El acuerdo firmado el amanecer del 13 de junio, entre el gobierno y los dirigentes de los carabineros, ha sido rechazado por las bases. El gobierno responde con una descomunal campaña denunciando que el movimiento de los carabineros es parte de una conspiración golpista con la finalidad de fracturar a los amotinados y crear las condiciones para una salida por la fuerza enfrentando al Ejército con la tropa policial. La única manera de evitar un baño de sangre es movilizando a todos los explotados del país en favor del movimiento policial.

El Estado es una forma de organización política que impone la clase dominante al conjunto de la sociedad con el fin de preservar sus intereses materiales, y toma en sus manos todos los mecanismos de control de los explotados como la educación, las instituciones sociales, la cultura, etc. Concentra también en sus manos la fuerza compulsiva para garantizar la defensa de la propiedad privada y la aplicación de las leyes que tienen la finalidad de preservar la intangibilidad de sus instituciones.

Cuando el Estado burgués pierde el control de sus aparatos represivos que garantizan su seguridad (policía y ejército) es signo de que está viviendo una etapa terminal de su agotamiento político porque ya no es capaz, ni siquiera, de garantizar un trato adecuado a los sectores de quienes depende su seguridad. Extremo que, en la presente coyuntura, se expresa como la rebelión de la tropa policial bajo la dirección de la capa de clases (cabos, sargentos y sub oficiales) y con tendencia a generalizarse también al nivel de los oficiales de baja graduación (sub tenientes, tenientes y capitanes), exigiendo al Estado una nivelación de sus miserables sueldos a los del Ejército. Entre los policías de la tropa, el sueldo más bajo es de 1.100 bolivianos y cuesta comprender cómo esa gente puede alimentarse a sí misma y a su familia, peor aún educar a sus hijos. Estos parias uniformados que, en su mayoría, son de extracción campesina, están condenados a sobrevivir en medio de la corrupción y en concomitancia con el hampa.

No es la primera vez que la Policía se amotina, muchas veces ya ha ocurrido en el pasado, pero nunca con la radicalización y la profundidad actual; el motín se realiza de manera coordinada en todo el país, los uniformados toman todos los centros policiales, expulsan violentamente a sus jefes y terminan quemando toda la documentación que archiva el tribunal policial con la finalidad de borrar los antecedentes negativos de los uniformados.

El gobierno ha tardado en reaccionar algo más de 24 horas antes de convocar a los representantes de los amotinados para iniciar el diálogo y lograr algunos acuerdos que permitan acabar con la medida de presión. Se firmó un convenio al amanecer del domingo 23 de junio, pero inmediatamente fue rechazado por la tropa y sus dirigentes desconocidos por rubricar el documento de manera inconsulta.

El convenio rechazado por las bases contempla el incremento real de 200 bolivianos, prácticamente nada para la tropa. El gobierno también dobla la dotación anual de la ración seca (harina, azúcar y arroz), acepta la jubilación con el 100% del sueldo como ocurre con los militares, y se compromete a no tomar represalias contra los amotinados, etc.

El gobierno ha respondido con una descomunal campaña denunciando que el movimiento policial es parte de la organización de un golpe de Estado y el asesinato del Ministro de Gobierno –según ha dicho el propio Morales- donde estarían implicados los partidos de la oposición de derecha (UN, CONVERGENCIA NACIONAL, el MOVIMIENTO SIN MIEDO) y la Alcaldía de La Paz. No cabe duda que la campaña tiene la finalidad de amedrentar a la tropa amotinada con el fin de fracturarla internamente y volcar a parte de la población contra el movimiento policial.

Esta última posibilidad es poco probable porque los explotados ya han perdido toda ilusión en el gobierno del MAS y sus maniobras en este sentido han fracaso una y otra vez. Sin embargo no se debe descartar la posibilidad de un Estado de sitio y la represión violenta a los carabineros usando al Ejército, con el riesgo de que termine con un baño de sangre; sin embargo, una salida de esta naturaleza tendría un altísimo costo político para el gobierno.

La única manera de impedir que el gobierno enfrente a la Policía y con el Ejército, provocando una masacre criminal, es movilizar cuanto antes a todos los explotados del país. Es preciso que la COB rompa el silencio cómplice y las organizaciones obreras y sociales convoquen a sus bases a salir a las calles para frenar los aprestos represivos del oficialismo que, a título de defensa del proceso de cambio, pretende también movilizar a las organizaciones sociales que aún permanecen bajo su control.

* Dirigente del magisterio urbano de Cochabamba y del Partido Obrero Revolucionario (POR).