Un contundente paro de trabajadores del servicio de transporte público inmovilizó durante dos días a la ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Los choferes bloquearon calles y avenidas, sancionaron a los rompehuelgas e impidieron la circulación de vehículos particulares. Prácticamente tomaron el control de la sede de gobierno durante 48 horas, en rechazo a la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano.

Los choferes sindicalizados de La Paz cumplieron el lunes y martes de esta semana un paro de 48 horas exigiendo la modificación de algunos artículos de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano que, dicen, vulneran severamente sus derechos laborales. Los choferes de Oruro, Pando, Beni, Chuquisaca y Potosí suspendieron actividades el lunes en solidaridad con sus colegas paceños.

El primer día de paro, los conductores apedrearon vehículos y rompieron parabrisas en el ingreso a la autopista La Paz –El Alto, y en las zonas de Villa Fátima, Obrajes y Achachicala. El martes, grupos de choferes armados con palos y chicotes impidieron la circulación de vehículos particulares y de servicio público, cobraron peajes y agredieron a vecinos.

En la mañana del martes, choferes del sindicato Eduardo Abaroa y vecinos de la zona Pasankeri protagonizaron un violento choque con un saldo de al menos ocho heridos por impacto de piedras, informó la red Erbol. Otros ciudadanos y conductores estuvieron a un paso enfrentarse en la calle 21 de Calacoto y en inmediaciones de la autopista La Paz-El Alto. El canillita Denis Quiroga de 20 años fue agredido por un grupo de choferes en la avenida Busch, esquina Díaz Romero.

“Hemos sido informados de actitudes agresivas y violentas contra vehículos del transporte público que estaban intentando cumplir con su trabajo, además contra vehículos privados. Se tuvo apedreamientos en la avenida Zavaleta, quema de llantas en el ingreso a Ciudadela Ferroviaria y un ciudadano fue golpeado con un fierro en la avenida Busch y Díaz Romero por discrepar con esta medida”, informó el director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña Pedro Susz.

El fiscal general Mario Uribe instruyó a todos los Fiscales de Distrito y a los Fiscales de Materia del país a tomar las previsiones y acciones necesarias para preservar los derechos y garantías de las personas. Instruyó que, de tener noticia fehaciente de la comisión de un delito, disponer de oficio el inicio de la investigación penal en contra del autor o autores y partícipes de dichos delitos.

La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó el 7 de mayo a los fiscales de todo el país que “en consideración al anuncio público a través de los medios de comunicación, del paro del transporte con bloqueo de caminos y calles, marchas y otras movilizaciones, es probable la comisión de hechos que pueden configurar delitos contra la vida, la integridad y la dignidad del ser humano, y contra la seguridad común, entre otros, es imperiosa la acción del Ministerio Público”.

Susz cuestionó la “relativa inacción” de la Policía que no hizo cumplir el derecho constitucional de la libre locomoción de la ciudadanía, aunque posibilitó la apertura de un carril desde la avenida Mariscal Santa Cruz hasta la zona Sur. “Esta apertura de la vía ha estado acompaña por una amenazapor René Vargas, dirigente de la Federación de Transportistas 1º de Mayo, en sentido que cualquier vehículo de transporte público, taxi, radiotaxi, minibús o transporte libre que se atreva a circular por esa vía va a ser objeto de durísimas represalias”, denunció.

Susz aseguró que no se admitirá el“chantaje” de los choferes contra la ciudadanía y menos se dará un paso atrás en la aplicación de la Ley Municipal de Transporte. “No vamos a admitir un sistema de transporte público obsoleto, absolutamente inadmisible y de una pésima calidad que incumple con todas las obligaciones y todas las normas, que no atiende debidamente a los niños, a las personas de la tercera edad y a los sectores más alejados de nuestra ciudad”, afirmó.

El ministro de Gobierno Carlos Romero se ofreció como mediador entre la dirigencia de los choferes y las autoridades municipales. Sin embargo, Susz enfatizó que “la apertura al diálogo está condicionada a la suspensión de toda medida de presión incluyendo la amenaza de un arbitrario aumento de pasajes”.

“Debemos ratificar la decisión de la Asamblea de la Paceñidad, en sentido de que está abierta la posibilidad de conversar sobre la reglamentación de Ley Municipal de Transporte y allí aclarar, ampliar y precisar algunos extremos que requiere el texto”, remarcó el Director de Gobernabilidad.

El alcalde de La Paz Luis Revilla informó que convocará a los dirigentes de los transportistas a dialogar con el fin de “resolver las susceptibilidades” que se han generado, pero dentro del proceso de reglamentación de la norma, considerando sus consultas y dudas, pero sin modificar la ley.

Tarifas, rutas y sanciones son las tres áreas fundamentales que serán tratadas en la reglamentación de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, explicó el alcalde. Señaló que en el primer caso no existe un solo documento que establezca cuánto se debe pagar por el servicio de transporte público. En ese marco, “se debe trabajar para establecer una escala tarifaria”, la cual deberá ser debidamente ubicada en las movilidades de transporte público con el fin de que toda la ciudadanía conozca las tarifas.

En el caso de las rutas y recorridos, “se tiene que aprobar un instrumento legal” que permita garantizar la operación del transporte y el cumplimiento de los trayectos. En cuanto a las sanciones se tiene que establecer los sistemas de multas y los mecanismos más transparentes para ejecutar la norma, con el objetivo central de mejorar la calidad del servicio.