la de Perú y Bolivia que ahora en conjunto siembran unas 40 mil hectáreas. Los productores colombianos han aumentado su productividad en un 27 %.La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha corregido su estimación anterior; ahora asegura que de una hectárea de cultivo de coca no se sacan 4.7 kilos sino 7.3 kilos de cocaína.El kilo de cocaína pura se vende en Colombia a mil 500 ó mil 700 dólares y al cruzar a Panamá el precio es ya de dos mil ó dos mil 500 dólares y va aumentando en la medida que avanza en su recorrido hacia los Estados Unidos.En México el kilo, en la frontera Norte, alcanza los 12 mil ó 15 mil dólares y al ingresar a Estados Unidos vale 20 mil dólares y ese mismo kilo se vende en 30 mil dólares al llegar a Nueva York, en la costa Este, o a Seattle, en la costa Oeste.En el mercado estadunidense el kilo de coca pura se “rebaja” para obtener cuatro kilos que son los que se destinan al menudeo por los cuáles se obtiene, en las grandes ciudades de ese país, unos 120 mil dólares.El precio de la cocaína para el mercado interno de México es considerablemente menor al de Estados Unidos, donde un gramo de cocaína pura se obtiene por 100 dólares, en tanto que en México se consigue el gramo por menos de 30 dólares, aunque en Colombia se puede compra a sólo dos dólares.El precio de la cocaína ha caído a nivel mundial a pesar de la política de interdicción que buscaba precisamente lo contario. Lo mismo ha sucedido en México a pesar de la “guerra” contra los narcotraficantes.El ejemplo más claro es que al inicio de los ochenta un gramo de cocaína en Estados Unidos valía 800 dólares y ahora solo 100; esto a pesar de que según la UNDOC la producción pasó de 353 mil toneladas en 1999 a 236 mil toneladas en 2008[5].

El cálculo de que por hectárea de cultivo de hoja de coca se obtiene 7,3 kilos de Cocaína nos lleva a estimar que de las 19.000 hectáreas excedentarias de hoja de coca podrían salir unas 138 toneladas de cocaína. Claro que no necesariamente es así, pues no se sabe cuánto de esta coca excedentaria se destina a la producción de cocaína, cuánto se produce en Bolivia, cuanto sale fuera de Bolivia para producir cocaína. Tampoco se sabe cuál es la relación con la cocaína en tránsito. Como se puede ver el tema es bastante complicado. Empero lo que importa nuevamente no es saber los datos exactos, sino de contar con un mapa de posibilidades de lo que ocurre. Ahora bien teniendo el precio promedio de la cocaína estimado en México, que es de 30 dólares el gramo, tendríamos un movimiento de 2700millones de dólares de cocaína boliviana. ¿Cuánto es el precio de la cocaína en Bolivia? ¿La mitad, menos, más? Si estimamos que el precio promedio en Bolivia es de la mitad que en México, tendríamos que el movimiento dinerario llegaría a los 1350 millones de dólares.

¿Cuánto es el monto que se mueve en Bolivia? ¿Más de 1000 millones de dólares? ¿Llega a los 1500 millones de dólares, sobrepasa esta cifra, se aproxima a los 2000 millones de dólares? Estas parecen las cifras más adecuadas para darse una idea del alcance de la dinámica económica de esta campo paralelo. ¿Cuánto dinero se mueve en Bolivia por concepto de la economía política de la cocaína? Imposible saberlo, empero podemos tener ya una idea de la magnitud de los posibles alcances, tener un mapa de la fuerzas de esta economía paralela y deducir algunas consecuencias.

Tomando en consideración este contexto podemos volver a interpretar el conflicto del TIPNIS. Comenzaremos con algunas anotaciones rápidas, más bien descriptivas, de lo que pasa en el TIPNIS y sus contornos.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tiene una extensión de 1,2 millones de hectáreas. Está situado entre los departamentos de Beni y Cochabamba; se encuentra tanto en las provincias de Mojos y de Marbán del Beni como en la región del Chapare de Cochabamba. Es un territorio que se asemeja a un triángulo cuyo ángulo de referencia apunta hacia el sur; el TIPNIS es parte de la jurisdicción de los municipios benianos de San Ignacio de Moxos y Loreto, así como del cochabambino de Villa Tunari. El Territorio Comunitario de Origen (TCO) del TIPNIS abarca aproximadamente un millón de hectáreas, en tanto que el llamado polígono siete, la zona de avasallamiento del parque por los colonizadores, tiene aproximadamente unas 250 mil hectáreas. La indefinición del límite departamental, la presencia ilegal de madereros, lo que podríamos llamar el mapa de escasez, también la carencia de guarda-parques, las relaciones conflictivas con los colonos y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, corresponden a una descripción sucinta de los problemas que afectan a los habitantes del Territorio Comunitaria de Origen (TCO) del TIPNIS. De todos los problemas descritos, el que es parte notoria de la agenda del conflicto es la construcción de la carretera financiada por el BNDES y apoyada por el gobierno de Brasil.El proyecto caminero y las discrepancias con los ahora llamados interculturales, conocidos también como colonizadores, son los temas que más contrarían a los indígenas de la TCO del TIPNIS. Las intensidades del conflicto se pueden compulsar en distintos momentos de tensión. En septiembre de 2009 un enfrentamiento entre cocaleros y comunarios del TIPNIS derivó en la muerte de un colono, que intentaba sembrar coca en la zona del territorio indígena y parque, protegido por las leyes ambientales y la Constitución.Aunque toda la carretera esté cuestionada, lo que está abiertamente impugnado es la construcción del llamado tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El trazo de esta vía dividirá en dos el área protegida y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). La carretera de pavimento rígido se extendería en una línea casi recta de 306 kilómetros por 9,3 metros de ancho. La obra requeriría una inversión de 436,2 millones de dólares, de los cuales 332 millones provendrían de un crédito blando del BNDES.De acuerdo al diseño presentado por OAS y el plan de trabajo aprobado, el camino será construido en tres tramos; el tramo I, desde Villa Tunari hasta Isinuta, en Cochabamba; el tramo II, desde Isinuta hasta Montegrande de la Fe, zona colonizada; finalmente, el tramo III: Montegrande de la Fe hasta San Ignacio de Moxos, en el Beni.Las organizaciones indígenas comprometidas en el conflicto denunciaron que la proyectada vía que cruzaría por su territorio va ocasionar la muerte del parque y a la desaparición del territorio indígena. Esta muerte y esta destrucción significan la destrucción de un ecosistema rico en biodiversidad, caracterizado por ser una especie de centro de la producción y del recorrido de los ciclos del agua en Bolivia, articulando además a ecosistemas y regiones ecológicas colindantes. La posibilidad de esta muerte anunciada nos presagia el ejemplo de lo que ocurre con los chimanes, cuando aparecen extraños en sus territorios. Los chimanes no se adaptan fácilmente a convivir con otras personas ajenas a su cultura, prefieren mudarse cuando empiezan a ser invadidos. Teniendo en cuenta esta experiencia, la construcción de la carretera y la presencia de extraños en los territorios indígenas provocarían la migración de las comunidades chimanes, yuracarés y trinitarios-moxeños a las ciudades. La comunidades interculturales o colonos, que son parte de las federaciones de cocaleros del Chapare, apoyan la construcción de la carretera; se supone que tendrán facilidad para llevar sus cosechas de coca a los centros de comercio del Chapare. Sin embargo, otros sectores aseguran que los colonizadores atravesarán la “línea roja”, que es la línea que se definió como límite entre la zona del polígono siete y la TCO del TIPNIS, línea que divide dos espacios económicos, culturales y sociales diferentes, el de los colonizadores y el de los indígenas de la TCO del TIPNIS. Tomando en cuenta las condiciones descritas, es de esperar que la construcción de la carretera va provocar la expansión consecuente de los cocales a la TCO del TIPNIS. Esto ya ocurrió con la zona de avasallamiento, dónde se desforestó despiadadamente el bosque en aras del cultivo de la coca excedentaria. Por otra parte, se impuso la articulación perversa coca excedentaria – cocaína, como un devenir cocaína de la coca excedentaria. No olvidar que el polígono siete fue declarado zona roja por su vinculación con el tráfico ilícito, por su comercialización de la coca a los circuitos del narcotráfico, además de ser zona productora de cocaína. Como dijimos, el TIPNIS cobija a los pueblos indígenas moxeños, que habitan al norte, a los yuracares, que se distribuyen hacia el sudeste, y a los chimanes, que se distribuyen hacia el noroeste; los tres pueblos son reconocidos por la Constitución Política del Estado.En lo que respecta a las representaciones y organizaciones indígenas en toda el área del TIPNIS, comprendiendo tanto a la TCO como a los del polígono siete, se desempeñan tres organizaciones: la Subcentral de Cabildos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, la conocida Subcentral del TIPNIS, fundada en 1988; la Subcentral Sécure; y el Consejo Indígena del Sur, conocido como CONISUR.La Subcentral TIPNIS es la más antigua, siendo la organización legítima y representativa de la TCO. Las dos primeras organizaciones cuentan con el aval de diversas instituciones matrices de tierras bajas: la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) reconoce a la Subcentral TIPNIS y obviamente también la CIDOB; el Consejo de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) reconoce a la Subcentral del Sécure y la Coordinadora de los Pueblos del Trópico de Cochabamba (CPITCO). En cambio el CONISUR está afiliado a las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba. De acuerdo al Censo Nacional 2001, la Tierra Comunitaria de Origen del TIPNIS cobija a 12.388 habitantes, distribuidos en 64 comunidades; sin embargo, algunas ONGs aseguran que son cerca de 15 mil. De acuerdo a apreciaciones de la Fundación Tierra, este número es pequeño frente al número de los colonizadores que se asentaron en el polígono siete. Retomando los datos, Los colonos representan unas 20.000 familias que están asentados en 52 sindicatos agrarios, agrupados en ocho centrales. Los sindicatos dependen de la Federación del Trópico de Cochabamba, una de las seis federaciones de productores de coca del Chapare [6].

Este repaso descriptivo nos ayuda a comprender las dimensiones del problema, tener un mapa de alances y posibilidades, aunque este mapa no corresponda a datos exactos, sino sólo nos sirva como referencia en el análisis. Por lo menos debemos asentir que el peso de la economía política de la cocaína es gravitante, también que la influencia de las federaciones cocaleras del Chapare es preponderante, tanto por las razones económicas como por la razones políticas, debido a la proximidad al presidente, por ser además el presidente de las federaciones cocaleras, que tienen en su dirección nada más ni nada menos que al presidente del Estado. Por otra parte, la alianza que se da entre las federaciones cocaleras del Chapare, colonizadores y campesinos, termina formando un bloque de respaldo al gobierno, que ciertamente también es un bloque de influencia. Si a esto le sumamos la presión de las cooperativas mineras, las que se encuentran directamente comprometidas e interesadas con el modelo extractivista, se termina conformando un espacio social de respaldo al gobierno, pero sobre todo a la política económica, que no ha dejado de ser monetarista, nacionalista y, sobre todo, extractivista. Entonces podemos evaluar los condicionamientos, las exigencias, los intereses de los cocaleros excedentarios como determinativos en las consideraciones y accionar del gobierno. Si algo puede llegar a explicar, llegar a ser una hipótesis plausible, es esta interpretación de la conducta sinuosa del gobierno y de su política descabellada en el conflicto del TIPNIS. En un abanico de intereses en juego, ya mencionados, el que parece ser eje determinante es el interés de las federaciones cocaleras en expandir la frontera agrícola, con el cultivo de la hoja excedentaria, afectando a los territorios indígenas y parques protegidos por las leyes y la Constitución.

Notas:

[1] Ver el artículo Hallan 154 pozas de maceración de coca y 84 fábricas de cocaína en las tierras del Conisur. Bolpres; 25 de junio de 2012.

[2] Revisar de Pierre Bourdieu Sur L’État. Cours au Collège de France 1989-1992. Raisons d’eagir,Seuil. París 2012.

[3] Arzobispado de La Paz. ONU revela que en Bolivia existen 19 mil hectáreas de coca excedentaria. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) detectó 31.000 hectáreas de cultivos de la hoja de coca en diferentes zonas de Bolivia, entre ellas zonas no tradicionales como los parques nacionales como Isiboro-Sécure y Carrasco del trópico de Cochabamba, donde aumentaron las plantaciones en 2010. Septiembre de 2011.

[4] Revisar de notas del IBCE E-043/2012. Nota de prensa. La “reprimarización” y sus “frutos”: Las exportaciones ayudaron a que el PIB boliviano crezcan más de 8.000 millones de dólares entre el 2006 y 2011. Entre 2005 y noviembre de 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia subió de 9.500 millones a 17.700 millones de dólares. A esta alza contribuyeron las exportaciones de materias primas -hidrocarburos y minerales- gracias al incremento generalizado de precios durante dicho período. Prueba de ello es lasubida del PIB per cápita en los Departamentos de Tarijaque pasó de 2.332 dólares el 2005 a 4.225 dólares el 2010, siendo el primer exportador de gas natural del país; y,Potosí, cuyo ingreso por habitante en solo 5 años pasó de 563 dólares a 1.770 dólares, según reportó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Si bien el PIB boliviano podría cerrar el 2011 con un nivel superior a los 22.000 millones de dólares, lo cierto es que su tasa media de crecimiento en los últimos seis años fue del 4,66%, casi igual al registro del 2005 cuando el auge mundial se empezó a sentir con fuerza en las exportaciones de un país que ha vuelto al “viejo modelo primario-exportador” que se creía superado hace décadas, luego de experimentar la “reprimarización” de sus ventas externas en más de un 80%.

[5] En el Animal Político. Lo que quiso decir. De Rubén Aguilar. La cocaína: producción y precio. 8 de febrero de 2011.

[6] Noticias de Bolivia. TIPNIS, los puntos en conflicto. 16 de julio del 2012.

* Activista de Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/