Río de Janeiro.- En lugar de impulsar una tramposa y letal “economía verde”, los gobiernos de países industrializados y las empresas transnacionales deberían hacerse cargo de la deuda ecológica y ambiental que tienen pendiente con Bolivia, por ejemplo, históricamente diezmada en gran parte de su territorio por causa de emprendimientos lucrativos para unos pocos, dijo Lucio Ayala Siripi, secretario de Tierra y Territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en la Cumbre de los Pueblos Río+20.

La Cumbre de los Pueblos paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20 comenzó el sábado en el parque Flamengo de Río de Janeiro, con la misión de analizar las causas reales del deterioro ambiental y socioeconómico soslayadas por la cumbre oficial que sesiona del 20 al 22 de junio.

Delegaciones de 183 países, 135 de ellos representados por sus presidentes, vicepresidentes o primeros ministros, confirmaron su asistencia a la conferencia Río+20 y sólo restan por confirmar 10 de los 193 estados miembros de la máxima entidad internacional. La ministra brasilera de Medio Ambiente Izabella Teixeira dijo que los países que no acudan tendrán que discutir los asuntos abordados en el encuentro, así como otros que integrarán el documento final, en otros foros regionales que se efectuarán después de la cita carioca.

La Conferencia de la ONU conmemora los 20 años de la primera cumbre mundial de 1992 que proclamó el “desarrollo sostenible”y adoptó tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Lucha contra la Desertificación. Los movimientos sociales de todo el planeta afirman que los compromisos asumidos aún están pendientes y temen que se profundicen las políticas capitalistas, principales responsables de la crisis ambiental, como por ejemplo la denominada “economía verde” que trae consigo nuevas olas de privatización de la tierra y la biodiversidad. (1)

La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático realizó un debate sobre la situación del modelo capitalista en Bolivia y mostró propuestas alternativas surgidas de la experiencia de las organizaciones sociales. El encuentro tuvo lugar en la Cumbre de los Pueblos sobre Rio+20, y fue dirigido por mama Rosiyo Patty, ex mama t’alla de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), y por Lucio Ayala Siripi, secretario de Tierra y Territorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Ayala evidenció que en lugar de impulsar una tramposa y letal “economía verde”, los gobiernos de países industrializados y las empresas transnacionales deberían hacerse cargo de la deuda ecológica y ambiental que tienen pendiente con Bolivia, por ejemplo, históricamente diezmada en gran parte de su territorio por causa de emprendimientos lucrativos para unos pocos. “Los países desarrollados tienen una deuda ecológica con los pueblos indígenas, porque en nuestra Amazonía, en nuestro territorio ya no producimos igual que antes. Ya nuestros ríos y nuestras lagunas se están secando. Nos tienen que pagar porque sufrimos ese cambio en nuestras formas de vida”, dijo el dirigente del pueblo Cavineño.

Los “cambios” que afectan a los pueblos indígenas son profundamente culturales. En algunos casos, quienes viven en las comunidades deben buscar otras actividades para sostener a sus familias. En muchas situaciones, la Casa Grande de las y los indígenas está tan deteriorada que deben migrar a las ciudades, donde la “seguridad alimentaria” -tan cacareada por las Naciones Unidas- puede hallarse en el fondo de los tachos de basura. “En los últimos años, la lucha principal de pueblos indígenas ha sido por el territorio, porque justamente nuestro territorio es nuestra Casa Grande. En ella nosotros tenemos convivencia con la tierra, con el agua, con los animales, porque ahí nosotros vivimos. Los pueblos indígenas sin territorio son nada, dejan de existir”, dijo el dirigente de la CIDOB.

Él, como cientos de indígenas de todo el mundo, llegaron hasta Rio de Janeiro para manifestar su rechazo al modelo metacapitalista que esperan afianzar la mayoría de los países de la ONU. “No queremos la mercantilización de nuestro territorio. Eso nos va a afectar en nuestra forma de organización, en nuestras estructuras. Los estados deben respetar nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, nuestras culturas, que ya están desapareciendo”, dijo Ayala.

Además del CONAMAQ y de la CIDOB, del encuentro de la Plataforma participaron la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), la Comisión Episcopal Pastoral Social (CEPAS) Caritas y la Fundación GaiaPacha.

Coraly Salazar, de CIPCA, presentó las conclusiones del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, realizado en abril en la ciudad de La Paz. “Como sociedad civil deberíamos trabajar para incidir sobre los gobiernos, para que reconozcan la importancia histórica de la agricultura campesina indígena, que garantiza la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad. Dentro de esta biodiversidad, hay que reconocer la importancia estratégica de los bosques de la Amazonía para la conservación de los recursos vivos y la variabilidad genética, así como para la conservación de los pueblos indígenas campesinos y sus conocimientos ancestrales. Allí están también las reservas de agua dulce, a las cuales debemos proteger seriamente. La discusión que existe en estos días sobre el modelo de desarrollo no se va a aclarar si no tenemos claro y presente hacia dónde queremos ir. Es un camino que debe basarse sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, comentó.

Economía de muerte

Un problema común de muchos pueblos indígenas de la región amazónica reside en que los gobiernos nacionales proyectan la construcción de hidroeléctricas, para lo cual levantan represas en ríos y dejan bajo el agua a las comunidades que ahí vivían de la pesca. Según las autoridades gubernamentales, de esta manera se genera “energía limpia”. Sobre este caso comentó Iremar Ferreyra, del Instituto Madeira Vivo, presente entre la concurrencia en la mañana del Aterro de Flamengo, donde se hace la Cumbre de los Pueblos.

“No hay energía limpia con las hidroeléctricas. Las empresas se esconden detrás del concepto de ‘energía verde’ para extraer cada vez más dinero de los recursos naturales, mediante la conversión de ríos en megaempresas de exportación de energía eléctrica y dejando a las poblaciones en la miseria. Por eso la ‘economía verde’ es en realidad una economía de muerte”, dijo Ferreyra. “Ante esta situación, proponemos que la economía de las comunidades sea revalorizada, respetada. No se debe pensar del lado de las finanzas, de generar plata. Se debe pensar en generar vida, en garantizar la conservación de los territorios, en garantizar políticas públicas. Pero ahora los gobiernos abandonan sus responsabilidades y dejan que empresas afecten a la vida”, agregó.

“Según nuestra experiencia en el río Madeira, la ‘economía verde’ es un concepto que utilizan las empresas generadoras de energía para obtener más dinero. Y los gobiernos se valen del concepto de ‘economía verde’ para garantizar el desarrollo económico, no el desarrollo humano, no el desarrollo ambiental. Si las represas van a inundar todo ¿cómo van a generar vida?”, dijo Ferreyra.

“Pido a los jóvenes que sigan la lucha, aprendiendo con los más viejos, para que continúen las tradiciones de nuestros pueblos de garantizar la vida armónica, de garantizar la calidad de vida. Si no lo hacemos, no tenemos nada”, dijo. Martín Vilela, de la Plataforma, presentó el posicionamiento ante Rio+20 de las organizaciones sociales de que son parte de ella, como la CIDOB y el CONAMAQ. “Este modelo de desarrollo va a acrecentar las desigualdades y va a generar un mayor desequilibrio ambiental. Estamos acá, en la Cumbre de los Pueblos, para compartir y articular una lucha global mucho más grande desde la sociedad civil, que exija cambiar realmente a este sistema de desarrollo por otro, porque el que tenemos está matando la vida del planeta”, consideró.

“Con la ‘economía verde’, los países de la ONU pretenden fortalecer un sistema basado sobre el mercado de explotación de recursos naturales, pretende profundizar el sistema de pago por servicios ambientales, que es una forma de mercantilización de la naturaleza. Por otro lado, busca incorporar un nuevo elemento al mercado, que se llama la ‘financialización de la naturaleza’. Esto significa que intentan incorporar nuevos elementos que antes no estaban presentes en el mercado especulativo, por ejemplo la fotosíntesis, la capacidad de absorción de carbono de los bosques, la polinización de las abejas. Son funciones y ciclos de la naturaleza que antes no estaban en el mecanismo financiero”, dijo Vilela.

“Al final, vamos a tener un sistema que legitime la apropiación privada sobre la gestión de estos recursos y de estos ciclos. Esto podría generar -como se ha dado en muchos lugares- un mecanismo de exclusión social, de fortalecimiento de grandes corporaciones, de grandes empresarios que pueden comprar bosques, que pueden comerciar con estos nuevos bienes, lo que acabaría fortaleciendo al sistema que está destrozando al planeta”, agregó.

“Debemos empezar a pensar en otro modelo de desarrollo. En Bolivia los pueblos indígenas han propuesto el Vivir Bien. Hay una diferencia entre ‘vivir bien’ y ‘vivir mejor’. Vivir mejor implica acumular cada vez más, mientras que el Vivir Bien propone tener solamente lo necesario para vivir. Y sobre todo, tener una visión de desarrollo según la cual la naturaleza no es un conjunto de elementos y recursos a ser explotados, sino que es la Madre Tierra, de la que nosotros somos parte. No hablamos de recursos naturales, sino de seres y dones de la Madre Tierra. Si así fuera, la relación con la tierra tendría una lógica distinta: habría mucha más responsabilidad en la gestión de estos seres y dones de la naturaleza”, contó Vilela.

El integrante de la Plataforma advirtió sobre la desinformación que rodea al concepto de ‘economía verde’. Por este motivo, buena parte de la población desconoce el paso temerario que darán los presidentes en Rio+20. “Estamos ante un monstruo que domina a los medios de comunicación, que domina a la información. Hoy, más que nunca, existe la necesidad urgente de hacer un cambio global, porque ya no tenemos tiempo, estamos a punto de entrar a un escenario global de mucha adversidad, donde faltarán alimentos. Ya hay pruebas más que contundentes sobre la insostenibilidad de este sistema y, por lo tanto, tenemos que cambiarlo por otro”, indicó.

Bolivia clama para que no se mercantilice la tierra

La cumbre latinoamericana preparatoria para Rio+20 denunció en la palestra internacional las irreparables y nefastas consecuencias de la imposición global de la denominada “economía verde”, promovida por los países desarrollados y las grandes corporaciones privadas. “Denunciamos que la Economía Verde sigue apostando por la errónea idea de un crecimiento económico infinito en un mundo que tiene límites. Rechazamos la mercantilización de la Madre Tierra – de sus ciclos vitales y sus funciones, así como los pagos por “servicios ambientales” para crear nuevos productos financieros para el mercado especulativo”, señala el documento aprobado por las organizaciones civiles latinoamericanas de 12 países, reunidas en la ciudad de La Paz los últimos días de mayo.

“Denunciamos que la Economía Verde no acabará con el modelo extractivista. La minería, los hidrocarburos y el modelo agroexportador seguirán teniendo impactos negativos para el medio ambiente y los derechos de los pueblos. La economía verde fortalecerá el poder económico de las transnacionales que son incluso mucho más influyentes que los países más desarrollados y que además cuentan con mecanismos de autoprotección a través de los Tratados de Libre Comercio, como son los sistemas de arbitraje para proteger sus inversiones y ganancias futuras, como el CIADI”, dice el documento denominado “POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE RIO+20 Y LA ECONOMÍA VERDE”.

En el encuentro de La Paz, denominado “Defendiendo los derechos de los pueblos en Rio+20 y más allá”, participaron representantes de organizaciones civiles y sociales de Haití, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Filipinas. Según estas organizaciones latinoamericanas, “la imposición de la Economía Verde en América latina y el Caribe se constituirá en un retroceso de las conquistas de las luchas de los pueblos, afectando derechos ya constituidos como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros”.

El pronunciamiento también es concluyente sobre los proyectos extractivistas. “Exigimos el cese de todos aquellos proyectos destructivos de la Madre Tierra como son la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos en zonas ecológicamente sensibles, las megarepresas y los proyectos del IIRSA. Rechazamos los procesos de integración regional que son dominados por las grandes capitales”.

Entre las demandas que las organizaciones latinoamericanas presentarán en la Cumbre de Rio+20 están las exigencias a los gobiernos latinoamericanos para que no avalen la economía verde. “Exigimos a los gobiernos nacionales que defiendan activamente los intereses de sus pueblos en el actual texto de negociación y asuman responsabilidad con las futuras generaciones. Exigimos a los gobiernos no avalar la Economía Verde y no aceptar los acuerdos de Rio+20”.

“Exigimos a los gobiernos nacionales defender el derecho al agua, y los derechos de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas expresados en las resoluciones de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático (Tiquipaya, 2010)”, agrega. El manifiesto latinoamericano denuncia, además, que “las transnacionales del G8, en complicidad con los Estados, han capturado el sistema de la ONU, se han apropiado del discurso social y ecológico, y tienen una mayor participación en las negociaciones de Rio+20 que la sociedad civil. Los grandes intereses privados que más contaminaron el planeta, junto al Banco Mundial y el G20, impulsan la Economía Verde para reposicionarse y continuar haciendo negocios como siempre”.

Frente a ello, el manifiesto convoca “a la sociedad civil internacional a construir alianzas para resistir la imposición de la Economía Verde en la región y a construir un nuevo modelo para lograr el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. El Estado, las comunidades, la cooperación internacional y otros sectores deberán evitar la degradación del medio ambiente de forma directa o indirecta que atente contra los derechos humanos y de la madre tierra (agua, aire, tierra) y deberán velar por la restauración de las zonas afectadas”.

El encuentro en La Paz fue organizado por IBON Internacional (Filipinas), CEDLA (Bolivia), UNITAS, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Fundación Solón, Fundación Jubileo, Grupo Propuesta Ciudadana (Perú) y Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos).

Nota:

1. Más de 300 intelectuales y artistas, entre ellos el premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, el arquitecto brasilero Oscar Niemeyer y muchos otros miembros de la Red de redes de los intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, manifestaron que no están dispuestos a aceptar el modelo suicida que se ha impuesto al mundo, ni la extinción de la humanidad como destino fatal, y por ello convocaron a exigir al sistema de organismos internacionales de Naciones Unidas que la Cumbre RÍO+20 parta del análisis del estado de cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 21 y los principios acordados en Río-92 y reiterados en la Conferencia de Johannesburgo.

La red mundial refutó la pretensión de sustituir el enfoque en torno al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo del milenio por las nuevas tesis planteadas en torno a la “economía verde” y cualquier otra forma de explotación comercial o privatización de la naturaleza. “Que se promueva una reevaluación integral del sistema de gobernanza ambiental existente, que ha demostrado ser incapaz de frenar la catástrofe ecológica, y se sienten las bases de uno nuevo, inclusivo, auténticamente democrático y participativo”, señala el manifiesto.