La recuperación del control de los bancos y sistemas financieros nacionales, de grandes fábricas, de grandes extensiones de tierra, del comercio exterior en lo fundamental, de los principales servicios sociales y de los recursos naturales fundamentales a través de la nacionalización, estatización, expropiación, confiscación es un derecho del Estado consignado en la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 3281 del 12 de diciembre de 1974.

El 16 de abril del 2012 la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunciaba en Buenos Aires la decisión de expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF) anteriormente privatizada a favor de la transnacional Repsol, con sede en España, con los argumentos de utilidad pública nacional y por incumplimiento de numerosos términos del contrato de privatización como el no desarrollo de nuevas inversiones o reinversiones en capacidades de exploración y de extracción de petróleo y de gas, de capacitación y de mejoras tecnológicas, que ocasionaron en el año 2011 importaciones para Argentina de productos petroleros por más de 9 000 millones de US dólares. Adicionalmente como resultado de la intervención de YPF, al parecer se descubrió la existencia de deudas por más de 9 000 millones de US dólares no declaradas en forma fraudulenta, a pesar de las utilidades acumuladas obtenidas y transferidas fuera del país, pasivos que ahora tendrán que ser asumidos por la administración de la nueva YPF, la cual rápidamente comenzó a buscar nuevos inversores para sus proyectos energéticos incluso de empresas europeas.

La decisión del Gobierno de Argentina como una reivindicación de soberanía, justicia y de la dignidad nacional y del reforzamiento del papel Estado en un Proyecto de Desarrollo Estratégico Nacional fue rápidamente apoyado por las grandes mayorías de la sociedad argentina al igual que importantes gobiernos de la región, y en el caso de Venezuela ofreció inmediatamente todo el apoyo que pudiera brindar la empresa estatal PDVSA. En contra de la medida se pronunciaron distintos sectores oligárquicos argentinos y en particular los máximos dirigentes del Gobierno de España que trataron infructuosamente de identificar los intereses de la transnacional Repsol con los intereses de todo el pueblo español y buscaron acciones represivas como la suspensión de las importaciones de biodiesel desde Argentina y otras medidas algo descabelladas a nivel comunitario como llevar el litigio bilateral a reuniones multilaterales como del FMI, del BM, de la OMC y del G-20, la exclusión de Argentina en la continuación de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre la UE y el MERCOSUR y la elaboración de una ley extraterritorial contra Argentina similar a la estadounidense ley Helms-Burton contra Cuba, en este caso en cuanto a las actividades inversionistas de empresas europeas y aun más allá, en el país sudamericano.

Nada más lógico que los recientes procesos de nacionalizaciones, estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones realizados por los gobiernos revolucionarios o progresistas y nacionalistas de América del Sur como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador y recientemente Argentina en respuesta a anteriores procesos de privatización y entrega y despojo de los principales recursos naturales y activos públicos realizados por los gobiernos totalitarios y neoliberales durante la segunda mitad del siglo XX, desaten la furia de los representantes de grupos élites y de las oligarquías de EE.UU. y de algunos países europeos supuestamente afectados, en particular de las transnacionales y multinacionales y de los gobiernos y funcionarios gubernamentales que los representan y apoyan incondicionalmente.

Entre los antecedentes a la posición de los dirigentes españoles relacionados a exabruptos colonialistas respecto a las expropiaciones o nacionalizaciones en América Latina en lo que va del siglo XXI podemos citar el caso de Bolivia, cuando en los primeros días de mayo del 2006 y en respuesta a la ley de nacionalización de los hidrocarburos firmada por Evo Morales el 1 de mayo de ese año como presidente del nuevo gobierno de Bolivia, el español Javier Solana, Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE se mostró, muy preocupado, consternado y escandalizado, al parecer dolido y hablando en nombre de la transnacional española Repsol, quizás como un accionista afectado de esa transnacional o como fiel guardián de las oligarquías europeas.

El Sr. Solana en esa ocasión amenazó, y no tan veladamente, al nuevo gobierno boliviano con posibles castigos y represalias imperiales, faltándole además el respeto al presidente de una nación soberana al presuponer que en una reunión previa entre ambos, el dirigente boliviano (quizás por considerarlo un descendiente de indio conquistado, subordinado, sumiso e ignorante) no había entendido sus consejos, advertencias y veladas amenazas (del blanco español y europeo conquistador, dominante y sabio).

En medio de una profunda crisis sistémica generalizada del capitalismo mundial que cada vez se hace más evidente, en particular para los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, emergentes o como quiera llamársele, la recuperación del control de los bancos y sistemas financieros nacionales, de grandes fábricas, de grandes extensiones de tierra, del comercio exterior en lo fundamental, de los principales servicios sociales y de los recursos naturales fundamentales como requerimientos claves de una Estrategia de Desarrollo Nacional, en muchos casos a través de la nacionalización, estatización, expropiación, confiscación e intervención sin indemnización en lo fundamental de los sectores estratégicos de la economía y de los activos que sean necesarios para un apropiado desarrollo económico y social sobre bases de derecho, soberanía y justicia con apego a la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 3281 del 12 de diciembre del año 1974.

El fortalecimiento del control del Estado sobre los principales recursos de cada país reavivará con gran fuerza el enfrentamiento y la confrontación ideológica y filosófica entre el capitalismo y el socialismo, en este caso entre el capitalismo neoliberal y el llamado socialismo del siglo XXI. Un neoliberalismo que durante las tres últimas décadas ha producido lo que algunos califican de socialización privatizada, deshumanizada, egoísta, individualista y antisocial de la sociedad, socializando cada vez más la pobreza, la inequidad, la exclusión, el sufrimiento, la miseria y la incultura en forma masiva y colectiva, con la anulación de los derechos universales del hombre en magnitudes tales que solo el Estado y el sector público es capaz de garantizarlos a través de una sociedad socialista, o mejor expresada socializada, creando a su vez las condiciones para el desarrollo de una conciencia también masiva y colectiva de la necesidad de cambios profundos, radicales y revolucionarios como la recuperación del control estatal sobre los activos claves de los países en procesos de deterioro profundo, en particular de los países del Sur subdesarrollado.

En mi opinión los procesos de nacionalización, estatización, expropiación o confiscación de activos tradicionalmente públicos, muchos de ellos anteriormente privatizados, crecerán en forma inevitable y confrontacional entre el Norte desarrollado y el Sur subdesarrollado y aun dentro de muchos países del Norte actualmente desarrollado pero que van camino inexorable hacia un Norte subdesarrollado, por lo cual es necesario abrir o ampliar el debate público sobre estos temas desde puntos de vista legales, jurídicos, económicos, sociales y sobre todo éticos y morales con preguntas y la búsqueda de respuestas apropiadas como las que siguen:

¿Son válidas o no las legislaciones nacionales e internacionales en ejercicio de la soberanía de los Estados, al amparo de tratados, convenciones y pactos de carácter universal y de argumentos de variado tipo que sirvieron de base a las nacionalizaciones, estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones dentro de su jurisdicción para propósitos públicos realizadas a lo largo del mundo durante todo el siglo XX para asegurar el desarrollo económico, progreso social y estabilidad democrática de los pueblos?
¿Que malo puede ser la expropiación de las expropiaciones anteriores realizadas por la vía de las privatizaciones, de acuerdo con los objetivos de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) adoptado el 12 de diciembre del año 1974 por la Asamblea General de la ONU bajo la forma de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados?
3. ¿Pueden considerarse válidas e inconmovibles desde el punto de vista ético, moral y aun legal los títulos de propiedad otorgados y legalizados durante siglos por las fuerzas dominantes nacionales y extranjeras al servicio del colonialismo y del capitalismo, incluyendo las etapas de saqueo y despojo de las propiedades de las comunidades indígenas originarias en todo el mundo por parte de la colonización extranjera como fueron la española, portuguesa e inglesa entre otras en el caso de América Latina y el Caribe o los resultantes de invasiones e intervenciones militares y políticas como las realizadas por EE.UU. en Cuba a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, así como en otros muchos países en todo el mundo?
4. ¿Les pareció bien o mal a los privatizadores las teorías que soportaron las privatizaciones de los activos públicos de los últimos años, algunos como los recursos naturales que constituyen un bien común y patrimonio de la humanidad, basadas en argumentos como la necesidad de recuperar la economía de los países afectados y de beneficiar a sus sociedades?, y en caso positivo, ¿por que cuestionar los mismos argumentos para la recuperación de la propiedad de los activos por parte del Estado?
¿Consideran los adalides de las privatizaciones de propiedades y activos públicos que muchos de los resultados de estos procesos, como son aumento del desempleo y las desigualdades de todo tipo, debilitamiento o desaparición de los sindicatos y de las conquistas laborales resultantes de muchos años de lucha y sacrificios, baja calidad de los productos y servicios resultantes y en algunos casos frecuentes accidentes, poca o ninguna reinversión y/o contribución al fisco público, contribución a la desnacionalización, descapitalización y desindustrialización del país con la venta a precios de saldo a veces irrisorios de los sectores públicos más lucrativos, mayor debilitamiento del Estado e intromisión en el gobierno por parte de los grupos de poder privatizadores y la monopolización de las políticas macroeconómicas por los cada vez más poderosos grupos de la élite de poder económico entre otros, se correspondieron y se corresponden actualmente con las teorías del número 4?

U otros resultados como son la generalización de los sobornos, los privilegios, la corrupción y la especulación, el incremento de las tarifas y de los precios de los productos y servicios privatizados muchas veces monopólicos con beneficios garantizados, no realización de procesos de modernización o de renovación y transferencia tecnológica con la caída de la competitividad de los sectores privatizados, afectación al medio ambiente, estancamiento y degradación de las capacidades productivas o de servicios privatizados, destruyendo de paso en muchos casos las cadenas de valor nacionales, imponiendo en contraposición sus Sistemas Internacionales de Producción Integrada (SIPI), en particular por parte de las transnacionales operando en esos países

6. ¿Les pareció bien o mal a los privatizadores realizar las privatizaciones (a veces encubiertas a través de la apertura gubernamental a subcontrataciones, concesiones de servicios de exploración, mantenimiento, operación, exportación y de otro tipo a entidades extranjeras o “contratistas”) generalmente a precios irrisorios y en algunos casos con precios simbólicos y prácticamente sin regulación nacional o internacionalización restrictiva alguna?, y en caso positivo, ¿qué les parece ahora que las nacionalizaciones, estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones (en muchos casos desprivatizaciones) se realicen con bajas o ninguna compensación y también con pocas restricciones o limitaciones?
¿Las privatizaciones realizadas a lo largo del tiempo violaron o no el sacrosanto derecho de la propiedad privada (socializada) del Estado y del sector público a favor de la propiedad privada (capitalista)? y si los privatizadores crearon este precedente como legal y moralmente válido ¿porque protestan ahora de que la transferencia de la propiedad se realice en dirección opuesta?
¿Les parece bien o mal a los centros y factores de poder internacionales la transferencia de la propiedad privada de una empresa (privada) capitalista nacional de un país subdesarrollado algunas veces en quiebra por el propio sistema neoliberal, a una empresa (privada) capitalista extranjera por vía de la adquisición muchas veces forzada y siempre ventajosa lo cual constituye realmente una incautación o expropiación, o la transferencia de capital de procedencia lícita o ilícita (tanto socializado o público como privado capitalista) de países subdesarrollados a los bancos y a instituciones financieras privadas capitalistas de los países desarrollados a través de numerosos mecanismos económicos y financieros de dominación y explotación que además provocan un flujo neto de capitales hacia los centros de poder, los cuales también pudieran expresarse en potenciales propiedades equivalentes y que son transferidas desde los países subdesarrollados emisores?
Constituye o no una muy cuestionable transferencia de propiedad y de capital (socializado o público) a una entidad privada capitalista las siguientes acciones privatizadoras:

Las privatizaciones de los recursos del Estado que se realizan a través de las subvenciones a favor de empresas y corporaciones privadas capitalistas poco competitivas o para cubrirlas de quiebras por desfalco de sus fondos por sus dueños, accionistas o gerentes, o
Las privatizaciones de los recursos del Estado que se realizan a través de las rebajas de impuestos a los sectores ricos y privilegiados del capital privado así como por la evasión fiscal de esos mismos sectores, o
Las privatizaciones de los recursos del Estado empleados en subvencionar el desarrollo científico-técnico nacional que se realizan a través de la privatización de sus resultados en beneficio de las grandes empresas y corporaciones nacionales, transnacionales y multinacionales como ocurre en EE.UU. con los subsidios públicos al Pentágono como parte del sistema de Bienestar para los ricos, agravadas por el intento de prolongar o alargar el periodo de duración de las patentes, o
Las privatizaciones de los recursos del Estado empleados en la formación de capital humano nacional, en especial de técnicos y profesionales, que se realizan a través del robo de cerebro a favor de los países industrializados y de las grandes empresas y corporaciones nacionales, transnacionales y multinacionales, o
Las privatizaciones de los recursos del Estado que se realizan a través del desarrollo del “socialismo de mercado”, o
Las privatizaciones de los recursos públicos ancestrales como son los conocimientos acumulados por la humanidad durante siglos a favor del capital privado por la vía de los derechos de propiedad intelectual, o
Las privatizaciones de las personas que nacen como entes públicos al ser incorporados al sistema de producción capitalista privado.

Las nacionalizaciones, estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones que aquí establezco como requerimientos básicos para el desarrollo actual de los países del Sur subdesarrollado para la recuperación de la economía y el beneficio de las sociedades sobre bases de derecho, soberanía y justicia, constituyen transformaciones y redistribuciones necesarias de la propiedad y del capital privado actual hacia formas más desconcentradas y socializadas y se deberán realizar bajo un fuerte basamento legal, ético y moral y no tienen que constituir necesariamente un atentado, ataque o despojo a la propiedad privada capitalista en general con vista necesariamente a su eliminación o desaparición, (al menos en la etapa actual del desarrollo productivo, económico y social de la mayoría de los pueblos del planeta), constituyendo un cambio y reversión en muchos casos de la dirección de los flujos de capital hasta ahora prevalecientes, pasando de uno o pocos dueños o accionistas a muchos dueños o accionistas como ocurre con la propiedad estatal o pública que en forma indirecta representa, o debe representar, como dueños o accionistas a toda la sociedad a los niveles correspondientes según se determine su alcance para cada situación en específico.

En forma complementaria, y como parte de la socialización del poder, del capital, de la producción, de los servicios y de la sociedad en general deberán también explorarse otras formas organizativas de propiedad y de gestión alternativas a las formas clásicas de propiedad estatal centralizadas administradas por el Estado, como la creación de empresas de producción social, la transferencia progresiva de la propiedad de las empresas estatales a sus trabajadores, la formación de cooperativas de trabajadores o de usuarios, la autogestión obrera vinculada a distintas formas de propiedad y el desarrollo de distintas modalidades de propiedad mixta a nivel local, municipal, territorial, nacional y regional.

* Fuente: http://www.lajiribilla.co.cu/noticias/news_all.asp