(Agencias).- Los ingenieros Fernando Fernández y Agustín Cárdenas, funcionarios de la empresa minera South American Silver, fueron secuestrados el jueves de la semana pasada por indígenas de Calachaca y Carikari, comunidades vecinas del yacimiento minero de Mallku Khota ubicado en el norte de Potosí. Enviaron a la zona 67 efectivos policiales, un fiscal y tres investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Cientos de comunarios libran una batalla contra la explotación minera en Mallku Khota, alegando que la actividad dañará severamente las fuentes de agua y la biodiversidad de la región. En mayo de este año los indígenas torturaron al cabo Guillermo Payllo Marca y al policía Luis Maso Escóbar.

Payllo fue enviado a Mallku Kotha para auxiliar a su camarada secuestrado Maso, pero un kilómetro antes de llegar al lugar fue interceptado por los comunarios. “Me desnudaron totalmente, me amarrón como animal y me introdujeron en un habitación hasta las ocho y media, luego me sacaron de ese lugar y me llevaron al cerro… Antes de eso (el dirigente Canio) Rojas me dijo que haga caso o me iban a matar… Les supliqué que no me maten, que tengo familia, que quiero ver crecer a mis hijos, pero Cancio Rojas de una patada casi me hizo desmayar y me estaba enterrando vivo”, relató el cabo Payllo. (ABI)

Desde el 7 de junio una delegación de comunarios se movilizó en La Paz pidiendo al gobierno de Evo Morales que expulse a la empresa canadiense para que ellos se hagan cargo de la explotación, pero retornaron a su región sin haber logrado sus objetivos. Es así que el 13 de junio los indígenas de los ayllus Sacaca, Chayanta y Pocoata tomaron el cerro de Mallku Khota con el fin de impedir que la canadiense South American Silver continúe explorando el yacimiento de oro y planta.

El 29 de junio, “un reducido grupo de personas hostiles” de la localidad de Malku Khota secuestró a los ingenieros Fernández y Cárdenas mientras cumplían labores de vigilancia de la plataforma de exploración, denunció la compañía Mallku Khota, subsidiaria de la transnacional canadiense South American Silver.

La empresa recordó que el 1 de abril esos mismos grupos de los ayllus Calachaca y Carikari retuvieron al coordinador de relaciones comunitarias de la compañía Saúl Reque, y el 5 de mayo secuestraron y maltrataron a dos efectivos policiales. “La compañía espera las gestiones de las autoridades de gobierno y la Policía nacional, que se encuentran en la zona, para una pronta liberación pacífica de los dos empleados”, instó en una nota de prensa.

El ministro de Minería Mario Virreira, el gobernador de Potosí Félix Gonzales y miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí conformaron una comisión encargada de mediar en el conflicto y lograr la liberación de los rehenes, pero según Virreira los ayllus rebeldes se niegan a dialogar y advierten que no liberarán a los cautivos hasta que el gobierno expulse a la minera canadiense y entregue el yacimiento a los comunarios.

“Nunca han querido resolver el conflicto y no le han querido dar un visto bueno a las propuestas racionales que se les hizo conocer”, lamentó Virreira, que aguardó sin éxito en la ciudad de Cochabamba a los dirigentes de las dos comunidades que se oponen al proyecto minero. Acudieron a la mesa de diálogo solo el Gobernador de Potosí y las autoridades originarias de los ayllus colindantes al cerro Mallku Khota que respaldan el proyecto minero. (ABI)

En un cabildo celebrado el domingo, los comunarios de Calachaca y Carikari solicitron la inmediata liberación del dirigente Cancio Rojas, detenido el 22 de mayo y recluido en la cárcel de Kantumarka acusado de los delitos de tentativa de asesinato, asociación delictiva, organización criminal y robo agravado; y decidieron bloquear las vías de acceso a Mallku Khota.

Entre tanto, los familiares de los secuestrados pidieron ayuda al defensor del Pueblo Rolando Villena para que “por favor haga lo posible para hacer que se los libere”, clamó Patricia Pacheco, esposa de Cárdenas. Están desesperados porque hasta ahora no pueden comunicarse con sus seres queridos. No obstante, uno de los líderes indígenas informó al Gobernador de Potosí que los retenidos están bien.

“Tomar rehenes y secuestrar es un delito y las personas que incurran en eso tienen que atenerse a las consecuencias de los procesos penales”, advirtió el pasado viernes el viceministro de Régimen Interior y Policía Jorge Pérez. Este lunes, la autoridad dijo que “estamos trabajando con el Comando General de la Policía y la Dirección General de Inteligencia, y tenemos que actuar con mucha responsabilidad porque se trata de vidas humanas”.

Pérez informó que se realizó un sobrevuelo para estudiar la topografía de la zona, mientras que el Comandante General de la Policía dispuso el envío de 67 efectivos policiales, un fiscal y tres investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).