Al menos 51 comunidades de Bolivia sufren las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo la pérdida de cosechas, tierras de cultivo, ganado, viviendas e infraestructura productiva, además de la reducción de fuentes de agua y problemas de salud, según un diagnóstico de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema). La institución está preocupada por los impactos ambientales de la explotación de litio en el salar de Uyuni y de hierro en el Mutún.

El análisis del impacto del cambio climático sobre los medios de vida “ha tomado en cuenta la vulnerabilidad actual y los cambios en la vulnerabilidad tanto por las estrategias de desarrollo en curso, como por las modificaciones en la presencia de eventos climáticos que transforman el entorno y los recursos naturales, que han afectado sensiblemente a los medios de vida en Bolivia”, indica el informe elaborado por la coordinadora del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante el Cambio Climático de Lidema María René Pinto

La evaluación fue desarrollada en 15 municipios y 51 comunidades priorizadas en los nueve departamentos del país. Para ello, las instituciones miembro de Lidema identificaron rolesrelacionados con el desarrollo productivo, social y ambiental.

Fueron diagnosticadas 20 comunidades de los municipios de Pucarani, Inquisivi y Coro Coro de La Paz; una comunidad en el municipio de Vitichi de Potosí: tres en Totora, Cochabamba; una en Yamparáez, Chuquisaca; cuatro en Uriondo, Tarija; 15 en el municipio de San Ignacio de Moxos, Beni; una en Bella Flor, Pando y cuatro comunidades en los municipios de Porongo, El Torno, San Julián y San Matías de Santa Cruz.

“De las 51 comunidades diagnosticadas, las principales amenazas detectadas, relacionadas al cambio climático, son sequías, heladas, deslizamientos, derrumbes, granizadas, inundaciones y desbordes de ríos”, asegura la investigación.

El programa de Lidema tiene como objetivo general reducir la vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático, a partir del diseño e implementación participativa de modelos integrales de intervención y el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales, gobiernos municipales y gobernaciones.

Impactos de la explotación de litio y hierro

Agresiva tecnología basada en extensas piscinas de evaporación implementada por un proyecto piloto para la explotación de litio, en el sector sudeste del Salar de Uyuni, generó desde el año 2010 severos impactos en la superficie de la región, revela la “Primera aproximación a un inventario de unidades eco regionales amenazadas en Bolivia”, una investigación de Marco Octavio Ribera publicada por Lidema.

El Salar de Uyuni es un desierto de sal, uno de los más grandes del mundo, con una superficie superior a los 10 mil kilómetros cuadrados y un espesor promedio de 150 metros, ubicado en la provincia Nor Lípez, municipio de Colcha K, del departamento de Potosí. El año 2004 fue propuesto para la declaración de área protegida bajo la categoría de Área Natural de Manejo Integrado.

Hasta el año 2010, los impactos ambientales a los ecosistemas no fueron significativos, mas allá de los ejercidos por los vehículos de transporte entre las localidades, y de las movilidades de turismo o de la extracción artesanal de sal común en la zona de Colchani.

Según Rivera, la habilitación de piscinas, terraplenes, diques, caminos y canales para la explotación de las reservas de litio afectó la calidad escénica del salar. Los riesgos ambientales de una explotación a gran escala, como se ha previsto, son muy altos.

“Los volúmenes iniciales de producción de carbonato de litio previstos son de 40 toneladas métricas por año (TM/año), con proyecciones enormes que suben hasta 30.000 TM/año. La inversión prevista a mediano plazo ronda los 150 millones de dólares, con proyecciones a más de 1 billón, si se consideran los procesos de industrialización con sociedades extranjeras”, precisa la investigación.

Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Limpieza y Dragado de la Laguna Cáceres en Santa Cruz, “que parecería exclusivamente destinado a satisfacer los enormes requerimientos de agua del megaproyecto minero Mutún”, preocupa a las cuatro instituciones de Lidema en Santa Cruz: Fides, Cimar, Fnkm y Mhnnkm.La norma “podría implicar la realización de obras en una zona de alta protección, intangible, del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, área protegida de interés nacional”, advirtió la secretaria de directorio de Lidema Ruth Vargas.

La laguna Cáceres, ubicada en el extremo sudeste del departamento de Santa Cruz, muy próxima a la frontera con Brasil y a las poblaciones de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, forma parte de la ecoregión del Pantanal y de la cuenca del río Paraguay. Tiene la categoría de Parque Nacional y, por su importancia como humedal, ha sido declarada Sitio RAMSAR.

Además tiene “valor fundamental para la dinámica hidrológica de esa región, caracterizada como seca y con cierto déficit hidrológico, por su efecto de regulación hídrica y provisión de servicios ecosistémicos, como el agua destinada al consumo para las poblaciones bolivianas más numerosas de la zona”, explicó Vargas.

Según información proporcionada por Lidema, hace algunos años el espejo de agua de la Laguna Cáceres tenía una superficie de 150 Km2 en promedio, y una profundidad máxima de siete metros; pero en los últimos años ha experimentado una reducción de casi un 60%, posiblemente porque los ríos que la alimentan se han reducido notablemente, en especial el Tuyuyú y el Jordán, debido a posibles modificaciones hidrológicas en la zona del pantanal brasilero, así como por la reducción general del régimen pluvial provocada por el cambio climático.

El proyecto de ley Limpieza y dragado de la laguna Cáceres tiene por objetivo autorizar a Jindal la utilización de las aguas para la ejecución del Proyecto de Riesgo Compartido de la Empresa Siderúrgica del Mutún y satisfacer sus enormes requerimientos de 250 mil metros cúbicos/día, lo cual podría acelerar el severo desbalance hidrológico, dijo Vargas.

Lidema propone que el proyecto de Ley mencione claramente los objetivos del dragado y que los mismos sean difundidos amplia y transparentemente entre la opinión pública y, sobre todo entre la población involucrada. Según Vargas, el texto del proyecto de Ley debe señalar “específicamente” que cualquier actividad, obra o proyecto que se realice en esta zona “debe enmarcarse en la Ley del Medio Ambiente y su Reglamento de Prevención y Control Ambiental y, fundamentalmente, al Reglamento de Áreas Protegidas”.

La representante de Lidema pide también que el proyecto de Ley “se enmarque en la Constitución Política del Estado y en consecuencia respete el derecho fundamental del agua para la vida y no priorice las demandas de enormes volúmenes de agua para el megaproyecto Mutún, antes que el suministro a las poblaciones de la región”.