Frente a la actual situación de conflictividad, el gobierno central ha delineado estrategias que le permitan una reconducción. Convocó a una cumbre con sectores sociales para generar una nueva agenda sociopolítica que también prepare las condiciones para las elecciones del 2014, y conformó un nuevo Gabinete fortaleciendo al entorno político que asesora al Presidente del Estado.

Existen condiciones y oportunidades favorables al encauzamiento del proceso. Persiste una política macroeconómica estable; los precios internacionales de las materias primas son convenientes; las políticas sociales de redistribución económica (a través de bonos) han permitido bajar las cifras de extrema pobreza; se dispone de toda la logística del aparato estatal y se tiene aún fuerza simbólica; se mantiene el apoyo de organizaciones sociales y de niveles jerárquicos de entidades estratégicas; se intensifica el relacionamiento con sectores productivos privados; (1)se percibe la carencia eventual de una oposición propositiva y aglutinadora a nivel nacional; algunos países y organismos internacionales respaldan el proceso y su liderazgo; se atenúan las críticas que sufría el gobierno a nivel internacional sobre el control de cultivos ilícitos y de narcotráfico con la firma del acuerdo entre Estados Unidos, Brasil y Bolivia.

A pesar de esto, se identifican cuatro factores clave de conflictividad, estrechamente interrelacionados y que aglutinan los aspectos sustantivos de la misma, por ende su incremento, así como acciones coercitivas (Estado) y de presión (sociedad) de los actores demandantes.

El factor central son las relaciones de poder con un enfoque hegemónico. (2)Se percibe una relación dependiente de los otros poderes del Estado directamente ligados al Ejecutivo; la cooptación de dirigentes de organizaciones sociales y de niveles jerárquicos de entidades estratégicas (Fuerzas Armadas y Policía); el control de los ámbitos autonómicos y sus estructuras; priorización de lo político sobre lo económico; los conflictos se gestionan de manera contradictoria (se recurre primero a la confrontación y, según las condiciones políticas, se abren espacios de diálogo).

El factor de la institucionalidad es fundamental en la generación de conflictividad en razón de la debilidad crónica de los mecanismos institucionales de gobernabilidad y por la existencia de problemas estructurales irresueltos. Existe tanto un centralismo de Estado como una debilidad de gestión pública en los diferentes niveles autonómicos, que parecen no estar en condiciones de responder a sus atribuciones ni a las demandas de los sectores sociales, ocasionando una concentración de los conflictos en el nivel central. (3)

También se advierte una discordancia en la aplicación de la normativa jurídica y, consecuentemente, un debilitamiento del estado de derecho; se evidencia la fragilidad institucional en la gestión pública del sistema productivo y social (empleo, educación, salud y vivienda); elevada rotación laboral y desvalorización técnica de la función pública; se acentúa la inseguridad ciudadana por el fortalecimiento de grupos delincuenciales alrededor del narcotráfico y el contrabando.

En el factor político-cultural, la posición andinocéntrica prevalece y ocasiona una deficiente comprensión de los alcances de un Estado Plurinacional, debido a un reduccionismo del enfoque intercultural –que, más allá de las interacciones étnicas, implica la necesidad de construir con el otro. Así, entidades que jugaron un rol importante en la construcción de la identidad legitimadora que hegemoniza este proceso se han distanciado de él.

Por otro lado, detrás de las demandas de los actores se manifiesta una cultura confrontativa, expresada en el escalamiento de la violencia con el Estado y entre sectores de la sociedad civil por reivindicaciones sociales, organizativas y económicas; aspecto que podría ahondarse si subrepticiamente se la alienta. Además, se ha fortalecido una cultura rentista que prioriza la exigencia de los derechos y no el cumplimiento de las obligaciones.

El factor de la reproducción social plantea demandas estructurales históricamente pendientes, pues persiste una distribución económica inequitativa. (4)Asimismo, un porcentaje importante de conflictos se concentra en demandas de tipo laboral/salarial; lo que evidencia el papel estratégico del trabajo en nuestras sociedades, en términos de inserción y calidad de la vida. (5)Existe un incoherente abordaje de planes gubernamentales de preservación del medioambiente y en torno al cambio climático, e insuficientes políticas de desarrollo sustentable y de soberanía alimentaria.

Estos factores clave quitan consistencia al “trípode de época”, (6)fortaleciendo un aparato político burocrático alrededor del Presidente del Estado, que eventualmente responde a los desafíos del contexto, pero a mediano plazo debilita al proceso de cambio, profundizando el malestar social por la pugna distributiva a raíz de la inequidad irresuelta, por expectativas no satisfechas y por compromisos incumplidos.

Estos aspectos dieron lugar a que durante 2011 se registre, desde la Fundación UNIR Bolivia, más de 1.300 conflictos. Este 2012, en los tres primeros meses se superaron los 300 conflictos. De esa manera se produce un aumento de la conflictividad y, al mismo tiempo, se observa una tendencia creciente al endurecimiento y a la violencia en los conflictos, así como a la afectación de terceros. Más allá de las cifras, si bien estos conflictos no comprometen circunstancialmente la gobernabilidad, su acumulación genera contradicciones al interior del proceso (en la medida que las instancias corporativas priorizan sus intereses sectoriales antes que los universales), ocasionan frustración en la ciudadanía y un alto costo económico para el país.

Gestión transformadora del conflicto

La construcción de un orden y de un horizonte común es el resultado de un proceso esencialmente conflictivo. En este sentido, resulta necesario contribuir al entendimiento de que el conflicto no es en sí negativo, y que si se gestiona a través del diálogo y la negociación –atendiendo tanto a las causas estructurales como a las coyunturales que lo determinan– puede ser aprovechado como oportunidad para realizar las transformaciones que la sociedad requiere para ser más equitativa y justa.

El desafío no es acabar con los conflictos, negando su existencia, reprimiéndolos o sofocándolos, sino más bien contribuir a que quienes son parte de éstos puedan considerarlos de manera distinta. Es decir, creando espacios auténticos y transparentes de diálogo y negociación como estrategia para transformar constructivamente los conflictos, entendiendo que los sucesivos incumplimientos de acuerdos y convenios son, en parte, consecuencia de procesos mal encarados, improvisados y desarrollados sin la respectiva preparación.

Es imprescindible reconocer a los actores en conflicto como parte de sistemas y subsistemas que no pueden disolverse, ni seguir estrictamente leyes físicas o naturales; se reconoce la posibilidad de reconfigurar esas estructuras sistémicas, haciéndolas menos violentas, pero necesitando un trabajo mucho más arduo y prudente, una labor que no parte de los efectos, sino de las raíces mismas de las confrontaciones.

Los conflictos sociales son eventos que ponen a prueba la capacidad de los sistemas políticos para responder a las necesidades y demandas sociales; una respuesta desde la gestión constructiva se orienta a fortalecer y mejorar las relaciones entre los actores del conflicto, evitando que la percepción de incompatibilidad de objetivos conduzca a un rompimiento y a una escalada de la violencia.

También es necesario realizar un trabajo sistémico de análisis de conflictos en Bolivia, que brinde tanto elementos para comprender mejor la situación social y política como para la toma de decisiones en relación con los conflictos, orientando las acciones hacia su transformación a fin de contribuir al desarrollo de una sociedad democrática en la que las distintas necesidades, intereses y visiones sean reconocidas, valoradas, aportando así a la construcción de una cultura de paz (directa, estructural y cultural), entendida en sus diferentes formas como un proceso esencialmente activo.

En este sentido, en el marco de la CPE (inciso 1, artículo 10) es fundamental educar en y para la paz, prevenir y provenir (7)los conflictos, es decir, preparar a las partes para transformarlos y trascenderlos de manera pacífica, partiendo de una correcta interpretación histórica del fenómeno de la violencia y de las contrapropuestas de paz, así como de la definición de líneas estratégicas que lleven a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles, (8) que posibiliten la reconfiguración de las relaciones de poder para alcanzar equidad efectiva para sujetos sociales distintos así como la transformación de las diferentes formas de violencia en modalidades de paz.

Notas:

1. En recientes investigaciones del CEDLA se indica que en estos últimos años el sistema financiero y de exportaciones tiene un fortalecimiento con ganancias relevantes.

2. Ilustrado tanto por las palabras del viceministro César Navarro: “no hay visión ideológica sin estrategia de poder”, como por las de Félix Patzi: “hay una visión de eternización del poder”.

3. En febrero de 2012 se mantiene la tendencia histórica en la que el gobierno central conserva su primacía con 36,9% del total de los conflictos, los gobiernos municipales con 18% y departamentales con 9% (informe de conflictividad en Bolivia/UNIR Bolivia),

4. Según el Índice de Desarrollo Humano, Bolivia se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor inequidad.

5. Informe de Conflictos en América Latina, PAPEP/PNUD – UNIR 2011.

6. Constituido según la propuesta del Vicepresidente por la plurinacionalidad, la autonomía y el desarrollo.

7. Este concepto, relativamente nuevo, hace referencia a que no sólo se debe pensar en mecanismos para evitar los conflictos (lo que hace la prevención), sino también en transformarlos y trascenderlos de manera pacífica.

8. Cuadernos de construcción de paz, La construcción de paz aplicada, Barcelona, 2007.

* Director ejecutivo de la Fundación UNIR Bolivia.