El reciente anuncio del presidente de Venezuela Hugo Chávez sobre la salida de su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte de una larga cadena de inconformidades con este apéndice de la Organización de Estados Latinoamericanos (OEA).

El pasado 30 de abril, el gobernante venezolano se pronunció a favor de que el Consejo de Estado realice un “estudio acelerado” y formule una “recomendación al jefe de Estado para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. “¡Ya basta! ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esta espada de Damocles? La CIDH es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros. Hace ya rato que hemos debido retirarnos”, remarcó Chávez.

Su ministro de Exteriores Nicolás Maduro considera que la CIDH solo obedece a los intereses de la “mafia internacional” que representa Estados Unidos en la región y que existen “demasiados elementos” que acreditan su “decadencia moral y jurídica”. Explicó que desde 1959, cuando se fundó, hasta el año 2000, la CIDH solamente admitió cinco casos por violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, a pesar de las “abundantes” denuncias sobre desapariciones forzosas durante gobiernos anteriores.

Sin embargo, en los últimos 12 años, desde que Chávez asumió la dirección del país, el ente ha admitido 36 denuncias contra el Gobierno de Venezuela por violaciones de Derechos Humanos, “sin ningún tipo de argumento, ni sustento jurídico”, detalló el canciller.

Maduro aseguró que Venezuela “tiene suficientes principios morales para defender su soberanía e independencia, frente a un organismo convertido en un tribunal supranacional, que suplantando funciones, quiere decirles a los tribunales venezolanos lo que tienen que hacer. Eso no lo permitiremos”.

La Comisión, aunque realiza su trabajo con base en tres pilares: el Sistema de Petición Individual; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias, en realidad sólo defiende los derechos del capital, en opinión del escritor venezolano Luis Britto García.

Para el intelectual, la CIDH “nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga.

Añade que nada hizo cuando el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue secuestrado, ni tampoco movió un dedo cuando el presidente Correa fue secuestrado y tiroteado por golpistas. A pesar de esa tendencia, cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara, enfatizó Britto.

Si los derechos humanos son violados por “un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura, a todo lo que hace la vida digna y posible”, subrayó Britto al referirse a la actuación de la CIDH.

La CIDH, aseveró el ministro Maduro, “se ha convertido en un tribunal supranacional, que suplantando funciones, quiere decirles a los tribunales venezolanos lo que tienen que hacer”. También consideró que el órgano de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, tiene una “doble moral”, porque Estados Unidos y Canadá no lo han reconocido al argumentar que supondría una violación de su soberanía.

Washington y Otawa, pese a que no están suscritos al acuerdo de San José, que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar los casos denunciados por la entidad, son dos de sus mayores financistas.

Sólo en 2010, Estados Unidos donó 400 mil dólares a la CIDH y Canadá contribuyó con 748.600, del total de los cerca de cuatro millones que recibió provenientes de varios estados miembros o de observadores permanentes y también de la Unión Europea. Lo cierto es que este órgano principal y autónomo de la OEA, integrado por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington, D.C, ha estado en tela de juicio en numerosas ocasiones.

Críticas a la CIDH

La propuesta de Hugo Chávez, aprobada por la Asamblea Nacional con 91 votos a favor y 21 en contra, generó una amplia sucesión de opiniones divergentes sobre el órgano regional, del que se asegura está en decadencia. Venezuela se liberará de otro instrumento que obedece a la dictadura imperial del mundo, al salir de la CIDH, afirmó hoy Roy Chaderton, embajador de este país ante la OEA. En respuesta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien manifestó ante medios internacionales que no existe un mecanismo establecido para retirarse de la CIDH, el diplomático venezolano reiteró que el gobierno no desistirá de esa decisión.

Además de Venezuela, Brasil, Perú, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, entre otros países, han cuestionado el accionar de la CIDH en diversos casos. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega la acusó de ser una entidad politizada bajo la influencia de Estados Unidos, en el caso de una demanda de Managua por la falta de derechos humanos y derechos de los nicaragüenses que trabajan en Costa Rica, en 2006. Ortega aseguró que la CIDH favoreció a la vecina nación, en su opinión bajo “la influencia del Gobierno estadounidense”.

También, y más recientemente, el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso reformar la CIDH, a la que acusó de introducirse en asuntos internos de su país. “¡Se acabó la fiesta, hemos dejado mucho tiempo que una burocracia domine, someta a Estados soberanos, a gobiernos democráticos! ¡Basta, no lo seguiremos permitiendo!”, dijo Correa.

El mandatario ratificó sus críticas contra el órgano por haber otorgado medidas cautelares para que fuera suspendida la sentencia contra tres directivos y un ex editor del diario El Universo, a los que demandó por injuria. La CIDH “destrozó su propio reglamento” al conceder las medidas aun cuando el fallo no estaba en firme, al no haberse agotado los recursos procesales, señaló Correa, al tiempo que propuso que la CIDH “sea básicamente un sistema latinoamericano”.

Su ministro de Exteriores Ricardo Patiño denunció ante el Consejo Permanente de la OEA que la CIDH se extralimitó en el caso de El Universo y le acusó de haber violado la Convención Americana. Calificó a la CIDH de “ente inquisidor contra los Estados” y pidió que en la reunión de cancilleres del organismo en junio próximo en Bolivia se discuta una reforma del estatuto de la CIDH.

En la recién concluida reunión de ministros de Defensa, Interior, Justicia y cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, Ecuador y Venezuela coincidieron en la urgencia de crear una nueva instancia de derechos humanos, independiente de la CIDH.

El ministro ecuatoriano de Defensa Miguel Carvajal subrayó que su país ha planteado la necesidad de que en los temas de la región se desarrollen instituciones específicas dentro de la Unasur. La propuesta de Quito, según explicó, se basa en la multiplicidad de ocasiones en las que los organismos internacionales de derechos humanos han abusado de la confrontación política interna. Por ello, dijo, lo que se pretende con una nueva instancia es proteger y profundizar los derechos sociales, humanos y políticos de una región que busca más democracia, equidad y desarrollo sustentable y se perfila con una proyección interesante.

Por su parte, el canciller venezolano se expresó en similares términos al llamar a los países de la región a crear una nueva institución de derechos humanos, independiente de la OEA. Maduro invitó a que la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) construyan sus propias instancias “para garantizar, velar, vigilar los derechos humanos desde nuestra experiencia, no desde la de una burocracia internacional controlada desde Washington”.

Además, el ministro de Interior y Policía de República Dominicana José Ramón Fadul rechazó una sentencia de la CIDH porque, en su opinión, busca hacerle daño a la inversión extranjera en el país. El funcionario vinculó el fallo que culpa al Estado dominicano de la desaparición del profesor universitario Narciso González y de no haber hallado a los responsables del secuestro del catedrático, a sectores empresariales que compiten con su país en la región.

La fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso calificó la condena de la CIDH de vergüenza para el país porque el Estado no ha hallado ni sometido a la justicia a los responsables de aquel hecho. Narcisazo, como le decían amigos y alumnos, era un profesor universitario de 52 años, columnista que criticó fuertemente al gobierno de Joaquín Balaguer y denunció el fraude electoral de 1994.

Lo último que se supo del catedrático fue su salida de la casa escoltado por policías que luego no supieron explicar cómo había desaparecido. La fiscal Reynoso sostuvo que las autoridades dominicanas debieron profundizar más las investigaciones en torno al caso.

El dictamen de la CIDH también ordena a las autoridades establecer el paradero y perseguir a los responsables, así como pagar una indemnización a la familia del profesor y a dos organizaciones civiles, por el monto de 275.419 dólares. La CIDH conmina al Estado a establecer la verdad de los hechos que condujeron a la desaparición forzada del profesor. Entre otros aspectos del dictamen se exhorta al Estado dominicano a convocar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional, y hacer referencia a las violaciones de derechos humanos que concurrieron en el caso.

* Jefa de la Redacción de América del Sur de Prensa Latina.