Naciones Unidas, (PL).- La creciente influencia empresarial en los centros de política internacional está detrás de la persistente acción de la alta dirigencia de Naciones Unidas para impulsar el controvertido concepto de “economía verde”. Agencias de la ONU establecieron asociaciones con las corporaciones ExxonMobil, Río Tinto, Anglo American, Shell, Coca Cola y otras.

Naciones Unidas trata de vencer la resistencia existente entre los Estados miembros en torno al concepto de Economía verde, impulsado por los países industrializados al amparo del principio de desarrollo sostenible. Con el objetivo de “promover una mejor comprensión” sobre ese asunto, el año pasado el presidente de la Asamblea General de la ONU Joseph Deiss (Suiza) convocó a una jornada de debates sobre el tema.

La reunión sesionó bajo el título de “una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” y fue organizada para aclarar las dudas de algunas naciones. Deiss dijo que aún existen muchas preguntas que deben ser aclaradas porque “la economía verde es el camino hacia el desarrollo sostenible”.

El nuevo intento de la dirección de la ONU a favor del controvertido concepto tuvo lugar dos semanas después del fracaso experimentado por la reunión de la comisión preparatoria de Río+20, celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva york. El encuentro no pudo elaborar un marco decenal de opciones sobre los problemas del transporte, la minería y la administración de desechos y productos químicos para ser presentado en la cita carioca.

No obstante ese fiasco, el segmento ministerial de ese foro preparatorio dejó en claro que Río+20 debe conducir a una modificación de los sistemas de producción y de los hábitos de la vida diaria para lograr un cambio de los patrones de consumo. La comisión preparatoria está integrada por 53 países, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Cuba, Uruguay y Venezuela por América Latina y el Caribe.

Los países críticos del concepto de Economía verde sostienen que se trata de un enunciado con postulados equivocados que tratan de colocar las reglas del mercado como salvadoras de la naturaleza. El ex representante permanente de Bolivia ante la ONU Pablo Solón dijo en un debate interactivo con motivo del Día de la Madre Tierra que la naturaleza no puede ser sometida a los caprichos de laboratorio.

El diplomático advirtió que “la ciencia y la tecnología lo pueden todo, incluyendo la destrucción del propio mundo” y alertó sobre la geoingeniería y la manipulación artificial del clima. Al respecto, pidió que las nuevas tecnologías sean previamente evaluadas en sus impactos ambientales, sociales y económicos, porque “la respuesta para un futuro no está en una invención científica, sino en nuestra capacidad de escuchar a la naturaleza”.

Según Solón, la economía verde considera indispensable fijar un precio a los servicios gratuitos que plantas, animales y ecosistemas brindan a la humanidad. Asimismo, preguntó por qué solo debemos respetar las leyes de los seres humanos y no las leyes de la naturaleza y cuál es la razón para que un criminal sea sólo quien mata al prójimo y no el que extingue una especie o contamina un río. Por qué juzgamos la vida de los seres humanos con unos parámetros diferentes a los de la vida del sistema en su conjunto si todos, absolutamente todos, dependemos de la vida del Sistema Tierra, indagó.

Sin embargo, el titular de la Asamblea General dijo que “la economía verde ofrece muchas oportunidades para las actividades económicas, la creación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de todos los pueblos en todos los países, incluidos los menos desarrollados”.

El inicio de 2012 marcó el comienzo de las negociaciones en torno al documento final que debe aprobar la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), sucesora de la llamada Cumbre de la Tierra celebrada también en Río de Janeiro hace 20 años. Las discusiones empezaron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York dentro del comité preparatorio de la cita de junio, y tienen por base un primer borrador denominado versión cero (draft zero).

El documento, abierto a la recepción de propuestas y enmiendas en diferentes fases de negociación, propone la adopción de una amplia gama de acciones en 15 esferas específicas. El texto lleva por título El futuro que queremos y está divido en cinco contenidos: Preámbulo, Renovando el compromiso político y Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Los dos restantes son Marco institucional para el desarrollo sostenible y Marco para la acción y puesta en práctica.

Este último apartado incluye las prioridades correspondientes a 15 campos principales del desarrollo sostenible, como son seguridad alimentaria, agua, energía, ciudades, “trabajo verde” e inclusión social, mares y océanos y desastres naturales. También aparecen puntos sobre cambio climático, bosques y biodiversidad, degradación de la tierra y desertificación, montañas, productos químicos y desechos, consumo sostenible y producción, educación e igualdad de géneros.

En su primer párrafo, el texto propone recoger el compromiso de los jefes de Estado de “trabajar juntos por un futuro próspero, seguro y sostenible de nuestros pueblos y planeta”. Y reafirmar la determinación de liberar a la humanidad del hambre, erradicar todas las formas de pobreza y luchar por conseguir sociedades más justas, equitativas e integradoras y un crecimiento y estabilidad económica que beneficie a todos.

De cara al logro de la llamada economía verde, el proyecto destaca la necesidad de acciones en materia de nuevas inversiones, formación de personal, desarrollo, transferencia y acceso tecnológico y capacidades de construcción en todos los países. Para eso, sugiere un cronograma de objetivos que comienza con la fijación, entre 2012 y 2015, de indicadores y medidas para evaluar la marcha de las acciones, establecer mecanismos para la transferencia de tecnología, compartir el conocimiento (know-how) y ampliar las capacidades.

La etapa de 2015-2030 servirá para la ejecución y examen periódico de la marcha de las acciones hasta su plasmación final en 2030. Los primeros comentarios en torno al draft zero fueron escuchados durante una reunión preparatoria realizada a principios de enero y cuyo contenido quedó resumido en una minuta colocada en el sitio web de Río+20.

Una de esas opiniones apuntó que el texto enfatiza en los aspectos medioambientales por sobre las cuestiones de justicia social, mientras que otra reclamó una orientación más dirigida a la acción que a la reafirmación de compromisos ya establecidos. También hubo pedidos para una mayor consideración de puntos relativos a los asuntos de género, el papel de la juventud y la educación en la búsqueda del desarrollo sostenible, la ocupación extranjera y la integración.

Otros temas sobre los que se reclamó mayor atención dentro del documento versan sobre los compromisos de los países industrializados hacia los subdesarrollados y la voluntad política de los primeros en materia de desarrollo sostenible. Algunas delegaciones estimaron necesario que los problemas de la degradación de la tierra y la desertificación sean tratados en el documento de manera separada de los asuntos del mar y la biodiversidad.

La negociación sobre el documento final de la Conferencia Río+20 presagia una dura batalla para evitar la imposición de medidas mercantilistas y economicistas adversas a los países subdesarrollados. La ronda inicial de discusiones realizada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York dejó en claro los intentos de las naciones industrializadas de avanzar hacia la llamada Economía Verde sin afectar los actuales patrones de producción y consumo.

La primera denuncia al respecto provino de Ecuador al subrayar que la discusión real debe ser acerca de cómo poner límites al crecimiento desmesurado, a la concentración de la riqueza y al consumo de los países desarrollados. En ese sentido, propuso analizar ideas para implantar impuestos a las transacciones financieras internacionales, al agotamiento del capital natural y a la importación de petróleo por los países industrializados y así lograr recursos para un fondo de sustentabilidad.

Helga Serrano, del Ministerio Coordinador del Patrimonio de Ecuador, criticó el “énfasis preocupante” que el proyecto otorga a lo que considera papel primordial del sector privado y de las empresas. Esto se puede convertir en una plataforma para que ese sector sea el impulsor de la economía verde sobre la base de sus intereses comerciales, alertó.

En la misma línea, la delegación de Bolivia consideró inaceptable la formulación de economía verde contenida en el borrador del documento que debe aprobar Río+20 por promover los mercados de servicios medioambientales, carbón y biodiversidad. La actual redacción propone ese concepto como el paradigma de un desarrollo basado en la apertura a la inversión privada y la medición monetaria de los recursos naturales para la creación de mercados verdes con políticas, acciones y marcos regulatorios flexibles, dijo el negociador boliviano René Orellana.

También rechazó las partes del texto favorables a políticas, incentivos financieros, cambios en los sistemas de subsidios, instrumentos fiscales y otras medidas que acaban con la soberanía de los pueblos para decidir su propio desarrollo futuro. Lo que ofrece el documento es un sesgado punto de vista de desarrollo economicista que enfatiza el papel de los mercados y las tecnologías, sin evaluar el impacto social y ambiental y promoviendo la comercialización de nuestros recursos naturales, agregó.

Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU Jorge Valero llamó a impedir que la conferencia de Río+20 sirva para legitimar una estrategia que pretende convertir a la naturaleza en mercancía. Se está promocionando un nuevo espejismo que deja de lado las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible e impulsa patrones de consumo y producción que destruyen el planeta, aseguró.

El diplomático consideró que el proyecto en discusión carece de líneas concretas de acción para un uso de los recursos naturales que fortalezca la inclusión social y la protección del medio ambiente. Los actuales patrones de consumo y producción suponen una distribución del ingreso que consolida la pobreza y la destrucción del planeta, dijo, al reclamar medidas que garanticen el desarrollo social y la protección ambiental.

Valero denunció los intentos de priorizar en las discusiones al sector privado, “que solo busca jugosos negocios en contra de los ecosistemas”, y de defender los intereses de las corporaciones transnacionales y el mundo financiero internacional. Igualmente, rechazó las pretensiones de convertir la transferencia de tecnologías en “un negocio lleno de condicionalidades, chantajes y afanes de dominación” y pidió la abolición de todas las barreras técnicas, legislativas y administrativas en esa materia.

La delegación argentina también criticó la redacción del proyecto y demandó dejar claramente establecido el principio de soberanía de los Estados en lo relativo a los recursos naturales, teniendo en cuenta que el documento menciona elementos específicos, como la tierra y el agua.

La dirigencia ONU insiste en el concepto de economía verde

Delegados de los 193 países de Naciones Unidas iniciaron el 29 de mayo una semana adicional de negociaciones sobre el texto del documento que debe aprobar la Conferencia Río+20. La nueva ronda fue convocada a principios de mes cuando otra serie de conversaciones celebrada también en la sede del organismo mundial no consiguió avanzar entre los desacuerdos imperantes a menos de un mes de la cita de Río de Janeiro.

Se esperaba que esa rueda lograra concluir al menos un 90% del borrador, pero una elevada cantidad de puntos polémicos forzó a agregar un nuevo espacio del 29 de mayo al 2 de junio. Según fuentes diplomáticas, la llamada economía verde y todo lo que esa noción encierra constituye uno de los aspectos que más resistencia encuentra por parte de los países subdesarrollados.

Para la mayoría de ellos, con la imposición de ese concepto se pretende mercantilizar la cuestión de la lucha por el desarrollo sostenible y contra el cambio climático, sin alterar en nada los actuales patrones de producción y consumo en el mundo. Se trata de una plataforma para colocar las reglas del mercado en el centro de las supuestas soluciones de los problemas del medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible, indicó un delegado latinoamericano.

El 29 mayo Ban Ki-moon dijo que el tiempo se acaba y esta sesión es la última oportunidad para conseguir el progreso que necesitamos hacia los resultados que queremos, dijo al proponer ocuparse de los puntos cardinales, pues “los detalles finos pueden esperar”.

Para Ban Ki-moon no resulta práctico ni razonable dejar “tantos asuntos sin resolver” para que sean negociados por los gobernantes y reiteró a los delegados que trabajan en la redacción del texto que son responsables de hacer lo correcto “aquí y ahora, esta semana”. “Nadie pretende que los países sacrifiquen sus intereses nacionales, pero tengan presente que esos intereses son interdependientes y están interconectados”, agregó.

La llamada economía verde y todo lo que esa noción encierra constituye uno de los aspectos que más resistencia encuentra por parte de las naciones en desarrollo.

El 4 de junio el texto de la declaración de la Conferencia Río+20 estaba acordado en solo un 20%, a dos semanas de la cita y pese a una ronda adicional de negociaciones. La cantidad de párrafos pactados no sobrepasaba los 80 de un total de más de 320 propuestos por los 193 Estados miembros la ONU, según fuentes diplomáticas en la sede del organismo mundial.

A pesar de reconocer el reducido avance conseguido, el vicepresidente del comité preparatorio de Río+20 Kim Sook (Corea) resaltó ese progreso frente al 6% existente al inicio de los debates. El diplomático también aseguró que hay “muchos otros párrafos cerca de ser acordados”, cuando resta una sola ronda de negociaciones del 13 al 15 de junio en Río de Janeiro, una semana antes de la conferencia, programada del 20 al 22.

El subsecretario general de la ONU a cargo de Río+20 Sha Zukang reclamó acelerar las discusiones para poder presentar “un documento digno para la firma de los jefes de Estado y Gobierno”. Dijo que todavía quedan por resolver puntos clave como la integración de las dimensiones económica, social y ambiental dentro del desarrollo sostenible y las áreas prioritarias de los llamados los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El dirigente de la ONU insistió en lo que denominó políticas opcionales de la economía verde “como herramientas para avanzar hacia el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. En esa línea también mencionó la necesidad de tomar decisiones sobre “las instituciones necesarias que respalden el desarrollo sostenible”.

La llamada economía verde y todo lo que esa noción encierra constituye uno de los aspectos que más resistencia encontraba por parte de las naciones en desarrollo. Para un buen número de ellos, con la imposición de esa noción se pretende mercantilizar la cuestión de la lucha por el desarrollo sostenible y contra el cambio climático, sin alterar en nada los actuales patrones de producción y consumo en el mundo.

Otro aspecto polémico está en la pretensión del mundo industrializado de ignorar el principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, en materia de protección ambiental, adoptado por la Cumbre de la Tierra de 1992, antecesora de Río+20, según trascendidos.

El secretario general Ban Ki-moon urgió a los negociadores a concretar el texto en discusión y les advirtió que son responsables de hacer lo correcto “aquí y ahora, esta semana”. Nadie pretende que los países sacrifiquen sus intereses nacionales o de grupo, indicó, pero alertó que todos deben estar preparados para colocarse por encima de ellos porque “en el mundo actual los intereses globales son el interés nacional”.

El 6 de junio el secretario general de la ONU abogó porque la conferencia de Río+20 contribuya a un nuevo modelo de desarrollo que ofrezca crecimiento e inclusión social y respete los recursos naturales. Dijo que la cita de Río de Janeiro es la única oportunidad en toda una generación para avanzar hacia “la economía sostenible del futuro”.

No obstante, admitió las dificultades imperantes en las negociaciones sobre el texto que debe adoptar la conferencia y la existencia de “muchos puntos sin decisión”. Habrá que discutir hasta el último minuto, advirtió al llamar a los gobiernos a “trabajar en bien de la humanidad” y a desplegar todo su liderazgo y voluntad política para conseguirlo.

Expresó su deseo de que Río+20 sea una conferencia ambiciosa y con un impacto decisivo, “nada menos que un movimiento global hacia un cambio generacional”. Entre los temas destacados, Ban Ki-Moon insistió en la denominada Economía Verde como un patrón que “sacará a las personas de la pobreza y protegerá el medio ambiente global”. También reclamó la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas e indicadores claros y medibles.

Economía verde o billete verde

La consagración de la noción economía verde, sin alterar los actuales patrones mundiales de producción y consumo, es uno de los principales objetivos del secretario general Ban Ki-moon con vistas a la próxima conferencia sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).

Pero la insistencia en tratar de imponer esa concepción también tiene en ascuas las negociaciones sobre el texto final de la cita de Río de Janeiro, a celebrarse dentro de 10 días con más de un centenar de jefes de Estado y Gobierno. “No más control y cooptación empresarial de Naciones Unidas” es el título de una declaración conjunta de la sociedad civil que circula en estos días por Internet y que tiene entre sus firmantes al Servicio Paz y Justicia del Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.

El texto advierte que cada vez es más común ver políticas aprobadas por la ONU que no necesariamente responden al provecho público, sino a los intereses comerciales de determinadas empresas o sectores empresariales. También alerta acerca de la creciente influencia de los grupos de presión y cabildeo de las grandes firmas en el organismo mundial y su incidencia en posturas de gobiernos nacionales y en espacios de discusión y organismos de la ONU.

Un ejemplo: el llamado grupo de alto nivel sobre energía sostenible que asesora a Ban Ki-moon tiene entre sus miembros a los presidentes del Banco de América Charles Holliday, y de la transnacional alemana Siemens Peter Loscher. Al mismo tiempo diversas agencias de la ONU establecieron asociaciones con las corporaciones ExxonMobil, Río Tinto, Anglo American, Shell, Coca Cola y otras que operan en los más diversos sectores, de acuerdo con el análisis de las organizaciones civiles.

Las agrupaciones que suscriben el documento piden que en Río+20 se ponga punto final a “las asociaciones dudosas entre la ONU y las empresas y al acceso privilegiado que se le ha otorgado al sector empresarial”. Asimismo, alertan que los intereses de las empresas amenazan con tomar precedencia en la ONU por encima de las voces de los pueblos y han ganado cada vez mayor influencia en las decisiones del organismo mundial.

Y aseguran que el cabildeo de las corporaciones en los foros de la ONU logra bloquear soluciones en materia de cambio climático, producción alimentaria, violación de los derechos humanos, abastecimiento de agua, salud, pobreza y deforestación. Lo que buscan es el lucro a partir de las crisis que afectan a millones de personas sin resolver los contrariedades y acrecentando su poder sobre la tierra, los recursos y la vida de la gente.

Para los firmantes, el proyecto de la Declaración de Río+ 20 refuerza el papel de las empresas como promotores de la economía verde, pero evita abordar su papel en la generación de las crisis financiera, climática, alimentaria y otras. Quienes suscribimos consideramos que la ONU debe priorizar medidas que sirvan al interés público y resuelvan las múltiples crisis actuales antes que formular políticas que generan nuevas oportunidades de mercado y lucro al sector empresarial, apuntan.

* Jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Naciones Unidas.

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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el BM, la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) y la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dieron un renovado impulso al mercado de carbono en el V Foro Latinoamericano del Carbono (FLAC) celebrado del 13 al 15 de octubre en Santo Domingo. Más 600 expertos de 50 países debatieron y analizaron las mejores formas de implementar proyectos de MDL en Latinoamérica y el Caribe. El PNUMA anunció que presentará en breve una serie de estudios que demuestran que las soluciones para luchar contra el cambio climático ya están disponibles y son replicables, como por ejemplo la plantación de árboles. El BM cumple un papel protagónico en el desarrollo del mercado de emisiones. En 1999 entró al mercado con el lanzamiento del Fondo Prototipo de Carbono (PCF-Prototype Carbon Fund), y desde entonces su meta es focatalizar temporalmente la inversión privada hacia la energía limpia y renovable.