Uno de los elementos más enfatizados del “proceso de cambio” es la descolonización. El Presidente Morales en una ocasión declaró su oposición a una frase del himno cruceño que hace referencia a España, expresando su anticolonialismo. La magnitud de esa reacción contrasta con su entusiasmo por la inauguración de una nueva planta de gas natural en el campo Margarita que permitirá exportar como materia prima mayores volúmenes de gas a la Argentina y cuyo operador es la española Repsol. Esta contradicción se explica, no tanto por la incongruencia que el discurso oficial adquiere cada vez que el gobernante habla en público, sino por las profundas coincidencias de interés entre el gobierno anticolonial y las empresas del Reino de España.

En efecto, el MAS ha proclamado –en esto hay que reconocerle un grado de franqueza- que el modelo económico que promueve considera a la inversión extranjera como “socia” del proceso de cambio. En el caso específico de la explotación de hidrocarburos, esa concepción se ha traducido en una constante preocupación por garantizarles seguridad jurídica a las empresas extranjeras y en acciones prácticas que velan para que sus ganancias se acerquen cada vez más a los niveles esperados por ellas. Ahí está el fracasado intento del gasolinazo de diciembre de 2010, repuesto bajo otra forma por el reciente Decreto Supremo 1202 que establece un incentivo de 30 dólares por barril para todos los operadores, o las constantes declaraciones del presidente de YPFB que reclaman porque los derechos indígenas impiden la realización de inversiones petroleras.

Todo ello demuestra que para el gobierno, preservar los intereses de las empresas extranjeras es una obligación que exige la construcción del “socialismo comunitario” y de la cual no puede desentenderse. Lo interesante es que en este cumplimiento del imperativo revolucionario, son los intereses españoles representados por la petrolera Repsol los que destacan junto a los de Brasil, el nuevo coloso sudamericano tan bien representado por Lula y su sucesora.

Así, en el proceso de recompra de acciones de las empresas “capitalizadas” por un anterior gobierno neoliberal, presentado por el MAS como nacionalización, los intereses de Repsol en la petrolera Andina -a diferencia por ejemplo de Amoco en la empresa Chaco- fueron afectados mínimamente: para hacerse del “50% más uno” de las acciones de Andina, como disponía el decreto de nacionalización, sólo fue necesario pagar 6,2 millones de dólares para adquirir un 1,1% de acciones de manos de Repsol, mientras se revertía para el Estado el 49% que administraban las AFP, con lo que la española preservaba el 48,9% de las acciones de Andina.

Pero los intereses de la española no sólo están en el paquete accionario de la empresa Andina sino que se extienden a la administración de valiosos campos hidrocarburíferos: Margarita, Paloma, Surubí, Surubí Noroeste, Surubí BB, Monteagudo y otros. Aunque los campos Paloma y Surubí adquieren gran relevancia gracias al reciente incentivo a la producción de petróleo, pues son precisamente ellos los responsables de la mayor parte de la producción del crudo en el país, el caso de Margarita es paradigmático. Este campo, en el que la española participa con el 37,5%, es el mayor proveedor de gas natural en el contrato de exportación a la Argentina y su producción se triplicará con la puesta en marcha de la nueva planta de procesamiento de gas el 1° de mayo de este año, con lo que la masa de sus ganancias aumentará proporcionalmente.

El caso es paradigmático, además, porque demuestra palmariamente la diferencia entre la postura del gobierno argentino y el nuestro. Mientras el gobierno del vecino país expropia el 51% de las acciones de Repsol, dejándola con una participación minoritaria de 6%, las gestiones de ampliación del mercado argentino y la negociación de mejores precios en ese país que realizó el gobierno boliviano, le permitirá a la empresa española grandes beneficios: mientras el precio que la Argentina pagaba a la Repsol por el gas producido en ese país era de 2 dólares por millón de BTU, exportando gas boliviano al mismo país la española obtendrá 11 dólares por millón de BTU.

Así, lo que Repsol pierde con la nacionalización en la Argentina, lo recupera con creces desde Bolivia.Todo hace pensar que los intereses de la colonización, por lo menos los de la española, sólo se vieron obligados a cambiar de virreinato, del Río de la Plata al del Alto Perú.

* Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Fuente: www.plataformaenergetica.org