Bonn y La Paz.- El Estado Plurinacional de Bolivia propone soluciones prácticas al problema del cambio climático sin mercantilizar los procesos naturales y la funciones ambientales de la Madre Tierra, como por ejemplo un “Mecanismo de Justicia Climática” y un “Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques” alternativo al programa REDD+. El Grupo ALBA advierte que el mundo está en riesgo de ingresar a una “década perdida” en la cual los países ricos “harán lo quieran, cuando quieran y como quieran”.

Del 16 al 19 de mayo se celebró en Bonn, Alemania, la sesión intergubernamental de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, con la participación de representantes de los países adscritos a la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático.

El 16 de mayo, el jefe de la Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia Diego Pacheco presentó la posición del país en el Taller sobre “Acceso equitativo al desarrollo sostenible”, con el respaldo de India, AOSIS, Suiza y la Organización no Gubernamental South Center.

El delegado boliviano apuntó que los objetivos y principios de la Convención de la ONU resaltan los imperativos medioambientales en referencia al desarrollo con equidad, pero ignoran temas éticos y de respeto a la naturaleza, razón por la cual se requiere avanzar en un “desarrollo holístico e integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.

El representante nacional propuso redefinir el concepto de “equidad” en el cambio climático tomando en cuenta no solo el derecho al desarrollo sino también la articulación de este derecho con un marco más amplio de derechos, incluyendo los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Declaración Universal de Naciones Unidas, y los derechos de los pueblos a vivir en una sociedad más justa, solidaria y equitativa.

Pacheco afirmó que es necesario que los países avancen en su derecho al desarrollo sustentable garantizando el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, y respetando los derechos de los pueblos indígenas “para construir una sociedad justa, equitativa y solidaria”.

Al día siguiente, el 17 de mayo, un grupo de 27 países (Grupo ALBA, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, China, Egipto, Filipinas Ghana, Egipto, India, Iran, Irak, Malasia, Mali, Paraguay, Sri Lanka, Sudan, Tailandia y Yemen) emitió una declaración común en la plenaria de apertura del Grupo de Trabajo de la Plataforma de Durban, que llama la atención sobre los aspectos claves que no deben ser ignorados en la discusión sobre el cambio climático.

La declaración reitera que la equidad debe ser uno de los temas centrales de la Plataforma de Durban, rescatando así la propuesta de Bolivia de que el derecho de los países a su desarrollo debe concretarse en armonía y equilibrio con la naturaleza.

La declaración multinacional reafirma la naturaleza democrática del multilateralismo y reitera que todo resultado debe enmarcarse en los principios y previsiones de la Convención, incluyendo el principio de las responsabilidades y obligaciones comunes pero diferenciadas de los países desarrollados y en desarrollo, y que las acciones de mitigación voluntarias de los países pobres dependen del financiamiento y la transferencia de tecnología.

Las propuestas bolivianas

Bolivia criticó una vez más la implementación del denominado “capitalismo verde” como una solución efectiva al cambio climático, y demostró que los mecanismos de mercado desarrollados por los países ricos y las empresas privadas son “incongruentes” con la ciencia básica sobre cambio climático, con la efectiva reducción de gases de efecto invernadero y con el desarrollo sustentable.

El 19 de mayo, el delegado boliviano Diego Pacheco propuso constituir un “Mecanismo de Justicia Climática” (MJC) para que aporte soluciones prácticas al problema del cambio climático, sin mercantilizar los procesos naturales y funciones ambientales de la Madre Tierra, y recuperando los mandatos de la Cumbre Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra celebrada en Tiquipaya-Bolivia en 2010.

El MJC está constituido por tres sub mecanismos: Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques; Mecanismo de Mitigación, y Mecanismo de Adaptación, con los cuales se pretende “operacionalizar el principio de equidad en el cambio climático, que tiene que ver con la distribución equitativa del espacio atmosférico para el desarrollo de los países, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.

El Estado Plurinacional de Bolivia plantea que los países desarrollados paguen su deuda climática en función a su responsabilidad histórica, que se calcula en 568 Gigatoneladas para el período 1850-2008. Los recursos financieros provenientes del pago de la deuda climática y de la transferencia tecnológica deben servir para apoyar a los países en desarrollo a realizar acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático.

Por otra parte, Bolivia y los países del Grupo ALBA propusieron una alternativa práctica al programa REDD+ que promueve la mercantilización de la naturaleza: el “Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques”, que apoyaría las actividades orientadas a la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en los países en desarrollo.

El Grupo ALBA remarcó la importancia de los bosques en la lucha contra el cambio climático, y reiteró que es esencial fortalecer el enfoque/mecanismo de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los recursos forestales. Los primeros pasos hacia la construcción de una alternativa a REDD+ se dieron en la conferencia de la UNFCCC en Durban. El artículo 67 de la Decisión 1/COP17 establece las directrices relacionadas con el diseño e implementación del denominado Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques.

Además, los países de la Alianza latinoamericana enfatizaron que el documento aprobado en la COP17 de Durban no puede ser una base de trabajo para los países porque fue aprobado sin apego a los procedimientos y normas de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, ya que algunos países impusieron sus visiones sobre la mayoría de las partes. La Alianza reiteró que es urgente la ratificación del segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto en diciembre de 2012, evitando cualquier brecha o vacío legal en su implementación a partir de 2013.

En las Plenarias del Grupo de Trabajo del Protocolo de Kioto y del Grupo de Trabajo de Cooperación a Largo Plazo, la Alianza Bolivariana denunció que la COP17 de Durban fue excesivamente tolerante con los países desarrollados, los cuales demostraron una vez más su falta de voluntad política para el cumplimiento de sus compromisos en el marco de la Convención sobre cambio climático.

Los compromisos de las naciones desarrolladas que ratificaron el Protocolo de Kioto solamente cubren alrededor del 11% de las emisiones del planeta, mientras que existen países como Estados Unidos que están al margen, y otros como Japón, Canadá y Rusia que se han desvinculado del Protocolo. Estas naciones deberían asumir las obligaciones de mitigación que les corresponde, con acciones comparables en magnitud e intensidad, y deberían estar sujetos a un régimen de cumplimiento.

El Grupo ALBA propuso tomar medidas y sancionar a los países del Países Anexo I que incumplen sus compromisos y a los que no serán parte del segundo periodo de compromisos, es decir a todos los que violan un acuerdo internacional jurídicamente vinculante.

El Grupo alertó que el sistema climático aprobado en Durban, que será aplicado a partir de 2020, implica una “década perdida en las acciones de mitigación que los países desarrollados deben cumplir en la lucha contra el cambio climático”. Advirtió que el mundo está en riesgo de ingresar a una “década perdida” en las acciones de mitigación, en la cual prevalecerá “el hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere y como uno quiere”. Es decir, será una década de “irresponsabilidad” voluntaria.