Solo la movilización nacional por la defensa de la minería estatizada y por la expulsión de las transnacionales puede evitar un baño de sangre entre mineros asalariados y cooperativistas. Rechazar la política minera reaccionaria del gobierno, orientada a proteger los intereses de las transnacionales y de los cooperativistas.

Ya habíamos denunciado que el gobierno tiene la política de proteger los intereses de las transnacionales (en este caso de la suiza GLENCORE) y de los cooperativistas, sector que ha prometido defender el “proceso de cambio” siempre y cuando el gobierno les permita depredar los yacimientos mineralógicos más ricos del país.

García Linera y Juan Ramón Quintana han señalado que la estatización de Colquiri es una decisión irreversible, pero en el marco del respeto de los intereses de todos. Han anunciado que se pagará una indemnización “justa” a Sinchi Wayra, tomando en cuenta todas las inversiones que hubiera hecho; los intereses de los cooperativistas, respetando sus parajes de trabajo y la última concesión de la Beta Rosario y, finalmente, atender las exigencia de los asalariados de estatizar las concesiones hechas a Sinchi Wayra.

El gobierno decidió hacer un negocio que satisfaga plenamente a la GLENCORE, llenándole los bolsillos con una indemnización totalmente favorable a sus intereses, olvidando que esta transnacional ha saqueado la mina por muchos años; y también retacear la mina entre la COMIBOL y los cooperativistas, entregando a la voracidad de éstos últimos los filones más ricos del yacimiento. En estas condiciones, la empresa estatal terminaría operando solamente la parte menos apetecible de la mina, con la agravante de inflar desmesuradamente sus planillas con la incorporación de cooperativistas como ha ocurrido en Huanuni.

Frente a la maniobra del gobierno, que pone en peligro el destino de toda la minería nacionalizada, los mineros asalariados han respondido categóricamente: la estatización debe ser total, tanto de las concesiones hechas a Sinchi Wayra como de los parajes que actualmente están explotando los cooperativistas. En esta medida, COMIBOL debe ser la única que opere en la mina.

Las posiciones de los mineros asalariados y de los cooperativistas son diametralmente opuestas porque éstos últimos, por su parte, también están exigiendo que el gobierno les entregue la totalidad de la mina. Los dirigentes de FENCOMIN han declarado en estado de emergencia a más de cien mil afiliados que dicen tener en todo el país. Ya se han producido graves enfrentamiento en Colquiri con el saldo de 19 heridos, hecho que ha obligado al gobierno a militarizar el distrito trasladando a más de mil carabineros y 600 efectivos del Ejército con la finalidad de evitar mayores enfrentamientos. Esto de ninguna manera constituye una solución al problema que emerge de la política minera reaccionaria que pretende aplicar en franca protección de los intereses de las transnacionales y de los cooperativistas.

Los cooperativistas han iniciado bloqueos en Caracollo y en el cruce del camino entre Huanuni y Potosí (Machacamarquita); por su parte, los mineros asalariados de Huanuni han declarado un paro de 48 horas y han decidido trasladarse, los cinco mil, a La Paz para exigir al gobierno la nacionalización no sólo de Colquiri sino de todas las minas que se encuentran en manos de las transnacionales y de empresarios privados nacionales. La posibilidad de los enfrentamientos sangrientos ha salido del ámbito de Colquieri y se extiende a todo el territorio de Oruro y La Paz porque Huanuni, para trasladarse a la sede del gobierno, va a verse obligado a romper físicamente los bloqueos de los cooperativistas.

Todos los sectores afiliados a la COB no pueden menos que respaldar la posición de los mineros asalariados de Huanuni porque significa salvar la minería de la voracidad de las transnacionales y de la acción depredadora de los cooperativistas. La nacionalización total de la minería y la aplicación de una tecnología de punta permitirá mantener los márgenes de rentabilidad, reduciendo los costos de operación, frente a una inminente caída de los precios en el mercado mundial. De no ser así, si los precios de los minerales siguen cayendo, muy pronto puede colapsar la única mina nacionalizada que es Huanuni.

Se reducen los márgenes de maniobra del gobierno

Tan pronto el gobierno urde una maniobra para contener las luchas de los explotados y proteger los intereses de la clase dominante nativa y del imperialismo, por muy progresista que aparezca la “irreversible estatización” de las concesiones de Sinchi Wayra en Colquiri, inmediatamente los explotados dan un paso mucho más radical y exigen la nacionalización total de Colquiri, incluidas las concesiones de los cooperativistas, poniendo al desnudo la política minera reaccionaria del gobierno orientada a proteger los intereses de las transnacionales y de los cooperativistas.

Este fenómeno se repite en todas partes. Por ejemplo, en el municipio cochabambino de Tiquipaya controlado por el MAS se organiza una movilización popular contra un acaparador de tierras, tomando las precauciones del caso para evitar que las masas se desborden contra la Gobernación, pero éstas de manera instintiva rebasan a sus direcciones oficialista en las calles. En los conflictos regionales por límites territoriales, de manera recurrente y natural, las bases se vuelcan contra las autoridades locales y el gobierno. En el magisterio, el gobierno pretende neutralizar el voto a favor de la corriente revolucionaria en La Paz, distribuyendo computadoras días antes en El Alto y el mismo día de las elecciones en la ciudad, y los maestros –por lo mismo- votan masivamente por URMA.

Las masas proceden de esta manera porque el gobierno, día que pasa, tiene menos posibilidades de éxito en sus maniobras y éstas frecuentemente se vuelcan como un bumerang contra él. Este fenómeno es uno de los componentes de la situación política pre-revolucionaria. Grandes sectores de los explotados han terminado de sacudirse de la influencia política del oficialismo porque están convencidos de que ya no hay nada que esperar de él; constatan en su piel que el gobierno del MAS ya no puede resolver sus problemas más apremiantes y se ha desnudado de cuerpo entero como un sirviente de las transnacionales y de los empresarios privados nativos.

Ya estamos transitando en una etapa en la que explosionan los conflictos por todas partes y por cualquier motivo; éstos rápidamente tienen repercusiones impredecibles en otros sectores que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Esta es la característica de una situación revolucionaria.

En este ambiente, por ejemplo, probablemente la llegada a La Paz de la IX Marcha del TIPNIS entronque rápidamente en el malestar social reinante. Ya es muy sugerente que el Comité Cívico y la Asamblea de La Paz hubieran decidido oficialmente apoyar la marcha y sumarse a ella a su arribo a la ciudad, haciendo caso omiso a la malintencionada y millonaria campa que desarrolla el gobierno.

* Dirigente del magisterio urbano de Cochabamba y del POR.