Asunción, Buenos Aires, Río de Janeiro, Caracas y La Paz (PL, ABI y agencias).- Las Cámaras de Diputados y Senadores de Paraguay decidieron iniciar un juicio político contra el Jefe de Estado Fernando Lugo, culpándolo de la muerte de 11 campesinos sin tierra y seis policías en un enfrentamiento en Curuguaty. Unasur rechazó un eventual recorte del mandato presidencial, a solo nueve meses de las elecciones generales.

Se estima que más de 7,8 millones de hectáreas de tierra fueron robadas al pueblo paraguayo durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) y en los posteriores gobiernos democráticos del Partido Colorado. Según la Comisión Verdad y Justicia, 7.851.295 hectáreas mal habidas, el 19% del territorio nacional, fueron distribuidas en el período 1954-2003 en zonas fronterizas de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

Además, agroindustriales brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles compraron al menos 1,8 millones de hectáreas entre 2006 y 2010, y entre 9 y 10 millones de hectáreas en los últimos 20 años, reveló el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano.

El 25 de octubre de 2011 el Presidente Fernando Lugo anunció la emisión de un decreto para reglamentar la Ley de seguridad fronteriza de 2005, que prohíbe la tenencia de tierras de extranjeros en un radio de 50 kilómetros de la frontera. En diciembre Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, explicó que restricciones similares se aplican en todos los países fronterizos como por ejemplo Argentina, Brasil y Bolivia.

La concentración de la propiedad agraria agravó la exclusión de cientos de miles de campesinos e indígenas, quienes optan por la ocupación directa de latifundios. Según Galeano, los conflictos por la tenencia de la tierra suelen trascender su connotación meramente social y tienden a incorporar implicaciones políticas, en la medida en que involucran no sólo a importantes actores sociales, sino también a actores políticos de peso.

El pasado viernes, seis agentes de la policía y 11 campesinos sin tierra que ocupaban parte de una hacienda de un latifundista acusado de obtenerla ilegalmente, fallecieron en un violento desalojo de la propiedad, un hecho impactante para toda la sociedad paraguaya.

El Presidente Lugo destituyó al ministro del Interior Carlos Filizzola y al comandante de la Policía Paulino Rojas; designó al militante del Partido Colorado Rubén Candia Amarilla como nuevo ministro del Interior; ordenó la militarización de la zona, y anunció la creación de una comisión especial investigadora.

El Partido Liberal rompió su alianza con Lugo y se sumó al bloque derechista integrado por el Partido Colorado, UNACE y Patria Querida, que tramitan el juicio político y la posible destitución del Primer Mandatario. Renunciaron todos los ministros del Partido Liberal alegando que “ya no se puede acompañar al gobierno luego de los hechos de Curuguaty”. Ahora la alianza opositora en el Congreso cuenta con los votos suficientes en ambas Cámaras para propiciar la destitución de Lugo.

Pocas horas después de que Fernando Lugo anunció la formación de la comisión de personalidades destinada a llevar adelante una investigación de lo sucedido en Curuguaty, algunas fuerzas sindicales llamaron a defender la continuidad del proceso democrático e instalaron vigilias frente al edificio del Congreso en Asunción. A pesar del frío, grupos de jóvenes con velas encendidas permanecen en la Plaza de la Democracia, en la denominada Vigilia del Silencio, en reclamo de paz para el país y en homenaje a los fallecidos en el choque entre policías y campesinos.

En la noche del 21 de junio una multitud de paraguayos llegó a la Plaza de la Democracia para apoyar al Presidente Lugo mientras el Senado debatía sobre el juicio político y su posible destitución. Con las consignas de Lugo no se va y el pueblo unido jamás será vencido, miles de personas se movilizaron frente a la sede legislativa decididas a no abandonar el lugar hasta que sea retirada la petición de juzgamiento contra Lugo.

En el interior del hemiciclo cuatro senadores leyeron las acusaciones específicas que se hacen a Lugo, aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado en apenas unas horas del jueves. Ellas incluyen la condena a la presencia de Paraguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la firma en ese marco de acuerdos y tratados integracionistas.

Los parlamentarios opositores acusaron al Presidente de favorecer la celebración, en 2009, de un acto político en una unidad militar y defendieron los derechos de latifundistas a mantener bajo su control tierras a pesar de estar señalados como autores de ilegalidades para su apropiación.

Quienes están protagonizando el actual alzamiento contra el orden constitucional quieren sacar al país de los organismos de integración sudamericana, denunció la coalición gobernante Frente Guasú. En declaraciones a Prensa Latina, Ricardo Caneses, secretario general de esa instancia que agrupa a numerosos movimientos populares, afirmó que quienes prepararon este tipo de golpe de Estado ya manifestaron su decisión de sacar al país de la Unasur y del Mercosur. Se trata de un contubernio del poder del latifundio en Paraguay con una mafia responsable de los incidentes del viernes en Curuguaty, afirmó.

Por su parte, la Asociación de ONGs de Paraguay (POJOAJU) y sus redes exigieron a los tres Poderes del Estado garantías que resguarden el proceso democrático: “El uso del instrumento Juicio Político aplicado hoy al Poder Ejecutivo por la ANR, el PLRA, UNACE, PPQ y PDP desconoce las responsabilidades compartidas y sirve de manto de impunidad a los otros poderes del estado: Poder Legislativo y Poder Judicial”.

“Las muertes en la estancia Campos Morumbí nos muestran la responsabilidad de los tres poderes del Estado en el grave hecho que no se hayan recuperado las tierras mal habidas ni iniciado una reforma agraria integral. Solamente hubo respuestas débiles a décadas de reclamos campesinos e indígenas”, manifestó la POJOAJU.

Además, denunciaron que “el uso discrecional que se ha venido proclamando desde los inicios de este Gobierno del instrumento constitucional ‘Juicio Político’ que hoy se ha concretado, no logra ocultar, ni ocultará, la grave responsabilidad de todos los Poderes del Estado en la situación de pobreza y desigualdad en la que viven los habitantes de nuestra República”.

Reacción internacional

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) envió una delegación de Cancilleres a Asunción encabezada por el secretario general de la organización Alí Rodríguez Araque, para que vele por el cumplimiento de las garantías constitucionales. El viaje de los titulares del Exterior se concretó por un acuerdo de urgencia adoptado en Río de Janeiro, escenario de la Cumbre Ambiental Río +20, mediante el cual los ministros pretenden cooperar con el logro de una solución para evitar la afectación al sistema democrático paraguayo.

Tras reunirse este jueves con el Presidente Lugo, los cancilleres de Unasur manifestaron su oposición a la mutilación del periodo presidencial, a solo nueve meses de las próximas elecciones generales previstas para abril de 2013.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) advirtió que con la destitución de Lugo se busca instalar en Paraguay un gobierno ilegítimo, y rechazó “la maniobra de los sectores de la derecha de Paraguay de realizar un juicio político contra Lugo a fin de retrogradar a la nación a viejas prácticas ya superadas”. La Alianza reiteró el apoyo al gobierno democrático y subrayó que éste sólo puede ser cambiado con el voto del pueblo paraguayo quien lo eligió.

A su turno, el Parlamento Indígena de América (Grupo Venezuela) rechazó rotundamente las maniobras del Congreso de Paraguay y “el intento de golpe de Estado parlamentario que se está fraguando en esa nación”, declaró a Prensa Latina el presidente del ente Esteban Argelio Pérez.

El Presidente de Bolivia Evo Morales también condenó el “inicio” del golpe de Estado urdido en el Congreso paraguayo por el poderoso gremio político ganadero, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y sus congresistas del Partido Colorado. Deploró la “estrategia de la derecha destinada a derrocar a Lugo e interrumpir el proceso político” iniciado por su colega Lugo a favor de los más humildes y excluidos “como son los indígenas sin tierra”.

“Este golpe de Estado que se gesta en el Paraguay contra un presidente democráticamente elegido y apoyado por la mayoría del pueblo es un atentado contra la conciencia de los pueblos y contra los gobiernos que hoy impulsan profundas transformaciones en sus países de manera pacífica”, afirmó Morales después de hablar ante el plenario de la Cumbre Rio más 20 en Brasil.

El pretendido juicio político al presidente Fernando Lugo es visiblemente una estrategia política para anular las conquistas sociales de años de luchas y resistencias del pueblo paraguayo, manifestó el Servicio Paz y Justicia en América Latina (Serpaj), presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Paraguay tiene instituciones competentes para desarrollar las investigaciones pertinentes que conduzcan a la delimitación de responsabilidades en los hechos de Curuguaty, recalcó el Serpaj y recordó que la “estabilidad de las instituciones democráticas ha tenido en los países de nuestra región, y especialmente en Paraguay, un altísimo costo en vidas y en largos procesos de libertades fundamentales cercenadas”.

Serpaj también defendió la reivindicación de campesinos e indígenas del derecho a la tierra y a desarrollar un proyecto de vida digno, que debe ser “un eje de discusión, reflexión y propuesta al que todos y cada uno de los sectores políticos del país debieran aportar proactiva y responsablemente”. Ello implica -puntualizó Serpaj- un abordaje que privilegie el acceso de los sectores históricamente violentados, excluidos y empobrecidos y no el resguardo de los intereses de grandes terratenientes del agronegocio y la ganadería extensiva.