(www.plataformaenergetica.org).- El gobierno del^Presidente Evo Morales llegaría a pagar más de 645 millones de dólares para comprar parcialmente las acciones de lo que fue la principal empresa estatal petrolerade Bolivia, capitalizada/privatizada en la segunda mitad de los años 90, revela un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Esta millonaria y onerosa compra de acciones de las empresas en las que fue desmembrada y privatizada la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es resultado de la forma en la que el gobierno de Morales aplicó la “nacionalización” de estas empresas, asegura el economista del CEDLA Carlos Arze.

“Mientras la nacionalización propugnada inicialmente por los gobiernos nacionalistas del pasado promovía el desarrollo económico a partir del control estatal de las rentas de las industrias extractivas y trasladadas al sector privado, sobre la base de la expulsión de los monopolios extranjeros, la nacionalización del MAS postula un sui géneris “socialismo comunitario” en alianza con el capital transnacional: los “socios” del proceso”.

“Por esta razón nunca contempló la expropiación de los medios de producción de las transnacionales petroleras y se limitó a adicionar a lo establecido por la Ley 3058 (el 50% de IDH y regalías), una participación variable de YPFB en las utilidades de los operadores”, señala el informe de Arze.

Contrariamente, implicó una compra onerosa de las empresas privatizadas durante los gobiernos neoliberales. Así, se destinaría 233,4 millones de dólares por el 50% de las acciones de YPFB Chaco, otros 241,1 millones de dólares por YPFB Transportes y otros 112 millones de dólares por YPFB Refinación, entre los más importantes, tal como se destaca en el cuadro adjunto.

“Hay que añadir a estos datos que en varios casos el valor de la compra alcanzó o sobrepasó el valor de venta de la privatización neoliberal: en el caso de Chaco –actualmente con una demanda internacional- la compra de la mitad del paquete accionario costaría el 76% del valor de la “capitalización”, la compra de Transredes alcanzaría al 91% del precio de la capitalización, la recompra de la empresa de Logística, así como de la empresa de Refinación, alcanzaría al 109% del valor de su privatización durante el gobierno de Banzer”, agrega el análisis.

La “nacionalización” no abarcó más que a las empresas “capitalizadas”, por lo tanto no se dirigió a controlar el sector, es decir a establecer el monopolio estatal que determine la dirección de las políticas públicas para la superación de la economía primario exportadora, como cabe a un verdadera nacionalización. Asimismo, contrariando el discurso que le permitió posicionarse durante la reforma de 2005, otorgó legalidad a los contratos de riesgo compartido de Sánchez de Lozada y reconoció los derechos que les daban a las petroleras, como es el caso de las inversiones reconocidas de “buena fe” y devueltas a través de los costos recuperables, señala el informe de Arze.