El gobierno de Evo Morales encubre a los autores intelectuales de la brutal intervención policial a VIII Marcha Indígena de 2011 y para colmo premia a uno de los represores de Chaparina nombrándolo comandante general de la Policía boliviana, ratificando de esta manera su “carácter represor y anti-indigenista”, deploran los dirigentes de la IX Marcha Indígena.

El 21 de mayo el Presidente Evo Morales posesionó como nuevo comandante de la Policial al coronel Víctor Santos Maldonado, ex director Nacional de Inteligencia y uno de los jefes policiales que lideraron la brutal represión a la VIII Marcha Indígena el pasado 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina.

Santos Maldonado lideró la represión a los marchistas indígenas en Chaparina, confirmó el defensor del Pueblo Rolando Villena. Santos figura en la lista de demandados penalmente por el Movimiento sin Miedo (MSM) por la violación de los derechos humanos de los indígenas de la VIII Marcha en defensa del TIPNIS.

El 27 de septiembre de 2011 el MSM presentó una doble demanda penal ante el Ministerio Público por la “violenta” represión los marchistas y por un supuesto sobreprecio en los contratos de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Los denunciados por la represión son el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti; ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán; el ex comandante de la Policía general Jorge Renato Santiesteban; el ex subcomandante policial general Oscar Muñoz Colodro; el inspector general general Edwin Foronda, y el ex jefe de Inteligencia y actual Comandante policial coronel Víctor Santos.

El nuevo Comandante negó el lunes haber participado en la represión del 25 de septiembre, pero varios medios de comunicación mostraron imágenes del coronel vestido de civil, coordinando y dando órdenes en la localidad de Chaparina.

El gobierno vulnera los derechos indígenas y las normas policiales

El Presidente Morales designó al nuevo comandante policial vulnerando la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía, según varios analistas y oficiales de la institución del orden. Santos Maldonado estaba impedido de ascender al grado de comandante general de la Policía porque no se formó en la Academia Nacional de Policías sino en la Escuela de Detectives de la Dirección de Investigación Nacional, de donde fue transferido con el grado de subteniente.

En un manifiesto público emitido en la localidad de Chaparina, los dirigentes de la IX Marcha Indígena recuerdan que Santos Maldonado no solo imcumple los requisitos establecidos en las normas policiales, sino que tiene “antecedentes como represor experto… y como agente torturador en los gobiernos de la dictadura (conjuntamente con el tristemente célebre mister Atlas y otros) que masacraron a los luchadores que defendieron la democracia y los derechos humanos…”.

En lugar de contribuir al esclarecimiento de los lamentables sucesos de Chaparina, donde marchistas varones y mujeres fueron reprimidos, golpeados, amordazados y trasladados por la fuerza hasta Trinidad, el gobierno premia al “mismo sujeto que autorizó la intervención y que amenazó a Fernando Vargas (dirigente del TIPNIS) con encarcelarlo”, reprochan los indígenas de la IX Marcha en el manifiesto.

Los marchistas indígenas aseguran que la reciente posesión de Santos Maldonado evidencia que el gobierno encubre y premia a los represores de la pacífica VIII Marcha, y a quienes violaron los derechos humanos de niños, niñas, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres.

“Este acto de premiación ratifica el carácter represor y anti indigenista del gobierno de Evo Morales, y su decisión de consolidar un Estado de impunidad”, deploraron muchas de las víctimas de la represión que volvieron a Chaparina ocho meses después del infausto suceso.

Evo Morales reiteró una y otra vez que “jamás” ordenó reprimir a los indígenas: “Cómo voy instruir que vayan a golpear, creo que hay una mano negra para hacer quedar mal al gobierno… Siento que hay policías que no quieren al Presidente y al gobierno”, dijo el año pasado.

A su turno, el Vicepresidente Álvaro García Linera prometió conformar una comisión de alto nivel para investigar el hecho. “Dejaremos que una comisión se encargue de dar el informe oficial luego de una investigación profunda… delante de ustedes (los medios de comunicación) vamos a averiguar todos los detalles, con claridad y sin especulaciones… lo antes posible”.

García Linera admitió que “la Policía nunca actúa sin ninguna orden, y la investigación va a mostrar con claridad absoluta de dónde vino esa orden y cuál fue el nivel máximo; nosotros ya hemos hecho un conjunto de averiguaciones internamente, y el gobierno ya sabe quién ordenó la intervención, pero aguántense, nos hemos comprometido a armar una comisión de investigación para que todo el mundo vea con claridad diáfana qué es lo que ha sucedido”, reiteró el Vice.

Sin embargo, ocho meses después el caso Chaparina aún no ha sido esclarecido y hasta el momento solo fueron imputados Farfán y el general Muñoz Colodro. Según la abogada del MSM Aida Camacho,“no se entiende que, habiendo iniciado una investigación el 27 de septiembre del año pasado, a mayo de este año solo se tienen dos imputaciones y el Ministerio Público no ha desarrollado ninguna otra acción para determinar la responsabilidad penal de otros sujetos que fueron denunciados”.

Los indígenas aseguran que el propio gobierno “despeja cualquier duda para quienes aún guardaron alguna (esperanza) posibilidad de que el Presidente y Vicepresidente del Estado hayan desconocido o no tengan participación en las decisiones de los actos del 25 y 26 de septiembre contra la VIII Marcha Indígena”.

Según el manifiesto de la IX Marcha, el Vicepresidente García Linera pasa a constituirse en encubridor de la represión por cuanto “en declaración a los medios de comunicación dijo que él conocía a los autores de la orden de intervención a la VIII Marcha… A confesión de parte, relevo de prueba…”.

* Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade.