La novena marcha indígena constituye la reiteración de un enorme esfuerzo humano en defensa de los derechos colectivos, es también la reiteración de una ruta que en su carácter marginal ya es histórica, pero sobre todo es la reiteración de una demanda que pese a haber sido reconocida por el Estado hace más de dos décadas, aún no termina de concretarse: el territorio indígena como ámbito de ejercicio del derecho a la libre determinación.

El recorrido de la marcha indígena alcanzó este pasado viernes 18 de mayo la ciudad de San Borja y a su llegada recibió nuevamente la hospitalidad de su población, aquella misma población que el año anterior frustró a la policía su plan de desarticulación de la VIII Marcha Indígena.

En esta nueva marcha el movimiento indígena reiteró el contacto con los mismos actores sociales del año anterior en el trayecto de la octava marcha. Comparativamente, tanto el 2011 como este año, la hospitalidad de la población fue una característica, excepto en San Ignacio de Mojos donde si bien el año pasado un pequeño grupo urbano se mostró hostil a la marcha, en esta ocasión tal reacción al parecer fue más premeditada, previamente preparada a través de una estrategia propagandística, donde según varias denuncias, el gobierno estuvo involucrado, especialmente en lo concerniente al bloqueo para interferir la marcha (aunque al final intercedió para su levantamiento).

Pero el inicial bloqueo realizado en San Ignacio de Mojos con el fin de impedir el paso de la novena marcha indígena, además de contribuir a acentuar las tensiones de la movilización indígena con el gobierno nacional, derivó en la instalación de un cerco de alambre de púa en la entrada al pueblo como señal de prohibición de ingreso.

Este suceso no sólo implicó una prohibición del ingreso de la movilización indígena a San Ignacio de Mojos, capital del municipio más indígena del Beni por su composición étnico-demográfica y la vitalidad de sus expresiones folclóricas, sino que además en esta acción se desplegó simbologías históricas de dominación y avasallamiento generadas a partir de las relaciones de la sociedad oficial con la población indígena en la región. El alambre de púa es un símbolo de demarcación espacial introducida (desde mediados del siglo XIX) por los primeros inmigrantes en la amazonía sur de lo que ahora es el departamento del Beni.

La historia de la lucha por la tierra en esta región está marcada por el alambre de púa, donde los ancestrales propietarios de este territorio aprendieron por la fuerza que el trazo de cada nuevo alambrado en su territorio significaba para ellos una nueva batalla perdida por la vía del despojo. Es por eso que ante la pérdida de sus espacios tradicionales de residencia, debieron replegarse monte adentro, hacia sus espacios más espirituales de relacionamiento, hacia donde se suponía podría encontrarse la Loma Santa. De esta manera se reconfiguró en su momento la casa grande del TIPNIS y otros territorios indígenas de la región de Mojos hasta quedar reducidos a espacios culturalmente asfixiantes, y es precisamente a esta situación que respondió la primera marcha indígena realizada en 1990.

Volviendo al cerco de alambre de púa colocado en la vía de ingreso a San Ignacio de Mojos contra la marcha indígena, ¿se habrá reparado en la connotación del alambrado como un mecanismo utilizado en el trato del ganado vacuno?, ¿cuánto habrá de consciente y de subconsciente en esta acción?; cualquier acción social de protesta o de rechazo, cuando decide impedir el tránsito de los demás, normalmente obstruye las vías con troncos, promontorios de tierra y otros materiales naturales, tal como lo hicieron ellos mismos días antes con el bloqueo de San Ignacio…, pero alambrado?.

Con la acción de alambrar en esta localidad, lo que se simboliza claramente es la arbitrariedad de una nueva demarcación socio-espacial, al estilo más contemporáneo, pretendiendo que San Ignacio de Mojos, la Capital Folclórica del Beni y Capital Espiritual del Cono Sur de Sudamérica (títulos forjados sobre la base de la esencia indígena de su población), ahora sea un espacio socio-territorial de la población de ascendencia foránea, un espacio negado al indígena “sublevado”, lo que significaría un nuevo acto de apropiación en la redundante historia local.

Corresponde señalar que el cerco de alambre de púa en San Ignacio de Mojos, fue emprendido sólo por una parte de la población urbana, pero lamentablemente el estigma por este acto de discriminación y hasta racismo, no se detendrá en diferenciar este aparente detalle, porque al igual que en Sucre se infringió un vejamen a los campesinos de esa región, aquí se humilló al sector indígena a las puertas de su propia casa.

Ya lo denunció públicamente la dirigencia en sentido que lo que se hizo con la novena marcha indígena en San Ignacio de Mojos fue un retroceso de siglos, cuando al indio le estaba negado su ingreso a la plaza y su tránsito por la vereda de las calles en los espacios urbanos. Lo que ocurrió en San Ignacio fue un acto propio de la época colonial, no se entiende de otra manera cómo una representación legítima del sector indígena, de los originarios dueños de casa, deban ser negados de sus derechos en sus propios espacios territoriales.

* Sociólogo de CIPCA Beni.