¿Quién está podrido? Ya no se trata sólo de señalar al gobierno distanciado de la Constitución, del proceso y de la construcción del Estado plurinacional, sino de constatar los niveles intensos de la ruptura moral en la que han caído los gobernantes. Quiebre moral que se expresa en su exasperada demagogia, en sus desorbitadas acusaciones, en su defensa rabiosa de la carretera extractivista y de la coca excedentaria, en la escalada de la economía política de la cocaína, y la expansión calamitosa del diagrama de la corrupción, los compromisos con las empresas trasnacionales petroleras, mineras y de la construcción.

La melindrosa impostura que acompaña el uso desmedido del monopolio de la violencia, particularmente en su forma grosera de abuso de autoridad. Utilizando argumentos que pretenden ser convincentes, cuando efectivamente desconocen la Constitución; el artículo 30 de la Constitución donde se establece claramente la condición previa de la consulta. Se desconocen las condiciones de posibilidad establecidas por el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que exigen el consentimiento, vale decir el acuerdo con los pueblos indígenas, que se hace con las organizaciones matrices y representativas de los pueblos indígenas, no con los corregidores elegidos a dedo por el gobierno, emborrachados, raptados y obligados a firmar un convenio sobre la impostura de la “consulta”.

Sumando a estos corregidores a la dirigencia del CONISUR, que nada tiene que ver con la TCO del TIPNIS; se trata de propietarios individuales dedicados y comercialización de la hoja de coca excedentaria, además de a la producción de cocaína. Consentimiento quiere decir que la composición de la consulta se la hace con los pueblos indígenas, no son los funcionarios del gobierno quienes la hacen, a su gusto y antojo. Las preguntas se las construye conjuntamente con los pueblos indígenas, en mutuo acuerdo. El protocolo se lo hace también conjuntamente. Ambas, la consulta y el protocolo, no pueden ser amañados, inducir a una respuesta, como la inclinación a la construcción de la carretera del “progreso”. Es más no puede haber prebendas, regalos, intervenciones y condicionamientos de ninguna clase, chantajes y coerciones. Esto anula inmediatamente la legalidad y legitimidad de una consulta, que de por sí ya es espuria.

La impostura de la “consulta” gubernamental además viola la condición de libre, pues prácticamente obliga a los pueblos indígenas, primero asumir la construcción de la carretera, “si o si”, después, una consulta amañada que viola la estructura normativa y conceptual de la consulta. Tampoco es informada. No se informó en lenguas propia sobre los alcances de la carretera y el impacto ambiental. Como se puede ver, toda la conducta del gobierno es sinuosa, tramposa, combinada con violencia desatinada.

Esta imposición bizarra, doble, manipulada y violenta, no pueden aceptarlo las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, tampoco el pueblo boliviano. No vamos a aceptar la sustitución del proceso por una farsa, que más se parece al pacto militar campesino del general populista René Barrientos Ortuño. El proceso ha costado una movilización prolongada de seis años de luchas (2000-2005), como para regalarles a impostores, teatreros políticos y demagogos; impostura, al final, al servicio de la continuidad y extensión del modelo extractivista, comandado por las empresas trasnacionales. El pueblo boliviano ha decidido impedir la imposición de semejante violencia. Exige la construcción consensuada y consentida con los pueblos indígenas, representados en sus organizaciones matrices, de una consulta verdadera.

Pero, para que tal cosa pueda darse, es menester suspender completamente el proyecto carretero, sus convenios explícitos e implícitos, públicos y secretos, con el gobierno brasilero y el IIRSA. La suspensión del préstamo del BNDES, así como la suspensión te toda beligerancia del gobierno contra las naciones y pueblos indígenas originarios, así como toda la campaña incoherente y adulterada publicitaria del gobierno, queriendo manipular al pueblo boliviano, con una falta total de respeto a su comprensión.

La dinámica política y el devenir de las posiciones

La historia política no se reduce a un esquema simplón, al mejor estilo de una inquisición moderna. La idea de una izquierda inmóvil como un faro de antaño y la de una derecha estratificada como piedra sólo puede ser el delirio extravagante de la más pueril inocencia. La izquierda es un posicionamiento que depende de las colocaciones en las coyunturas de un proceso, también la derecha. Esto lo sabemos desde los análisis de Marx en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. El referente en la etapa actual del proceso boliviano es la Constitución y el proyecto de construcción del Estado plurinacional comunitario; el gobierno se coloca a la derecha cuando cree que la Constitución es un libro para la vitrina y se encamina a restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. El gobierno sistemáticamente aprueba leyes inconstitucionales, y se encauza a continuar expansivamente con el modelo extractivista del capitalismo dependiente. Las organizaciones indígenas se colocan a la izquierda, pues defienden la Constitución, la construcción del Estado plurinacional, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, los territorios indígenas y la madre tierra.

La derecha tradicional boliviana, la encarnada en las oligarquías nacionales, ha muerto políticamente después de los acontecimientos del Porvenir. La elecciones del 2009 verifican esta interpretación, no sacó ni un tercio de los votos. No es una fuerza política. Lo que debe preocupar es la derecha efectiva, esa derecha es el gobierno que se opone al proceso y a la Constitución.

Ahora bien, tomando en cuenta un balance histórico, esto pasa con todas las revoluciones, con todos los procesos de transformación, impregnados de contradicciones. De lo que se trata es de resolver las contradicciones en el sentido de la profundización del proceso, no aplaudiendo el desbarrancamiento, no cerrando los ojos de una manera cómplice ante la caída. De lo que se trata es de efectuar la crítica y la re-conducir el proceso. La tarea de la re-conducción se la puede efectuar desde adentro como desde afuera del gobierno, convirtiéndose el afuera en prioritaria y gravitante, sobre todo por la intervención de los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas originarios y el pueblo boliviano; aunque, en ambos casos, adentro y afuera, se lo hace en distintos contextos.

Las tareas fundamentales del gobierno tienen que ver con la aplicación de la Constitución, las trasformaciones estructurales e institucionales deben responder al sentido del espíritu constituyente, demoler el Estado-nación y construir el Estado plurinacional. Las resistencias de los amplios sectores conservadores dentro del gobierno, sin embargo, son más fuertes. No se pudo ir adelante, en el sentido establecido por la Constitución, sino que se cayó en la inercia gravitante de la reproducción del Estad-nación, liberal y colonial. Quedó sin discutir la ley plurinacional comunitaria e intercultural de la gestión pública, planteada como instrumento para efectuar las transformaciones institucionales, en el sentido del pluralismo institucional, que requiere la construcción del Estado plurinacional. Se logró aprobar en gabinete el Plan Plurinacional del Vivir Bien, empero el gobierno retrocedió cundo se dio cuenta que esta ley, consecuente con la Constitución, afectaba el Código Minero y la Ley de Hidrocarburos, leyes inconstitucionales y extractivistas. Se vació de contenido la ley marco de la madre tierra, trabajado durante un año por el Pacto de Unidad, dándole una forma adecuada al modelo extractivismo, destruyendo precisamente el postulado primordial de la ley, que establece que no hay recursos naturales, que ésta es una concepción extractivista y capitalista, sino seres, componentes y bondades de la madre tierra, comprendiendo a los ciclos vitales.

La re-conducción

Lo de la re-conducción del proceso está claro como el agua; la estructura de la re-conducción se encuentra en la Constitución. Se trata de la aplicación de la Constitución. La Constitución comprende un modelo político, el Estado plurinacional comunitario y autonómico; el modelo territorial, el pluralismo autonómico y la nueva territorialización, basada en los territorios indígenas, que forman parte del nuevo orden territorial; el modelo económico, la economía social y comunitaria, en el marco de un modelo ecológico. Todos estos modelos constitucionales comprenden un macro-modelo que los incluye, el modelo del vivir bien, alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, planteamiento ratificado además en las resoluciones de Tiquipaya. Se trata de realizar las transformaciones estructurales e institucionales que requiere esta transición, esta construcción del Estado plurinacional.

El conflicto del TIPNIS, además de implicar la defensa de la Constitución, la madre tierra, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, presenta, en el contexto de la IX marcha a la defensa de la consulta verdadera, previa, con consentimiento, libre e informada. Con esta estructura conceptual y normativa, establecida en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución, no cumple la ley 222 promulgada por el gobierno y aprobada por la Asamblea Legislativa. Esta lucha es fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno indígena, el ejercicio de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, establecidos en la Constitución. Esta lucha es insoslayable, la responsabilidad por el cumplimiento de la consulta verdadera no se la puede eludir con argumentos banales como que la derecha está metida en la marcha y conspira contra el gobierno.

Esta tesis de la Conspiración es insostenible empíricamente, forma parte de la propaganda, la publicidad, la guerra sucia del gobierno contra las naciones y pueblos indígenas y sus organizaciones representativas. No se puede esconder el problema de fondo, el enfrentamiento entre el modelo extractivista, colonial del capitalismo dependiente, con el proyecto constitucional del vivir bien y del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Los que se dejan llevar por una tesis tan desgastada de la conspiración no hacen otra cosa que o ser “lluncus” de un gobierno que se desbarranca, por lo tanto cómplices de la caída, o mostrar una ingenuidad que raya en la sumisión y el conformismo.

Las contingencias en torno al gobierno se deben a las luchas internas. Las salidas e incorporaciones tienen que ver con la evolución de la tendencia que asume el gobierno. En la medida que asume la perspectiva extractivista y rentista de la economía, continuando la herencia colonial del capitalismo dependiente, conforma un gabinete afín a esta tarea, sumiso y obediente a las estructuras de poder mundial y regional, cristalizadas localmente en un gobierno servil y la demagogia de un caudillo carismático. Tampoco hay que dar demasiadas vueltas en esto, el deterioro que conlleva esta postura es como una consecuencia inscrita en la regresión y decadencia política.

En lo que respecta al campo social, al campo político, al campo económico, al habitus, a la episteme, comprendiendo los imaginarios, las representaciones, los sistemas simbólicos, los sistemas teóricos, las estructuras de pensamiento, también las practicas, las relaciones, las estructuras y las instituciones que los posibilitan, así como la constitución de sujetos y subjetividades; en primer lugar, no hay que olvidar que estamos ante muchas episteme desplegadas en los ciclos de la modernidad, distintos campos sociales, políticos y económicos desplegados en la historia heterogénea de las sociedades y estados, por lo tanto diferenciales habitus, sujetos y subjetividades; segundo, la colonialidad atraviesa los ciclos largos del capitalismo y se va transformando con la transformación estructural de estos ciclos.

La crítica epistemológica no se reduce a enunciados abstractos de una teología crítica, tampoco la lucha anticolonial y descolonizadora se reduce a demarcaciones religiosas, al exorcismo del mal, sino que se desplaza por las luchas políticas de los pueblos, por las resistencias, las emancipaciones y las liberaciones contra el capitalismo y las herencias coloniales. La descolonización no es una pose, es una deconstrucción compleja de la modernidad y de los dispositivos institucionales de la colonialidad. La crítica a la colonialidad debe ser integral. Sin embargo, hay una pose de de-colonialidad que cree que puede desentenderse de una crítica estructural de la modernidad, sobre todo que puede desentenderse de la crítica al capitalismo. No hay lucha anticolonial y descolonizadora consecuente que no sea una crítica y una lucha consecuente contra el capitalismo. Una comprensión culturalista de la colonialidad termina en una lucha folclórica sin afectar las relaciones y estructuras de dominación capitalista y colonial.

¿Quién está podrido?

¿Quién está podrido? Esta es una buena pregunta a pesar del uso figurativo que se hace en la alocución, un tanto impactante y lanzada desde una supuesta posición moralista. La acusación se la hace a los dirigentes de la IX marcha, se vuelve a recurrir a la guerra sucia, soslayando la sinuosa conducta del gobierno en el tema del TIPNIS, las profundas contradicciones, sus incoherencias, y su inconstitucional accionar. No se discute el tema de fondo, de que se trata de un parque y de un territorio indígena, defendido por leyes ambientales y protegido por la Constitución. No se discute a fondo la composición de la consulta, establecida en los convenios internacionales y en la Constitución. No se quiere leer la condición establecida en el artículo 30 de la Constitución de que la consulta debe ser previa, menos las otras condiciones de posibilidad de la consulta, la condición del consentimiento de los pueblos indígenas, que sea libre e informada, que todo esto se hace y se trabaja conjuntamente con los pueblos indígenas, representados por sus organizaciones matrices, que no se impone un cuestionario que induce a la construcción de la carretera. Esta torpe manipulación nos retrotrae a la pregunta vertida: ¿Quién está podrido?

Pero, vamos más lejos, la escalada de la economía política de la cocaína, la expansión calamitosa del diagrama de la corrupción, los compromisos con las empresas trasnacionales petroleras, mineras y de la construcción nos vuelven a llevar a la pregunta. ¿Quién está podrido? Ya no se trata sólo de señalar al gobierno distanciado de la Constitución, del proceso y de la construcción del Estado plurinacional, sino de constatar los niveles intensos de la ruptura moral en la que han caído los gobernantes. Quiebre moral que se expresa en su exasperada demagogia, en sus desorbitadas acusaciones, en su defensa rabiosa de la carretera extractivista y de la coca excedentaria. Sobre todo se expresa en discursos incoherentes, que no atinan a articular una estructurada argumentación. Eso es perder los estribos.

¿Quién está podrido? Parece corroborarse la tesis de que es el poder el que toma, no se toma el poder. Pues vemos el desarrollo de burocratismos, prácticas clientelares, circuitos de influencias, mantención de las normas liberales, conservación de las políticas monetaristas, uso y abuso del poder en beneficio de los nuevos ricos y de la burguesía banquera, agro-industrial y soyera. Repetirse también viejas prácticas políticas de la criticada clase política gobernante de regímenes anteriores. El uso de la represión, el recurso a la guerra sucia y el enfrentamiento constante con el pueblo, con las naciones y pueblos indígenas, con los sectores populares. También, el retorno de las maniobras de los viejos populismos, utilizando a campesinos y colonizadores como instrumentos de disuasión. Todo esto tan alejado de la aplicación de la Constitución, de las transformaciones estructurales e institucionales que requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Hay pues un quiebre moral, una ruptura ética, una restauración política, un dejarse llevar por la gravitación de la corrupción, la economía política de la cocaína y las imposiciones de las empresas trasnacionales, la lógica extractivista y las imposiciones del sistema financiero internacional. El gobierno se ha convertido en un engranaje de los grandes juegos de las relaciones y estructuras de poder del orden capitalista mundial y regional.

Como expresión desesperada de una consciencia culpable se esgrime contra la dirigencia de la IX marcha una serie de acusaciones, en parte desempolvadas, en parte fabricadas, buscando no solo descalificarla, terminando llevarse por las ramas la discusión. Hasta ahora no han explicado sus compromisos antelados, el 2008, con el gobierno brasilero y el convenio firmado sobre la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, seleccionando a OAS como empresa adjudicada, saltando las normas de contratación de bienes y servicios, e incumpliendo con la Constitución, al violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de violar la condición de TCO titulada en el TIPNIS. Tampoco han explicado por qué se construyeron dos tramos de una misma carretera, dejando pendiente la del medio, presionando para que se termine de construir este tramo. No se explicó esta conducta, ni tampoco la conducta posterior, promulgar una ley en defensa del TIPNIS, la 108, arrancada por la VIII marcha y después querer abrogarla.

Sacar una ley llamada de “consulta”, la 222, con el objeto de anular los alcances de la ley 108. Una ley que no tiene nada de consulta, que viola la estructura normativa y conceptual de la consulta. Después de la llegada de la IX marcha indígena a la sede de gobierno, descalificar a las organizaciones matrices, representativas y legitimas de los pueblos indígenas, dividir sus comunidades, cooptar dirigentes, ocupar militarmente el TIPNIS, presionar, chantajear, distribuir regalos, hacer firmar compromisos y convenios, violando una de las clausulas de la consulta que precisamente prohíbe la cohesión, el cohecho y la inducción de respuestas. Traer a corregidores seleccionados a dedo, traer al CONISUR, que no tiene nada que ver con la TCO del TIPNIS, comprometiendo a esta dirigencia irregular en el acuerdo de la impostura de la “consulta”, en tanto se dniega cualquier diálogo con la dirigencia de la IX marcha, las organizaciones indígenas, la Subcentral del TIPNIS y la CIDOB. ¿Qué clase de conducta es esta? De ninguna manera transparente y honesta.

Se acompaña este comportamiento sinuoso del gobierno con sendas campañas propagandistas y publicitarias, queriendo cambiar la realidad por medio de la manipulación comunicacional. ¿No es esto una muestra del desprecio a la opinión pública, al buen discernimiento y al raciocinio? No hemos llegado a niveles de violencia simbólica extremas. Ahora el enemigo son las dirigencias indígenas, las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, los defensores de la madre tierra y de la Constitución. ¿Para quién más son enemigos ellos? Para las empresas trasnacionales extractivistas. ¿No hay una coincidencia de intereses con estas mega-empresas del extractivismo, encargada de la desposesión y el despojamiento de los recursos naturales? ¿No está podrido el gobierno?

* Activista de Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/