(ABI).- El Gobierno y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) firmaron el domingo por la noche una acta de entendimiento que, entre otros temas, garantiza la docencia asistencial y compromete la promulgación de un decreto de inaplicabilidad de la norma que repone de 6 a 8 horas la jornada laboral para el sector de la salud pública, que pone fin a las medidas de presión asumidas por la universidades.

El ministro de Gobierno Carlos Romero y el presidente del CEUB Eduardo Cortés firmaron el documento después de arduas negociaciones que culminaron el domingo. “Todo lo que se ha incluido en el convenio obedece a una preocupación grande del CEUB, primero para resolver los problemas de orden administrativo, académico, operativo y segundo para ayudar a resolver un problema que estaba aquejando no solamente algunos sectores de la población, como es el Colegio Médico, sino fundamentalmente a la ciudadanía boliviana”, explicó el Secretario Ejecutivo del CEUB.

Informó que las negociaciones se desarrollaron en dos etapas: la primera con la participación de autoridades, docentes, estudiantes y administrativos de todas las universidades y posteriormente en una comisión para perfeccionar el convenio, “en algunos puntos que aún no habíamos llegado a acuerdos”. Destacó el “ambiente favorable” en la negociación de los ministros de la Presidencia y de Gobierno, y ratificó que el diálogo es la mejor forma de buscar solución a los problemas del país.

“Creemos que hemos cumplido con la responsabilidad social, no sólo en buscar la solución a los problemas internos sino también ayudar en la solución de los problemas a nivel nacional y estamos comprometiéndonos en la medida de nuestras posibilidades seguir en la cultura del dialogo, ayudando en lo que sea posible la búsqueda de solución en los problemas de orden nacional”, subrayó.

El Secretario Ejecutivo del CEUB aseguró que el convenio al margen de dar solución a los problemas internos de la universidad establece que el Gobierno se compromete a dejar sin efecto la aplicación del Decreto 1126, de reposición laboral para el sector de salud, con un nuevo decreto que será redactado en base a la propuesta presentada por las universidades. Además dijo que establece el compromiso de organizar la Cumbre de Salud de manera coordinada con la Central Obrera Boliviana (COB).

“Mañana hemos convocado a una Conferencia Nacional de Universidades en Oruro y ahí vamos aponer en consideración este convenio y estamos convencidos que a partir de hoy suspenderíamos las medidas, entendiendo que esto recoge toda la preocupación que teníamos como sistema universitario”, fundamentó.

Por su parte, el Ministro de Gobierno afirmó que la suspensión del decreto 1126 será recogida en otro decreto que definirá su “consiguiente in aplicabilidad”, hasta la realización de la Cumbre de Salud “que será el que aborde esa problemática”. “De tal manera que la seguridad jurídica, que es lo que pedían los médicos respecto de la situación del decreto 1126 es una norma de igual jerarquía se define su suspensión y su consiguiente inaplicabilidad”, remarcó.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana informó que el gobierno afina la norma que suspende la aplicación del Decreto Supremo 1126, que restablece las ocho horas diarias de labor para el sector de salud pública. “Junto con COB y el Gobierno hemos logramos concertar tres artículos que debiera contener este decreto que en este momento ya está siguiendo su trámite administrativo y en las próximas horas seguramente el gabinete lo firmará”, dijo Quintana.

El Ministro explicó que el primer artículo del decreto redactado colectivamente “suspende la aplicación del Decreto Supremo 1126”; el segundo convoca a la Cumbre Nacional por la Revolución de la Salud Publica universal y gratuita para definir políticas orientadas a reestructurar el sistema de salud público, y el tercero es un artículo que repone la vigencia de todas las normas abrogadas con el decreto 1126.

Quintana calificóla elaboración del nuevo decreto como un “avance significativo” que, a su juicio, a partir de su promulgación permitirá “despejar” el conflicto de salud. Por otro lado, apuntó que en el diálogo con la COB también se abordó el tema de los descuentos y despidos producto del paro de trabajadores de salud y médicos.

Después de más de 12 horas de negociación, el gobierno y la COB lograron acuerdos preliminares en varios temas, entre ellos en el tema de salud y el respeto al fuero sindical, y decidieron abrir un cuarto intermedio para consolidar un convenio final en las próximas horas. La reunión se inició a las 10:00 de la mañana del domingo y concluyó en la madrugada del lunes con un principio de entendimiento como informó el principal líder de la COB Juan Carlos Trujilllo.

“Hemos quedado en un entendimiento para la elaboración de un decreto para la inaplicabilidad del 1126 (el decreto de reposición laboral para el sector de salud), estamos en ese trabajo y creemos que este cuarto intermedio servirá, mañana se volverá a tratar”, informó en un contacto con los periodistas.

También informó sobre un acuerdo preliminar en la reactivación económica y el destino que se dará a los 1.200 millones de dólares de las Reservas Internacionales que, a su juicio, debe favorecer al sector productivo y minero para fortalecer la economía del país, “a través de proyectos a cargo de la Comibol”. Explicó también que se concertó el respeto al fuero laboral y al tema de la penalización a la protesta laboral al asegurar que la COB no aceptará ninguna imposición de los empresarios privados.

Por su parte, el ministro Quintana que encabezó la delegación gubernamental consideró que la reunión con la COB fue importante y sustancial. Ratificó el acuerdo para promulgar un decreto de inaplicabilidad de la norma de reposición laboral para los médicos y salubristas, además del convenio para una convocatoria en coordinación con la COB para la Cumbre Nacional de Salud que, a su juicio, debatirá de manera estructural la nueva política de salud pública universal y gratuita.

Explicó que también se consensuó las demandas de modificación al Código Penal en el tema de la llamada criminalización de la protesta laboral. “Eso está aceptado. El Ministerio de Justicia ha trabajado y tenemos un proyecto que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, complementó.

Anunció que el Ejecutivo remitirá un anteproyecto de Ley para modificar dos artículos del Código Penal a solicitud de la COB porque son considerados como “atentatorios” a sus derechos laborales. “Como corresponde hemos logrado acordar el contenido de esos dos artículos que serán traducidos en un anteproyecto y enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, ratificó.