La Habana (PL).- Desde hace una década, la cárcel de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, confina prisioneros de manera ilegal, a pesar de las denuncias de la comunidad internacional que critica la aplicación de malos tratos y torturas contra ellos. Más de una década le tomó a la CIDH para impugnar por primera vez al gobierno norteamericano a favor del argelino Djamel Ameziane, uno de los prisioneros de la Base Naval norteamericana.

El 11 de enero de 2002, la administración del ex presidente George W. Bush envió a la instalación los primeros prisioneros sospechosos de cometer actos terroristas, supuestos miembros de Al Qaeda, insurgentes talibanes y otras personas. Desde entonces, 779 fueron recluidas allí, de las cuales ocho murieron y 169 todavía se encuentran encarceladas, señalan cifras del Departamento de Defensa.

Organizaciones de Derechos Humanos y sitios digitales como WikiLeaks han denunciado la aplicación de torturas contra los reos, una práctica permitida por el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld como parte de la denominada “cruzada mundial contra el terrorismo”.

Alrededor de 4.800 folios revelados por la página dedicada a filtrar documentos secretos constatan la violación de los derechos humanos de muchos detenidos, las penosas condiciones de vida en la prisión, y la escasa o nula relación de muchos de los detenidos con Al Qaeda. También se relatan los casos de ancianos con demencia senil, enfermos mentales o de 14 menores de 18 años recluidos en el enclave en el este de Cuba.

En otros reclusorios secretos que aún mantiene Washington alrededor del mundo, los detenidos han sufrido presiones psicológicas, simulacros de ahogamiento, privación del sueño y otros métodos de interrogación prohibidos por la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos.

Recientemente, el ex agente de la CIA José A. Rodríguez Jr., interrogador de los principales líderes de Al Qaeda presos en dicho reclusorio, defendió la aplicación de torturas allí, al estimar que fueron “totalmente legales y contribuyeron a salvar vidas de estadounidenses”. Rodríguez publicó a principios de mayo el libro “Hard Measures” (Medidas Duras), el cual destapó la polémica en el país sobre la legitimidad respecto a la utilización de tan cuestionables procedimientos.

De acuerdo con el texto de Rodríguez, retirado de la CIA en 2007 tras 31 años de servicios, resultó legítimo el trato a líderes de Al Qaeda como Khalid Sheikh Mohammed, supuesto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y recluido en prisiones clandestinas entre 2003 y 2006. Mohamed fue sometido a ahogamientos simulados en 183 ocasiones y alojado en celdas frías, sin ventanas y privado de sueño durante 180 horas seguidas, destaca el material.

Aunque el propio presidente Barack Obama reconoció que el llamado “submarino” y otras “técnicas mejoradas” resultan métodos de tortura, similares a los practicados por los japoneses y alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Rodríguez consideró lo contrario.

A juicio de analistas políticos, el hecho de que todavía permanezca allí un centenar y medio de personas en un limbo judicial sin la formulación de cargo alguno, constituye ante la legislación internacional una vergüenza para el gobierno que “certifica” anualmente el respeto a los derechos humanos de las demás naciones.

Organizaciones de derechos humanos desarrollaron en enero frente a la Casa Blanca acciones para demandar la clausura de lo que califican como “sitio donde se perpetúa la infamia”. La permanencia de la prisión en el sureste de la isla caribeña, un territorio que reclama el pueblo cubano, resulta una de las promesas incumplidas del presidente Obama, iniciativa esgrimida hace cuatro años para conquistar el favor del electorado y hacerse de la administración.

En un paso que contradice aquella aspiración, el mandatario rubricó el 31 de diciembre de 2011 la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012, la cual impide el cierre del centro penitenciario y prohíbe el traslado de prisioneros a reclusorios federales. La medida generó fuertes críticas entre activistas políticos, pues consolida dos polémicos principios de la llamada guerra contra el terrorismo: la detención indefinida de sospechosos sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso.

El representante por el estado de Washington Adam Smith, el demócrata de mayor rango dentro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, criticó a la Casa Blanca por “no tener en cuenta los beneficios que traería a la seguridad nacional el cierre de la instalación”. Sigo creyendo que ese centro de detención constituye un punto negro para nuestra nación de cara al extranjero y tenemos la capacidad de cerrarlo, algo por lo cual debemos trabajar, aseveró.

Jonathan M. Hansen, profesor de la Universidad de Harvard, opinó en un artículo reproducido por el diario The New York Times, que la base en Cuba es un “enclave imperialista relacionado con el pasado”.

Djamel Ameziane: El infierno de la Base Naval de Guantánamo

Más de una década le tomó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar por primera vez al gobierno de Estados Unidos a favor del argelino Djamel Ameziane, uno de los prisioneros de la Base Naval norteamericana de Guantánamo. Tanto tiempo después, la CIDH, de cuestionable credibilidad y con un largo historial de injerencia en asuntos internos de Latinoamérica, junto al Centro de Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) decidieron solicitar a la Casa Blanca poner fin al injusto cautiverio de Ameziane.

Encerrado por más de 10 años, sin cargos y sin derecho a un juicio justo, se interpuso un recurso de habeas corpus ante la flagrante violación de sus más elementales derechos humanos. Tanto la CIDH como el CEJIL, con oficinas en Washington y vinculadas estrechamente a la controvertida Organización de Estados Americanos (OEA), unieron sus fuerzas con el CCR, una organización con sede en New York y fundada en 1966 por abogados que representaban a los movimientos de derechos civiles, para sacar a la luz el caso del injusto encierro de Ameziane.

Según el dictamen emitido en los últimos días de marzo, la Comisión ejercerá su jurisdicción sobre el caso de este hombre confinado en Guantánamo, y resaltó que no hay ningún recurso interno efectivo para las víctimas de detenciones injustas y otros abusos en la base. Revisará minuciosamente además, el fracaso del gobierno de Estados Unidos por no transferir a Ameziane, ni a ningún otro detenido en Guantánamo durante este último año.

La denuncia reconoce que es el periodo de tiempo más largo sin una transferencia desde que la ilegal prisión se abrió en enero de 2002, lo que constituye una violación del Derecho Internacional. Los demandantes reiteraron además la necesidad de revisar las medidas relacionadas con la aplicación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, firmada por Barack Obama el 31 de diciembre de 2011, que autoriza la detención indefinida de los arrestados y restringe su transferencia desde Guantánamo.

El argelino Ameziane es un refugiado que abandonó su país a comienzos de los años noventas, huyendo de la guerra civil. Vivió en Austria y Canadá, trabajando como chef de cocina, hasta que se le negó el refugio permanente. Temiendo ser deportado a Argelia, se trasladó a Afganistán, poco antes de la invasión de Estados Unidos, en octubre de 2001.

Como otros miles de refugiados, escapó a Pakistán para huir de la guerra, pero fue detenido y vendido a las fuerzas estadounidenses a cambio de una recompensa, y trasladado al territorio ocupado arbitrariamente por Estados Unidos en Cuba. Ahora, teme ser devuelto a su país de origen, ante la posibilidad de ser perseguido debido a su etnia bereber y su condición de detenido de Guantánamo. La administración de Obama repatrió forzosamente a dos argelinos y no quiere correr la misma suerte.

Ameziane tiene la esperanza de que otro país lo reciba, quizás donde pueda usar sus conocimientos de francés, inglés o alemán, siempre que sea un lugar seguro. Pero mientras, seguirá pendiente a una decisión de la Casa Blanca para recuperar su libertad. Refiriéndose al caso del argelino, el abogado principal del CCR, J. Wells Dixon, declaró que “las detenciones indefinidas en Guantánamo no terminarán a menos que la comunidad internacional ofrezca hogares seguros a los hombres que no pueden retornar a sus países de origen por temor a ser torturados o perseguidos”.

El caso de Djamel Ameziane quizás ayude a conocer más a fondo la realidad oculta tras las alambradas de la base naval estadounidense. La decisión del entonces presidente George W. Bush, propició el hacinamiento en sus barracas de más de 800 prisioneros procedentes de 42 países, bajo la acusación de pertenecer a la organización terrorista Al Qaeda y a los grupos extremistas talibanes. Aún se mantiene un limbo jurídico sobre la suerte de 171 presos, a quienes se les priva de toda opción legal para defender sus derechos, violados impunemente por Estados Unidos.

Como una mancha imborrable para su carrera política, quedará la promesa incumplida por el presidente Obama, de cerrar la prisión militar de Guantánamo, con lo que sedujo a millones de votantes en 2008. Las instalaciones carcelarias en la zona ocupada de Guantánamo están consideradas como las más costosas del mundo, retumbando en el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses a razón de unos 800 mil dólares anuales por cada cautivo. Según datos publicados por el diario The Bellingham Herald, esta cantidad de dinero constituye 30 veces el costo de mantener a un reo en las prisiones federales.

Muchas voces han clamado durante estos 10 años porque se ponga fin al infierno de Guantánamo, después de que innumerables denuncias corroboraron que en sus instalaciones se tortura a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento solitario. Las evidencias acumuladas contra los procedimientos empleados por los carceleros norteamericanos son impresionantes.

Informes de la Cruz Roja Internacional y documentos filtrados del Buró Federal de Investigaciones, reconocieron el uso de torturas basadas en tácticas de coerción física y psicológica. También se conocen casos de presos obligados a vivir en régimen de incomunicación bajo custodia secreta durante varios años.

Se han denunciado alimentaciones forzosas a prisioneros en huelga de hambre e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido, vejaciones y dolor humano para conseguir una confesión. Se reclama que la CIDH, además de contribuir a liberar a esos hombres privados de sus derechos, consiga alguna vez sentar a Estados Unidos en el banquillo de los acusados, mientras que el mundo y la justicia continúan esperando.

* Periodistas de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.