Ginebra, París, Washington y La Habana (PL).- Bacardí usurpa la marca de ron Havana Club de propiedad de Cubaexport, con la complicidad de la Corte Suprema norteamericana. El Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) censuró las reiteradas violaciones de Estados Unidos a los derechos de propiedad intelectual del estado cubano. Además, la brasilera Odebrecht presentó el 5 de junio en la corte federal de Miami una demanda contra una ley de marcado carácter anticubano.

Desde hace una década Washington mantiene vigente la “Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998”, la cual prohíbe el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano, e impide a titulares cubanos contar con el reconocimiento y disfrute en territorio estadounidense de sus derechos sobre marcas o nombres comerciales.

En 2002 el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC dictaminó la incompatibilidad de la Sección 211 de la Ley Ómnibus con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y con el Convenio de París.

Dicha legislación ha sido el pretexto utilizado para permitir que la compañía Bacardí, en franco acto de piratería, use la marca Havana Club en Estados Unidos, único lugar en el mundo donde esto ocurre, denunció la representante permanente alterna cubana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra Nancy Madrigal.

Desde 1995, Cubaexport, de conjunto con la compañía francesa Pernod Ricard, distribuidora del ron Havana Club, ha defendido su derecho a registrar la reconocida marca, presente en más de 120 mercados del planeta. Se trata de la segunda marca de ron más vendida, excluyendo Estados Unidos, donde el bloqueo impide su comercialización.

Cubaexport, legítimo titular de Havana Club, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos en enero de este año que hiciera una revisión del caso, pero el pedido fue denegado el 14 de mayo. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. argumentó que no emitiría la licencia que exige la Sección 211, porque el Departamento de Estado había ordenado no hacerlo debido a que ello no se correspondería con la política norteamericana de Estados Unidos hacia Cuba.

De esta forma, dijo Madrigal, se despoja definitivamente a una entidad cubana del derecho de mantener la titularidad de una marca que ostenta legítimamente hace más de 30 años en ese territorio. El 17 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció que esa acción constituye una grave violación de los compromisos de los Estados Unidos en materia de Propiedad Industrial, que lo obligan a proteger las marcas de las compañías e instituciones cubanas.

El rechazo de la OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, a otorgar a la entidad cubana la licencia que le hubiese permitido renovar la marca registrada en ese país desde 1976 hasta el 2006, es resultado de las maniobras de la mafia anticubana de Miami y sus aliados dentro del Congreso, en retribución a las contribuciones financieras que reciben de la compañía Bacardí, “la real promotora de estas acciones contra Cubaexport, dirigidas a usurpar las marcas y mercados del ron genuina y legítimamente cubano”, expresó la Cancillería cubana en una nota difundida por el diario Granma.

Este litigio y otros procesos en curso contra patentes y marcas cubanas en las cortes norteamericanas han puesto en evidencia la complicidad del gobierno de Estados Unidos en el despojo de los derechos de la isla. No olvidemos que la base de todo esto es el bloqueo económico, comercial y financiero que se aplica contra Cuba desde hace más de 50 años, precisó el vicecanciller Abelardo Moreno, y aseguró que su país continuará denunciando en todos los espacios posibles lo que calificó de arbitrariedad instruida por el Departamento de Estado.

Por su parte, la directora de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (ONPI) María de los Ángeles Sánchez contrastó la hostilidad de Washington con la posibilidad ofrecida por la isla a personas naturales y jurídicas norteamericanas de proteger sus marcas y patentes. Cuba cumple con las obligaciones internacionales, lo que explica la ausencia de tratos discriminatorios a los estadounidenses, quienes están en los primeros lugares de solicitudes de protección en el país caribeño.

Según la máxima directiva de la ONPI, existen en la nación caribeña alrededor de seis mil registros de marcas y unos 800 de patentes de Estados Unidos. Eso demuestra dos cosas, que en Cuba no hay tratos discriminatorios a los extranjeros, y en particular a los estadounidenses, y también el deseo de comercialización de empresas norteamericanas en nuestros país.

“La actitud irrespetuosa de Estados Unidos en despojar a los legítimos titulares cubanos de la marca Havana Club puede poner en riesgo los derechos marcarios y de patentes de nacionales estadounidenses en nuestro país”, advirtió la directora de la ONPI.

La OMC y varios países respaldan a Cuba ante el robo de Havana Club

La diplomática Nacy Madrigal reclamó al gobierno estadounidense otorgar la licencia que permita a Cubaexport renovar la marca Havana Club y derogar de inmediato e incondicionalmente la Sección 211. La declaración fue respaldada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.

El 6 de junio, la funcionaria cubana Mónica Rodríguez denunció ante el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC en Ginebra la decisión de la Corte Suprema norteamericana, y un numeroso grupo de países expresó su apoyo a Cuba frente a la usurpación de la prestigiosa y conocida marca Havana Club.

La declaración cubana fue apoyada por los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, así como por China, India y Vietnam. La mayoría de los oradores exigieron con firmeza a Washington cumplir sin dilaciones el dictamen del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que hace una década declaró a la “Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998” como incompatible con la ADPIC.

Nuevo ron Havanista enfrenta medidas estadounidenses

Olivia Lagache, directora jurídica de Havana Club Internacional, empresa mixta formada por Cuba Ron y el grupo Pernod Ricard, dijo que la decisión de la Corte Suprema no tiene para ellos un impacto comercial inmediato, pero es un perjuicio para el futuro.

En los últimos 18 años se han comercializado más de 36 millones de cajas del apreciado ron fabricado en la isla desde 1878. En 2011 fueron vendidas en más de 120 naciones cuatro millones de cajas (unos 45 millones de botellas) de Havana Club, marca protegida en 180 mercados. Según Lagache, las ventas del ron cubano fuera de Estados Unidos han tenido un crecimiento anual del 15% y algunos países europeos han sido estratégicos, como Alemania, Reino Unido, Francia y España.

Se espera concluir este año con cuatro millones de cajas de ron vendidas, pese a la crisis que afecta a mercados importantes como Italia, España y Grecia. Otros escenarios compensan las bajas, como es el caso de Francia, Alemania (principal mercado en la actualidad), y el Dutty Free (tiendas libre de impuesto en aeropuertos y marinas).

Lagache reveló que ante el despojo sufrido en Estados Unidos se trabaja en una estrategia para promover la marca “Havanista”, un producto elaborado y embotellado en la mayor de las Antillas que tiene la misma botella, igual calidad e idéntica manera de comunicar los valores de La Habana y su cultura.

El director general de la compañía Havana Club International SA (HCI) Jerome Cottin-Bizzonne y su responsable de marketing Yves Schlaudeuhaufen mostraron optimismo en la disputa legal con Washington. Significó Cottin-Bizzonne que para enfrentar tal discriminación comercial su compañía creó la marca Havanista, registrada en ese país norteño desde 2011. Ello no significa el abandono de la defensa del Havana Club, muy demandado por muchos estadounidenses, recalcaron los ejecutivos.

Los directivos franceses acentuaron que su empresa mixta tiene la capacidad de satisfacer al mercado estadounidense de rones cubanos en caso del cese de las barreras económicas mencionadas. Una prueba de la gran calidad del Havana Club, reseñaron, lo constituye el triunfo de la marca en el resto del mundo.

CubaRon se asoció con la productora y comercializadora gala Pernod Ricard en 1993 y crearon HCI para defender este ron, y ello ocurre con éxito. Este producto cubano, insistieron, es preferido por los cantineros de los 50 bares más famosos del orbe, no solo entre los rones sino entre todos lo espirituosos; cuando tales especialistas se guían no por el marketing, pues sopesan las características del producto.

Odebrecht presenta demanda contra ley anticubana

Por otro lado, la empresa Odebrecht USA, filial estadounidense del grupo brasilero Odebrecht, presentó el 5 de junio una demanda en la corte federal de Miami contra una ley de marcado carácter anticubano. El reclamo apunta a una polémica normativa del estado de la Florida que prohíbe a los gobiernos la contratación de empresas que mantienen vínculos comerciales con Cuba.

Bajo la norma que debe entrar en vigor el 1 de julio, las agencias gubernamentales estatales y locales estarían limitadas para adjudicar contratos por valor de al menos un millón de dólares a Odebrecht Construction, pues una filial de su casa matriz trabaja en el puerto cubano del Mariel. La demanda consideró que esa legislación es inaplicable e inconstitucional al disponer opciones en materia de política exterior, lo cual es competencia solo de las autoridades federales.

Según el diario El Nuevo Herald, Odebrecht USA aseguró que las leyes federales “no autorizan a los estados a imponer sus propias sanciones contra Cuba”, lo cual reflejó en el reclamo. Unido a ello, recordó que no tiene contacto de trabajo con COI Overseas LTD, firma que labora en Mariel para la casa matriz brasileña.

Con esta acción de demanda, la filial busca una medida cautelar para prohibir la aplicación inmediata de la ley, dijo el abogado de la compañía Raoul Cantero. En el aval de la compañía está que desde su creación se adjudicó contratos para más de 60 proyectos por un valor total de cuatro mil 940 millones de dólares. De ese total, 35 iniciativas por 3.900 millones de dólares fueron con agencias estatales y gobiernos locales.