Incluso con otro socio, el Estado busca modificar los términos del contrato para acelerar el proyecto. Inversiones, gas, boletas de garantías, arbitraje y hasta unos terrenos conforman el cúmulo de problemas amontonados en 5 años ¿Conciliación en mayo? ¿Quedará el proyecto reducido a sólo un tercio? ¿Cómo recuperará el gobierno cinco años casi perdidos?

En medio de la tensión por la ola de protestas sociales, el largo forcejeo entre el gobierno través de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la Jindal Steel Bolivia (JSB), por diferencias sobre al menos seis puntos conflictivos, pone en riesgo el plan estatal de industrializar hasta el 2014 el hierro del Mutún.

El proyecto, de 2.100 millones de dólares en inversiones hasta el 2018, está suspendido desde hace dos meses, luego que la subsidiaria de Jindal Steel and Power comunicara a la ESM su decisión de paralizar hasta nuevo aviso el contrato de riesgo compartido entre ambas, debido a presunto incumplimiento por el desacuerdo sobre entregas mínimas de gas natural para procesar los concentrados.

La suspensión “tiene implicaciones financieras futuras –explicó en esa ocasión el presidente de JSB, Vikrant Gujral, ahora investigado por la Fiscalía–; que dependen de la disponibilidad de gas; cuando se resuelvan los problemas de cantidad y cronograma tomaremos las medidas necesarias”.

Desde entonces han transcurrido escaramuzas que la cronología registra entre advertencias de extremos, vaivenes de conciliación, simulación de acciones y despliegue de estrategias entre ESM y JSB, que aumentan la incertidumbre e impiden la visibilidad de posibles salidas al conflicto, que a su vez deviene de la negociación del contrato antes de su firma, en julio del 2007, sin tener en cuenta los funcionarios estatales, especialmente las grandes necesidades de gas a suministrar al proyecto –a precios de subsidio– en una coyuntura de crecimiento del mercado interno de los hidrocarburos y menor producción y exploración petrolera.

En los 58 meses restantes, se fueron acumulando diferencias e incumplimientos, endilgados por una y otra contraparte, hasta llegar a las recientes declaraciones del ministro de Minería, Mario Virreira, en el sentido contradictorio de que –pese al anuncio de Jindal, el pasado sábado 5, de que “se encuentra evaluando su continuidad en Bolivia”–, el gobierno consideraba, al miércoles 9 de mayo que la empresa “tiene interés en continuar ”.

Contrariamente también a sus declaraciones de abril, según las cuales el Estado Plurinacional puede “conseguir otras opciones muchas más ventajosas” para explotar el Mutún, inclusive pudiendo “avanzar más rápido” con otra socia a buscar, el ministro Virreira expresó en conferencia de prensa el último martes 8, el “deseo del Estado Nacional para que Jindal continúe con su proyecto”.

De manera paradójica, el mismo Virreira agregó, en comunicado oficial, “que está abierta la posibilidad de volver a licitar el proyecto del Mutún, si es que la Jindal no pone en regla los acuerdos establecidos, ya que según contrato se procedería a la resolución del mismo y se trabajaría en función de lo ya avanzado con otra empresa que se adjudique el 50% de la explotación e industrialización racional del Mutún”.

Este 15 de mayo, Virreira aclaró un tanto las intenciones gubernamentales, admitidos los “objetivos no muy coherentes” de la fase inicial, negociada por anteriores autoridades del presidente Morales y las largas de Jindal: si ésta quiere seguir, hay que “mejorar los términos del contrato para acelerar el proyecto”.

Respecto del 2007, Virreira precisó al diario estatal Cambio: “n su momento, cuando se habló del Mutún, todos apostamos por la industrialización del acero destinado al mundo de la construcción, y en ese propósito perdimos algunos detalles, cierta perspectiva, en lo que se refiere a la energía y la parte vial, otro componente del conflicto”.

Puerto Suárez alerta

Mientras tanto, la tensión social en Puerto Suárez, ciudad capital del municipio homónimo de la provincia Germán Bush, de 22 mil habitantes y fronteriza con Brasil, aumenta conforme se extiende la parálisis del proyecto, con riesgos de intervención de las “fuerzas vivas” agrupadas en la alcaldía y el comité cívico locales.

Durante los dos meses desde la suspensión, incluso de sus exportaciones de mineral, Jindal aseguró que seguía pagando los sueldos a su personal a un costo de medio millón de dólares mensuales, pero el dirigente de Puerto Quijarro, población aledaña a Puerto Suárez, Antonio Tudela, denunció a comienzos de mayo la entrega extraoficial de cartas de retiro a unos 300 empleados.

La población se encontraba en alerta ya antes de que se ejecutara el 2 de mayo a Jindal, una segunda boleta de garantía por 18 millones de dólares, que confirmó la ruptura.

“Necesitamos el soporte de la gente para apoyar el proyecto y no vemos un apoyo masivo de la población”, dijo Vicepresidente de Acero de Jindal Steel, Yashwant Kumar, mientras el presidente de ESM, Sergio Alandia, advertido de un juicio por presuntos daños socioeconómicos que deriven de un eventual fracaso del proyecto, convocaba a reuniones que incluían a la población de El Carmen, parte del municipio.

El responsable de la Mesa Defensorial en Puerto Suárez, Osmán Méndez Vaca, llamó la atención sobre el aumento de la incertidumbre: “parece que no hay deseo de las dos partes de continuar con el proyecto. Si Jindal se va, será como quitarle el pan de cada día a la gente. El Estado debe pensar muy bien en la rescisión del contrato”, dijo.

El parlamentario opositor, Felipe Dorado, aseguró a la prensa que los únicos perjudicados son los bolivianos por el “incumplimientos de ambos lados”, quedando pendiente que el gobierno decida si se contrata a una reemplazante de Jindal y su adjudicación “porque ambos lados se aplazaron en el proyecto, al momento no existe avances concretos”.

Diferencias

Jindal aduce que la cantidad de gas ofertada por el gobierno a mediados de abril, 2.5 millones de pies cúbicos diarios, es insuficiente respeto de los 4.5 millones que requiere para la fase inicial del proyecto y que subirían en los siguientes años a seis y diez millones.

Pero las autoridades insisten en que la entrega de mayores cantidades se efectuará en la medida en que las operaciones lo justifiquen, una vez certificadas las inversiones por 600 millones de dólares que la subsidiaria india alega haber realizado, aunque el ministro Virreira dijo tener información no respaldada ni documentada, de que el total sólo llegaría a 350 millones de dólares.

A propósito del incumplimiento del contrato argumentado por el gobierno boliviano, las diferencias incluyen la ejecución de dos boletas de garantía, ambas por un total de 36 millones de dólares en el transcurso del último año, la última realizada a comienzos de mayo, en acciones gubernamentales impugnadas por la empresa india, que ya demandó a Bolivia ante la Cámara de Comercio Internacional, en Francia.

Jindal consigna entre otras quejas la demora gubernamental por tres años para dotarle de los terrenos estipulados en el contrato, aduciendo que efectúa aún acciones judiciales para disponer de toda el área legalmente saneada

¿Salir por donde se entró?

Precautelar sus intereses e interponer los recursos legales a su alcance, entre ellos un nuevo arbitraje internacional, fueron las primeras reacciones de la subsidiaria, tras la ejecución de su segunda boleta de garantía (la primera fue ejecutada en abril del 2010. “No creemos que sea la manera de tratar a un inversor que está apostando por Bolivia”, dijo su gerente de Asuntos Legales, Jorge Gallardo

“El contrato define como causales de rompimiento faltas relacionadas más con la fase de producción. Lo único que puede argumentar el país para romper antes es el incumplimiento de la construcción de las plantas: si Bolivia quiere rescindir tendría que esperar mínimamente hasta 2014”, anticipó el representante de la Gobernación de Santa Cruz en el directorio de ESM, Carlos Hugo Sossa.

Por lo pronto, fracasó una reunión entre el gobierno y JSB para el 14 de mayo, a fin precisar las observaciones al contrato de provisión y suministro de gas, aunque el mismo Virreira dijo que quedan otras dos semanas más, a vencer probablemente el 24, señaladas por el Banco de Crédito Popular (BCP) para finalizar el trámite de ejecución.

Para Virreira, “Jindal ha sufrido una especie de sanción, por no haber demostrado el nivel de inversiones” ni entregar el estudio a diseño final de la planta.

El gobierno ha expresado también, sin embargo de sus previsiones, su deseo que la Jindal continúe actividades, “una vez que cumpla también con lo que está establecido en el contrato”; es decir, “reponer la garantía que corresponde” [por otros 18 millones, que pueden convertirse en 27 de acuerdo a las expectativas del gobierno –NdR] pues de lo contrario “estamos obligados a iniciar el trámite de rescisión del contrato”, concluyó Virreira dejando a la vista otra opción: “Si Jindal se retira por voluntad propia no ocasionará daño económico al Estado”.

En contrapartida, la salida planteada por Jindal es, en la posibilidad de aceptar lo mínimo de gas que ofrece YPFB, reducir las metas en un tercio

La “Reprogramación-Proyecto Mutún de Jindal Steel Bolivia” modifica sólo la producción de acero y hierro de reducción directa (DRI), manteniendo los volúmenes de producción establecidos para el mineral de hierro, el beneficiado y pellets, un plan que requeriría de una “enmienda” al contrato, a ser aprobada por la Asamblea Legislativa, que confirmaría la rebaja de las metas del proyecto de industrialización del Mutún al 2014

Si se acepta el plan Jindal, se obtendría una producción de 0,5 millones de toneladas de acero desde el último trimestre del 2014, lo que abarca la aprobación de la nueva ley con anexos, posiblemente en julio próximo, y nuevo plan de inversiones, con cronogramas modificados de boletas y auditorías ●

“Maraña de falsedades”

Los plazos para el avance del proyecto se incumplieron tanto por parte del gobierno y la contratista; una serie de contradicciones ponen en evidencia las debilidades de esta relación que se traduce en la imposibilidad del Estado de entregar el gas suficiente, la demora en la entrega saneada de las tierras donde debe operar la empresa y la omisión de las inversiones y avance de obras, observa Guido Durán Pizarroso. Extractos de su análisis.

– Tanto las autoridades del Ministerio de Minería como de la Jindal se acusan mutuamente de incumplir el contrato y mentir sobre una serie de temas, entre ellos, sobre el estado de la boleta de garantía y las inversiones efectuadas. Efectivamente, existen contradicciones en el gobierno que deben ser explicadas, porque por una parte se anuncia que ya se instruyó el cobro de la boleta, y por otra se dice esperan que JSB debe pueda renovar la boleta “en los próximos días”.

– El presunto impedimento para la auditoría que establezca la cuantía de las inversiones demuestra que tiene mucho que ocultar y no podrá demostrar que llegaron al nivel previsto. Lo que hizo la empresa es contratar a varias subcontratistas para la provisión de plantas y accesorios, por montos que supuestamente llegan a los 600 millones de dólares, proceso que los hizo en menos de 15 días antes de que se vencieran los plazos.

– Un hecho es evidente, la Jindal nunca pretendió invertir sus propios recursos mara instalar la planta siderúrgica del Mutún. Lo que quiere es exportar mineral en bruto para capitalizarse y con ese dinero realizar las inversiones.

– La empresa ha sido contratada para producir acero y derivados, es decir explotar el hierro del Mutún con valor agregado. La simple explotación de mineral la puede hacer el país sin necesidad de la Jindal, que se comprometió a introducir tecnología de punta y capitales, y dar trabajo directo a cinco mil personas y generar más de 10 mil puestos indirectos. Nada de esto se ha cumplido cuando han transcurrido más de 5 años del inicio de operaciones

– La maraña de falsedades que envuelve al proyecto Mutún hace que ya nadie confíe ni en el consorcio, ni en el gobierno cuyas indecisiones demuestran su falta de idoneidad. Ambas partes se asemejan a bomberos que se pisan la manguera y se perjudican en el desarrollo de una cara aspiración del pueblo boliviano y especialmente de Santa Cruz y Puerto Suarez. La población porteña ya se encuentra en en una vigilia que representa la antesala de un nuevo conflicto regional y social.

– Si se aplicaran legalmente los términos contractuales, ya la Jindal debería irse, porque sin garantías el contrato ya no tiene vigencia. Al parecer, consciente de esa situación, la Jindal quiere que el contrato sea modificado, para instalar una mini acería simbólica y exportar minerales en bruto. En este momento, la producción está paralizada en El Mutún.

A tener en cuenta

– El contrato de riesgo compartido da a Jindal el derecho a explotar durante 40 años la mitad del Mutún, una reserva de al menos 40.000 millones de toneladas de hierro, debiendo producir en principio 1,3 millones de toneladas de acero. ESM y JSB firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50% del yacimiento. JSB debe invertir $us 2.100 millones, 600 de ellos en los dos primeros años.

– Bolivia exporta entre 35 y 40 mmcd de gas natural a Argentina y Brasil, Sus reservas probadas a fines del 2009 eran 9,7 billones de pies cúbicos, menos de la mitad de lo estimado hace seis años.

– El gobierno calcula entre 500 y 1.000 millones de dólares el costo de la inversión boliviana para abastecer gas según lo requiere su socia aparte de las complicaciones para llegar a los niveles solicitados, debido a la declinación de los campos petroleros y el déficit en exploraciones hidrocarburíferas, sin contar la atención al mercado interno y las exportaciones a Brasil y Argentina.

– De acuerdo a datos de la Cámara de Hidrocarburos, la producción de gas natural, entre 2005 y 2010, creció a un promedio de 1,1% anual, mientras la demanda interna ascendió a un ritmo 10 veces mayor, de 11,1% al año.

– La provisión de gas a Jindal es para la reducción del hierro y la generación de de 550 megawatts de energía eléctrica, alrededor del 50% de la generación nacional.

– Jindal debía producir en una primera fase 5 millones de toneladas de pellets y dos de hierro de reducción directa (DRI). En la segunda etapa 1,3 millón de acero, y en la última 10 millones de DRI y 1,3 de acero.

* Versión original de la condensada en EnergyPress: http://www.energypress.com.bo/index.php?c=Terciarios&articulo=Industrializacion-en-riesgo:-Mutun-paralizado,-Jindal-en-duda&cat=346&pla=3&id_articulo=1503