El jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso abstracto de nulidad contra los artículos 144, 145 y 146 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, que instruyen la suspensión de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales electos a simple acusación formal de la Fiscalía.

El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” del 19 de julio de 2010 instruye la suspensión temporal en el ejercicio de su cargo de Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Máxima Autoridad Ejecutiva Regional, Asambleístas Departamentales y Regionales, y Concejalas y Concejales de las entidades territoriales autónomas, cuando se dicte una Acusación Formal en su contra.

El artículo 145 de la mencionada Ley determina que para proceder a la suspensión temporal de funciones necesariamente el fiscal comunicará la suspensión al órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma respectiva, el cual dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad acusada designando, al mismo tiempo y en la misma resolución, a quien la reemplazará temporalmente durante su enjuiciamiento.

El artículo 146 establece que si concluido el juicio el juez determinare la inocencia de la autoridad procesada, en la misma sentencia dispondrá su restitución inmediata al cargo sin perjuicio de los recursos legales que la Constitución y las leyes franquean a las partes y al Ministerio Público.

Según la acción abstracta de inconstitucionalidad interpuesta por Dorado, los anteriores artículos vulneran el art. 28 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que el ejercicio de los derechos políticos se suspende, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida, solo en tres casos: por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria.

Además, el art. 116 de la CPE “garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Por otro lado, el art. 117 señala que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.

Fundamentación jurídica de la demanda

En su demanda, el diputado Dorado argumenta que si bien la suspensión temporal puede darse en determinados casos reglados, el establecer un artículo exclusivamente para regular un único caso, señalando como causal “cuando se dicte en su contra Acusación Formal” sin especificar otra situación, rompe el equilibrio constitucional, puesto que dicha norma viola el art. 28 de la Constitución y también lesiona el art. 144 parágrafo II numeral 2) y parágrafo III de la Constitución, por cuanto coarta el derecho ciudadano a ejercer un cargo público.

“La norma legal impugnada de inconstitucional señala que procede la suspensión temporal por existir acusación formal, en materia penal, lo cual es una aberración jurídica totalmente lesiva a derechos fundamentales y que a su vez son garantías constitucionales, como es la presunción de inocencia (art. 116.1) y el debido proceso (art. 117.1), por cuanto la acusación formal es el resultado unilateral de una de las partes del proceso penal, pues dentro de un proceso penal existen dos partes esenciales: 1) el Ministerio Público que a tenor del art. 21 del Código de Procedimiento Penal Ley 1970, tiene el monopolio de la persecución penal; y la otra parte 2) el imputado que se puede convertir en acusado si es que el Fiscal decide acusar”, expone Dorado.

“En otras palabras la acusación formal es una decisión unilateral de una de las partes, no de un tercero imparcial dentro de la investigación; lo cual no sólo rompe el equilibrio constitucional, sino procesal y judicial; tanto poder unilateral puede prestarse para un chantaje, o ir más allá sobreponiéndose a otros intereses de diversa naturaleza, generando un caos y alarma en todo el país… pues no se puede vivir en inseguridad jurídica, en incertidumbre ante un abuso de una de las partes en el proceso penal, convirtiendo a un fiscal de un sujeto procesal a un sancionador o juez paralelo…”.

“He ahí el desequilibrio constitucional, y lesión al debido proceso pues en este caso el mismo se torna en desigual e injusto, y viola la presunción de inocencia, pues el acusador prejuzga y sanciona con suspensión al acusado, cuando ello debe corresponder a un tercero ajeno, que la instancia política administrativa en base a su autonomía, y no el fiscal quien solo debe investigar”, fundamenta el diputado opositor.

En mérito a lo expuesto, Dorado solicita al TCP que declare la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 144, 145 y 146 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N. 031 del 19 de julio de 2010 “ante la evidente inconstitucionalidad de la norma. Si el TCP falla de acuerdo a justicia, tendrá que derogar esos artículos de la Ley Marco”.