Hasta hace pocos años atrás, prácticamente, el país entero se enfrascó en una situación de aparente inviabilidad política a la que el mismo Vicepresidente del Estado Plurinacional denominó como empate catastrófico. Con el fin de superar esta situación de pugna, el actual gobierno junto a los movimientos sociales populares más importantes, implementaron estrategias de confrontación dirigidas a desmontar aquel viejo poder instituido y toda la institucionalidad funcional de la que se valía para sostenerse.

El éxito del afrontamiento de tal situación política, pareciera indicar que tal empate ha sido superado, los grupos tradicionales de poder han salido mal parados de aquella confrontación y por consiguiente prácticamente han dejado de constituir una amenaza para el emprendimiento de construcción de un nuevo Estado, en consecuencia, era de esperar simplemente la optimización de la gestión pública en función a las expectativas de la sociedad civil y la armonía entre los movimientos sociales.

De modo que lo que prevalece en la actual configuración sociopolítica, es la acción colectiva de sectores sociales con demandas reivindicativas postergadas y algunos con capacidad de control social. Es sorprendente constatar cómo se intensifican cada vez más las movilizaciones reivindicativas de una parte de estos mismos movimientos que antes respaldaron militantemente el desmontaje del viejo poder, derivando una situación de conflicto creciente entre el Estado y dichos sectores sociales.

Pese a tratarse de movilizaciones que por su carácter constituyen una alerta sobre las debilidades en la gestión gubernamental, pareciera que para el gobierno se ha congelado aquel momento de quiebre histórico del poder tradicional y es por ello que ve a toda fuerza social con capacidad de acción política como una amenaza a su consolidación política propia y en razón a ello es que tiene en la confrontación un método de respuesta indiscriminada.

Pareciera que para el gobierno proliferan los fantasmas de la conspiración, de la desestabilización, de la traición, y se empeña en enfatizar la doctrina de “o estás conmigo o en contra mío”. Es por ello que toda movilización en contra de la gestión de gobierno es confrontada con toda la fuerza del poder estatal y la de los sectores sociales que aún le son afines, como los campesinos e interculturales.

¿Acaso la marcha del TIPNIS y todas las demás movilizaciones sociales realizadas en el país son vistas por el gobierno como otro empate catastrófico y por eso las combate por fuera y por dentro, es decir mediante la represión policial, el desprestigio mediático y la división orgánica? En el conflicto entre el gobierno y los indígenas por ejemplo, ¿dónde cabe el empate catastrófico? ¿Cuáles son los elementos desestabilizadores de la plataforma de demandas de 9 puntos de la novena marcha indígena, o de los 16 puntos de la octava marcha o de cualquiera de las anteriores marchas indígenas?

¿Acaso no es abismal la diferencia entre una acción social reivindicativa y una acción conspirativa? ¿Acaso es tan fácil confundir una acción movilizada de control social ante la deficiencia de gestión de gobierno y un emprendimiento golpista?. En el país hemos sufrido lo suficiente de golpes de estado como para diferenciarlos de una legítima movilización social y es por ello que las denuncias “golpistas” que el gobierno atribuye a las movilizaciones sociales no logran credibilidad entre la opinión pública.

La hostilidad gubernamental a la novena marcha indígena fue correlativa a la realizada en la octava marcha: aquella vez se la defenestró mediáticamente, en esta ocasión se fue incluso más dura la criminalización a la dirigencia indígena; aquella vez se pretendió interferirla en medio camino (Yucumo), esta vez se lo volvió a intentar en varios puntos de su trayecto; aquella vez se la reprimió en medio camino (Chaparina), esta vez se lo reiteró una vez llegados a La Paz (en las adyacentes a la Plaza Murillo).

Entre lo más duro desplegado desde el gobierno contra la marcha indígena quizá esté el hecho de atribuirle un carácter abiertamente desestabilizador. Se habló del “Plan TIPNIS” donde se pretendía establecer vínculos “golpistas” entre la marcha indígena y otras movilizaciones sociales que al final se desvirtuó por sí mismo y tanto los unos como los otros se mostraron lo suficientemente consecuentes con la democracia.

Pareciera que el concepto de gestión del conflicto está ausente en la actual gestión de gobierno, pareciera que el gobierno tiene al frente sólo oponentes y no así descontentos sociales, pareciera que el gobierno tiene al frente únicamente conspiradores y no así demandas insatisfechas, pareciera que el gobierno tiene al frente solamente golpistas y no así defensores de sus derechos constitucionales.

La acción colectiva de los movimientos sociales tiene una larga trayectoria de consecuencia con la democracia, y desde siempre han usado la movilización como mecanismo para defenderla cuando ésta era desplazada y para fortalecerla cando ésta se distorsionaba. La marcha indígena es también parte de esta tradición y en esta ocasión lo ha demostrado con creces.

*Sociólogo en CIPCA Beni.