(PL y Bolpress).- El Comando Sur de Estados Unidos inauguró el 5 de abril un “Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz en Zonas Urbanas” de Chile; pretende instalar una nueva base en República Dominicana, y camufla otros emplazamientos militares en el continente denominándolos centros de “cooperación” o “misiones humanitarias”, como por ejemplo la felizmente frustrada misión militar en la provincia argentina del Chaco. Las fuerzas especiales SEALs operan en Uruguay desde el 15 de mayo, y no se descarta que lleguen pronto a la región las fuerzas especiales que eliminaron a Osama Bin Laden.

Un nuevo contexto político en Sudamérica, en el que predominan gobiernos progresistas enfocados en la integración y el desarrollo de sus pueblos, trasluce como la principal divisa para el incremento de la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en esta región. Un área aparentemente descuidada por la gran potencia, enfrascada en su Estrategia de la Guerra Preventiva que llevó a la ocupación de Irak y Afganistán, vuelve a reforzarse como objetivo.

La vigilancia militar sobre los abundantes recursos naturales del área, el afianzamiento de organismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), forman parte de los motivos para la ofensiva del Comando sur. También sobresalen la sostenida intensificación de las relaciones de los países del continente con China, en particular los de la región andina, y el liderazgo y crecimiento económico de Brasil.

El presidente de Bolivia Evo Morales alertó en diciembre último durante la cumbre fundacional de la Celac sobre las intenciones estadounidenses de incrementar sus enclaves militares. “No podemos permitir bases militares de Estados Unidos en nuestros territorios”, subrayó el gobernante al expresar que la Casa Blanca tiene su mirada puesta en América Latina y el Caribe, especialmente en sus recursos naturales y en la desestabilización de los gobiernos soberanos de la región.

Lo cierto es que Estados Unidos pretende recuperar su hegemonía en Sudamérica y cercar a las potencias emergentes, según diversos analistas, entre ellos Elsa Bruzzone y José Luis García, del Centro de Militares para la Democracia Argentina. Para ese fin Washington se apoya en la instalación de bases militares bajo eufemísticos nombres o en la organización de maniobras como Fuerzas Comando 2012, realizadas en Colombia en los primeros días de este mes.

Cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la influencia de China y Rusia en el continente, la inequidad y la pobreza, desastres naturales, son pretextos que figuran en la “Estrategia del comando sur de los Estados Unidos 2018, amistad y cooperación para las América”. Con ellos el Comando, cuya misión es controlar la estabilidad política de Sudamérica por medio de la instalación de enclaves estratégicos en los países del sur, repta por la región entre éxitos y fracasos.

La frustración de su “misión humanitaria”, a través de la cual Washington instalaría un Centro para Emergencias en el aeropuerto internacional de Resistencia, provincia argentina del Chaco, es uno de esos planes fallidos, gracias al rechazo popular y a la actuación del Gobierno de Cristina Fernández.

El gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, en relación con militares y diplomáticos norteamericanos suscribió un acuerdo por medio del cual se autorizaba a fuerzas estadounidenses a utilizar el aeropuerto ante catástrofes naturales o epidemias. Equipada con la más moderna tecnología, la base monitorearía y controlaría por satélite toda la región ubicada cerca de la Triple Frontera -Argentina-Paraguay- Brasil y sobre el deseado Acuífero Guaraní, mayor reserva de agua dulce de Sudamérica, señaló la agencia de noticias Argenpress.

Una base militar en El Chaco, bajo el argumento habitual del combate al terrorismo, le brinda al Comando Sur una oportunidad ideal para monitorear el área de la Triple Frontera. Felizmente, la cancillería y el Ministerio de Defensa argentinos suspendieron todos los acuerdos firmados entre las partes.

Resalta como otro golpe a las aspiraciones de dominación de Washington el obligado abandono por parte las fuerzas estadounidenses de las instalaciones ocupadas en la Base Militar de Manta, en un área adjunta al aeropuerto internacional del mismo nombre en Ecuador.

Manta era el principal centro de espionaje electrónico con tecnología satelital del Pentágono en América del Sur, desde donde partían cada día a su rutina aviones espías Orion C-130 de la armada de Estados Unidos. Esa base formaba parte de una estructura militar estratégica de interrelación entre Centros Operativos de Avanzada, junto con Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz, en Aruba; y Hato Rey, en Curazao.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los cuatro sitios juntos cubrían un área geográfica más grande que la Base Aérea Howard, en su territorio continental, y ofrecía una cobertura más profunda.

Amenazantes éxitos

Nuevos éxitos apuntalan el afán del citado Comando estadounidense por afianzarse en Sudamérica. El pasado 5 de abril, autoridades chilenas y norteamericanas inauguraron el “Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz en Zonas Urbanas” con ocho modelos de edificios. El polémico recinto militar en el Fuerte Aguayo de la comuna de Concón, región de Valparaíso, a unos 130 kilómetros al noroeste de Santiago, es considerado una nueva expresión del intervencionismo de Washington en la región.

Fue construido con un aporte de casi 500 mil dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo el subterfugio de que sirve para “ejecutar operaciones de mantenimiento de paz o de estabilidad civil”, según la propia embajada norteamericana. Según la versión oficial, la base -con supuestos fines humanitarios- “se especializará en el entrenamiento de soldados destinados a la formación de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas”.

El comandante en Jefe del Ejército chileno Juan Miguel Fuente-Alba dijo textualmente que “dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar” el Ejército debe analizar eventuales nuevos roles, los que según la embajada norteamericana en Chile, tienen que ver con el destino y entrenamiento del “personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas”.

Por supuesto, la instalación apunta al control y militarización del Océano Pacífico desarrollada por Estados Unidos, por lo cual ha generado el rechazo de organizaciones civiles del país y del continente. Analistas sostienen que la instalación esconde la implementación de los planes estadounidenses para controlar el Cono Sur.

La Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile) declaró que la soberanía reside en el pueblo y la seguridad no puede reducirse sólo al resguardo de los intereses de las transnacionales, de sus socios nacionales y el sistema económico imperante; y recalcó que las Fuerzas Armadas tienen como misión el resguardo de la soberanía nacional. “Por tanto, constituye una traición a la Patria su subordinación a los dictámenes del ejército norteamericano, cuyas acciones devastadoras han sido padecidas por la humanidad a lo largo de la historia de los siglos XIX, XX y durante los inicios del siglo XXI y, particularmente por Chile, luego del Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 que nos trajo asesinatos, desapariciones de personas, encarcelamiento indebidos y torturas masivas y sistemáticas durante 17 años de dictadura militar”.

“No permitiremos que este fuerte se convierta en el primer intento de Estados Unidos de instalar bases militares en nuestro país, como lo ha hecho en Honduras, Colombia y otros países, aunque vengan con la fachada de Naciones Unidas”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira.

Los representantes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos alertaron que en el Fuerte Aguayo se aplica “la lógica del enemigo interno” en los entrenamientos observados y que señalan han recibido Fuerzas Especiales de Carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones. “Aquí en Chile no hay guerrilla urbana, ni violencia terrorista como dicen ellos, pero ellos siguen con la lógica del enemigo interno que viene desde la dictadura y eso es a raíz de las movilizaciones nacionales”, indicó la presidenta de la AFEP.

En Uruguay, según recientes denuncias, “desde el pasado 15 de mayo fuerzas especiales de Mar, Aire y Tierra (SEALs por su sigla en inglés) de la IV Flota de la Marina norteamericana (Comando Sur) están” en el país. Los analistas Bruzzone y García advierten en un reciente artículo que las fuerzas estadounidenses llegaron para “entrenar” a efectivos del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada Nacional en Contra Interferencia Ilícita de Buques, por solicitud de la Armada uruguaya.

El embajador argentino en Guatemala, Ernesto López, al referirse a esta situación expresó que “la costa uruguaya es hoy un teatro de operaciones de la fuerza militar más letal de los Estados Unidos: los temibles marines SEALs”, refiere el texto de Bruzzone y García, titulado Una avanzada del Comando Sur en Uruguay. El comando entrena al Cuerpo de Fusileros Navales uruguayos, y “el Consejo de Defensa regional no fue consultado al respecto”, subrayó el diplomático.

Las SEALs constituyen un cuerpo de tropas especiales de la Armada norteamericana y normalmente actúan por afuera del protocolo militar clásico, lo que les permite realizar operaciones al nivel más alto de la clasificación y, a menudo, fuera de los límites del derecho internacional.

También llaman la atención sobre las “acciones humanitarias conjuntas” previstas en Perú para junio de 2012 en las que un número no precisado de elementos del Ejército de Estados Unidos permanecerá casi tres meses en el país. Un profundo silencio mediático rodea los hechos, mientras que los expertos insisten en recordar que el Comando Sur no es precisamente una organización solidaria sin fines de lucro.

En el verano de 2008 Estados Unidos decidió reactivar la IV Flota después de 58 años y sin la consulta de socios regionales, lo que generó preocupación en la mayoría de los gobiernos sudamericanos. La IV Flota, establecida en 1943 para enfrentar a los submarinos alemanes que atacaban los convoyes en América del Sur, perdió razón de ser tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue disuelta en 1950.

Sin embargo, la reactivación de ese comando el 1 de julio de 2008 destapó la controversia y países como Argentina, Brasil y Venezuela reaccionaron alarmados. Como para echar más leña al fuego, en el 2009 la Casa Blanca firmó en secreto con el gobierno de Bogotá un acuerdo que garantiza a esa nación norteña y a sus tropas mayor acceso a bases militares enclavadas en territorio colombiano.

La Unasur manifestó entonces su preocupación con el pacto, pues sus objetivos y potestades son ambiguos al establecer que los dos países enfrentarán cualquier tipo de provocación, siempre que la perciban como tal. Venezuela y Ecuador denunciaron el acuerdo como una potencial amenaza al balance estratégico de la región, en tanto el gobierno de Caracas lo consideró un peligro para su seguridad nacional.

Bases militares

De acuerdo con fuentes diversas, de las más de 800 bases militares que tiene el gobierno estadounidense en el mundo, una buena parte se encuentra en América Latina y el Caribe. Según una investigación del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, de mayo de 2012, el número de bases militares extranjeras operativas en la región asciende a 46. Estas pertenecen a varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y mayoritariamente a Estados Unidos.

Sin contar el caso colonial de Puerto Rico, son al menos 46 bases militares extranjeras en funcionamiento, o en construcción, vinculadas por vía aérea y marítima con la IV Flota naval reactivada desde el 2008, precisa el Movimiento por la Paz. Estados Unidos tiene enclaves militares en Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú y Paraguay, mientras que el Comando Sur cuenta con estaciones navales propias en Curazao y Aruba, incluso algunos operando en forma clandestina.

Washington ya no llama “bases militares” a muchas de esas instalaciones, sino que, en un cambio de estrategia, las camufla con supuestas acciones humanitarias bajo los nombres de Emplazamiento Cooperativo de Seguridad o Emplazamiento Adelantado Operativo. Con el pretexto de la asistencia para catástrofes o eventuales emergencias, el Comando Sur ingresa en los países sin necesidad del permiso que en otras circunstancias debería solicitar a las autoridades nacionales.

En febrero de este año el canal Russia Today denunció que Estados Unidos busca garantizar intereses propios en el Caribe y afianzar su política de injerencia en la región con la instalación de una base naval en República Dominicana. Washington planea construir una base naval en la isla Saona, en el extremo sureste dominicano, con un muelle, cuarteles y otras instalaciones militares, con una inversión de un millón y medio de dólares, reveló el medio ruso.

El movimiento juvenil La Multitud refutó declaraciones del ministro de Medio Ambiente Ernesto Reyna, quien dijo que quienes se oponen al proyecto militar en la Isla Saona están financiados por el narcotráfico. La Multitud calificó de una vergüenza para el país la presencia de ministros con tan poca conciencia de su función y con tan bajos criterios, ya que el proyecto de la base militar en la Saona viola la ley.

El dirigente del Movimiento Caamañista y periodista Narciso Isa Conde denunció que la base militar estadounidense en Isla Saona atenta contra la soberanía, el medio ambiente y la vida del pueblo dominicano. La base en Saona, seguida de otras en Beata, Alto Velo y Catalinita, intensifica el control militar del territorio nacional.

Ambientalistas dominicanos alertaron sobre los daños que provocarán en la isla Saona las actividades militares tuteladas por el Comando Sur. En un Manifiesto por la vida, los especialistas agregan que esa iniciativa no toma en cuenta la nefasta experiencia de Vieques en Puerto Rico.

Los planes del Pentágono van más allá de instalar una base en Saona, un área protegida del Parque del Este, según el activista Isa Conde. Sediento de petróleo, agua, gas natural, oro, litio, minerales estratégicos, biodiversidad, el complejo militar industrial norteamericano ha emprendido una cruzada empleando todos los medios a su alcance, aseguró. Los efectos ecológicos de esa instalación serían catastróficos y solo el comienzo de similares instalaciones militares, tipo bases FOLS, pequeñas en dimensión pero de alta tecnología en las islas Beata, Alto Velo y Catalinita, reveló el dirigente político.

Colombia fue el centro de una intensa polémica cuando en el 2009 las autoridades del país firmaron un acuerdo con Estados Unidos, que permitía la presencia de militares de la nación norteña en siete bases colombianas. Sin embargo, el tema está latente, porque de acuerdo con denuncias del senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, el Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos por más de 12 millones de dólares para construcciones en instalaciones militares del país.

Algunos de esos contratos, remarca, se suscribieron luego de que la Corte Constitucional declarara inaplicable el tratado que permitía a Washington, a través del Comando Sur, usar y adecuar las siete bases. Ante la presencia de este en la región, la Unasur ha reiterado su compromiso para impedir “la injerencia en la soberanía de los pueblos latinoamericanos” y mantiene su deseo de fortalecer la región como una zona de paz.

La presidenta de Argentina Cristina Fernández subraya que todo país tiene el derecho de hacer los acuerdos que quiera y establecer en su territorio las instalaciones que quiera. Pero, recalca, no tiene derecho a que el alcance extraterritorial de las actividades militares tenga incidencia sobre cualquiera de los países miembros de la Unasur.

Incómoda presencia en América del Sur

El 17 de febrero, el canal de televisión Russia Today informó que los comandos especiales estadounidenses empleados en la eliminación del saudita Osama Bin Laden podrían operar en otras regiones del mundo, en particular en América Latina. El jefe del Comando de Fuerzas Especiales (Usscom) solicitó al gobierno norteamericano ampliar el radio de acción de las referidas fuerzas de élite para operar en otras partes del orbe, destacó el canal.

De satisfacerse tal petición, los citados comandos obtendrían más flexibilidad para actuar, sin la necesaria aprobación del alto mando militar, declaró a RT el profesor Victor Manuel Quintana. Ahora se trata de intimidar a gobiernos antagónicos a Washington. Estados Unidos siempre ha actuado de acuerdo con sus intereses y no le importa violar el derecho internacional o las leyes de otros países, señaló el experto.

Entre muchas otras iniciativas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empleará en Sudamérica los aviones sin piloto (drones) que retirarán de Afganistán, para misiones de espionaje, contrainsurgencia, lucha antidroga y vigilancia marítima. La jefatura del Comando Sur prevé el empleo de los modelos Predator y Reaper en esas operaciones, según la revista Air Force Magazine.

Los drones son aviones que no tienen piloto a bordo y su vuelo se regula de forma autónoma por computadoras o control remoto desde tierra o desde otra nave. Pueden cumplir misiones de ataque. Desde 2004, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia emplearon esos equipos en la frontera entre Afganistán y Pakistán para acciones ofensivas contra los rebeldes talibanes y Al Qaeda, que han provocado la muerte de numerosos civiles. Durante la administración del presidente Barack Obama se intensificaron esos ataques.

El principal objetivo consiste en tratar de mantener el control sobre los gobiernos, en especial, los de izquierda, de América Latina e imponer su política, consideró Quintana. Además, la injerencia de los comandos permitiría a Washington controlar el mercado de las drogas, para lo cual contaría con más libertad para capturar o asesinar a capos del narcotráfico que se nieguen a aliarse a ellos o a sometérseles, denunció Quintana, citado por RT.

La presencia militar de Estados Unidos en América del Sur genera polémica y suscita el rechazo de la mayoría de los miembros de la Unasur que ven en ello una amenaza. Con Bolivia, Ecuador y Venezuela a la cabeza, recaban un mayor nivel de información y transparencia e insisten en obtener datos precisos sobre el despliegue estadounidense en el subcontinente.

La Casa Blanca asegura que no busca aumentar la presencia de tropas y que su único interés en esa área geográfica se limita a apoyar la guerra contra las drogas. Pero gobiernos que integran la Unasur no están convencidos y vinculan la existencia de enclaves militares norteamericanos en la zona con la estrategia global de dominación del gobierno de Washington. Coinciden en señalar que el despliegue de fuerzas navales estadounidenses parece más un dispositivo para guerras convencionales que para combatir el tráfico de sustancias prohibidas.

Según analistas, la Casa Blanca intenta recuperar el terreno perdido en Sudamérica y ejercer presión constante sobre los regímenes políticos progresistas que han logrado abrirse paso en los últimos años. Los expertos advierten que Washington pretende asegurar sus objetivos geoestratégicos, lo que se traduce en un mayor control de los recursos naturales (petróleo y agua) del mayor reservorio del planeta.

La consolidación de procesos integracionistas que no lo incluyen -Mercosur, Unasur, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Celac- incidió en la pérdida de influencia política de Estados Unidos en Latinoamérica en los últimos años. Según especialistas, al perder la iniciativa política y la económica -frente al empuje de China y Rusia y la existencia de la Unión Europea- el gobierno estadounidense tiene una creciente necesidad de control de tipo territorial.

Como señales de la importancia que la región, y específicamente Sudamérica, revisten para Washington cuentan la asistencia de Barack Obama a la VI Cumbre de las Américas de Colombia y la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton a Brasil, ambas en abril último. A finales de ese mes el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, realizó una cuestionada gira por el subcontinente que lo llevó a Colombia, Brasil y Chile.

La coordinación de esfuerzos para la cooperación en el tema de la seguridad y en la lucha contra el crimen trasnacional fueron propósitos del recorrido de Panetta por el área. Colombia y Chile son los dos aliados más firmes de Washington en la región en términos tácticos, pero al decir de expertos, la visita a Brasil adquirió mayor significación política y estratégica.

Fuertes críticas acompañaron al secretario de Defensa estadounidense y ex director de la CIA durante su primera visita a esos tres países, sobre todo en Chile, a los que consideró importantes socios militares. El ministro de Defensa venezolano Henry Rangel aseguró que Panetta “vino a la región a vender armas y a amenazar”. Según Rangel, Sudamérica está consolidada “en una sola patria grande” y lo que interesa al subcontinente es el “fortalecimiento real de nuestras fuerzas armadas como un escudo impenetrable contra esas amenazas”.

* Odalys Troya Flores es jefe de la Redacción de América del Sur de Prensa Latina y Liset Salgado, periodista de la Redacción América del Sur. Con reportes de las corresponsalías en Washington, Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas, Centroamérica y Moscú.