El gobierno boliviano ha asumido una postura ambigua y contradictoria frente el Sistema Interamericano de Integración. Por una parte, hace uso del mismo para concretar su demanda marítima y por otro lo cuestiona en tanto que supuesto instrumento del imperialismo norteamericano. Sus acusaciones no sólo se distancian de la realidad sino que no toman en cuenta la relación histórica de la CIDH con Bolivia. Con base en una revisión de los documentos emitidos por la CIDH entre los años 2000 y 2012, el artículo presenta una crítica a la posición de Bolivia respecto a este organismo regional de Derechos Humanos.

La OEA: ¿Al servicio de quién?

En la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados realizada en Tiquipaya – Cochabamba los días 3, 4 y 5 de junio, el Gobierno de Bolivia ha ratificado su intención de llevar la demanda marítima boliviana a instancias internacionales en base a la ratificación en marzo del 2011 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá de 1948) que forma parte de los tratados del Sistema Interamericano y define los mecanismos para la solución pacífica de controversias entre los Estados de la región a la vez que permite reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. (1)

Independientemente de la posible efectividad de la estrategia multilateral de Bolivia, resulta contradictorio que por una parte se busque hacer uso del Sistema de la OEA para la solución del tema marítimo y la defensa del derecho de los bolivianos al bienestar y el progreso y por otro se lo ataque tan duramente.Fue así que durante la Asamblea, a la vez que buscaba socavar la legitimidad del sistema interamericano de integración, el Gobierno Boliviano apelaba por el cumplimiento de la resolución 426 de 1979 de la OEA (2) considerada como el mayor logro de respaldo diplomático logrado por Bolivia en su demanda marítima.

Durante el discurso inaugural, el presidente Evo Morales ha afirmado que la OEA tiene dos caminos: “O morir al servicio del imperio estadounidense o renacer para servir a los pueblos latinoamericanos”. Al repetir acríticamente las afirmaciones y propuestas que desde hace meses países vienen haciendo gobiernos de Ecuador, Venezuela y Brasil con el respaldo de otros varios que no necesariamente pueden ser considerados “de izquierda”, tales como Honduras, Panamá o Colombia, el Gobierno de Bolivia ha asumido argumentos que no sólo se distancian de la verdad sino que además no corresponden con su realidad y su relación histórica con la OEA.

Citemos algunos ejemplos: En junio del año 2005, durante la 35ª Asamblea General de la OEA, Bolivia atravesaba una dura crisis política. Las organizaciones sociales exigían al Gobierno de Carlos Mesa la nacionalización de los hidrocarburos, el llamado a elecciones y una Asamblea Constituyente. Fue entonces cuando Estados Unidos presentó en esta reunión un proyecto de resolución denominado ‘Hacer realidad los beneficios de la democracia‘, que buscaba implementar un mecanismo de “monitoreo” y “acción efectiva” en situaciones en las que las democracias de la región “se vean amenazadas” (3).

Durante el evento, la diplomacia norteamericana buscó infructuosamente demostrar que la crisis boliviana respondía a afanes desestabilizadores orquestados por los vínculos entre líderes políticos emergentes como Evo Morales y el Gobierno de Hugo Chávez. Un argumento muy parecido al que el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada utilizó para descalificar y masacrar a la población civil desarmada que se movilizó contra los intereses petroleros norteamericanos en Octubre del 2003.

Para bien de la región, la propuesta intervencionista fue rechazada por la mayor parte de los países de América Latina, dejando a EEUU aislado en su intención de utilizar a la OEA para legitimar una posible injerencia o intervención sobre Bolivia y otros países que buscaban transformaciones sociales importantes. En la ocasión, el canciller venezolano Nicolás Maduro, de forma contraria a lo planteado recientemente en Cochabamba, aseguraba que: “América Latina no es la misma que estaba arrodillada a los mandatos de la Casa Blanca y del Pentágono”. (4)

Dos años después, se reeditó la derrota de EEUU en la trigésima séptima Asamblea General de la OEA, efectuada en Panamá.(5) En su discurso inicial, la Secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice solicitó que un comisión de la OEA viajase a Venezuela a investigar la no renovación de la concesión a RCTV (6) por considerarlo una posible afectación de los Derechos Humanos. En la réplica el Canciller Venezolano Nicolás Maduro afirmó que de tratarse de Derechos Humanos, el gobierno de Washington debería abrir las cárceles de Guantánamo y permitir un reportaje de TV. La funcionaria norteamericana abandonó el recinto sin escuchar la segunda intervención del Canciller. Según el diplomático, el retiro de Rice expresaba “un desprecio a la Asamblea General cuando vio que no podía imponer su criterio”. Hizo énfasis en el hecho de que en el hemisferio “hay un nuevo liderazgo de dignidad acompañado por los pueblos y por eso hemos dicho que vamos a la construcción de una nueva OEA” (…). (7)

Maduro también acusó a Rice de violentar la agenda de la reunión que debía centrarse en la “Energía para el desarrollo sostenible” introduciendo subrepticiamente el asunto de RCTV, algo parecido a lo que hizo, con la ayuda del Canciller boliviano David Choquehuanca, el presidente ecuatoriano en la reciente Asamblea de la OEA, tratando sus quejas contra la Comisión Interamericana de DDHH por encima de la agenda de la cumbre, que debía tratar sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. En base a estos hechos, se observa que al menos en los últimos siete años, no ha sido del todo EEUU sino “el liderazgo” de los países del ALBA el que ha tenido una importante influencia en las acciones y decisiones del Organismo de Integración, como dijera en anteriores ocasiones el propio Canciller Venezolano.

Esta influencia se hizo evidente no sólo en la elección del actual Secretario General en el año 2005, para lo cual el voto de éstos países fue determinante, sino también en la aprobación, durante la reciente reunión de la OEA de una resolución para analizar e iniciar reformas a la Comisión Interamericana de DDHH, reformas que coincidentemente fueron ya sugeridas en un informe de José Miguel Insulza al Consejo Permanente en mayo pasado. El principal argumento al que se ha plegado Bolivia para justificar esta resolución es el siguiente: respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que ésta vela por los intereses de EEUU y que la misma debe también vigilar los Derechos Humanos en ese país o de lo contrario desaparecer.

¿Qué hizo y qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Antes de analizar la validez de estos argumentos es necesario recordar que la Comisión Interamericana tiene diferentes formas de trabajo: observa la situación general de los DDHH en los Estados miembros y si lo considera apropiado publica informes y recomendaciones al respecto; cuenta con relatorías para el estudio de temáticas de relevancia regional; realiza visitas y análisis en terreno y solicita opiniones consultivas a la Corte IDH sobre aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, entre las funciones más importantes y progresivas de la CIDH, está por una parte: la recepción de denuncias (peticiones individuales) que alegan violaciones a los DDHH por parte de los Estados miembros y la solicitud de medidas cautelares a estos para evitar daños irreparables a la vida y la integridad de las personas solicitantes en casos graves y urgentes.

Antes de ser admitida una denuncia por parte la CIDH, ésta –sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión- debe analizar si la misma cumple con ciertos requisitos como el agotamiento de recursos internos y si existen razones para considerar una presunta violación de derechos contemplados en la Convención Americana de DDHH u otros instrumentos, lo cual abre la posibilidad de un proceso de análisis por parte de la Comisión y la presentación de pruebas por las partes. Una revisión de las 605 denuncias o peticiones individuales admitidas por la CIDH entre los años 2000 y 2012 nos muestra la imprecisión de los argumentos de nuestro Presidente.

Los dos países que encabezan la lista con más denuncias admitidas son Colombia y Perú que cuentan con 67 y 65 peticiones respectivamente. De estos no puede decirse que hayan tenido un discurso y mucho menos una orientación izquierdista durante el periodo observado, al contrario; es conocido que sus gobiernos han sido importantes aliados de EEUU en Sudamérica a través del Plan Colombia y la firma de los TLCs. Es más, gran parte de las atroces violaciones de DDHH denunciadas en Colombia han sido cometidas por grupos paramilitares cuyos jefes han sido conveniente y ágilmente extraditados a EEUU para ocultar los vínculos con el Estado Colombiano y el papel de la embajada norteamericana en la constitución de estos grupos.

A estos países, les siguen Ecuador con 59 peticiones, Brasil con 52 y Argentina con 51. La mayor parte de estas denuncias admitidas refieren a hechos anteriores al ascenso de Gobiernos denominados de izquierda y están vinculadas con procesos abiertos contra funcionarios y agentes de las dictaduras o con hechos de violencia realizados por la fuerza pública o grupos armados delincuenciales contra comunidades o individuos en el llamado período neoliberal. En menor medida atañen a derechos de comunidades indígenas a la consulta previa o el territorio. Por debajo de éstos países están Venezuela con 37, Chile con 34 y Méjico con 32.

Estados Unidos les sigue con un número de 29 peticiones, gran parte de las cuáles han sido admitidas en los últimos años (13 entre 2009 y 2011) pese incluso a que dicho país no ha suscrito la Convención Americana de DDHH. Para poder hacer valer su jurisdicción sobre EEUU y exigir sus obligaciones en materia de DDHH, la CIDH ha apelado al cumplimiento de la Carta Americana de los Derechos y Deberes del Hombre suscrita por dicho país en 1948, la Carta de la OEA y al artículo 20 de su estatuto y los artículos 51 y 52 de su Reglamento (8), estatuto que ahora los países del ALBA buscan modificar.

Muy por debajo, Bolivia tiene sólo 12 peticiones admitidas, ninguna de las cuales corresponden con hechos sucedidos durante el Gobierno de Evo Morales sino con hechos anteriores, lo cual le impide justificar su animadversión política contra la CIDH. Una de las peticiones admitidas por la CIDH fue la de los hermanos García Linera y 10 personas más acusadas de terrorismo y otros 13 delitos en 1992. Todos ellos denunciaban actuaciones irregulares en las detenciones, incomunicaciones, torturas después de la detención y retrasos en los procesos judiciales. Resulta difícil creer que la Comisión, con la admisión de este caso en particular actuó a favor del imperialismo norteamericano. (9)

Siguiendo con la lista destacan los casos de Cuba que ha tenido sólo 5 casos y Canadá que ha tenido sólo 3 procesos admitidos durante este largo periodo. El panorama es mucho más revelador cuando observamos las medidas cautelares, con lo cual se vuelve a observar la falta de veracidad de las afirmaciones de Evo Morales respecto a que la CIDH no ha estado monitoreando la situación de los DDHH en EEUU. Entre los años 2000 y 2012 los países a los cuáles se han hecho más solicitudes han sido Colombia con 143, Guatemala con 79 y Estados Unidos con 67.

En lo concerniente a EEUU, gran parte de las peticiones han apuntado a proteger la vida y seguridad de inmigrantes latinos o musulmanes quienes iban a ser deportados poniendo en riesgo sus vidas. También han buscado proteger a condenados a muerte que no han recibido el debido proceso o no han gozado de una defensa pública adecuada. Los organismos de protección de la OEA han emitido una serie de recomendaciones tendientes a la abolición de la Pena de Muerte en países como Estados Unidos, Guatemala y otros del Caribe tanto como a la Suscripción del Protocolo Americano Sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.(10)

De igual modo, el 12 de marzo de 2002 la CIDH solicitó medidas cautelares (MC‐259‐02) a favor de 254 detenidos en la Base Naval de Guantánamo. Posteriormente, el 21 de marzo de 2006 y el 20 de agosto de 2008 la misma las pidió de nuevo para proteger respectivamente a los señores Omar Khdar (MC‐8‐06) y Djamel Ameziane (MC‐211‐08), detenidos por supuestos crímenes cometidos en Afganistán y sometidos a torturas y tratos crueles en esta misma prisión. (11)

Luego, en un comunicado de prensa de enero de este año, la CIDH reiteró al Gobierno de Estados Unidos de América que “debe clausurar el centro de detención que opera en la base naval de Guantánamo sin más demora” (…) y “permitir a la Comisión Interamericana y a los órganos internacionales de protección realizar visitas de monitoreo en las instalaciones de detención” (…). (12)

Continuando con el recuento de medidas cautelares, se observa que a EEUU le siguen Méjico con 54 y Honduras con 46 medidas cautelares. Luego están Venezuela con 28, Haití con 25 y Brasil con 22. Gran parte de las correspondientes a Venezuela datan del año 2002 (13 sólo ese año), ocho de las cuáles refieren a casos de hostigamiento hacia periodistas, políticos y defensores de DDHH por parte de agentes vinculados al Gobierno. Entre los años 2006 y 2012 Venezuela ha recibido tres solicitudes de medidas cautelares.

En lo que respecta a Brasil, en abril de2011 la CIDH emitió una solicitud de medidas cautelares para paralizar la construcción de la represa de Belo Monte por no haberse consultado debidamente a las poblaciones indígenas afectadas. Brasil decidió dejar de pagar sus cuotas a la OEA y paralizar una donación al sistema interamericano.

Por debajo de estos países están Perú con 21, Cuba con 18, Ecuador con 15 y Argentina y Trinidad & Tobago con 11 cada uno. En lo que hace a Ecuador sólo tres corresponden al periodo de mandato de Rafael Correa entre los años 2007 y 2012 y sólo una de ellas involucra directamente al Gobierno: la del caso del Periódico El Universo por el cual busca justificar todas sus acusaciones contra la Comisión, entre ellas la de “Satanizar a los Estados y la Política Pública”con la ayuda de las ONG’s.

Bolivia se encuentra muy por debajo, con sólo cuatro solicitudes de medidas cautelares en 12 años. Dos de éstas corresponden al periodo de mandato del MAS: la primera data del año 2006 y refiere a un conflicto entre dirigentes Guarayos por el control de la COPNAG. La segunda, se emitió en agosto del año 2011 en favor del ciudadano peruano José Antonio Cantoral Benavides, acusado por las autoridades bolivianas de terrorismo y de tener nexos con Sendero Luminoso. (13)

En éste último caso, al igual que lo sucedido con los componentes del EGTK, cuesta convencernos de que la Comisión ha actuado por mandato de intereses norteamericanos como lo afirma nuestro Gobierno. Por otro lado, recordemos que hasta el día de hoy, la Comisión no ha respondido a la solicitud de medidas cautelares a favor de la octava marcha indígena como producto de la violenta intervención policial realizada en Chaparina en septiembre del año pasado.

Con el apoyo de Bolivia, Venezuela y el Secretario General, el presidente de Ecuador ha ido mucho más lejos al asegurar que los estatutos no le permiten asumir funciones judiciales como la emisión de medidas cautelares sino sólo su Reglamento Interno, y que éstas corresponderían a la competencia de un tribunal, status del cuál no goza la Comisión por estar compuesta por diversas personalidades que no ostentan necesariamente la profesión de abogados. Sin embargo, ha sido precisamente ésta cualidad la que le ha conferido su progresividad a la Comisión.Impulsados por la soberbia y por la frialdad del cálculo político, estas tentativas de eliminar los recursos de protección ágil para las víctimas de violación de DDHH, asumen un carácter no sólo regresivo sino también cruel al descontar la gran cantidad de historias de abuso, terror y sufrimiento que están detrás de cada solicitud de medidas cautelares.

Las mismas en su mayoría, no beneficiaron a poderosos medios de comunicación sino que permitieron proteger a miles de personas pobres y desprotegidas, indígenas, inmigrantes latinos o árabes, sindicatos, mujeres y niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales, reclusos o defensores de Derechos Humanos que ven amenazado el más fundamental de los derechos por parte de grupos paramilitares aliados con grandes intereses económicos, autoridades de Estado,segmentos fascistas, tribunales injustos o xenófobos, militares y policías, antiguos torturadores de las dictaduras o grupos delincuenciales.

Mientras Brasil y Colombia han quedado detrás de bambalinas sin hacer evidente su enorme descontento contra la Comisión por los Casos de Belo Monte y las atrocidades que involucran al Gobierno de Uribe y a altos intereses privados en ese país, en su lugar Ecuador, Venezuela y Bolivia han salido al frente para servir a sus objetivos y los de otros muchos interesados en reducir la autonomía de la Comisión.

Cambios en la CIDH: ¿En beneficio de quién?

Como efecto contrario al esperado, los ataques a la Comisión permitieron a EEUU hacerse de la bandera de defensa de los Derechos Humanos siendo uno de los países que más los viola. Estos intentos, no son sólo funcionales a la intención norteamericana de aparecer como el mayor defensor de los Derechos Humanos sino a muchos otros Gobiernos conservadores como el de Ricardo Martinelli de Panamá o el de Desiré Bouterse acusado de varios crímenes perpetrados durante sus diferentes gobiernos de facto en Surinám. Ellos ya no se sienten solos en su lucha para evitar el control del Sistema Interamericano por las violaciones de DDHH en sus países. (14)

Tampoco resultarán los países del ALBA y sus nuevos amigos menos expuestos a las críticas de la Sociedad Civil si llevan a cabo sus planes de sustituir a la CIDH por otro mecanismo de control “entre camaradas” como pretenden hacerlo en el marco de la incipiente y compleja CELAC. La solución coherente no pasa por debilitar a la Comisión como se está pretendiendo hacer sino por fortalecerla y ejercer una presión conjunta a EEUU y Canadá para ratificar la Convención Americana y asumir las múltiples solicitudes y recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericanas les han hecho.

El recurso fácil de apelar al imperialismo norteamericano para incumplir las obligaciones contraídas en materia de DDHH o para descalificar a cualquiera que exija el respeto de estos Derechos es no sólo irresponsable sino cínico. También es cínico que, mientras se crítica al imperialismo de EEUU y se habla de la madre tierra y los derechos de los pueblos, se promueva el capitalismo extractivista en manos de transnacionales, se diseñen megaproyectos y se avasallen sin consulta territorios indígenas en nombre del desarrollo y a favor de intereses económicos con una influencia creciente en la región, como es el caso de los intereses brasileros.

En boca de nuestros gobernantes, la alusión al “Imperialismo Norteamericano” parece irseconvirtiendo en el más usado recurso discursivo para mantener el capitalismo y querer seguir pareciendo “de izquierda”. Es también la bolsa de gatos donde se mete cualquier crítica, venga de donde venga, y sin duda es muy útil para prevenirse de asumir responsabilidades y librarse de errores propios al mejor estilo del “yo no fui” o por lo menos del “yo sé quien fue pero no lo voy a decir”.

Notas:

1. El objetivo tratado es de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este Pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-42.html

2. Dicha resolución recomendó a Chile y Bolivia iniciar “negociaciones encaminadas a lograr una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico…” ; “… teniendo en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”….

3. http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/06/internacional/1118023542.html

4. Ver: http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?cod_noticia=NT20050606101355

5. Ver: http://www.rodelu.net/niko/niko203.html

6. Radio Caracas Televisión o (RCTV) es una de las principales cadenas de televisiónde Venezuelafundada el 15 de noviembrede 1953es propiedad del conglomerado venezolano Empresas 1BC. Fue acusada por el gobierno venezolano de usar su señal para promover e instigar el golpe de Estado del año 2002.

7. Ver: http://centroschilenos.blogia.com/2007/060503-condoleezza-rice-abandono-la-asamblea-de-la-oea-sola-y-derrotada..php

8. Ver Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.cidh.org/basicos/basicos10.htm

9. Ver: INFORME Nº 54/05, PETICIÓN 150/01, ADMISIBILIDAD, RAÚL GARCÍA LINERA Y OTROS, BOLIVIA, 12 de octubre de 2005. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Bolivia150.01sp.htm.

10. CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 64, 31 de diciembre de 2011. Original: Español. En http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf

11. Ibíd.

12. CIDH, Comunicado de Prensa: A 10 años del inicio de las detenciones en Guantánamo, la CIDH reitera llamado a clausurar el centro de detención, 11 de enero de 2012. Disponible en: ttp://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/003.asp.

13. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp

14. Ver: CELAC: respeto pleno a nuestros derechoshumanos. Disponible en: http://visiondesdecuba.wordpress.com/2011/12/05/celac-respeto-pleno-a-nuestros-derechos-humanos/

* Antropólogo y Educador Popular. Actualmente trabaja en el Programa Urbano de UNITAS.