Santiago de Chile (PL).- La confluencia de múltiples sectores sociales en la jornada nacional de protesta del pasado 5 de julio en Chile fue solo el primer paso del despertar definitivo de los trabajadores contra el excluyente modelo sociopolítico. Así opinaron analistas políticos y destacados representantes del movimiento sindical en el país sudamericano.

Desde el conflicto del gas en Magallanes y Antártica en enero de 2011 hasta el levantamiento de Aysén, las protestas en Chile buscan todas lo mismo: un cambio sociopolítico de raíz que dé paso a la justicia social. Chile, señala el avezado periodista chileno Manuel Cabieses, está viviendo una hora histórica, porque vastos sectores del pueblo entienden que es necesario cambiar la injusta e inhumana condición en que se encuentran.

Las movilizaciones populares revelan una voluntad de cambio político e institucional y aunque a ciegas todavía y en forma desordenada, lo cierto es que han puesto fin a una larga etapa de sopor y resignación, reflexiona el director de la emblemática publicación de la izquierda latinoamericana Punto Final.

¡Adelante Calama, Aysén, Magallanes, estudiantes y trabajadores!, apuntó asimismo un editorial de un medio alternativo chileno que criticaba la indiferencia de la tele “chilensis”, que sigue sin disimulo un guión que prende luces al show de la silicona y otra serie de banalidades.

Lo cierto es que, a pesar del aluvión de farandulería y de manipulación informativa en interés de la dominación neoliberal, los movimientos sociales en Chile y sus líderes demuestran un grado de maduración política sorprendente. Ante miles de maniobras que intentan confundir y desarticular, reaccionan los actores sociales con sabiduría y fortaleza en la defensa de sus demandas.

En opinión del sociólogo Paul Walder, si en 2011 el nivel de las protestas sociales sorprendió a todo tipo de observadores, podría augurarse que Chile está próximo a un proceso en que los cambios tendrán necesariamente que afectar el escenario sociopolítico. Asistimos a un momento crucial en la historia del país, subraya Walder, para quien el país suramericano pasó en los dos últimos años de paradigma del neoliberalismo a paradigma de su fracaso. Como tumor maligno se hunde el neoliberalismo en Chile, grafica.

Pero en medio de su caída, alertó un grupo de historiadores, la ultraderecha patalea peligrosamente. El discurso de la “nueva derecha” en Chile, defendido por Sebastián Piñera en los comienzos de su administración, parece ya lejano. No hay tal “liberalismo” en Chile, la ultraderecha sin antifaz impone sus reglas.

Analistas políticos aseguran que Piñera y otros seguidores de un neoliberalismo “light”, si lo hubiera, quedaron finalmente siendo rehenes de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), identificada con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). De ahí la invocación del gobierno a la política de garrote, elocuentemente expresada en la Ley de Seguridad del Estado, aprobada por Pinochet en 1975.

Los nostálgicos de la dictadura, muchos de los cuales ocupan puestos de mando en el gobierno de Piñera, vienen reclamando más mano dura aún como respuesta a la poderosa movilización social, advierte el reconocido abogado de causas de DD.HH. Eduardo Contreras.

La Ley de Seguridad del Estado a la que se acudió contra 22 pobladores de la Patagonia, trabajadores, estudiantes y amas de casa, no es otra cosa que el Decreto 890 de Pinochet, que ni siquiera fue ley porque los militares tenían “clausurado” el Congreso. En fin, un instrumento con un nacimiento espurio y en tiempos de encapuchados, infiltrados y provocación, oportuno pretexto para seguir reprimiendo, comenta Contreras.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile han denunciado con fuerza tal derrotero. En carta entregada en el Palacio de La Moneda, enfatizaron que el país está regresando a los años de Pinochet. Están aplicando en la región de Aysén una política de terrorismo de Estado, dijo a Prensa Latina la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien hizo entrega de la misiva al Ejecutivo, junto a la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro.

La carta estuvo motivada, expresó Lira, por el drama que está viviendo la zona de Aysén, donde hay una represión criminal en estos momentos frente a un pueblo que pide rebaja del precio del gas “que es para ellos como el agua para vivir en esa zona tan helada”. Como signo de la brutalidad policial, denunció la dirigente social que se están lanzando bombas lacrimógenas al interior de los hogares de Puerto Aysén y Coyhaique, las dos principales municipalidades de la citada región, situada en la Patagonia chilena, a unos dos mil kilómetros de Santiago.

Lo que están haciendo con los patagones es aberrante y criminal, recalcó Lira en declaraciones exclusivas a esta agencia. Impugnó en particular la invocación que hizo el gobierno de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la que catalogó como un instrumento de la dictadura creado para amedrentar y silenciar las protestas. A juicio de Lira, la postura del gobierno es consecuencia de las decisiones y voluntad de la UDI, que integra la coalición oficialista y que tiene en su seno a “agentes que hoy están en La Moneda y que ayer estuvieron al lado de Pinochet”.

Por su parte Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideró también que lo que están viviendo los habitantes de la Patagonia rebasa los términos incluso de autoritarismo y represión. Hay terrorismo de Estado hoy día en la región de Aysén, métodos que responden a una decisión política gravísima que nos hacen recordar los procedimientos de la dictadura, subrayó.

La hora de los trabajadores

“Cuando la gente sale a la calle y cuando se juntan los estudiantes y los trabajadores, a las políticas de los consensos se les mueve el piso”, afirmó el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Cristian Cuevas. El dirigente de los obreros del metal rojo se refirió en particular al acercamiento de posiciones entre bancadas parlamentarias en torno a temas de sustancial interés para el mundo social.

“No puede haber diálogo si quienes están marchando en las calles no son escuchados, no puede haber diálogo sobre agendas legislativas, si estas no incluyen los temas que la ciudadanía está poniendo en las calles. Si no se escucha la voz de cientos de miles que marchan en todo Chile, la verdad es que los diálogos no tienen representatividad”, recalcó Cuevas.

Sus declaraciones apuntaron sobre todo al trámite legislativo de un proyecto de ley salarial del gobierno, tema contingente que motivó precisamente la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a la protesta del 5 de julio. La movilización fue convocada por la multisindical, tras asamblea en la que participaron unos 200 dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones afiliadas a la CUT.

De igual modo, la Mesa Social por un Nuevo Chile, que agrupa a emblemáticas agrupaciones políticas y sociales, incluida la Confederación de Estudiantes de Chile, dio su espaldarazo a la realización de la protesta. La CUT abogó por subir el salario mínimo de los 182 mil pesos chilenos actuales (364 dólares) a 250 mil (500 dólares). La Moneda propuso subirlo a 193 mil (386 dólares).

El presidente de la CUT Arturo Martínez declaró que el incremento del salario mínimo propuesto por el gobierno no se ajusta a la realidad, teniendo en cuenta la carestía de la vida en el país y los incosteables precios de productos y servicios de primera necesidad. Además, más de un millón de trabajadores ganan incluso menos que el mínimo vigente, advirtió el movimiento sindical.

En opinión del presidente del Colegio de Periodistas Marcelo Castillo hay condiciones en Chile para situar el piso salarial en 500 dólares, en lugar de los 386 USD defendidos por el Ejecutivo. Creemos que las mismas condiciones económicas de las cuales el Gobierno se jacta, de tener casi pleno empleo, justifican un sueldo mínimo de 250 mil pesos, más un crecimiento cercano al cinco por ciento no debería tener ningún efecto perjudicial, dijo.

Asimismo el secretario general de la CUT y presidente del gremio magisterial Jaime Gajardo llamó a la administración de Sebastián Piñera a definir el monto del reajuste tomando en cuenta los precios de la canasta básica, en constante alza en un país considerado entre los más caros del planeta. Consideró Gajardo, por otra parte, que la política de bonos impulsada por el gobierno solo conduce a paliativos que no enfrentan de raíz la pobreza y la inequidad social.

Por su parte el representante de la Confederación de Estudiantes de Chile y dirigente universitario de la región de Valparaíso Gustavo Espinoza afirmó que la demanda de los trabajadores es parte de la construcción de un nuevo país, más justo e igualitario. Sobre la inequidad social prevaleciente en Chile, remarcó el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, que Chile es un país que tiene un gran crecimiento económico, pero su distribución es muy mala. Por eso, acotó, es una vergüenza el reajuste salarial que se ofrece a los trabajadores.

Según La Moneda, el deseado aumento salarial no puede ser mayor porque el país ha sorteado, pero no está enteramente blindado ante la crisis global y se pudiera generar pérdida de empleos. Sin embargo, los dirigentes sindicales replicaron ese argumento alegando que el gobierno por su matriz empresarial, sólo apunta a la defensa de los intereses privados. El subsecretario general de la CUT, Guillermo Salinas, advirtió de otros ángulos que motivan a los trabajadores a movilizarse, como el reclamo de condiciones laborales dignas y el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Lo que está en juego en definitiva no son unos pesos más o menos, sino asumir la verdadera, crisis que es la desigualdad, enfatizó Salinas.

Chile, remarcó, es el peor alumno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque está en el último lugar de ingresos, en el último lugar de relaciones sociales, aparece en los últimos lugares en materia de seguridad, educación, y en los primeros en desigualdad.

Ofensiva de la derecha

La protesta de los trabajadores del 5 de julio tuvo lugar a sólo una semana de una masiva manifestación en la que participaron más de 150 mil chilenos en todo el país, 120 mil en Santiago, en rechazo a la mercantilización de la enseñanza. Ambas movilizaciones han sido vistas aquí como aldabonazo de un segundo tiempo de la lucha social en Chile y han hallado dura respuesta en los sectores oficialistas.

De hecho, la Intendencia Metropolitana no autorizó la realización de la demostración de la CUT prevista en La Alameda y justo en el desarrollo de la manifestación, los dirigentes sindicales fueron reprimidos cuando se dirigían al Palacio de Gobierno a entregar una carta.

A pesar de haber interpuesto un recurso de protección, los representantes de la multisindical fueron hostigados por Carabineros a caballo y bañados con los carros lanza agua. Prensa Latina constató un fuerte despliegue militar en la Alameda y sus inmediaciones, con numerosa policía montada y zorrillos y guanacos, como se les llama en Chile a los vehículos lanza gases y lanza agua, instalados en diferentes puntos.

El líder magisterial Jaime Gajardo, agredido por desconocidos durante la marcha, denunció cómo los Carabineros no dejaron avanzar la manifestación pacífica y dejaron en cambio actuar a grupos minoritarios que provocaron desórdenes. “Hace rato que grupos minoritarios andan enlodando las manifestaciones pacíficas”. Se busca criminalizar las movilizaciones sociales, alertó Gajardo.

Otros dirigentes de la CUT coincidieron en que la protesta fue intencionalmente abortada, tal como había ocurrido con la marcha del movimiento estudiantil una semana atrás. Sintomáticamente, figuras de la coalición gobernante y parlamentarios de ultraderecha apelaron a un polémico proyecto de ley de resguardo del orden público, que sanciona con penas de cárcel diferentes expresiones de la protesta social.

La cuestionada “ley Hinzpeter”, que toma ese nombre en alusión al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, será votada en el Parlamento el próximo 18 de julio.

La protesta social en Chile en segundo tiempo

Justo cuando se cumple un año del estallido del movimiento estudiantil en Chile, los jóvenes vuelven a las calles en un segundo tiempo de la lucha por el derecho a la educación. En la última semana, miles de estudiantes volvieron a ratificar en la emblemática Alameda capitalina y en las principales ciudades de Chile el rechazo a la mercantilización de la enseñanza y la demanda de un sistema de educación pública y gratuita.

Convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, tuvo lugar una primera jornada de protesta el pasado 20 de junio. Al día siguiente fue el turno de los alumnos de las universidades privadas, que se expresaron contra el lucro en la enseñanza y por mayores espacios de democratización al interior de las casas de estudio.

“En muchas instituciones, en el momento de matricularte te hacen firmar un contrato en donde aparece una cláusula de que no te puedes organizar”, se quejó la portavoz de los alumnos de la Universidad Diego Portales, Fernanda Sandoval. Están estrictamente prohibidas las organizaciones universitarias dentro de los diferentes espacios, señaló la líder estudiantil.

Asimismo la presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Carolina Jara, apuntó que “en las instituciones se está actuando de manera ilegal a través de la nula regulación por parte del Estado y donde el ministro de Educación (Harald Beyer) no ha sido capaz de dar respuestas y se ha dedicado a dar declaraciones bastantes desafortunadas… En mi universidad se está lucrando, existe negocio de las inmobiliarias y las autoridades no se están haciendo cargo”.

La profundidad del lucro en la educación superior de Chile quedó en evidencia ante la opinión pública cuando en mayo de este año el rector de la Universidad de Viña del Mar, Raúl Urrutia, anunció su renuncia por graves irregularidades en el manejo de fondos. En una carta que trascendió a la prensa, dijo que faltaba una cifra millonaria para pagar remuneraciones de trabajadores docentes, mientras paralelamente los controladores se pagaban considerables sumas a través de sociedades inmobiliarias relacionadas.

Para el analista chileno Manuel Luis Rodríguez, tal escándalo abrió una desagradable caja de Pandora que pocos querían descorrer. No se trata solamente de operaciones ocasionales de traspaso y triangulación de recursos mediante fundaciones y sociedades inmobiliarias; en realidad es una práctica generalizada en muchas universidades, institutos, liceos y colegios privados, alertó el sociólogo.

Consideró además que lo más lamentable de todo es que la ley permite el lucro en la educación que reporta jugosas ganancias a los privados y deja a las instituciones de la enseñanza desprovistas de los recursos suficientes para “producir” una instrucción de calidad. El contexto de las movilizaciones de las últimas horas estuvo marcado de hecho por las conclusiones de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que acusó a siete universidades y a un instituto profesional de efectuar maniobras para encubrir el lucro.

La Comisión detectó entre las violaciones más significativas: altos sueldos a ejecutivos sin límite legal aceptado tributariamente, exención al impuesto a la renta e incorporación de familiares al directorio de la universidad o alguna empresa relacionada. También compra y ventas de universidades, bajo el control de grupos económicos y extranjeros, y aumento de los ingresos por concepto de subida de aranceles, sacrificio de calidad académica y especulación financiera.

Lo cierto es que la batalla contra el lucro acapara titulares en la prensa chilena y ha cobrado renovada magnitud. Ante la envergadura de los hechos, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), rectora en 2011 del movimiento estudiantil, solicitó al Gobierno que detenga los subsidios a las universidades que lucran.

Su portavoz Gabriel Boric instó al Ejecutivo a cortar el subsidio estatal a los empresarios. Tenemos ahora más motivo que nunca para movilizarnos, para seguir discutiendo y para salir a la calle, manifestó. Boric pronosticó una nueva escalada de la lucha por otro modelo educacional y anunció una nueva jornada de protesta nacional para el día 28 de junio. “Nos cansamos de esperar respuestas de un Gobierno que está permanentemente ignorando a los estudiantes”.

“Los estudiantes de Chile nos cansamos y nos aburrimos de seguir viendo como hay empresarios delincuentes que se llenan los bolsillos y se hacen ricos a costa de nuestros sueños”, remarcó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Paralelamente, el fiscal nacional, Sabas Chauhán, anunció la designación de un fiscal preferente con el fin de investigar los eventuales delitos derivados del informe de la citada comisión de la Cámara Baja. Al respecto, la carismática líder universitaria Camila Vallejo opinó que urge fiscalizar en el sistema de educación. No puede ser que haya casos incluso que se asemejen a lavado de dinero en universidades privadas, esto tiene que fiscalizarse y sancionarse de manera urgente, enfatizó.

Chile debe movilizarse para poner fin al lucro en la enseñanza, regular el sistema privado y generar los mecanismos a fin de recuperar y fortalecer la educación pública, aseveró la actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Mientras, en las calles del país suramericano sigue expresándose un profundo malestar social. A los jóvenes y estudiantes descontentos se suman los trabajadores que claman por mayores salarios, mejoramiento de las condiciones laborales y recuperación de los recursos naturales.

* Corresponsal de Prensa Latina en Chile.