La IX marcha indígena en defensa de la madre tierra y del TIPNIS ha venido dibujando el contenido de la contradicción profunda de la coyuntura: El develamiento del sentido político de un gobierno que está contra el proceso, la Constitución, la madre tierra, las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, el amotinamiento policial enseña que si el Estado ha llegado a este nivel de desgajamiento es que ya no se encuentra suficientemente cohesionado ni articulado.

¿Cómo comenzar este análisis sobre la coyuntura? Primero, obviamente, recordar que se trata de esta coyuntura y no de otra; no se trata de un análisis general sobre la problemática de la coyuntura, sobre sus desafíos a su comprensión, desafíos temporales y espaciales. Esta coyuntura tiene su huella; ¿cómo leerla? ¿Por la caracterización de la coyuntura? ¿Cuál pues la caracterización de esta coyuntura? Comencemos con dos descripciones inmediatas de sus itinerarios; por una parte, la IX marcha indígena en defensa de la madre tierra y del TIPNIS ha venido dibujando el contenido de la coyuntura, el contenido de la contradicción profunda de la coyuntura: El develamiento del sentido político de un gobierno que está contra el proceso, la Constitución, la madre tierra, las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, un motín policial que pide nivelación de sueldos, de la misma manera que ocurre en las fuerzas armadas, además de la abrogación de la ley 101, ley de disciplina de la policía, a la que consideran draconiana y sin apelación.

La IX marcha indígena prácticamente ya llegó a la ciudad de La Paz, espera entrar a la urbe y concentrarse en la Plaza San Francisco. No quiere que se confunda el movimiento indígena con la asonada policial, sobre todo cuando el gobierno ha blandido la acusación de golpe de Estado tanto contra los policías como contra los indígenas. La marcha se propone asentarse en esta plaza, llamada también de los héroes, hasta conseguir la atención del gobierno a los nueve puntos planteados en la plataforma de demandas. Básicamente se trata de la abrogación de la ley 222, ley que irónicamente llama consulta a la imposición de un cuestionario que induce a aceptar la construcción de la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. El gobierno, como atrapado en un guión repetitivo y desgastado, insiste en lo mismo; el presidente desaparece del escenario, huye a la Argentina a una reunión del MERCOSUR, el ministro de la presidencia se propone seleccionar a los dirigentes con los que se va a dialogar, queriendo incrustar a dirigentes con los que ha llegado a un acuerdo, quebrando la independencia y autonomía de las organizaciones indígenas, sin respetar a su representación orgánica y legitima.

Una primera apreciación sobre la coyuntura nos muestra que el momento político parece repetir la apariencia de otros escenarios ya vistos, ya vividos. Esto sobre todo por la conducta mecánica del gobierno. Pero no es así, ninguna coyuntura es la misma, cada una lleva su identidad inscrita en el desenvolvimiento de los acontecimientos. Esto lo decimos no sólo por qué se trata de otro escenario, ahora cuando interviene el motín policial en el desarrollo de los eventos, sino también porque aunque el gobierno haga algo parecido, se comporte mecánicamente, como un robot, el sentido de sus actos no es el mismo. Ciertamente hay desgaste, desgaste en su propia argumentación y en el efecto de credibilidad de sus discursos, ya erosionados en conflictos anteriores. Empero el sentido de sus comportamientos adquiere otras tonalidades, debido al momento, el aquí y ahora, el tiempo y el espacio en el que concurren, además del cambio de escenario. Su insistencia en desconocer a las organizaciones indígenas, su insistencia en mantener un cuestionario llamada consulta, su insistencia en descalificar a la dirigencia, su insistencia en la guerra sucia, acusando de un supuesto plan TIPNIS para derrocar al gobierno, adquieren tonalidades dramáticas, pues muestran, no solamente la falta de ingenio y de ocurrencia de los funcionarios de gobierno, sino también porque el efecto inmediato de interpretación de la gente ante estas alocuciones gubernamentales no tiene las consecuencias esperadas por sus voceros.

Se ha querido aprovechar la circunstancia del golpe de Estado en el Paraguay contra el presidente electo Fernando Armindo Lugo Méndez, después de una masacre, perpetrada por terratenientes, donde está detrás la trasnacional MONSANTO, golpe legislativo perpetrado por la mayoría derechista del Congreso paraguayo. Ha querido aprovechar la memoria reciente de lo acontecido en Venezuela el 2002. Ciertamente está en la cabeza la heroica defensa del gobierno de Hugo Chávez por parte del pueblo venezolano, contra el golpe militar, preparado por la oligarquía venezolana, en la cual apare la conspiración de los servicios de inteligencia norteamericanos. Sin embargo, las circunstancias en Bolivia no son las mismas; la conducta paranoica, el recurso a la tesis de la conspiración, más parece ser el sueño de un caudillo desprestigiado, el querer reivindicarse mediante una movilización popular en defensa del proceso. Empero, estas son las figuras dramáticas de la intención, del deseo que así ocurra, pero no se puede confundir deseos con realidad. El problema es que el escenario paraguayo es distinto al escenario boliviano, tampoco el escenario venezolano es análogo. Hablamos de no sólo de contextos histórico-políticos propios, por lo tanto diferenciados, sino de campos políticos, campos sociales y campos burocráticos diferentes. Las luchas sociales y políticas no son exactamente las mismas. El confundir los escenarios lleva a un aplanamiento de las perspectivas, quitándoles profundidad.

La correlación de fuerzas con las que llega al gobierno el presidente Lugo responde a una especie de concertación fáctica entre los partidos de la derecha, particularmente el llamado partido colorado, y la nueva fuerza progresista que obtuvo la mayoría. Quizás la derecha desde un principio empezó su conspiración contra el gobierno, teniendo a mano el control del Congreso. Encontró la oportunidad de efectuar su plan una vez desatados los acontecimientos sangrientos de la masacre a campesinos, quienes exigen reforma agraria en un país donde los latifundistas han mantenido el dominio de la tierra y el monopolio del gobierno, dejando en la marginalidad y la exclusión a poblaciones indígenas guaraníes y guayakis. Por lo tanto, la situación del Lugo ha sido vulnerable desde un principio, vale decir desde abril del 2008, hasta su destitución por el Congreso, efectuada el 15 de junio del 2012. El pueblo paraguayo no acepta este golpe de Estado legislativa, tampoco los gobiernos progresistas del continente, así como los organismos internacionales; empero lo hizo el vaticano, mostrando no sólo su desprecio a la democracia sino la descalificación a un ex-sacerdote contestatario y vinculado a la teología de la liberación.

El golpe de Estado contra Hugo Chávez perpetrado el 11 de abril de 2002, tiene como protagonistas a una estructurada oligarquía y burguesía, vinculada a la apropiación privada de la renta del petróleo. Una huelga general convocada por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), que dura tres días, deriva en un golpe de Estado militar y la renuncia obligada del presidente. Sin embargo, la respuesta popular no se dejó esperar, multitudinarias concentraciones sociales acudieron a Miraflores, donde se encuentra el palacio de gobierno, en apoyo del presidente derrocado. La movilización y los enfrentamientos, que dejaron un saldo de muertos, obligaron al apócrifo presidente de FEDECAMARAS impuesto, Pedro Carmona Estanga, a retroceder. Los golpistas arrinconados tuvieron que ceder ante la sostenida defensa de Hugo Chavéz por parte del inmenso desplazamiento popular. Hugo Chávez fue repuesto por los militares leales.

No se puede comparar este escenario acaecido en Venezuela el 2002 con lo que ocurre ahora en Bolivia en junio del 2012, como pretende el delirio de los gobernantes, sobre todo del vicepresidente. No sólo por razones de tiempo y de contexto, sino sobre todo debido a la estructura misma del conflicto, además de la caracterización que podemos hacer de la segunda gestión de gobierno de Evo Morales Ayma. La derecha clásica en Bolivia tuvo fuerza y capacidad de resistencia al proceso constituyente hasta el septiembre del 2008, cuando llevó al máximo la intensidad de violencia con la masacre a campesinos en la localidad de Porvenir, incluso capacidad de incidir en los eventos políticos, incursionando en una espiral de violencia, tomando las capitales departamentales de la llamada “media luna”, tomando instituciones y efectuando movilizaciones callejeras, sobre todo de jóvenes y estudiantes afines. La derrota de la derecha fue contundente, la masacre la llevó a la tumba; no pudo reponerse hasta ahora.

Las repercusiones electorales de su derrota política y militar se hicieron sentir en las elecciones del 2009, no obtuvo la derecha ni la cuarta parte de los escaños del Congreso. No se la puede considerar una fuerza política de influencia y repercusiones políticas en los eventos que se desatan desde entonces. Es posible que le quedara el control de los medios empresariales, empero este control no hace partido, como pretende la hipótesis del vicepresidente, usando descontextuadamente a Antonio Gramsci. No hace partido, pues para producir esta efectuación orgánica se requiere no sólo una articulación mayor de instituciones, instrumentos, organizaciones, que articulan medios de comunicación y aparatos ideológicos, sino de incidencia efectiva política en los acontecimientos. No la tiene, a pesar de las elucubraciones del gobierno que ve en toda marcha, en todo conflicto social, la mano oscura de la derecha y de la conspiración internacional. Pueden las cabezas descabelladas de algunos derechistas pretender intervenir, puede incluso conspirar solitariamente, empero sus esfuerzos no tienen consecuencia, pues, salvo sus representantes en el Congreso, no son una fuerza política con capacidad de incidir en los acontecimientos, aunque lo intenten hacer. Su acción concurre en pequeña escala y deriva en desesperados esfuerzo por influenciar en el desenvolvimiento de los conflictos. Esto no quiere decir que su actuación no se la tenga en cuenta como una de las variables y factores de la coyuntura. Empero, lo que no hay que perder de vista es la visión, la lectura y la interpretación de la coyuntura, de acuerdo a su estructura y composición evidentes.

No se puede perder de vista que la segunda gestión de gobierno es distinta a la primera gestión; que desde la medida del gasolinazo hasta la coyuntura actual, el gobierno viene enfrentándose con el pueblo. Sobre todo desenmascara su posición extractivista en el caso del conflicto del TIPNIS, cuando se apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, sobre todo del cultivo de la hoja de coca excedentaria, además de haber develado sus compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, las empresas trasnacionales constructoras, las empresas trasnacionales del petróleo, incumpliendo con la Constitución y con las normas de contratación de bienes y servicios.

La coyuntura de referencia, su actualidad, radica en presentar en escena dos itinerarios diferentes; primero, un conflicto estratégico, en lo que respecta a la defensa de la Constitución, del proceso, de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios; después, un conflicto al interior del Estado mismo, un conflicto que vuelve a presentar una guerra intestina dentro del Estado, entre policías y militares, como aconteció en febrero de 2003, cuando se enfrentaron bélicamente militares y policías en plena plaza de armas. En aquél entonces el hecho mostraba la intensidad y la profundidad de la crisis múltiple del Estado, pues el Estado se enfrentaba consigo mismo, un dispositivo de emergencia del Estado, como es la policía, se enfrentaba a otro dispositivo de emergencia del Estado, como es el ejército. Una guerra intestina al interior del mismo Estado. Ahora parece concurrir lo mismo.

El motín policial reclama contra lo que considera una injusta ley disciplinaria, en la elaboración de la cual no participó la policía, además de reclamar un trato equivalente al del ejército en lo que respecta a la escala de sueldos. La revuelta policial comenzó con la protesta de las mujeres de policías, continuó con el amotinamiento de la tropa, incorporándose después oficiales, incluso oficiales de alto rango. El conflicto parece haber llegado a su culminación, después de firmado un acuerdo entre la dirigencia de los policías y el gobierno, una vez consultadas las bases amotinadas. Un acuerdo anterior fracasó debido a la inconsulta a las bases policiales, además de no haber cumplido con las demandas de los amotinados, a pesar de las maniobras y propaganda del gobierno, que pretendían convencer de lo contrario.

¿Qué enseñanza nos deja el amotinamiento policial? Si el Estado ha llegado a este nivel de desgajamiento es que ya no se encuentra suficientemente cohesionado ni articulado. Aunque no es la primera vez que pasa esto, un amotinamiento y una disidencia policial, pues en el pasado se ha dado, no sólo en el pasado inmediato. Estos hechos muestran manifiestamente fisuras profundas en la arquitectura estatal. Durante la revolución de 1952 la policía se puso del lado de la insurrección popular en contra del ejército, que defendía al Estado oligárquico. Este enfrentamiento ha quedado en la memoria de los oficiales de las fuerzas armadas, a pesar de que el ejército que se construye es otro después de la revolución nacional, reconstruido bajo presión de los norteamericanos, del Departamento de Estado y del Pentágono. Este es el ejército que se enfrenta a las milicias mineras en Sora Sora en 1963, defendiendo al gobierno de Paz Estensoro. También es el ejército que se va enfrentar a la guerrilla del Che durante los años de 1966 a 1967; más tarde, cuanto se da lugar la incipiente e improvisada guerrilla de Teoponte (1970), es el mismo ejército que hace las tareas de sitio, de rastreo y ejecución. Es también el ejército que defiende el proyecto neoliberal durante los 20 años de gobierno (1985-2005), que incluso interviene en la masacre de la Ciudad de el Alto en Octubre de 2003.

¿Después del proceso constituyente y de la promulgación de la Constitución han cambiado las fuerzas armadas? No. Hubo la oportunidad de hacerlo, de transformar a las fuerzas armadas y a la policía durante la constituyente, empero el presidente dio la orden de no cambiar nada, mantener la condición de la policía y las fuerzas armadas de acuerdo a la anterior Constitución. Tampoco quisieron los miembros de la policía y de las fuerzas armadas discutir las transformaciones institucionales requeridas en la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Las fuerzas armadas y la policía presentaron dos propuestas sesgadas, que favorecían a cada una de las instituciones. Estas propuestas no prosperaron a pesar de las amenazas de amotinamiento de unos y otros. Por lo tanto en la constituyente no hubo transformaciones institucionales, ni de la policía ni de las fuerzas armadas. No puede tomarse en serio que por que se pega la wipala en el uniforme y se grita ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

Las transformaciones se producen por acto de magia. Estas simulaciones son de las anécdotas que muestran el juego de oropeles en los que está atrapado el gobierno. Nunca tomó en serio las transformaciones estructurales e institucionales que requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Llama la atención la atención que esta pugna interna del Estado, entre fuerzas armadas y policía, haya sido un referente primordial y un eje de conductas y comportamientos de los oficiales de ambas instituciones; incluso se puede observar esta guerra intestina diferida en el mapa las edificaciones de cuarteles. Donde hay un cuartel policial, en las cercanías, hay un cuartel de las fuerzas armadas. También se puede notar el rastro de esta pugna en publicaciones de investigaciones sobre el tema; las investigaciones consideran esta pugna policial-militar como explicación del ejercicio de una estrategia.

Durante el despliegue de la lucha de interdicción de la coca excedentaria, de la que tenía en gran parte la responsabilidad la policía y sus unidades especiales, las fuerzas armadas reclamaron participar en esta lucha. Hay pues una competencia interinstitucional que ha condicionado las políticas y las administraciones institucionales de estos dos dispositivos de emergencia del Estado. La policía ha buscado parecerse a los militares, en los uniformes, en las paradas policiales, que más parecían ser militares que policiales, incluso en la dotación de armas. ¿Habrá algo parecido en lo que respecta a los militares, como cumplir tareas policiales? En la lucha contra el narcotráfico lo han hecho varias veces, así como en las tareas de interdicción y erradicación de la coca excedentaria. Hay la pretensión de lograr incursiones del ejército por los barrios de las ciudades por el tema de la seguridad ciudadana. Estas mezclas nos hablan de funciones y atribuciones no suficientemente delimitadas; sin embargo, estas yuxtaposiciones no se explican por problemas administrativos. Hay que tomar en cuenta esta historia del antagonismo interno al Estado que dura más de medio siglo.

Cuando se instaló el gobierno del MAS, después de las elecciones nacionales de 2005, la pugna interinstitucional no desapareció, sino parece haberse avivado. El gobierno del MAS decidió apostar a las fuerzas armadas como dispositivo de defensa del proceso de cambio, dejando relegada a la policía. Es más, en la medida que se hizo manifiesto la múltiple corrupción de la policía, se decidió una especie de velada intervención, buscando reorientarla, además de quitarle algunas atribuciones institucionales, como las de identificación. El malestar de la policía fue creciendo, sobre todo debido a la notoria diferencia de sueldos y de tratos del gobierno respecto a la policía y las fuerzas armadas. A esto debemos sumar la acumulación de conflictos menores, los que supuestamente se resolvieron con acuerdos, empero que no se cumplieron. Cuando estalló el conflicto policial, el gobierno minimizó la rebelión, sólo reaccionó abiertamente cuando se expandió por todo el país. Lo primero que hizo es acusarlos de golpistas, para luego verse obligado a dialogar y acordar con los amotinados, por lo menos dos veces consecutivas.

Es difícil sostener empíricamente que había un golpe en gestación; más parece ser la historia de un conflicto anunciado, al que no se acudió a tiempo a resolverlo. El conflicto policial es un indicador del estado de situación del Estado; está en crisis. Pero se trata de una crisis interna, en este caso, una crisis institucional, una crisis de cohesión y articulación interna. Empero, también una crisis de la administración del presupuesto. Si a esta crisis institucional le sumamos la crisis múltiple del Estado-nación, crisis que no se ha resuelto, que se ha ahondado debido a la decisión del gobierno de restaurar el Estado-nación, incumpliendo con la Constitución, que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, entonces estamos ante una crisis orgánica, de la que no se va a salir con simplonas interpretaciones construidas a partir de una desgastada hipótesis de la conspiración y una anacrónica lectura del golpe de Estado.

Entonces una de las lecciones del motín policial tiene que con la evaluación del Estado, la condición en la que se encuentra. Vemos a un Estado que no ha logrado su totalización, su articulación y su cohesión, desde el punto de vista las teorías del Estado, teorías que suponen la existencia del Estado, por lo tanto de una esencia del Estado; estas son teorías basadas, en principio en la razón de Estado. Desde este punto de vista tendríamos a un Estado incompleto, además fisurado y hasta fragmentado, cuyas fracturas se hacen manifiestas en plena crisis de autoridad y de legitimidad. Sin embargo, debemos decir que estas tesis suponen una teoría deductiva del Estado. Cuando se enfrentan a la crisis de esta entidad buscan la explicación en el modelo teórico y en la racionalidad supuesta, que debería contener el Estado. Estos problemas nos llevan a la pregunta de ¿qué es el Estado? ¿Una realidad o una ficción jurídica? Sobre todo cuando se contrastan estas teorías con el efectivo funcionamiento de estos aparatos políticos.

Recogiendo los cursos impartidos por Pierre Bourdieu en el Collège de France (1989-1992), cursos publicados en un sugerente y polémico libro Sur L’État, nos encontramos con una crítica epistemológica de estas teorías del Estado y con el desenvolvimiento analítico de una sociología del Estado. Vamos a recurrir a las lecciones de Bourdieu pues nos ayudan a evaluar desde otra perspectiva la crisis del Estado en Bolivia [1].

En el curso del Collège de France Pierre Bourdieu pone en consideración puntos críticos a abordar, desde los que se cuestionan las teorías generales del Estado; uno de esos puntos cuestiona la existencia misma del Estado, el suponer que existe algo como realidad que llamamos Estado, punto donde se pone en mesa que el Estado sea una invención de los teóricos del Estado, también sea una invención jurídica, sea sobre todo un producto efectuado en el campo burocrático y administrativo. Los principales productores del Estado son los teóricos del Estado, también los historiadores, así como los políticos, de la misma manera los juristas, los abogados y particularmente los burócratas. Empero todo esto concurre en el campo social, en las transformaciones y variaciones de las relaciones sociales en el campo social. Concurre esto en la medida que se inscriben relaciones sociales que posibilitan estructuras que dibujan un campo político, desplazamientos que se dan en procesos de universalizalización de lo particular dominante, en el sentido de la reapropiación de lo local en beneficio de la estatalización. Desde esta perspectiva es aconsejable abordar la problemática política desde la visión de la genética del Estado y desde la evaluación histórica de la formación del Estado. Todo esto tiene que ver con la formación del campo político y del campo burocrático, sobre todo con el repliegue de estos campos, si podemos hablar así, en el habitus, en la constitución de sujetos y subjetividades, por lo tanto también de imaginarios estatales.

La tarea abordada entonces no es competir con las teorías generales del Estado, sino construir explicaciones singulares y diferenciales de los estados, de sus genéticas, de sus formaciones, de sus campos sociales, políticos y burocráticos. No se trata sólo de comprender el Estado como relación o ámbito de relaciones, sino visualizar varios niveles articulados. El relativo al desplazamiento de relaciones burocráticas y administrativas, articulado a la función normativa del derecho, también a la función jurídica, que interpreta y reglamente el funcionamiento estatal; articulados ambos niveles al papel de las políticas públicas, posibilitadas por los mecanismos financieros; todos estos niveles atravesados por los lenguajes especializados, también por instrumentos y dispositivos documentales. Todo esto tiene que ver con el papel de las instituciones, con las prácticas, con los sentidos dados a las prácticas, por lo tanto con la formación del habitus, así como con la constitución de la subjetividad estatal.

Sin necesidad de exponer exhaustivamente el contenido de los cursos citados, tampoco de sacar todas las consecuencias de los cursos, en este ensayo interesa buscar una interpretación sociológica del conflicto en cuestión. Nos haremos algunas preguntas al respecto: ¿Cuál es el campo político boliviano en la actualidad? ¿Cuál es el campo burocrático, es decir el Estado? ¿Por qué han entrado en crisis las reproducciones de estos campos?

Para responder a estas preguntas se requiere hacer investigaciones en profundidad, empero, por el momento sólo se pueden lanzar hipótesis de interpretación que deben ser contrastadas posteriormente por las investigaciones. Se supone que hay un nuevo campo político desde el 2006. Un gobierno progresista es gravitante en las distribuciones políticas en este campo; a partir de esta presencia gravitante se redefinen las relaciones de las instituciones, organizaciones, empresas, otros gobiernos autónomos y regiones con el gobierno central. Hay como una nueva configuración en el campo político; las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales aparecen como instancias y lugares de influencia en el desenvolvimiento político, particularmente las organizaciones que estuvieron conformando el Pacto de Unidad, las tres organizaciones campesinas y las dos organizaciones indígenas.

El MAS como instrumento electoral, como partido en formación o movimiento político, es como una extensa red de representaciones departamentales y de las circunscripciones, donde concurren presiones, negociaciones y acuerdos de distintas organizaciones, con el objeto de influenciar también en el gobierno y ocupar espacios. Esta distribución y disposición política podría ser el ámbito gravitacional de irradiación del nuevo campo político. Empero, fuera de ámbito gravitacional, se encuentran otras organizaciones sindicales que han cobrado independencia y han manifestado un comportamiento autónomo, defendiendo intereses más bien del sector o estrato social correspondiente. Hablamos de los sindicatos mineros y de las organizaciones de cooperativas mineras, que le han hecho planteamientos independientes y propios al gobierno, generándole conflictos.

En esta dispersión podemos citar a las organizaciones sindicales de la salud y de los maestros, que también han hecho conocer sus propias demandas. También tenemos que ubicar en esta distribución a los gremialistas y a los sindicatos de transportistas, aunque con otros perfiles, otras particularidades, otros intereses y otras reivindicaciones. Ubicados en una extensión más amplia, un poco más alejados de la región gravitacional, podemos situar a determinadas juntas de vecinos con capacidad organizativa, también con posibilidades de influencia, como es la Federación de Juntas de Vecinos de la Ciudad de El Alto. A este ámbito del campo político llamaremos popular.

De otro lado, de lo que podríamos llamar la distribución de los dispositivos políticos del ámbito de lo no-popular, tenemos la dispersión de los partidos políticos y de las agrupaciones ciudadanas ligadas a lo que fueron los partidos de la gestión del proyecto neoliberal, la llamada mega- coalición. Se trata de representaciones políticas disminuidas, incluso regionalizadas, en algunos casos localizadas y circunscritas a un municipio. Parte de estas representaciones estuvieron enfrascadas en una resistencia tenaz al proceso constituyente y a la primera gestión de gobierno del MAS; se involucraron en convocatorias y movilizaciones ciudadanas en contra del proceso político en curso, llegando a tomar las ciudades capitales de los departamentos de la llamada “media luna”, incluso optando en la espiral ascendente de violencia por toma de instituciones estatales.

El desenlace de toda esta operación derivo en la llamada masacre de campesinos en la localidad de el Porvenir, en el departamento de Pando. A partir de ese momento los desenlaces del conflicto se desataron; las representaciones políticas de las oligarquías regionales no pudieron ir más lejos, se derrumbaron. Perdieron convocatoria ante la evidencia de la masacre, llegaron al límite de la violencia que podían efectuar. El gobierno optó por el Estado de sitio en el departamento de Pando; estas representaciones políticas perdieron el control de la gobernación de Pando, gobernación que fue intervenida militarmente. A partir de entonces estas representaciones políticas irán perdiendo el control de las gobernaciones de la “media luna”. Sólo les queda la gobernación del departamento de Santa cruz. Como se puede ver, se tiene en este ámbito no-popular del campo político a una derecha tradicional disminuida, a la que le queda el control de una gobernación y de los escaños del Congreso, cuya magnitud no llega a un cuarto de la representación.

Entre el ámbito popular y el ámbito no-popular del campo político se encuentra la ubicación de un conjunto de dispositivos políticos, que conforman un tercer ámbito en el campo político, que hace como de centro de concurrencia entre ambas ámbitos confrontados, el popular y el no-popular. En este espacio político se encuentra el Movimiento sin Miedo (MSM), que controla varios municipios, siendo el más importante y de influencia el municipio de la ciudad de La Paz. No se entienda este centro de concurrencia como centro entre una izquierda y derecha, pues esto del posicionamiento político depende de la posición efectuada respecto a la Constitución y a los objetivos del proceso, respecto a los cuales el MAS ha quedado a la derecha. Tampoco se habla de centro gravitacional del campo político, este centro gravitacional viene configurado por el gobierno y los órganos de poder del Estado copados por el MAS. Hablamos de un centro entre dos ámbitos del mismo campo político, entre el ámbito popular y el ámbito no-popular. El MSM se desprende de la alianza con el MAS para iniciar una labor crítica e institucional.

Entonces el campo político viene dibujado por dos ámbitos, uno popular y el otro no popular, un centro gravitacional del campo donde se sitúan los aparatos y órganos del Estado, una distribución de organizaciones sociales que incluso se sitúan a la izquierda del MAS, una distribución de organizaciones políticas donde se encuentra el MAS, se tiene colateralmente, como proximidad, al MSM, con una posición institucionalista; de este modo, otras organizaciones políticas, se van distanciando y distribuyendo colocándose a la derecha del MAS.

Ahora hablaremos del campo burocrático, que es el campo donde se realiza efectivamente el Estado. El campo político no es el campo burocrático, aunque el campo burocrático suponga y se efectúe desde el campo político; de todas maneras, no hay que olvidar que todos estos campos se efectúan desde la matriz del campo social. El campo burocrático es el que produce el efecto de Estado. Al respecto hay que distinguir dos conceptos del Estado, el Estado en sentido restringido y el Estado en sentido amplio. El Estado en sentido restringido es el conjunto institucional que permite el ejercicio de gobierno; el Estado en sentido amplio es el territorio que comprende al conjunto de los ciudadanos y sus relaciones, prácticas, estructuras condicionantes [2]. El Estado se construye a partir de sus aparatos, sus engranajes, sus mecanismos, sus agenciamientos, utilizados por la gama heterogénea de funcionarios; el Estado se extiende y ocupa el territorio, lo demarca, realiza un espacio estriado, una cartografía estatal. El Estado impone la lengua nacional, produciendo la homogeneización lingüística, la forma normalizada de hablar, la ortografía, la sintaxis y la redacción, la forma de hablar, mediante las instituciones educativas conformadas en el campo educativo. De esta manera el Estado constituye a los ciudadanos; El Estado se internaliza en los sujetos, en las estructuras mentales, plasmándose como habitus, conductas y comportamientos. El Estado se repite en las representaciones y conforma imaginarios. Entonces el Estado se construye, se repite de manera diferencial en distintos niveles y planos, se concibe a si mismo desde la construcción misma de la concepción de Estado. El Estado se piensa a sí mismo como Estado. Esto parece ser el círculo envolvente del Estado, más bien la espiral generativa del Estado. Las mismas posiciones anti-estatalistas parecen reproducirlo, pues conciben al Estado como algo, como una esencia, incluso como mal.

El campo burocrático es el campo institucional, pero no sólo de las instituciones que se remiten al ejercicio de gobierno, sino también de las instituciones que abarcan el ejercicio económico, el ejercicio cultural, otras prácticas que se encuentran normadas y reglamentadas estatalmente. Un tejido cohesionador de este campo es el discurso jurídico, el discurso del derecho, los distintos derechos, normas, leyes y reglamentos que codifican al conjunto de relaciones y prácticas de este mapa institucional. Los agentes realizadores de este campo burocrático son los burócratas, en el sentido weberiano del término, y como eje organizador, como referente de acciones normativas, se encuentra una casta especial de funcionarios, los juristas. Como parte de esta demografía burocrática, de esta estratificación burocrática, se encuentran también los agentes financieros, que aunque pertenezcan a los bancos, sus funciones y actividades producen efecto de Estado. También tenemos que contar con una gama de agentes sociales, de trabajadores sociales, incluso de defensores de todo tipo, que forman parte de las expansiones de las decodificaciones, normativas e interpelaciones de efecto estatal. El centro gravitacional de este campo burocrático parece ser el sistema legal, normativo y de reglamentaciones, todo el conjunto institucional ligado el ejercicio jurídico y normativo, todas las unidades jurídicas; dispositivos jurídicos usados por los agentes jurídicos diversos. Toda esta institucionalidad jurídica, acompañada por las hermenéuticas de los derechos, viene apoyada por toda la organización administrativa, por todas las divisiones administrativas, por todas las técnicas administrativas. A partir de estas centralidades jurídicas y administrativas se puede configurar el campo burocrático, dibujar la expansión de formas institucionales diversas que hacen al conjunto de los dispositivos y agenciamientos del Estado.

En este campo burocrático, ¿qué clase de instituciones son las fuerzas armadas y la policía? Se puede también definir al Estado como la instancia de los múltiples monopolios de la violencia, la violencia simbólica, la violencia psíquica, además de la violencia física. A groso modo el ejército está encargado de la defensa de las fronteras del Estado, de la seguridad externa, en tanto que la policía está encargada del cuidado de las ciudades, de los poblados, de los asentamientos, de la seguridad interna. En cierto sentido se trata de instituciones con una larga historia, particularmente en lo que respecta a la historia del ejército, que de alguna manera antecede al Estado mismo, si tenemos en cuenta a los destacamentos guerrilleros y al ejército de la independencia. En la medida que forma parte indispensable del Estado, como zona de emergencia estatal, las fuerzas armadas van a vivir también la institucionalización, por lo tanto van a ser atravesados por una normativa y una administración. También, en la medida que la república atraviese sus distintos periodos, las funciones del ejército adquieren una mayor definición e incluso especialización, sobre todo en el periodo de la guerra fría, cuando los bloques socialista y capitalista se enfrentan, dando lugar, en las periferias dominadas por el imperialismo norteamericano, a la llamada estrategia de seguridad del Estado, que forma parte la guerra contra el comunismo.

La policía es una institución de orden interno, de seguridad interna, de cuidado de la ciudadanía, de control interno y de mantención del orden. También esta institución ha venido redefiniendo sus funciones y creando tareas de especialización, por ejemplo, la que tiene que ver con el control, contención y represión a las movilizaciones sociales y la protesta social. Convirtiéndose estas tareas entre las más importantes en la medida que el conflicto social se vuelve constante y del orden del día. También se han creado tareas, funciones y unidades especiales en lo que respecta a la lucha de los tráficos ilícitos, particularmente el narcotráfico y el contrabando.

En Bolivia las fuerzas armadas obedecen nominalmente al capitán general, que es el presidente; se encuentran administrativamente ligadas al Ministerio de Defensa y en términos de mando al Estado Mayor y a los altos mandos. La policía se encuentra ligada administrativamente al Ministerio de Gobierno y en términos de mando al comandante general de la policía y los mandos respectivos. Aparentemente no podría haber colisión entre el ejército y la policía, tampoco entre estas instituciones de emergencia del Estado y el Estado mismo, empero la historia efectiva y la contingencia política que atraviesa la génesis de los mismos estados lleva a contradicciones y antagonismos. Los conocidos golpes de Estado han sido los procedimientos expeditos para la toma del poder en periodos de aguda crisis o de intervención imperialista, como en el caso de la historia de las dictaduras militares en América Latina, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. En Bolivia se enfrentaron la policía y el ejército en la revolución de 1952, volvieron a hacerlo en el 2003, y la policía se amotina en todo el país recientemente en junio del 2012.

¿Qué nos dicen estos eventos? Que a pesar del orden legal, el ordenamiento administrativo, del orden institucional, las colisiones se dan, las contradicciones se producen, las rupturas del orden legal, administrativo e institucional ocurren como fenómenos efectivos y contingencias en el campo social y en el campo político. ¿Por qué se dan? Hay distintas condicionantes y determinantes, dependiendo de los periodos del Estado y de la historia política de los países. Debilidad institucional, asociada a esta, vulnerabilidad del mismo Estado, pero también momentos de crisis política intensa, dependencia extranjera, intervención foránea, así como crisis económica. Debemos contar también con las consecuencias de las políticas públicas, sobre todo las que tienen que ver con el presupuesto, la distribución del presupuesto, la administración y el manejo institucional del mismo.

Lo que ha saltado a la vista en el último motín policial es la baja escala de sueldos de la tropa, de los suboficiales y hasta de los oficiales. Lo que ha molestado a los policías es el trato diferencial económico entre el ejército y la policía. El conflicto policial ha culminado con un acuerdo entre gobierno y policías, logrando un pequeño aumento al sueldo básico, además de poner en suspenso la ley 101 de disciplina de la policía. Seguramente los problemas estructurales de la policía no están resueltos, menos la necesaria transformación institucional desde la perspectiva de la exigencia de las transformaciones estructurales e institucionales establecidas por la Constitución. Empero, este conflicto, así como otros dados en una secuencia sinuosa, nos muestran también otra cosa, que el Estado es del tamaño del presupuesto.

En cuanto la policía arregló su conflicto con el gobierno, de nuevo se puso al servicio pleno del gobierno y del Estado, mostrando mucho celo en la represión de la novena marcha a su ingreso al centro de la ciudad de La Paz y en las entradas a la Plaza Murillo. Con esto se termina cerrando la historieta de la conspiración y de un golpe de Estado. También muestra que eran ilusorias algunas expectativas de alguna gente de que de la asonada policía podía derivarse en una crisis de mayor escala. La IX marcha quedó sola, contando con el apoyo de los paceños, que salieron a recibirla y a defenderla de una agresiva contramarcha organizada por el MAS.

La llegada de la IX marcha

A pesar de todos los esfuerzos del gobierno por destrozar la marcha indígena, a pesar de haber usado descomunalmente el monopolio de su violencia múltiple, violencia simbólica, violencia psíquica, violencia física, a pesar de intervenir militarmente el TIPNIS, presionando, regalando motores fuera de borda, haciendo obsequios, obligando a firmar compromisos de no asistir a la marcha, a pesar de que altos funcionarios del gobierno cooptaron dirigentes medios y de base, la marcha siguió adelante, sumo marchistas y llegó a la sede de gobierno. Contó con el apoyo de la ciudad de La Paz; los paceños salieron a recibir a los marchistas, a quienes los volvieron a recibir como héroes. También salieron a defender a la IX marcha de la contramarcha organizada por el gobierno, que bajó de la Ciudad de El Alto, agregando campesinos traídos y funcionarios de la alcaldía; una contra-marcha agresiva buscando enfrentamiento y repartiendo chicotazos a diestra y siniestra.

La llegada de la novena marcha es una victoria política de las comunidades del TIPNIS y de las dirigencias matriciales de las organizaciones indígenas. Es una derrota al permanente asedio del gobierno, a su guerra sucia, que persiste y aumenta de intensidad en las últimas horas. Es una gran muestra de dignidad ante la desesperación de un gobierno autoritario y represivo, ante su ruptura moral, que acude a todo los mecanismos más insólitos para desactivar la lucha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de sus territorios.

Las últimas argumentaciones del gobierno asombran por su bochornosa violencia y desborde de furia, se descalifica a la dirigencia de la marcha con acusaciones desempolvadas, como la acusación a la dirigente Berta Bejarano de haber estado comprometida en narcotráfico, incluso sentenciada y perdonada. Estas acusaciones caen por su anacronismo y desacierto. María Galindo, de Mujeres Creando, contestó en un excelente artículo a esta desatinada descalificación, defendiendo a la mujer popular e indígena, recordando la defensa que se hizo en otro tiempo de la lucha de las cocaleras [3]. Con esta acusación el gobierno hace de inquisidor y de verdugo. Tampoco tiene la moral para blandir esta espada, escondiendo la expansión de la economía política de la cocaína en el polígono siete, en el Chapare, en las fronteras del país, y prácticamente en una extensa geografía comprometida, comprometiendo la cohesión social de la sociedad. También se ha acusado a Adolfo Chávez, dirigente máximo de la CIDOB de haber estado comprometido con una participación en los juegos de azar, sacando de la manga un recibo supuestamente firmado por el dirigente. Esta actuación del gobierno es de novela policial. Ya nada ruboriza a los altos personeros del gobierno, al vicepresidente y al propio presidente. Una evidente bronca desborda en sus expresiones.

El gobierno ha hecho conocer su posición, dice que va a dialogar con todos los dirigentes, con los caciques del TIPNIS, con los del CONISUR, que llegaron para dialogar, que incluso contaron con el escenario de la Asamblea Legislativa para dar una conferencia de prensa, mientras no se dejaba pasar a la IX marcha indígena a la Plaza Murillo. Dice también que de todas maneras va la consulta pues es constitucional y cuenta con la sentencia del Tribunal Constitucional. No ha respondido a la crítica vertida por uno de los artífices del convenio 169 de la OIT, Bartolomé Clavero, en el sentido de que eso, lo que hace el gobierno, con la ley 222, no es una consulta, pues no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta. Tampoco ha contestado a las críticas vertidas desde la interpretación de la Constitución, que invalida la actuación del gobierno por pretender efectuar un cuestionario que no es previo, no cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas, no es libre e informada, tampoco es de buena fe. El gobierno sigue adelante con su estrategia destructiva, sin ningún miramiento ante nada, violando sistemáticamente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos fundamentales y ciertamente las condiciones de posibilidad establecidas para una consulta verdadera.

¿Cómo evaluar estos sucesos? Una primera apreciación tiene que ver con la historia reciente de todos los conflictos que tuvo que atender el gobierno. Resolvió todos, para quedarse enfrente con el conflicto del TIPNIS. ¿Por qué no resuelve de la misma manera este conflicto? ¿Por qué es tan importante mantener su postura en relación al TIPNIS, incluso arriesgándose políticamente? ¿Ha perdido la cabeza? ¿Ya no tiene instinto de sobrevivencia? ¿Qué se juega en el TIPNIS? Al respecto, entre muchas cosas, lo que también se juega en el TIPNIS es precisamente la consulta, la consulta verdadera. Que el gobierno imponga un cuestionario fuera de tiempo, posterior, que induce a votar por la carretera del “progreso”, es cuestión de vida o muerte para los territorios y pueblos indígenas. El gobierno, que ha apostado por la continuidad del modelo extractivista del capitalismo dependiente, requiere resolver tramposamente este problema, que afecta a las concesiones hidrocarburíferas, mineras y demás recursos naturales. También requiere resolver este problema ahora, cuanto antes, cuando ha decidido apostar a la ampliación de la frontera agrícola, con la complicidad de la dirigencia campesina, quienes han renunciado a la reforma agraria, y se cuenta con el acuerdo implícito con los terratenientes y agroindustriales. El modelo extractivista se expresa tanto en la continuidad de la explotación minera e hidrocarburífera, en condición de comercialización y exportación de materias primas, así como ampliando el mismo modelo a otros recursos naturales como el hierro y el litio, acompañando todo esto con la agricultura extensiva destinada a la exportación, incluyendo la utilización de transgénicos.

Por otra parte, la presión en el TIPNIS y en otros territorios indígenas y parques viene de la expansión del cultivo de la hoja de coca excedentaria. La expansión de la economía política de la cocaína redefine el perfil del capitalismo dependiente de nuestra periferia en el sentido de darle los rasgos más perversos de los circuitos comerciales, esta vez ligados a los tráficos ilícitos con el beneplácito del sistema financiero. Hay pues un compromiso electoral con las bases de las organizaciones del cultivo excedentario de la hoja de coca. De esta forma el TIPNIS estaría destinado a desaparecer como territorio indígena y parque a nombre de la ilusión de progreso, que lo único que tiene como “desarrollo” es repetir la triste historia de las comunidades por donde pasan carreteras, el dominio de los monopolios comerciales, la depredación, la contaminación y obviamente el despliegue de las desigualdades, que son de las consecuencias estructurales de la expansión capitalista.

Otra apreciación tiene que ver con las poses del gobierno extractivista. Ha blandido contra la lucha indígena del TIPNIS el argumento de que el colonialismo ahora es ambientalista. Este argumento contrasta con su propio modelo extractivista, modelo impuesto colonialmente. La lucha concreta hoy contra el capitalismo es una lucha contra el extractivismo; esta es una lucha continental. No sólo por los efectos contaminantes y depredadores, sino también porque la forma actual del capitalismo es precisamente esta expansión extractivista desatada; un capitalismo que quiere resolver su crisis estructural mediante el procedimiento del despojamiento y la desposesión de recursos naturales, mediante la reiteración de la acumulación originaria del capital, optando por la mega expansión de las empresas extractivistas. Con esto no sólo se transfiere los costos a la naturaleza, costos que no se contabilizan y no se reponen, sino se transfiere los costos a los países periféricos, nuevamente condenados a la cesión de sus recursos naturales, mientras la acumulación ampliada de capital se produce en los centros del sistema mundo capitalista, incluyendo a su nuevo centro emergente que es la potencia industrial de China. Esta opción, la extractivista, convierte al gobierno en agente de este capitalismo de desposesión y despojamiento, en agente de las formas de dominación del sistema financiero internacional. Por lo tanto, su postura anti-imperialista es eso, una pose que oculta su complicidad con las formas perversas del capitalismo y del orden capitalista mundial.

Otra apreciación tiene que ver con las redes de complicidad del gobierno, con el régimen de cooptaciones de dirigencias, sobre todo campesinas, con la expansión desbordante de las redes clientelares y los circuitos de influencia. Tiene que ver entonces con la expansión del diagrama de poder de la corrupción. Uno de estos aspectos tiene que ver con la maleabilidad de las dirigencias, las complicidades perversas que se construyen y, por lo tanto, con la destrucción del sentido social y político de las organizaciones sociales. Las dirigencias comprometidas con estas cooptaciones son responsables de la desestructuración de sus organizaciones y la adherencia a una forma política que restaura el Estado-nación liberal y colonial, en contra de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Con lo que las bases han quedado solas y desamparadas mientras sus dirigencias se benefician.

Una última apreciación tiene que ver con la fuerza de la marcha indígena. La fuerza radica primordialmente en la potencia ética de su lucha, en la dignidad de los marchistas, particularmente de las mujeres, que expresan integralmente la comprensión del valor de la lucha por la vida, que es la lucha por la madre tierra. El gobierno no ha podido enfrentar esta potencia ética, una vez que se ha roto moralmente. Todo el aparataje de los monopolios de la violencia múltiple, todos los discursos falsos anti-imperialistas, todas las descalificaciones que pueda inventar, son inútiles ante la fuerza de esta convicción moral y entrega. Pase lo que pasé los indígenas en esta lucha ya han vencido a un gobierno corrupto.

Notas:

1. Pierre Bourdieu: Sur L’État. Cours au Collège de France 1989-1992. Édition Raisons d’agir/Éditions du Seuil 2012. Paris.

2. Revisar de PierreBourdieu: Sur L’État. Cours au Collége de France 1989-1992. Éditions Raisons d’agir/Éditions du Seuil 2012. Paris. Sobre todo el Course du 17 janvier 1991.

3. María Galindo: Berta Bejarano. Artículo publicado en Página Siete.

* Activista del grupo Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/