(Agencias).- Representantes de 10 regionales indígenas afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) decidieron ayer en asamblea extraordinaria suspender al presidente Adolfo Chávez y a toda su directiva, supuestamente por haber violado “los estatutos orgánicos de la institución”. Los únicos violadores de las normas indígenas son los “dirigentes serviles al régimen” que dieron un golpe a la institucionalidad de la Cidob solo para complacer a sus jefes del gobierno, aseveró el vicepresidente del Fobomade Johnny Cárdenas.

En una asamblea extraordinaria consultiva celebrada el jueves en la ciudad de Santa Cruz, delegados de pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía decidieron suspender a Chávez porque “violó los estatutos internos, cuando su obligación era hacerlos cumplir y respetarlos, lo que incidió en la división de los hermanos indígenas”, informó la presidenta de la subcentral de mujeres indígenas Itonama Sueli Sosa.

Chávez fue conminado a entregar toda la documentación y activos que administró, y fue prohibido de actuar o hablar a nombre de los indígenas. A partir de la fecha, el ex líder no puede “ejercer como dirigente de la Cidob y menos hablar como tal, ni oficiar como representante de los pueblos indígenas en ningún evento, sea público o privado”, precisó Sosa.

La asamblea también determinó convocar a una asamblea nacional en un plazo de 30 días para reexaminar el conflicto y resolverlo definitivamente con la elección de la nueva directiva de la Cidob.

Desde hace tiempo el gobierno de Evo Morales exigía la cabeza de Adolfo Chávez y de otros líderes indígenas que ocupan las diversas carteras de la estructura orgánica de la Cidob, porque mantuvieron intacta su independencia política y resistieron a los métodos de cooptación del gobierno, recordó el vicepresidente del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (Fobomade) Johnny Cárdenas.

En los últimos años, sobre todo desde que comenzó la VIII Marcha Indígena en 2011, el gobierno recurrió a los métodos más sucios para desarticular la protesta pacífica de los pueblos originarios. Comenzó con agresiones verbales y difamaciones mediáticas; luego movilizó a sus huestes para intimidar a los indígenas; intensificó la represión policial, pero como todas las estrategias fracasaron el régimen se fue envileciendo.

Como el garrote no funcionó en 2011, en 2012 el masismo optó por la prebenda, la cooptación de dirigentes y la división de organizaciones. Según un reporte de Bolpress, los objetivos principales de la estrategia oficialista son desarticular completamente la oposición a la carretera por medio del TIPNIS; desbaratar la novena marcha, y lograr la participación de las comunidades en la consulta. Para que la estrategia funcione, los órganos de inteligencia del masismo afirman que es imprescindible “fracturar a las dirigencias y dividir a las comunidades del TIPNIS”.

El Ejecutivo regaló motores, antenas y otros bienes a los indígenas del TIPNIS para que no se sumen a la IX marcha; con intrigas y chismes intentó desprestigiar a sus organizaciones representativas legítimas; manipuló abiertamente y corrompió a algunas dirigencias para que firmen convenios; y comenzó a conformar organizaciones paralelas con el fin de desintegrar a las comunidades.

Entre febrero y abril de 2012, el Presidente Morales en persona y otros burócratas firmaron “acuerdos programáticos” con por lo menos 10 de las 13 regionales de la Cidob, comprometiéndose a ejecutar alrededor de 30 acciones para atender las demandas sectoriales de pueblos de tierras bajas. El Ejecutivo firmó pactos con dirigentes de la Organización Indígena Chiquitana (Oich), Central de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Central Indígena de Pueblos Amazónicos de Pando (Cipoap), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Cirabo, Cpilap CPIB y CMIB.

El gobierno prometió becas en institutos de educación superior, universidades públicas y academias policiales y militares; entregó cédulas de identidad, certificados de nacimiento y licencias de conducir gratuitas; ofreció decenas de proyectos de fortalecimiento institucional, y planes de desarrollo productivo a través de los programas gubernamentales PASA, Biocultura, Banco de Desarrollo Productivo, Sustenta, UNEP- GEF, Agua Para Todos y Fondo Indígena.

Simultáneamente, el Ejecutivo intensificó la guerra sucia contra los líderes indígenas. El 21 de abril los medios del Estado difundieron fotografías de Adolfo Chávez bebiendo con menores de edad en una cantina de la ciudad de Cobija. El 25 de abril Bolivia TV y la agencia estatal ABI denunciaron que el presidente del TIPNIS Fernando Vargas vendió 100 árboles de mara a 140 dólares cada uno a la empresa Cimagro el 28 de agosto de 1997.

Según Cárdenas, todo indicaba que el objetivo principal del régimen era dar un golpe a la institucionalidad de la Cidob y derrocar a Chávez, uno de los líderes más visibles de la VIII y IX marcha que ya se acerca a la ciudad de La Paz. Para cumplir con su cometido, utilizaron a algunos dirigentes serviles para convocar a una reunión nacional del organismo matriz de los pueblos indígenas. El operador de la maniobra fue el presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) Rosendo Alpire.

Pero el gobierno y sus operadores se equivocaron de inicio porque desconocen la dinámica de funcionamiento de la Cidob, y demostraron en los hechos que sus acciones son ilegítimas e ilegales.

En primer lugar, convocaron a un “ampliado”, una instancia de deliberación que no corresponde a los usos y costumbres de la matriz indígena, que, por el contrario, tiene en el Gran Consejo Indígena el espacio para la deliberación, la evaluación y la toma de decisiones, explica Cárdenas.

En segundo lugar, los Estatutos de la Cidob y de las diferentes regionales que la integran definen con meridiana claridad que no se puede convocar a ningún tipo de comisiones nacionales o reuniones de ningún tipo en plena movilización en defensa de los derechos indígenas. En situaciones de emergencia la máxima autoridad recae en las bases movilizadas, en este momento, en la columna de la IX Marcha Indígena Originaria, recalca el vicepresidente del Fobomade.

En tercer lugar, los dirigentes delas regionales que firman la convocatoria al supuesto “ampliado nacional” no son representantes legítimos y no cuentan con el respaldo de sus bases. Por ejemplo, el supuesto vicepresidente de la CIRABO fue desconocido por su pueblo; el que firma por la CIPOAP ya cesó en sus funciones de presidente. Además, un dirigente sin apoyo de sus bases se atribuye la representación de la CPESC, mientras que por el COPNAG firma otro dirigente que también fue desconocido. A tal extremo llegan las transgresiones orgánicas que se incluye en la convocatoria a representantes del Conisur, deplora Cárdenas.

El vicepresidente del Fobomade pregunta quién financió el “ampliado nacional” que consumó el golpe a la Cidob, ya que todo el mundo sabe que las regionales no cuentan con recursos para trasladarse desde sus zonas de origen hasta Santa Cruz.

“Estos son los métodos que se utilizan para violentar los derechos indígenas. Lo han hecho antes y lo hicieron nuevamente ahora que niños, niñas, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres que protagonizan la IX Marcha Indígena Originaria avanzan a paso firme hacia la sede de gobierno”, lamenta Cárdenas.

Lo peor de todo -añade el joven abogado del Fobomade- es que algunos funcionarios de gobierno y asambleístas del oficialismo afirman con total desparpajo que en Bolivia no se violan los derechos humanos e indígenas, pero imponen una consulta espuria, chantajeando y corrompiendo a los indígenas del TIPNIS.