El gobierno de Evo Morales reparte regalos, chantajea, divide organizaciones, intenta descabezar a la CIDOB e incluso moviliza al Ejército y a sus fuerzas sociales para frenar la IX Marcha Indígena, pero todo ha sido en vano. Los marchistas avanzaron ya más 500 kilómetros en 52 días y prevén llegar a La Paz en la fiesta de San Juan.

El XXX Encuentro de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) celebrado del 16 al 19 de marzo de 2012 convocó a la IX Marcha Indígena exigiendo el cumplimiento de las 16 actas de acuerdo suscritas en octubre de 2011 con los dirigentes de la VIII Marcha; y el respeto a la Ley Corta 180 que declara a ese territorio indígena zona intangible libre de carreteras.

El Encuentro rechazó definitivamente la construcción de cualquier carretera por medio del TIPNIS, y exigió al gobierno que anule de inmediato la Ley N. 222 promulgada por el Presidente el 10 de febrero, convocando a una consulta ilegal y espuria, diseñada expresamente para aprobar la obra vial.

Nuevamente el Ejecutivo despliega una millonaria campaña propagandista para estigmatizar y desprestigiar a los indios “derechistas” de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), el “caballo de batalla de la estrategia de desestabilización montada por Estados Unidos”, según el ex director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Fronteras (ADEMAF) y actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Métodos dictatoriales, actitudes fascistoides

Los aparatos propagandísticos del Estado apuntan a la plana mayor indígena del “movimiento político aliado a la derecha” e instrumentado por “ONGs imperialistas”. Los medios del Estado denunciaron que los originarios son traficantes de tierra y madera y cobran 150 bolivianos diarios por marchar. En general, los tratan como a delincuentes comunes, tal vez para justificar la represión.

El gobierno ocupó militarmente el TIPNIS, repartió obsequios y prebendas para que los originarios no marchen, y firmó “acuerdos programáticos” con más de 10 regionales de la CIDOB, promoviendo abiertamente la división de la máxima organización de los pueblos indígenas de tierras bajas. (ver cuadro adjunto)

Mucho antes de que la IX marcha indígena salga de Trinidad fueron intimidados y agredidos verbalmente decenas de dirigentes de la CIDOB, del Consejo de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (CONAMAQ), Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).

El 17 de abril una comisión encabezada por el ministro Quintana se reunió en San Ignacio de Moxos con el gobernador de Beni Haisen Rivera, el sub gobernador de la Provincia Moxos Sixto Bejarano, el alcalde de San Ignacio Basilio Nolvani y otras autoridades locales, supuestamente para planificar el bloqueo de la IX Marcha.

El 21 de abril los grupos afines al MAS cavaron zanjas y bloquearon los puntos de ingreso y salida de San Ignacio con maquinaria pesada, y la “policía cívica” integrada por moto taxistas obligó a cerrar negocios y comercios; esa noche hubo un corte de energía eléctrica.

El 22 de abril amanecieron pintadas varias paredes en San Ignacio con amenazas e insultos racistas a dirigentes indígenas. Por la mañana una turba al mando de líderes del Comité Cívico y la Central Obrera Regional (COR) allanó la radio indígena Arairu Sache y agredió al director René Nuni y al periodista Hefiquio Salazar, que en ese momento difundía un voto Resolutivo de la CIDOB convocando a la IX Marcha.

El 23 de abril dirigentes de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico 1 (TIM-1) denunciaron la toma y el saqueo de sus oficinas, y otras instituciones defensoras de los derechos humanos en San Ignacio y Trinidad.

El 27 de abril partió la IX Marcha de Trinidad y se activaron de inmediato los piquetes de bloqueo en San Ignacio, a cargo del dirigente masista Wálter Colque, el presidente de la Asamblea Departamental de Beni Alex Ferrier, el alcalde Basilio Nolvani, el concejal Richard Pérez y el dirigente de la Fejuve Édgar Rivero.

Aunque la mayoría de las dirigencias regionales de la CIDOB firmaron convenios con el gobierno, el 28 de abril amanecieron en Puerto Varador, a orillas del río Mamore, cerca de un millar de marchistas representantes de todas las regionales indígenas del país, entre ellos casi 100 delegados de suyus del CONAMAQ.

Grupos afines al MAS impidieron a los indígenas ingresar a la plaza del municipio de San Ignacio de Moxos; el 30 de abril los dirigentes fueron amenazados de muerte nuevamente; el 2 de mayo el alcalde de San Ignacio Basilio Nolvani instruyó el cierre de las tiendas y almacenes para impedir a los marchistas proveerse de víveres, alimentos y combustible. Hasta esa fecha persistían bloqueos esporádicos en Quiquibey, La Embocada, San Borja y San Ignacio.

Los marchistas menospreciados otra vez

El 20 de mayo los marchistas enviaron la primera invitación escrita al Presidente Evo Morales para iniciar el diálogo en la localidad de Chaparina, como acto de desagravio a la VIII Marcha brutalmente reprimida en ese lugar el 25 de septiembre de 2011. Son los mismos dirigentes los que “forzaron” la intervención al llevar a cabo “una marcha innecesaria”; es una actitud “contradictoria” y una “falta de respeto” que inviten a dialogar y al mismo “denuncien” al Primer Mandatario ante organismos internacionales, respondió el diputado del MAS Galo Bonifaz.

El 21 de mayo el ministro de Gobierno Carlos Romero respondió oficialmente al pliego de demandas de la IX marcha. Respecto al saneamiento de tierras, resaltó que desde 2006 se sanearon y titularon más de 13 millones de hectáreas a favor de originarios de tierras bajas, en calidad de Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Sobre el pedido de mayor participación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en las asambleas legislativas departamentales del país, la autoridad aseguró que los pueblos originarios representan el 2% de la población del país y tienen 10 escaños en la ALP y al menos el 10% de los escaños en las asambleas departamentales.

El Ministro Romero descartó la posibilidad de conceder a los indígenas la administración directa de áreas protegidas, porque ello requeriría modificar la Constitución, que establece que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano en su conjunto.

El 25 de mayo el ministro Quintana respondió a la invitación de la IX Marcha: Dijo que el gobierno no acepta ni rechaza el diálogo, sino que lo condiciona a una “mayor claridad en la plataforma de demandas” y a la “unificación de las solicitudes” de los diferentes voceros de la marcha.

El 27 de mayo los indígenas retrucaron a Quintana con otra carta: “Señor ministro, las mentiras, la falta de seriedad y el irrespeto de su carta demuestran la falta de voluntad de diálogo en el gobierno y que en lugar del mismo, se continúa optando por la agresión y división del movimiento indígena”. (Fuente: Fundación Tierra)

“Miente usted al afirmar que la IX marcha no tiene un objetivo claro, y al dar a entender que sus demandas han sido conocidas recién después de iniciarse la marcha. La primera demanda de esta IX marcha, que es la abrogación de la Ley 222, fue pública y enfáticamente expresada desde el mismo momento en que dicha ley inconstitucional y fraudulenta fue aprobada, y no sólo por parte del movimiento indígena, sino también de amplios sectores de la sociedad en general”, recalcaron los indígenas en la misiva.

“Miente también, señor ministro, al afirmar que en nuestra marcha sólo participarían tres o cuatro corregidores del TIPNIS, mientras los otros 60 preferirían seguir dialogando con el gobierno. Usted sabe, por la información que le brindan los servicios de inteligencia que maneja, que al momento en nuestra marcha están presentes 30 corregidores del TIPNIS, además de algunos otros representantes de corregidores”.

Aclararon que la ausencia de algunos corregidores obedece a una determinación orgánica de sus comunidades y organizaciones, cuyo propósito es resguardar su territorio ante las incursiones avasalladoras que protagoniza y promueve el gobierno a través de Quintana, “como lo ilustran las penosas experiencias que usted tuvo que vivir en las comunidades de Galilea, Nueva Vida, Santa Clara y recientemente en San Pablo, donde los comunarios rechazaron su presencia, sus regalos y su consulta fraudulenta”.

“No nos extraña, pues, la mentira cínica y prepotente, da espíritu y sentido a la fraudulenta Ley 222 y a la aplicación que pretende darle el gobierno. Como una muy significativa muestra de ello, igual que usted, el ministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez, viene mintiendo grosera y cínicamente al afirmar que ya 40 comunidades del TIPNIS habrían aprobado el ‘protocolo’ de la consulta fraudulenta. Por todo ello, no tenemos dudas que si se aplicase la consulta fraudulenta, el gobierno proclamaría que 60, 80 o 100 comunidades del TPNIS habrían aprobado la construcción de la carretera”.

“Todo el pueblo boliviano y la comunidad internacional ya conocen la injerencia la manipulación y la división con las que el gobierno, y particularmente usted, pretenden doblegar y subordinar al movimiento indígena. En cualquier caso, si el gobierno actuara con un mínimo de honestidad y respeto, el diálogo con determinadas organizaciones regionales no tendría por qué determinar la falta de respuestas o la negativa gubernamental a atender las legítimas demandas de la IX marcha indígena-originaria”, increparon a Quintana.

Los indígenas aprovecharon para recordar el pasado político del Ministro de la Presidencia: “Su trayectoria política y profesional que lo mantuvo siempre muy lejos de las movilizaciones sociales en general y las indígenas en particular, pero cerca de gobiernos tan conservadores y antipopulares como el del general Banzer, probablemente lo facultan a enseñar el manejo represivo del poder, pero en ningún caso la organización de las movilizaciones sociales populares”.

Cooptación y golpe institucional

El 28 de mayo el diputado del MAS Eleuterio Guzmán anunció que el proceso de socialización del “protocolo de consulta” en las 67 comunidades del TIPNIS avanzó en un 80%, y estimó que la labor podría concluir en la segunda quincena de junio. Al día siguiente, el Presidente Morales, los ministros Quintana y Sánchez, el diputado Guzmán y el representante del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel entregaron más regalos en Santísima Trinidad, dentro de la zona colonizada del TIPNIS.

“El Presidente sólo se dedica a estar dividiendo a las representaciones de Santísima Trinidad, con pretextos de ofrecer proyectos y motores”, se quejó el secretario de Organización de la Subcentral del TIPNIS Bernabé Nosa. El gobierno recoge firmas de apoyo a la “post consulta” a cambio de “regalos” como paneles solares y motores, denunció la vicepresidenta de la Central de Pueblos Étnico Mojeños del Beni (CPEM-B) Miriam Yubánore. (Fuente: Agencia de Noticias Indígenas de Erbol)

El 8 de junio la dirigencia indígena cooptada por el gobierno dio un golpe a la institucionalidad de la CIDOB, y en asamblea extraordinaria celebrada en la ciudad de Santa Cruz decidió suspender al dirigente Adolfo Chávez, acusado de “violar los estatutos internos e inducir a la “división de los hermanos indígenas”, según la presidenta de la subcentral de mujeres indígenas Itonama Sueli Sosa.

Firmaron la convocatoria al supuesto “ampliado nacional” representantes ilegales y no reconocidos por sus bases, como por ejemplo un vicepresidente de la CIRABO desconocido por su pueblo; un representante de la CIPOAP que ya cesó en sus funciones de presidente; un dirigente de la CPESC sin apoyo de sus bases,y un delegado del COPNAG que también fue desconocido. A tal extremo llegaron las transgresiones orgánicas que se incluyó en la convocatoria a representantes del Conisur.

El “ampliado” es una instancia de deliberación que no corresponde a los usos y costumbres de la matriz indígena, que, por el contrario, tiene en el Gran Consejo Indígena el espacio para la deliberación, la evaluación y la toma de decisiones, recalcó el vicepresidente de Fobomade Johny Cárdenas.

Además, los estatutos de la CIDOB y de las diferentes regionales que la integran definen con meridiana claridad que no se puede convocar a ningún tipo de comisiones nacionales o reuniones de ningún tipo en plena movilización en defensa de los derechos indígenas. En situaciones de emergencia la máxima autoridad recae en las bases movilizadas; en este momento, en la columna de la IX Marcha Indígena Originaria.

Campaña de desinformación

Simultáneamente, sube de tono la consabida campaña de desinformación y de desprestigio a medida que la IX Marcha Indígena se acerca a la ciudad de La Paz. Comandan la guerra sucia nada menos que la Vicepresidencia de Bolivia y los senadores masistas encargados de temas ambientales e indígenas.

El ex asambleísta del MAS Raúl Prada dice que la Vicepresidencia y la Asamblea Legislativa están haciendo circular panfletos con pobres y sesgadas interpretaciones de lo que es el TIPNIS y la Consulta. La propaganda devela todos los sinsentidos del gobierno y su deplorable desconocimiento de la estructura normativa y conceptual del derecho a la Consulta Previa según los convenios internacionales y la Constitución.

El gobierno llegó al extremo de inventarse la etnia “collakaré” para que los colonizadores cocaleros voten en la consulta trucha que supuestamente definirá si se construye o no la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS. El Ministerio de Comunicación empezó a repartir afiches de promoción de los famosos “collakarés”, los colonizadores del MAS, menoscabando la identidad del pueblo Yurakaré que habita en el Isiboro Sécure, todo como parte de la campaña de difusión de la “post consulta”.

“Un folleto dice que en el TIPNIS viven los collakarés; nosotros como pueblos indígenas nunca hemos conocido un collakaré, en el TIPNIS especialmente”, aseveró el ex presidente de la Subcentral TIPNIS Adolfo Moye Moye a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol. Explicó que el pueblo Yurakaré se encuentra repartido en el TIPNIS, así también está en la zona sur de esa región donde hace más de 30 años se asentaron los colonos para sembrar coca, pero en ese sector los indígenas empezaron a formar sus familias junto a los colonizadores y parcelaron sus tierras.

Moye denunció que “desde el gobierno nos están cambiando de identidad, así se demuestra el futuro nuestro de aquí a 10 años con la carretera; la identidad se nos va perder; es el etnocidio, que significa la desaparición de nosotros como pueblos indígenas…”.

Al respecto, el diputado de la Comisión Indígena de la Cámara de Diputados Eleuterio Guzmán (MAS), uno de los autores intelectuales del protocolo para la consulta trucha, dijo a Erbol que los dirigentes del TIPNIS “malinterpretan” las “bromas”: “A veces son bromas que salen, pero hay dirigentes que distorsionan y sacan eso a los medios…”.

A pesar del juego sucio y los rodillazos del gobierno, la IX Marcha Indígena avanzó ya más de 500 kilómetros desde que partió de Trinidad el 27 de abril, y se encuentra a menos de 100 kilómetros de la ciudad de La Paz. Los indígenas llegarían a la sede de gobierno entre el 24 y 26 de junio.

* Boletín N. 109 del Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade.