Río de Janeiro, (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático).- El documento “El Futuro que Queremos” que está a punto de ser ratificado por los mandatarios, lejos de resolver la crisis socioambiental global, profundizará las causas estructurales a través del avance de la liberalización de la economía y la mercantilización de la naturaleza, alerta la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos progresistas.

El documento a punto de aprobarse en la Cumbre Río+20 plantea que los objetivos de la Agenda 21 de Eco Río 92 y las tres convenciones (Convención sobre Biodiversidad Biológica-CBD, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-CMNUCC y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación-CNULD), están en plena vigencia con los avances que se han dado en estos últimos años, pero se debilitan los principios importantes, como el de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, sólo incluido en la parte introductoria de manera declarativa, cuando debería ser parte esencial de todo el texto, alertó la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBCC) en un manifiesto público publicado en Rio de Janeiro el 20 de Junio de 2012.

Según la PPBCC, el texto en su forma actual reafirma y profundiza el modelo económico neoliberal vigente, promoviendo el crecimiento económico “sostenible e incluyente”, haciendo varias referencias al respecto a lo largo del texto, pero sin plantear cambios o ajustes de fondo en el sistema económico actual. Se reconocen las múltiples crisis que actualmente atravesamos, pero todas las respuestas se mantienen en el marco del modelo neoliberal, profundizando el libre mercado y sin atender a las causas estructurales subyacentes.

La inclusión de los conceptos de “Madre Tierra” y “Vivir Bien en armonía con la naturaleza” es declarativa y carece del contenido y sentido propuesto por los Pueblos Indígenas del mundo, consistente en cambiar de modelo económico y patrones de desarrollo para tener sociedades en armonía con la naturaleza. Contradictoriamente, estos términos son incluidos sólo para legitimar la “economía verde” como fase actual del sistema capitalista y el libre mercado.

Es falso y demagógico sostener que la profundización del neoliberalismo a través de la “economía verde” conseguiría simultáneamente el crecimiento económico sostenible, la erradicación de la pobreza y el mantenimiento y gestión de los ecosistemas. Los pueblos del mundo reconocemos que es el mismo modelo neoliberal y aún más inhumano- que exacerba desigualdades sociales que destruye y daña a la Madre Tierra y a la naturaleza.

La PPBCC también rechaza los condicionamientos planteados a la ayuda de la cooperación financiera y tecnológica, que sólo será para los países que implementen políticas de “economía verde”. De esta manera, los países capitalistas pretenden vulnerar la soberanía de aquellos pueblos y gobiernos que decidieron no entregarla a un puñado de transnacionales.

En el documento, que sería aprobado por los mandatarios en el segmento de alto nivel, se reafirma que los países llamados por ellos “en vías de desarrollo” necesitan recursos para financiar sus acciones de desarrollo sostenible. Pero no se asumen compromisos concretos y se pasa la responsabilidad de generación de recursos al sector privado, con las conocidas consecuencias que esto traería.

Aspectos observados

En el texto del acuerdo de Rio+20 en su estado actual reconoce el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, pero no hay claridad sobre las obligaciones de los países desarrollados para su cumplimiento. No hay mención de que la Economía Verde esté sujeta a este principio.

El lenguaje incorporado de la Naturaleza y de vivir en armonía con la naturaleza acaba legitimando la economía verde. Reconoce los derechos de la Naturaleza (en algunos países), pero esto en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible resulta ser una contradicción. La definición y forma de aplicación de la economía verde sigue siendo ambigua y peligrosa porque sigue justificandoun crecimiento económico sostenido, en el que seguirá aumentado las desigualdades sociales y destruyendo la Madre Tierra.

A pesar de que menciona quecada país puede utilizar enfoques propios sobre la economía verde, respetando la soberanía, se fomenta el andamiaje de una estructura que acabara condicionado a los estadosa implementar estándares internacionales

Se otorga un papel más importante al sector privado para apoyar las políticas de economía verde que potencialmente van a generar fondos a través de proyectos que involucran a la mercantilización y financialización de la naturaleza, lo que es más de las mismas recetas que han causado las distintas crisis que hoy vivimos.

Se abre la posibilidad de fortalecer los mecanismos de mercado, financieros y otros servicios para los pequeños productores agrícolas como una supuesta herramienta para lograr la soberanía alimentaria, lo que generaría aun mayor pobreza y exclusión.

Fortalece e incentiva indirectamente a la participación privada para infraestructura de servicios de agua potable, servicios básicos y energía, entre otros, llamando a los gobiernos a crear escenarios de que faciliten las inversiones públicas y privadas.

Asigna un valor monetario a la biodiversidad y su capacidad de proveer servicios esenciales como base del desarrollo sostenible y el bienestar humano promoviendo la inversión privada a través de incentivos y políticas para la conservación de la diversidad biológica expandiendo la posibilidad de nuevos mercados e instrumentos financieros para la mercantilización de la naturaleza.

Propone las Metas de desarrollo sostenible, aun cuando no se han cumplido las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el propósito de implementar la economía verde. No se asumen compromisos y obligaciones para garantizar la transferencia de recursos financieros y tecnología a los países en desarrollo

Se abre la posibilidad de que se tomen en cuenten las inversiones privadas como fuentes innovadoras de recursos financieros para la ayuda oficial al desarrollo. Significa un retroceso en las luchas contra el libre mercado en sectores como la salud, educación que ahora además incluye los “servicios ambientales”.

“Con base en estas reflexiones hacemos un llamado a las organizaciones sociales del mundo a exigir conjuntamente a los gobiernos aliados, entre ellos el G77 y los del ALBA objeten este acuerdo, y tomen acciones para lograr frenar este proceso de negociación, hasta conseguir que se ataquen las causas estructurales y se asuman compromisos concretos que lleven a cambiar el modelo económico neoliberal actual, para construir un modelo nuevo que nos permita un desarrollo justo, en armonía con la naturaleza y la filosofía del Vivir Bien”, invoca el manifiesto de la PBCC.

“El Futuro que queremos”, dicen los presidentes

En la tarde del jueves, más de 50 mil personas de todo el mundo marcharon por las calles de Rio de Janeiro para manifestarse con la reunión oficial de presidentes en Rio+20. “Quienes están reunidos allá no nos representan a nosotros”, coreaban las y los marchistas en portugués. Organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, feministas y partidos de izquierda, en otro incontable número, bailaron y cantaron por las calles en contra de la “economía verde”. Muchos disfrazados con humor parodiaban a la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, por ejemplo, con una enorme motosierra, en alusión al nuevo Código Forestal impulsado por ella y que da menos posibilidades de sobrevida a los árboles de la Amazonia. Finalmente, se dispersaron pacíficamente para mañana continuar con los debates en el Aterro do Flamengo, donde transcurre la Cumbre de los Pueblos.

En ese ámbito, la secretaria técnica de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático María Teresa Hosse, leyó a periodistas de varios países el posicionamiento elaborado por las organizaciones de la sociedad civil e indígenas que integran la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático en rechazo a la “economía verde” que en Rio+20 están a un trazo de tinta de consagrar los jefes de múltiples estados.

“Este posicionamiento fue elaborado junto al CONAMAQ, la CIDOB y también la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS), además de ONG tanto nacionales como internacionales, más algunos colectivos urbanos –comentó Hosse-. Hemos hecho un proceso en Bolivia de varios talleres, donde hemos analizado modelos de desarrollo, también la ‘economía verde’. Y después de estos talleres hemos llegado a una declaración”, que se puede leer y bajar como PDF en http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/052012/100512.pdf.

“La sociedad civil boliviana, los pueblos indígenas, CONAMAQ y CIDOB estamos entre los movimientos sociales bolivianos críticos al gobierno. Hemos tratado de incidir en los negociadores de Bolivia, quienes nos han dicho que estaban incluyendo las propuestas de las organizaciones, que habían trabajado en el G-77 más China tratando de incidir con la propuesta de la Madre Tierra. Eso ya lo han sacado del documento de Rio, no está, prácticamente no ha entrado”, comentó la secretaria técnica de la Plataforma.

“Hemos visto que el gobierno ha ido cambiando de tendencia desde su participación en Cancún, en la COP 16, donde sí se quedo solo. Después, en Durban (COP 17) ya no quedó solo porque se adhirió a la mayoría. Ahora el gobierno está tratando de hacer que coincida su proceso de gestión interno boliviano con su discurso a nivel internacional, entonces está flexibilizando su posición a nivel internacional. Por eso nosotros, como sociedad civil, poco estamos pudiendo incidir en esto, porque las organizaciones están divididas. Antes se actuaba como Pacto de Unidad, que eran cinco organizaciones muy fuertes, con las que se podía incidir con el gobierno, pero ahora están separadas. Por un lado tenemos a los dos, a CONAMAQ y a CIDOB, fuertemente críticas a este proceso del gobierno. Y están las otras tres organizaciones, que son los campesinos, los interculturales y la organización de mujeres, que están, en sí, cooptadas ahora por el gobierno”, dijo Hosse.

“Ahora es más difícil hacer este trabajo de incidencia. Justamente la marcha del TIPNIS está impulsada tanto por CONAMAQ como por CIDOB, en defensa de los derechos indígenas. Ahora el gobierno sí ha aprobado la ley de Madre Tierra, que fue todo un trabajo colectivo permanente. Pero en este último mes, el gobierno ha cambiado la propuesta de las organizaciones, que ya estaba consensuada con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que era una ley marco de Madre Tierra ahora la han convertido en ‘ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral’, que ya no es mismo que ‘ley marco de Madre Tierra’. Con la ley marco se daba línea para ir hacia otro modelo de desarrollo, el del Vivir Bien, con otra lógica, pero ahora ya no se tiene esto: se pone directamente ‘más desarrolla integral’. Vamos a ver cómo hacer que las políticas internas de Bolivia puedan cambiarse, mientras tanto en este espacio intentamos lograr alianzas con las redes, para promocionar que sí hay otro modelo de desarrollo, que está vigente y es el que siempre han tenido las comunidades. De ahí nosotros tenemos que aprender mucho”, evaluó la secretaria técnica.

“La idea es tener acercamientos, para no quedarnos con que nos hemos reunido y hasta ahí. Debemos activarnos como sociedad civil, porque en gobiernos como Bolivia, Perú, Ecuador, se suponía que habían cambiado. Algunos hasta tienen nueva Constitución, pero igual avalan al modelo neoliberal. Y a nosotros, como sociedad civil, nos toca enderezar estos procesos. Sabemos que es una lucha inmensa, pero tenemos que hacerlo”, dijo Hosse.

El encuentro de periodistas con indígenas fue organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), de Bolivia, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Allí presentaron casos de los comisionados del TIPNIS, también participaron dirigentes del CONAMAQ como Fidel Condori Mita; contaron sobre su situación el Movimiento de Afectados por Represas, de Brasil, y defensores de los bosques y selvas del Acre, donde vivió y murió Chico Mendes.

Jorge Cortés, director del CEADESC, dijo que con este encuentro se procuró “promover el diálogo entre pueblos indígenas y periodistas y medios, con el objetivo de dar voz a los pueblos indígenas, informar a los medios y educarlos para que puedan difundir mejor las propuestas y el trabajo de las organizaciones indígenas del continente”, dijo.

“Una conclusión del taller es que existe una gran distancia entre los actos políticos y los discursos políticos que han mantenido los estados desde Eco Rio 92. Han pasado 20 años, en los que se debería haber avanzado en la implementación de esos tratados y convenciones internacionales suscritos en 1992. Hubo 3 grandes tratados: la Convención sobre Biodiversidad Biológica (CBD), la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que dio origen al Protocolo de Kyoto, el cual también se ha incumplido”, agregó.

“El gobierno del presidente Morales ha continuado con el rezago que venía de gobiernos anteriores. Son políticas de Estado que están mal implementadas, están fallando y la administración de Morales no es una excepción, es un poco natural que esto ocurra en el marco de estructuras bastante endebles, de instituciones precarias, con mucha inestabilidad”, comentó Cortés.

“Ya tenemos el primer adelanto del borrador cero ‘El Futuro que queremos’, que ya está concertado entre los países de la ONU. La buena noticia es que la CAOI y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) han logrado incluir en el texto el reconocimiento a los pueblos indígenas. También se ha reconocido el derecho de la Madre Tierra y a vivir en armonía con la Madre Naturaleza. Podemos decir que la primera meta se ha cumplido, aunque es verdad que son dos párrafos entre casi 300 que tienen que ver con otros temas, muchos de los cuales son sobre ‘economía verde’. Pero se han sentado bases para que los derechos de los pueblos indígenas formen parte del desarrollo sustentable de aquí en adelante”, aseguró Cortés.

Para el director del CEADESC, así se abre la posibilidad de que los pueblos indígenas avancen en la recuperación del respeto a sus culturas y modos de vida. “Ahora tienen un desafío enorme para acordar con los gobiernos políticas especiales y el recupero de su propia institucionalidad, que sean reconocidas las propias instituciones de los pueblos indígenas, para que puedan administrar los programas de desarrollo sustentable” firmados por los presidentes.

Fuente: Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.