El gobierno y dirigentes de los amotinados policías firmaron esta mañana un acuerdo que debía poner fin a la crisis generada por el motín policial. Pero el acuerdo fue rechazado por las “bases” de los policías, que desconocieron los pactos arribados. El gobierno considera que se está configurando un escenario de golpe de Estado.

El acuerdo había sido firmado al promediar las 4 de la mañana por el ministro de Gobierno, Carlos Romero; la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; el ministro de Economía, Luis Arce; el viceministro de Producción, Martin Bazurco y el Viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez. En representación de los policías movilizados firmaron Edgar Ramos, presidente del Consejo Ejecutivo de Anssclapol; Guadalupe Cárdenas, presidenta de las esposas de policías, el Comandante General, Víctor Maldonado, además de otros representantes de los sublevados como Jorge Monzón, Mario Choque y Emilio López.

“No levantaremos el motín, porque las bases no lo aceptan, no volveremos al servicio, porque no fueron consultados, seguiremos en la lucha hasta conseguir lo que se plantea”, aseguro Guadalupe Cárdenas, dirigente de las esposas de policías a Radio Fides. Cárdenas fue una de las que negoció el acuerdo con autoridades gubernamentales, aunque ahora ella dice que firmó el acuerdo por que “la emenazaron y obligaron”.

Después de conocer las declaraciones de Cárdenas, una de las que negocío el acuerdo, la ministra de Comunicación Social, Amanda Dávila, se declaró preocupada por lo que considera un escenario de golpe de Estado.

“Tiene que ver con las pruebas fehacientes de movilizaciones policiales llevando armamento de un lugar a otro a unidades que no tienen porque utilizar armamento, sacando a la fuerza armamento de otros lugares, como sucedió en Cochabamba, mientras se estaba negociando y se llegaba a un acuerdo”, dijo la autoridad,

Los amotinados demandaban un aumento salarial, pero las demandas subieron de tono hasta que los policías amotinados asaltaron cuarteles policiales e instituciones en los que se procesan a los policías corruptos robando en unos casos y destruyendo la documentación que allí se encontraba.

Según el acuerdo firmado, ´los policían debían recibir un aumento salarial de 220 bolivianos en su haber básico.

Los todavía amotinados insisten en la derogación de la ley 101, que aprueba un régimen de sanciones para los policías. Esa ley, a la que consideran duras establece sanciones para la reincidencia de faltas graves, vender armas, recibir regalos, ejecutar tratos inhumanos, instigar servicios policiales para fines ilícitos, o destruir documentación oficial, entre otros temas.

“Habían más de 4.000 policías que estában procesados, por eso se han quemado esos papeles”, dijo Cárdenas justificando esos actos de violencia.

En los acuerdos firmados, el gobierno había aceptado no procesar a los responsables de los actos de violencia.

Algunos dirigentes de los policías pidieron volver a negociar, esta vez en Cochabamba.