Lima, (PL).- El presidente de Perú Ollanta Humala dio luz verde al proyecto minero Conga de la transnacional estadounidense Newmont, pese a las resistencias sociales, pero aseguró que está condicionado a garantizar el suministro de agua a la región de Cajamarca, donde su ubica.

Las protestas contra el proyecto aurífero Conga derivaron en una crisis política y una recomposición del gabinete ministerial, en diciembre último. El gobierno planteó nuevas exigencias sociales y ambientales al proyecto, a partir de un peritaje internacional, que incluyen una menor afectación de lagunas andinas, más reservorios de agua compensatorios, obras sociales y creación de diez mil empleos. Los requisitos no habían sido aceptados por la empresa norteamericana Newmont, cuyo socio local, el empresario Roque Benavides, dijo que los nuevos requisitos implican una mayor inversión que está en estudio.

El proyecto minero conga quedó congelado en noviembre de 2011 ante grandes protestas regionales, y el 23 de junio de 2012 fue reactivado con el visto bueno del presidente Humala, quien ubicó la decisión en una nueva relación con las actividades extractivas, al servicio del desarrollo humano y las metas oficiales de inclusión social.

Humala aseguró haber recibido de la empresa minera su aceptación de las nuevas condiciones ambientales y sociales planteadas por el gobierno para viabilizar el proyecto, recomendadas por un peritaje internacional al estudio de impacto ambiental. “Ahora nos toca asegurar que las mejoras comprometidas se cumplan, fortaleciendo la fiscalización, estableciendo monitoreos ambientales participativos, asegurando a la población agua y desarrollo, verificando la construcción de los reservorios” exigidos, añadió el mandatario peruano.

Dijo también que “podemos y vamos a hacer que la empresa garantice el abastecimiento de agua previamente” y que no puede exponer a Perú al incumplimiento del Estado de Derecho, pues hacer eso causaría un enorme daño a todos los peruanos. Aludió así la demanda cajamarquina de anular el proyecto, aprobado por el pasado gobierno de Alan García en los días previos a entregar el mando a Humala, en julio de 2011.

Remarcó que “el requisito indispensable para dar continuidad al proyecto, será garantizar el agua para la atención de las necesidades vitales y económicas de la población” que alentará el desarrollo sostenible y mejorará las condiciones de vida. “Mi gobierno no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano”, aseveró y ofreció diálogo con todos los sectores para desarrollar la política de nueva relación con las actividades extractivas y sobre un pedido de los dirigentes de Cajamarca señaló que el gobierno espera que le hagan llegar sus propuestas.

Entretanto, el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos ratificó su rechazo al proyecto Conga, acusó al gobierno de someterse a intereses empresariales mineros y advirtió que no será responsable de eventuales reacciones sociales en su región. El dirigente del Frente de Defensa de Cajamarca Idelso Hernández anunció que Cajamarca impedirá la ejecución de Conga.

Impacto ambiental

El impacto ambiental del proyecto minero Conga en Perú fue sometido al análisis de tres peritos extranjeros, Rafael Fernández y Luis López, de España, y José Martins Carvalho, de Portugal, cuyo objetivo era buscar alternativas de mitigación de los efectos de proyecto aurífero y garantías de reposición de la ingente cantidad de agua que usará el proyecto.

Los especialistas declinaron afirmar que el informe declara viable al proyecto, que apunta a afectaciones de las fuentes vitales de agua. Señalaron que se trata de un aporte para la viabilidad de Conga, lo que requiere de mejoras sustanciales del estudio de impacto ambiental que sustenta el proyecto. El informe fue analizado por los Ministerios del Ambiente, Energía y Minas y Agricultura, que hicieron recomendaciones al presidente Ollanta Humala para que tome una decisión sobre Conga “en un tiempo prudencial”.

Entretanto, el Tribunal Constitucional dictaminó, en forma inapelable, que es inconstitucional una ordenanza del gobierno regional de Cajamarca que declaró inviable la actividad minera en cabeceras de cuenca, como Conga. El fallo señala que la administración regional excedió sus atribuciones al dictar medidas que corresponden al Ejecutivo nacional, como la actividad minera y el cuidado de las cuencas hídricas.

Los llamados conflictos socioambientales, derivados de proyectos mineros o petroleros rechazados por comunidades que los consideran dañinos al entorno, se incrementan en Perú, según la Defensoría del Pueblo.

El aumento reportado coincide con el anuncio de medidas oficiales para apurar los beneficios derivados de tributos de empresas mineras a regiones donde estas operan y nuevos llamados a inversiones extranjeras en actividades extractivas.

Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos de carácter socioambiental alcanzaron la preocupante cifra de 145 en todo el país, con un aumento de siete en abril último, y son la gran mayoría del total de 243 conflictos sociales existentes.

Aunque el mayor problema de ese tipo se registra en la región de Cajamarca, donde hay rechazo al proyecto Conga, la mayoría de los conflictos socioambientales se localizan en las regiones norteña de Ancash (27) y surandina de Puno (22).