(ABI).- El fiscal Marcelo Soza, que investigó a la célula de mercenarios que tramaba una guerra civil para dividir al país, advirtió que la nacionalidad uruguaya que obtuvo Alejandro Melgar Pereira, acusado de vínculos con ese grupo irregular, no impedirá su extradición a Bolivia.

“Según los datos que tenemos, Alejandro Melgar adquirió la nacionalidad uruguaya luego del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas el 15 de abril de 2009 y la desarticulación de la célula terrorista del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, un día después de la explosión dinamitera”, develó Soza.

En una entrevista con la ABI, comentó que Melgar se naturalizó uruguayo para protegerse y evadir a la justicia boliviana que lo procesó por terrorismo y alzamiento armado en el caso “terrorismo I”. En esa dirección, afirmó que la doble nacionalidad no es un obstáculo para su extradición, tomando en cuenta que los hechos delictivos por los que se le acusa están contemplados en los acuerdos del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que Bolivia es parte. Por esa razón, procede la extradición de Melgar para que responda “ante la justicia y los bolivianos”, por los afanes secesionistas entre 2008 y 2009, a través de una ola de atentado terroristas.

Soza recordó que sobre Melgar pesan mandamientos de aprehensión, declaratoria de rebeldía y una serie de documentos, que serán evaluados por las autoridades jurisdiccionales de Uruguay, para dar curso a la extradición. Insistió que el Estado boliviano cumplió con los requisitos que exigen los procedimientos judiciales de la República del Uruguay y el acuerdo del Mercosur.

Melgar Pereira fue detenido el 24 de abril por la Policía Internacional de Uruguay (Interpol) en cumplimiento a una orden de captura. Fue aprehendido en el aeropuerto de Montevideo en posesión de fotografías y videos de explosivos y armas de guerra. Melgar Pereira, según las investigaciones, fue nexo entre los financiadores del Grupo La Torre y la célula de Eduardo Rózsa Flores.

“Tenemos información que portaba entre sus pertenencias fotografías y videos de armamento y explosivos seguramente para la compra, tomando en cuenta que era la pieza clave para suministrar armas y pagar cuentas al grupo de Rózsa”, precisó el fiscal Soza.

“Melgar fue pieza clave dentro del grupo irregular que vino a dividir Bolivia. Además, fue también el principal contacto con el propietario de Aerosur Humberto Roca para transportar a ese grupo irregular a Bolivia”, declaró Soza a la ABI. El que fue árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje en Asuntos y Procesos para la Cámara de Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), fue el nexo entre financiadores y la célula de Rósza que tenía previsto invertir 20 millones de dólares para la compra de armas altamente destructivas, como misiles, para encender una guerra civil en Bolivia entre 2008-2009.

Melgar Pereira tenía comunicación directa no solamente con Rósza, sino con el resto de la milicia europea, en su mayoría veteranos de la guerra secesionista de los Balcanes, a fines de la década de los 90. Por ello, en la estructura de Rósza había personas con ciertas especialidades como ser el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas cortas, largas, explosivos e inteligencia.

Este grupo irregular a través del nexo de los financiadores buscó insistentemente la adquisición de armamento pesado en el mercado negro internacional. “Melgar manejaba muchas cantidades de dinero que sacaba del Grupo La Torre, de Orlando Justiniano, Pablo Humberto Costa Aguilera para financiar al grupo irregular, pagar los hoteles y otros gastos”, anotó Soza.

Mencionó que entre los correos con las claves de camba 3 a camba 69, Rósza planteó a Melgar la compra de armamentos, adjuntando precios y modelos, entre esos un jerico 9mm (1.600 dólares), Bereta 9mm (1.600), Agug cal. 556 2, dos cargadores y mira original Austriaca (3.200), granada limón original negra (80), revolver Colt 38mm (800), munición 900, M16 normal (2.200), M16 c7 lanza granada (3.400), AK47 china ( c/u 3.000), FM K3 9mm (2.600), FM K4 9mm (2.600). Además de un Brownni 9mm austriaca argentina y dos cargadores (1.300), Glok 9mm checa c/u 1.800, luger alemana 9mm (1.300), metralleta 9mm checa c/u (3.300), carabina 30-30 (1.700), sw (1.00 dólares.

Para el fiscal, Melgar al igual que Hugo Achá son piezas claves entre los “malos” cruceños que contrataron al grupo irregular de los mercenarios europeos y bolivianos. Develó que el sobreviviente Mario Tádic, hoy detenido en el penal de San Pedro, reconoció e incluso describió un retrato hablado del Melgar Pereira.

Por otro lado, el fiscal Harry Suaznabar presentó a la Juez Cuarta de Instrucción en lo Penal Margot Pérez la imputación formal contra ocho personas que financiaron la célula de mercenarios boliviano-europea al mando de Eduardo Rózsa. “Hay suficientes elementos de convicción para establecer que ese grupo tienen responsabilidad penal en el caso denominado terrorismo II”, dijo a la ABI.

Suaznabar explicó que estas personas fueron imputadas por delitos de terrorismo, alzamiento armado, legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal porque fueron identificados como los financiadores del grupo terrorista, a través del Grupo La Torre. En la imputación figuran Svonko Makovic Fley, el ex cívico cruceño, Luis Núñez, la Asambleísta Departamental de Santa Cruz, Blanca Ruth Loza, Tatiana Marinkovic, hermana del ex cívico Branco Marinkovic (prófugo) y otras cuatro personas.

En este caso, Jeimmy Delboy Callau, imputada por delitos de alzamiento armado, legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y organización criminal, guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. Delboy fue secretaria del Grupo La Torre, identificada como la principal financiadora del grupo irregular de Eduardo Rózsa Flores, conformada con afanes secesionistas.

De otra parte, el ex carapintada y represor militar argentino Enrique Baraldini, de 73 años de edad, fue capturado el 24 de diciembre de 2011 en Santa Cruz, tras prolongada investigación que data de 2009, después que la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) desbarató a la milicia encabezada por el boliviano-húngaro Rózsa.

El ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez denunció que el ex represor argentino, a pesar de tener orden de captura internacional por 350 violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, fue protegido por los grupos de poder de la derecha en Bolivia. Baraldini había fraguado inclusive una cédula de identidad fraudulenta 4866849 con el nombre de Marco Antonio Aponte, que fue una de las causas para su expulsión del país por haber infringido la Ley de Migración.

Marcelo Soza develó que el ex carapintada colaboró con la célula de milicianos de Rózsa. “Hemos hallado algunos indicios y comunicaciones que efectivamente el grupo argentino llamado los carapintadas, entre esos el ex militar Enrique Baraldini, estaba en contacto con Eduardo Rózsa Flores”. Consideró que en el caso Terrorismo II, los fiscales asignados al caso deben investigar la relación que mantuvo el ex carapintada con Rózsa y grupos de poder de Santa Cruz que cooperaron para maquinar una oleada de atentados y generar una guerra civil para fragmentar al país.

Conforman tribunal ciudadano

Alvaro Ochoa Paniagua, Julio Siñani y Mario Poma fueron designados como jueces ciudadanos del Tribunal de Sentencia para el juicio oral del caso terrorismo I que se iniciará el 30 de mayo contra 39 implicados con la célula irregular de Eduardo Rózsa Flores.

El Fiscal que encabezó las investigaciones del grupo irregular, que fue desbaratado en un céntrico hotel de Santa Cruz en abril de 2009, aseguró que el Ministerio Público está preparado y “demostrará al pueblo y a los jueces que algunos malos bolivianos trataron de dividir a los bolivianos mediante una guerra civil”.

De las 12 personas sorteadas el pasado 24 de abril, de acuerdo al padrón del Tribunal Electoral, se eligieron a los tres jueces ciudadanos, después deuna serie de recusaciones planteadas por los abogados de los imputados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, que dilataron la designación. Entre los incidentes, argumentaron la falta de traductor para el húngaro Elöd Tóásó, la no presencia de Ignacio Villa Vargas, más conocido como El Viejo, hoy recluido en el penal del Abra en la ciudad de Cochabamba.

De otra parte, el diputado disidente del MSM Javier Zavaleta reprochó la actitud de la opositora Convergencia Nacional (CN) por intentar poner en manos extranjeras el denominado caso Rózsa. “Lamentamos mucho y reprochamos este tipo de actitudes, porque no es esa la forma en la que se debe hacer política. Ellos preferirían que aquí gobiernen instituciones extranjeras, que la justicia este en manos de extranjeros antes de creer en su propio país”, argumentó.

Zabaleta contrastó de esa manera la solicitud del senador Róger Pinto (CN) al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, para que organizaciones internacionales investiguen el caso “Terrorismo” (Rózsa), en el que están involucrados ciudadanos húngaros, europeos y bolivianos.

Al respecto, Zabaleta dijo que, en el marco de las libertades que hay en Bolivia, sólo queda respetar sus criterios y continuar trabajando como hasta ahora. “Está claro que Convergencia Nacional ha perdido el rumbo luego de que dos de sus principales líderes tuvieran que abandonar el país por no rendir cuentas de sus débitos penales en Bolivia y ese extravió es precisamente este tipo de actitudes”.

Por su parte, el senador Pinto dijo que luego de su reunión con el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y con el jefe de Relaciones Exteriores de la Presidencia del Parlamento Húngaro Janos Martonyi, quien llegó al país para conocer el caso Rózsa y el enfrentamiento en el Hotel las Américas, dijo que esa autoridad se comprometió hacer todos los esfuerzos para que el pueblo boliviano disponga las condiciones para llevar adelante una investigación transparente en el caso.

Pinto confirmó que “nosotros pedimos que ellos estén en las investigaciones y nos respondieron que han tomado la decisión de estar presentes en el proceso pero además de abrir las posibilidades de acciones directas en el Parlamento Europeo así como en el Parlamento Húngaro”.