En los últimos cinco años se ha verificado un incremento en la dependencia de la economía boliviana de las exportaciones de materias primas. Las exportaciones de hidrocarburos y minerales concentran el 69% del total, frente a una participación del 47% en el quinquenio anterior. Dirigentes indígenas de la IX denunciarán en la Cumbre Río+20 que en la Bolivia de Evo Morales se pisotean los derechos de la Madre Tierra y que la Cumbre de Tiquipaya quedó en el olvido.

El sesgo extractivista que va adquiriendo la administración del Presidente Evo Morales pone en duda la adhesión boliviana a los postulados del desarrollo sustentable, advierte un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

“Si bien el Gobierno de Evo Morales ha expresado su compromiso a favor de una política sobre cambio climático coherente con su postura ambientalista, el sesgo extractivista del modelo de desarrollo que ha implementado hace dudar sobre su “real” adhesión a los principios del desarrollo sustentable”, señala el informe elaborado por el especialista del CEDLA Wálter Arteaga.

“La apuesta gubernamental (boliviana) es altamente incierta, dada la notoria discrepancia entre el discurso en pro de la madre naturaleza y la filosofía del “vivir bien” con su postura extractivista, que ha convertido a la producción petrolera y minera en la base de la economía nacional, en el sustento de las finanzas públicas y en el eje vital para intentar superar la aguda pobreza que afecta al 60% de la población”, agrega.

Los planes oficiales de instalar mega-represas hidroeléctricas en la Amazonía boliviana para exportar electricidad a Brasil, junto a la adscripción a los proyectos carreteros transoceánicos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la presión para monetizar la riqueza forestal a través de la explotación maderera son otros factores que ponen en riesgo el equilibrio ambiental y ecológico y los “derechos adquiridos” por la madre naturaleza.

Por ello, la expansión de las actividades extractivas, con su secuela de daño ambiental e impacto socioeconómico en los territorios y comunidades indígenas y campesinas, ilustran la magnitud del reto gubernamental y los peligros siempre latentes de convertir el discurso ambiental-indianista en simple demagogia o, por el contrario, de llevar a la inviabilidad sus propias políticas económicas desarrollistas.

De hecho, los datos oficiales procesados por el CEDLA permiten establecer que en los últimos cinco años se ha verificado un incremento en la dependencia de la economía de las exportaciones de materias primas. Las ventas externas de productos primarios provenientes de las ramas de hidrocarburos y minería han pasado a ser dominantes, concentrando aproximadamente el 69% del total, frente a una participación más equilibrada vigente en el quinquenio anterior, donde estos sectores representaban el 47%.

Del mismo modo, el análisis del CEDLA sostiene que el crecimiento del producto nacional ha estado jalonado en la última década por la irrupción renovada de las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales. En el período 2001-2005, el crecimiento del PIB se explica en gran parte por el aumento de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural. En cambio, en los cuatro años siguientes, 2006-2009, ese lugar fue ocupado por la actividad minera, que alcanzó una tasa promedio anual para el período de poco más de 20%.

El gobierno de Bolivia no cumple las conclusiones de la Cumbre de Tiquipaya y los derechos de la Madre Tierra, pese a que el Presidente Morales había anunciado que las resoluciones eran vinculantes para los países del ALBA. Debían respetarse los derechos de la Pachamama y de los pueblos indígenas, rechazar la producción de transgénicos y los proyectos del IIRSA, pero nada de eso se cumple, aseveró el dirigente del CONAMAQ Rafael Quispe en un encuentro preparatorio para Rio+20 realizado en La Paz a fines de mayo.

“Todo ha sido un documento lírico y poético, pero nada más”, dijo Quispe al ejemplificar como violaciones a los acuerdos de Tiquipaya la construcción de una carretera por medio del TIPNIS y la explotación minera de Mallku Qhota, sin cumplir con los convenios internacionales, las leyes nacionales y el derecho a la consulta previa, libre e informada. “Seguimos viviendo en el viejo esquema del extractivismo, consumismo y desarrollismo”, agregó.

“Se habla bonito afuera, pero se violan esos derechos en el país (…) Queremos que esos discursos se pongan en práctica. Queremos que se nos respete, que se nos consulte”, aseveró el presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas, tras reiterar que el gobierno boliviano no respeta los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en franca vulneración de las de normas y leyes que garantizan el control y dominio de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

“El gobierno está violentando las normas y leyes de Bolivia y los convenios internacionales”, dijo al explicar que el caso del TIPNIS ilustra la magnitud de los abusos gubernamentales. “Nosotros nos oponemos a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos porque pone en riesgo la gran biodiversidad del territorio y la vida de tres pueblos indígenas. ¿Cómo es posible que en un gobierno denominado indígena, se violen los derechos indígenas?”, cuestionó, tras señalar que el gobierno boliviano tiene un discurso demagógico al hablar de los derechos de la Madre Tierra, cuando en el propio país se violan esos principios planteados en el contexto internacional.

Quispe lamentó que la propuesta oficial de Bolivia ante la Cumbre Rio+20 no haya sido consensuada con las organizaciones indígenas y sociales. “La propuesta boliviana debería ser consultada con los pueblos indígenas, pero eso tampoco ocurre. Los representantes bolivianos del gobierno están dando vía libre a la economía verde”, denunció.

La IX marcha indígena intensificará la denuncia internacional contra el gobierno del Presidente Morales por violar los derechos colectivos de los pueblos originarios. Cinco representantes de la IX marcha en defensa del TIPNIS viajaron a Río de Janeiro, Brasil, para denunciar en la Cumbre de la Tierra las violaciones que el gobierno nacional viene cometiendo contra los derechos y territorios de los pueblos indígenas de Bolivia.

Los comisionados para presentar la denuncia son Nelly Romero, Lucio Ayala y Aniceto Ayala, en representación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); María Sarabia de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y Celso Padilla, presidente de la Nación Guaraní.

El desarrollismo extractivo destruirá América Latina

Especialistas de América Latina y El Caribe reunidos en La Paz en el encuentro denominado “Defendiendo los derechos de los pueblos en Rio+20 y más allá”, advirtieron que el desarrollismo extractivista minero y petrolero que se expande por la región ocasionará graves daños ambientales, económicos y sociales, tornando insostenible el desarrollo latinoamericano.

En la Consulta latinoamericana Rio+20 de Bolivia, desarrollada el miércoles 30 y jueves 31 de mayo, se contó con la participación de 12 países, 26 expositores, 4 paneles especializados y cerca de dos centenas de representantes de organizaciones de la sociedad civil de Haití, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Filipinas.

El encuentro fue organizado por IBON Internacional (Filipinas), CEDLA (Bolivia), UNITAS,Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Fundación Solón, Fundación Jubileo,Grupo Propuesta Ciudadana (Perú) y Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos).

“Este manejo de la economía –sustentando en las industrias extractivas y la producción de materias primas– es a la larga insostenible y genera mayor dependencia externa del capital extranjero”, señala el documento en conclusiones denominado “Análisis de la consulta regional de la sociedad civil de América Latina y El Caribe sobre Rio+20 y la economía verde”. El encuentro identificó a las industrias extractivas, y en especial a la minería, como las “actividades más contaminantes y depredadoras de la naturaleza”.

El manifiesto difundido por la Plataforma Energética señala que “los gobiernos de la región actualmente ganan dinero por la venta de las materias primas ante la demanda mundial de minerales, energía y alimentos, que se exportan en un mayor volumen, pero no a mejor precio, que nos ha llevado a que el 77% de las exportaciones de la región sea de materias primas”.

“La minería es una de las actividades más contaminantes y depredadoras de la naturaleza y no contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones involucradas, viola los derechos humanos, la salud, la organización local y obliga a los Estados su protección, criminalizando a los defensores de la naturaleza”.

El documento cuestiona también a los “agronegocios”, que serían “sinónimo de violencia porque implica la concentración del agua y de la tierra en manos de los monopolios de las transnacionales, la violencia laboral, la violencia de género y étnica, la violencia ambiental porque se contamina el agua y se erosiona la tierra y las semillas tradicionales que tiene efectos en la salud tanto de los jornaleros como los que consumen los alimentos”.

En la percepción de los representantes de las organizaciones civiles de una docena de países latinoamericanos, el renovado impulso que vive el desarrollismo extractivista en la región sólo beneficia a las grandes corporaciones, que dejan altos daños económicos, sociales y ambientales allí donde se asientan.

“Las transnacionales son máquinas que buscan lucro y expansión, y cuentan con mecanismos de autoprotección muy sofisticados (TLCs, derechos de propiedad intelectual, CIADI, IFIs) afectando la disponibilidad de fondos públicos y debilitando la capacidad de los Estados de desarrollar políticas públicas”.

Los especialistas advierten, además, que son las transnacionales “las que promueven la economía verde, siendo que son causantes de la actual crisis climática. La economía verde no planteará límites a la industria de petróleo o la minería”. Según el manifiesto aprobado en La Paz, “la aparente rentabilidad que plantea la economía verde solo genera mayor riqueza y beneficio para las corporaciones, ONGs mercantilistas y políticos corruptos, profundizando la inequidad social, el desequilibrio ambiental y la vulnerabilidad económica”.

Letales impactos de la economía verde

Los postulados de la “economía verde” plasmados por el programa de Naciones Unidas PNUMA no son la respuesta a la actual crisis climática y ecológica generada por el sistema capitalista. La solución no es poner precio a la naturaleza que beneficia solamente a los grandes capitales de los Estados Unidos y otros miembros del G8, advierte el manifiesto de organizaciones civiles de 12 países de América Latina.

Según el análisis de los especialistas, “hasta ahora las experiencias de la economía verde en América Latina y el Caribe promueven falsas soluciones, como son los mercados de carbono a través de los proyectos de REDD+, los pagos por “servicios ambientales” y las “energías limpias” como son las mega represas y los biocombustibles”.

En el documento “Análisis de la consulta regional de la sociedad civil de América Latina y El Caribe sobre Rio+20 y la economía verde” se advierte sobre el nocivo impacto de la economía verde en la región. “Las manifestaciones actuales de la economía verde vulneranlos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, incluyendo los derechos a la vida, a la salud, al agua, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida digna, a los medios de subsistencia necesarios, a la propiedad, a la vivienda, a la cultura y los conocimientos tradicionales, así como los derechos de los pueblos indígenas originarios, incluido el derecho a la libre determinación y al territorio”.

“La violencia, la represión, desplazamiento de comunidades, censura y asesinatos son usados para imponer la economía verde en sus manifestaciones actuales. Los Estados criminalizan la protesta, el pensamiento divergente y la resistencia a la imposición de la economía verde”, agrega.

Según este manifiesto de las organizaciones civiles, “la economía verde implica un nuevo ajuste estructural con nuevas formas de endeudamiento debido a que las Instituciones Financieras Internacionales promueven incrementar la deuda externa ilegítima impuesta a los países históricamente explotados para su transición a la economía verde, es decir incrementando también la deuda ecológica, social y climática de la que los pueblos del sur somos acreedores”.

“Los países desarrollados quieren condicionar la cooperación internacional e intentan a través de la imagen de una economía verde no cumplir con sus obligaciones en tratados internacionales por su deuda ecológica, histórica y climática”. En la percepción de estos especialistas, el sistema de bonos de carbono promueve “aún más” la concentración de capital y promueve la “corrupción” de los gobiernos y empresas privadas a escala mundial.

Además, “hay un incremento de los procesos migratorios incluyendo por los cambios climáticos, falta de trabajo y desplazamiento forzado. Se calcula que a la fecha son alrededor de 400 millones los migrantes ambientales y climáticos”.

“Denunciamos que la Economía Verde sigue apostando por la errónea idea de un crecimiento económico infinito en un mundo que tiene límites. Rechazamos la mercantilización de la Madre Tierra – de sus ciclos vitales y sus funciones, así como los pagos por “servicios ambientales” para crear nuevos productos financieros para el mercado especulativo”, señala el documento.

* Boletín de la Plataforma de Política Energética, www.plataformaenergetica.org/ Más información:http://www.plataformaenergetica.org/sites/default/files/informe_bolivia2012_esp.pdf